Editorial La Jornada
El fin de semana diversos medios divulgaron videos en los que, según se observa, decenas de integrantes de una
unidad de élitedel cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), vestidos con uniformes y arreos tácticos, exhibieron armas de alto poder, fusiles de asalto y transportes con blindaje artesanal. Uno de ellos, al parecer, era una exaltación del presunto cabecilla de la organización delictiva, Nemesio Oseguera, El Mencho; el otro, un mensaje de desafío al grupo rival conocido como cártel Santa Rosa de Lima.
Las videograbaciones generaron una intensa polémica. Algunos comentaristas no dudaron en calificar al grupo de
ejército, e interpretaron su presentación como un
desafío al Estado. Otros señalaron la improcedencia de establecer comparaciones entre los delincuentes y las fuerzas armadas, y algunos más señalaron que los videos estaban siendo utilizados para reposicionar el debate sobre la seguridad pública en la lógica militarista que imperó en el sexenio antepasado.
Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no va a
apartarse de la estrategia de seguridad pública formulada desde antes de
que asumiera el cargo; reiteró que no incurrirá en una
declaración de guerracontra la delincuencia, desestimó que pueda enfrentarse con éxito la violencia con más violencia y ratificó su decisión de hacer frente a los grupos delictivos con el uso de inteligencia policial y financiera y, sobre todo, con el combate a las causas sociales profundas de la criminalidad: la corrupción, la pobreza, el desempleo y el abandono de los jóvenes por parte de los gobiernos que le precedieron.
Le asiste la razón al mandatario en la defensa de las líneas
generales de su programa de seguridad pues, como se demostró durante los
12 años previos a su gobierno, la utilización de medios militares para
confrontar a las organizaciones delictivas no sólo no frenó la violencia
en el país, sino que la exacerbó y la multiplicó. Sin embargo, cuando
ha transcurrido más de año y medio del actual sexenio es claro que el
programa referido no va a erradicar por sí mismo la presencia y la
actuación de bandas como el CJNG y otras.
El problema a corto plazo es que tales grupos siguen operando y
atentando día tras día contra la vida, la propiedad y la seguridad de
las personas. Por otra parte, a pesar del empeño de la Cuarta
Transformación en el combate a la corrupción, parece claro que las
organizaciones criminales siguen beneficiándose de la protección o al
menos de la inacción en algunos niveles de autoridad, sobre todo en las
esferas estatales y municipales, en las cuales no resulta fácil aplicar
estrategias anticorrupción emanadas del ámbito federal.
La Presidencia lopezobradorista confía, a lo que puede verse, en que
sus medidas de inteligencia policial y financiera, de saneamiento
institucional y de bienestar social, combinadas con el paulatino
despliegue de la Guardia Nacional, bastarán para inducir la recuperación
de la seguridad pública en las regiones más golpeadas por la
descomposición y la delincuencia. Pero, sin desconocer que la crisis
gestada en décadas no puede resolverse en meses, cabe preguntarse si no
resultaría prudente y necesario ajustar la estrategia, no para cambiar
su rumbo general, sino para agregarle un eslabón con el fin de
contrarrestar en forma más inmediata la presencia y la acción de los
grupos criminales.
