El Tribunal Permanente de los Pueblos condena al Estado por “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”

Valentina Valle

Rebelión

El Tribunal Permanente de los Pueblos, instancia ética internacional fundada por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre que desde hace casi 50 años reúne a jurados internacionales para sentenciar sobre la violación de los derechos de los pueblos, instaló en Octubre 2011 un Capítulo México en que el acusado principal es el Estado mexicano y la acusación general es titulada “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”. En estos finales de noviembre, este mismo tribunal de conciencia sesionó en la Ciudad de México la primera audiencia sobre la “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”   y su sentencia fue unánime: culpable.

  Entre las conclusiones del jurado, cabe destacar la denuncia de la gravedad de los “riesgos ambientales, a la salud y económicos a que se somete al centro de origen global del maíz, así como a las bases del sustento de los pueblos que lo crearon y a la seguridad alimentaria mundial”; entre las recomendaciones, la prohibición de la experimentación, liberación y circulación de maíz transgénico en México y la reinstalación inmediata de la moratoria contra cualquier forma de liberación de maíz transgénico ¹ .

Lo que permitió la ratificación de esta primera sentencia fue sin dudas la presentación de los 145 casos de desvío de poder del Estado Mexicano que, en las palabras de Fernando Santillán, integrante del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, “viola de manera flagrante derechos individuales y colectivos reconocidos por la constitución política y por diferentes tratados internacionales, con la aplicación de políticas publicas de libre comercio y leyes privatizadoras, la autorización de siembra piloto, experimental y comercial de maíz transgénico, la contaminación de maíz nativo y el favorecimiento de los intereses a impresas internacionales” ² .

Gustavo Esteva, miembro del jurado internacional, subrayó este papel fundamental de la sociedad civil, escribiendo que “uno de los aspectos más interesantes fue apreciar la transformación de los protagonistas de los casos” y que “de la expresión vaga pero muy sentida de un malestar indefinible (...) se llegó ahora a presentaciones contundentes, rigurosas y eficaces de crímenes bien identificados, de sus consecuencias y de las acciones a seguir” ³ .

Las exposiciones fueron de hecho realmente impactantes, especialmente la de Josefina Santiago Santiago que desde el Municipio de San José del Progreso, en el Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxaca, trajo ejemplares de milpas deformes, evidencia tangible de la contaminación que David Quist y Ignacio Chapela, de la Universidad de California en Berkeley, están denunciando desde el septiembre de 2001, cuando descubrieron por primera vez la presencia de transgénicos en los campos de Oaxaca y Puebla ⁴ .

Estos resultados, confirmados hace once años por el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional para la Biodiversidad, junto con pruebas realizadas por grupos de trabajo como el ETC-México y la Red en Defensa del Maíz, son los que permiten ahora afirmar que no obstante la contaminación transgénica sea un hecho probado, “el gobierno mexicano ha incurrido en una serie de actos y omisiones desincentivando los sistemas indígenas y campesinos de producción agrícola, subscribiendo tratados y acuerdos internacionales, decretando leyes y reglamentos para el otorgamiento de permisos para siembra piloto y promoviendo la implementación de programas federales que ponen en peligro la semilla nativa, la soberanía alimentaria, la agricultura tradicional y la integridad de los pueblos” ⁵ .

La referencia a la Cruzada Nacional contra el Hambre lanzada por el presidente Peña Nieto es evidente, una falsa medida de apoyo al pueblo mexicano que en cambio “refuerza la política de abertura a las empresas transnacionales como Nestlé, Pepsico y Walmart (...) y pretende privatizar los territorios indígenas reubicando forzadamente la población rural en nuevos centros urbanos” ⁶ .

Enlazándose a este último punto, la investigadora del grupo ETC-México Verónica Villa evidenció en su ponencia como lo que subyace a la contaminación del maíz nativo sea “una estrategia para erradicar una producción campesina diversificada, porque una vez que se logre imponer el maíz industrial y transgénico, los pueblos que sustentan su gobierno y independencia real con un ciclo agrícola sano y que les permite tomar decisiones comunitarias, serán desnudados de su cultura, de su tejido social y de su autonomía, y se volverán en brazos a ofrecer en las maquiladoras o cultivos industriales” ⁷ .

Los pueblos indígenas y campesinos son los depositarios de una sabiduría milenaria y una cosmovisión distinta del desarrollo económico transnacional. Sin embargo, la lucha en contra de los transgénicos va mucho más allá de una romántica contraposición entre dos maneras distintas de entender el mundo, es una lucha para la sobrevivencia alimentaria y no sólo de los campesinos mexicanos.

Otro punto muy impactante de la ponencia de Villa fue de hecho la posibilidad que frente al cambio climático y a las drásticas y rápidas modificaciones que afectaran los cultivos, la diversidad genética de los centros de origen y diversificación representarán una respuesta a la crisis de la productividad. De esta manera, la contaminación y el daño del maíz y de la forma de vida campesina que lo cría, se configuran como la destrucción de una solución a las consecuencias del cambio climático y, por ende, como un crimen histórico global. En este sentido, la científica señaló la corresponsabilidad por omisión de organismos internacionales como la FAO porque a pesar de reconocer la importancia de los centros de origen de los cultivos y de los derechos humanos de los agricultores, ha considerado que la contaminación con organismos genéticamente modificados en México, realizada con dolo y conciencia, es un problema nacional y no global.

A este propósito, Villa subrayó como esta contaminación no es un accidente sino una estrategia planificada, porque en el país donde se instrumentó la Revolución Verde “se sabe perfectamente que el maíz es un cultivo de polinización abierta y es imposible que no se conozcan los efectos de lo que se está haciendo”. La genética del maíz es un botín enorme y constituye para quien la controla una fuente de ganancia casi infinita: es un negocio adicional para las empresas que detienen las patentes de las semillas ⁸ , permite de explotar la planta para los usos mas diferentes (desde la producción de comida procesada hasta plástico hasta combustible) y convierte los pueblos que perdieron su soberanía en un ejercito de desempleados dependientes de lo que quieren ofrecerles los poderosos.

La gravedad de estas denuncias fue la motivación que llevó el jurado a formular una condena tan clara y perentoria, que exige del Estado mexicano la prohibición total de los transgénicos y el abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que, aunque no tenga efectos legales, está destinada a tener un fuerte impacto y configurarse como un llamado a la opinión pública nacional e internacional para romper la invisibilidad impuesta sobre México.

El proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México continuará durante el 2014, con otras audiencias temáticas y la audiencia final a finales del año. Como dijo Gustavo Esteva, “lo que se realizó esta semana es sólo la punta del iceberg”.

Notas:
1 “Tribunal internacional condena al Estado por devastación ambiental, destrucción del maíz y la soberanía alimentaria y represión social en México”, Tribunal Permanente de los Pueblos – Capítulo México, 25 noviembre 2013, disponible en línea en http://www.tppmexico.org/tribunal-internacional-condena-al-estado-por-devastacion-ambiental-destruccion-del-maiz-y-la-soberania-alimentaria-y-represion-social-en-mexico/
2 “Contaminación de las variedades campesinas con maíz transgénico. Historia y agravios”, Ponencia frente al Tribunal Permanente de los Pueblos de Fernando Santillán A., Comunidad Zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, 20 noviembre 2013.
3 Gustavo esteva, Culpables, La Jornada, 25 noviembre 2013, disponible en línea en http://www.jornada.unam.mx/2013/11/25/opinion/021a2pol
4 Grupo ETC-México, El año de la gran contaminación, disponible en línea en http://www.etcgroup.org/es/content/el-a%C3%B1o-de-la-gran-contaminaci%C3%B3n
5 “Contaminación de las variedades campesinas con maíz transgénico. Historia y agravios”, cit.
6 Idem.
7 “Contexto corporativo de la contaminación transgénica. Acción y omisión de instancias internacionales”, Ponencia frente al Tribunal Permanente de los Pueblos de Verónica Villa, Grupo ETC-México, 20 noviembre 2013.
8 Villa presentó las cifras de la ganancia de Monsanto, sólo en Estado Unidos, según las cuentas hasta diciembre de 2012: más de 23 millones de dólares en 142 juicios para infracción de patentes en casos de contaminación transgénica contra 410 agricultores y 56 pequeñas empresas agrícolas, sin contar los arreglos afuera de juicio que se estiman en más 200 millones de dólares

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El Chihuahua indignado, en el TPP

Víctor M. Quintana S.

El Chihuahua que se indigna y lucha comparece estos días ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en la audiencia dedicada a la represión a los movimientos sociales. Diversas organizaciones sociales norteñas harán ante este prestigiado tribunal de conciencia el recuento de 50 años de luchas, de agravios, de violencia en contra de los movimientos que la sociedad chihuahuense ha levantado para resistir a las políticas explotadoras, depredadoras y autoritarias, lo mismo del modelo económico de sustitución de importaciones que del modelo neoliberal, dominado por el capital financiero; de gobiernos salidos de la imposición, como de los emanados de una nunca acabada y estancada transición a la democracia.

Acusarán al Estado mexicano que en los años 60 mediante el gobierno de Giner Durán, apoyado por latifundistas ganaderos y madereros, reprimió a los campesinos de la UGOCM demandantes de tierra; desalojó, persiguió a campesinos y dirigentes y cerró las escuelas normales rurales. Lo denunciarán por haber clausurado todos los espacios de protesta pacífica y no dejarles a los campesinos, maestros y estudiantes otra vía que la de las armas. Lo acusarán de la represión sangrienta, la persecución, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias que perpetró contra los grupos guerrilleros encabezados por Pablo Gómez y Arturo Gámiz en 1965, y Jorge González Eguiarte en 1968, y contra los guerrilleros encabezados por Diego Lucero y Avelina Gallegos en 1972.

Acusarán al Estado porque desde fines de los años 70 reprimió en Chihuahua a los dirigentes y las bases de los movimientos urbano-populares que reivindicaron y ocuparon lotes para autoconstruir sus viviendas, ante la carencia de las mismas, por el afán especulador de los terratenientes urbanos. Denunciarán los desalojos violentos, las aprehensiones, la negativa de los gobiernos a proporcionar servicios públicos a los asentamientos populares hasta que la lucha de los posesionarios se los fue arrancando.

Señalarán al Estado mexicano por ejercer diversas formas de violencia contra dirigentes y militantes de organizaciones campesinas como El Barzón, el Frente Democrático Campesino, el Comité Pro Mejoramiento del Agro, Agrodinámica Nacional, que han luchado contra los efectos perversos del modelo de agricultura capitalista, extractivista, favorecedor del libre comercio y los grandes productores nacionales y trasnacionales. Denunciarán al Estado por encarcelar a los activistas campesinos que luchan contra las altas tarifas de energía eléctrica para riego como Armando Villarreal Martha, posteriormente asesinado; a quienes demandan precios justos para sus productos; políticas que favorezcan la soberanía alimentaria y el desarrollo de los agricultores pequeños y medianos. Acusarán al Estado de ejecutar desalojos violentos cuando las organizaciones ocupaban de manera pacífica, oficinas públicas, carreteras o puentes internacionales; de negar el acceso a programas y recursos públicos a quienes impugnan sus políticas excluyentes, y de criminalizar constantemente la protesta rural.

El Estado mexicano y los bancos serán acusados por reprimir continua y sistemáticamente a los deudores de la banca, sobre todo los agrupados en El Barzón, desde los años 90. Por ejecutar embargos, desalojos, expropiaciones injustas del patrimonio familiar; por golpear a quienes lo defienden en contra de banqueros y prestamistas. Por emplear torcidamente la ley contra dirigentes y activistas de las organizaciones de deudores y emprender campañas de linchamiento mediático contra ellos.
Acusarán a las empresas forestales, mineras y turísticas que con el apoyo del Estado mexicano han ejercido la violencia institucional, policiaca o de guardias blancas contra las comunidades indígenas que defienden su territorio, sus recursos naturales, su tradición y su cultura, como las de Bakéachi, Coloradas de la Virgen, Mogotabo, Norogachi, y otras más. Los acusarán de amedrentar a las comunidades, de perseguir a sus dirigentes. De los asesinatos impunes de 10 líderes indígenas entre 1977 y 1992 y del asesor de Bowerasa Ernesto Rábago. Los acusarán también de las amenazas e intento de asesinato contra la abogada Estela Ángeles Mondragón y su hija.

Se fustigará al Estado mexicano en todos sus órdenes por la negligencia culpable y la represión directa contra las organizaciones de mujeres que defienden los derechos de éstas y en contra de mujeres que, solas, han luchado porque se les haga justicia. Lo acusarán del feminicidio de Marisela Escobedo, de Susana Chávez y de varias más. De haber emprendido campañas de desprestigio contra organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas o el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres por cuestionar las políticas gubernamentales y exigir el fin de la impunidad de los agresores. Lo responsabilizarán de las amenazas contra dirigentes como Norma Ledezma, Lucha Castro, Cipriana Jurado, Marisela Reyes, y muchas más. También lo acusarán por la violencia simbólica que propicia en los medios de comunicación contra las defensoras de los derechos de las mujeres.

Denunciarán al Estado por la represión ejercida contra las organizaciones derechohumanistas de Chihuahua. Por criminalizar la labor de quienes velan por los derechos de las víctimas en un contexto de violencia criminal y violencia de Estado. Lo acusarán por propiciar el asesinato o haber actuado con negligencia en los casos de los integrantes de la familia Reyes Salazar: Josefina, Malena, Rubén y Elías, y de Luisa Ornelas. De Benjamín Le Baron y Luis Whitman; de Géminis Ochoa, Alicia Salaiz Orrantia, Paz Rodríguez Ortiz y Paz Alberto Rodríguez Salaiz, y del maestro Manuel Arroyo Galván. Lo señalarán por entorpecer el trabajo de los derechohumanistas, de no actuar con eficacia para protegerlos.

Con autoridad moral acusarán al Estado y a las empresas y grupos de poder económico que practican la minería extractivista y la sobrexplotación de mantos acuíferos y cuencas hidrológicas por los múltiples ataques a los activistas y a los campesinos que defienden el agua y el medio ambiente. Los acusarán del doble asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, el 22 de octubre de 2012: de los ataques a los ejidatarios de Benito Juárez, que rechazan la instalación de la mina El Cascabel. De las agresiones contra los agricultores que defienden la cuenca del río del Carmen contra la depredación por grupos de menonitas acaudalados. De los ataques contra los ejidatarios de Huizopa, municipio de Madera, por defender su tierra de la devastación practicada por Minera Dolores.

En síntesis, los activistas sociales de Chihuahua acusarán al Estado mexicano, y a los grupos de poder político y económico, de ejercer diversas formas de represión y violencia sistemáticas contra los movimientos sociales surgidos precisamente para defenderse y reivindicar sus derechos ante la explotación, exclusión, devastación y violencia multiforme generadas por las decisiones tomadas desde el propio Estado. Lo acusarán de intentar borrar con la violencia cualquier intento de resistencia y de construcción de contrapoderes emprendido por los diversos movimientos sociales. Lo acusarán de reprimir desde hace muchos años a quienes se indignan y se yerguen para construir condiciones de justicia, libertad y dignidad para todas y para todos.

TPP: Las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya

por Lorena Aguilar Aguilar

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Esta preaudiencia se dividió en dos partes, el día 9 de noviembre se presentaron diversos casos de agravios contra el pueblo maya en la península de Yucatán; al siguiente día se escucharon testimonios personales de las personas agraviadas.

Los días 9 y 10 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la Preaudiencia “Táan u xu´ulsaj k-kuxtal” (están acabando con nuestra vida) del Tribunal Permanente de los Pueblos-capítulo México. Políticas de exterminio contra el pueblo maya, del eje: Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía, en la escuela de agricultura ecológica U yits ka´an de Maní, Yucatán.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un tribunal ético, internacional, de carácter no gubernamental, continuador de la experiencia del Tribunal Russell que en su tiempo juzgó los crímenes de Estados Unidos en Vietnam y a las dictaduras latinoamericanas. En palabras de organizadore, el TPP, es un proceso de año y medio, que ha servido para sistematizar todos los agravios a los pueblos. La gente agraviada puede ser escuchada en un espacio de encuentro.

Esta preaudiencia se dividió en dos partes, el día 9 de noviembre  se presentaron diversos casos de agravios contra el pueblo maya en la península de Yucatán; al siguiente día se escucharon testimonios personales de las personas agraviadas.

La preaudiencia comenzó el día 9 con una oración dirigida por Ernestina López Bac, teóloga maya Cakchikel; recordó que ese era un día especial, el 2 aurora o amanecer, explicó que durante la aurora empieza a desvanecerse la oscuridad para dar paso a la luz, y que ese amanecer nos invita a la esperanza.

Ernestina López Bac, o hermana Tinita como cariñosamente le llamaron, formó parte del equipo de dictaminadores y dictaminadores del tribunal, equipo se conformó también por Gloria Muñoz Ramírez, Raúl Lugo Rodríguez, Sylvia Marcos, Carlos Vicente, Andrés Carrasco, Luis Macas y Sara López González, quienes atentamente escucharon con interés y preocupación cada caso; al finalizar cada presentación realizaron preguntas.

El primer caso fue el de San Antonio Ebulá, Campeche, un caso de desalojo violento e impunidad. 76 familias fueron desalojadas violentamente mientras veían como todo su patrimonio era destruido por parapolicías al servicio del empresario Eduardo Escalante, quien se dice dueño de las tierras donde se asentó la comunidad, la agresión se llevó a cabo “a vista y paciencia” de las autoridades.

De este caso siguió, el de despojo de tierras en el municipio de Hopelchén, Campeche; el “mosco” Pereira, con engaños despojó a ejidatarios de más de 99 hectáreas de tierras,  el ejido ha demandado, sin embargo, las autoridades correspondientes han favorecido a los ladrones.

También escuchamos otro caso de despojo, el de la población de Chablekal, Yucatán. Personas del ejido fueron privadas de sus derechos agrarios en procedimientos poco claros. El gobierno ha sido comprador de estas tierras a bajísimos costos para después revenderlas. Las tierras de Chablekal son codiciadas por encontrarse al norte de Mérida, zona que actualmente está siendo explotada para crear fraccionamientos y zonas residenciales exclusivas.

Posteriormente se presentó el caso de las poblaciones que se encuentran al poniente de Bacalar, Quintana Roo. Las tierras ejidales son vendidas a extranjeros y consencionadas a Monsanto. Por una parte, preocupan las facilidades que se le otorgan a extranjeros para comprar las tierras que se despojan a ejidatarios y por otro, la contaminación de la apicultura a causa de la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto. De acuerdo a lo expresado por uno de los representantes, los gobiernos ahorcan con la pobreza a los ejidatarios para obligarles a vender sus tierras.

El siguiente caso fue el de la contaminación que ocasiona la soya transgénica, producida por Monsanto,  a la apicultura en Hopelchén, Campeche.  En este municipio hay 14 mil hectáreas de soya transgénica. En 2011 se otorgaron los permisos para la siembre de soya transgénica, en 2012 se logró la suspensión provisional de los permisos y en 2013 se levantó dicha prohibición.

La contaminación de la miel es sumamente grave ya que el mercado europeo no quiere presencia de transgénicos en la miel, esto afecta la economía de apicultores mayas. Los menonitas han tenido todas las facilidades para sembrar la soya transgénica y han deforestado el municipio de Hopelchén.  Además, se está autorizando la perforación de pozos para la extracción de agua.

Otro caso que involucra al municipio de Hopelchén, es el despojo de tierras a los pobladores del ejido  X Kix, a quienes les han arrebatado 1,300 hectáreas de tierra. Los apiarios de esta zona se dañaron porque la empresa biomaster riega con químicos, desde avionetas, a sus animales.  Los ejidatarios han solicitado la regularización de tierras, sin embargo, hasta la fecha no cuentan con documentos que comprueben la existencia del ejido.

También se denunció el caso de la expropiación, con engaños, de tierras de la ampliación forestal del ejido Ich Ek, para la creación de la biósfera de Calakmul.

El último caso que se presentó fue el de la construcción del Dragon Mart en Cancún, Quintana Roo. Este proyecto traería consecuencias funestas para la zona de la costa, además de que golpearía fuertemente la industria local. Los convenios se firmaron en total oscuridad. Sus opositores han sufrido amenazas e intimidaciones.

Después de la presentación de los casos se llevó a cabo un evento cultura y con esto finalizó la jornada el primer día.

Los testimonios no solo fueron de las personas agraviadas por las políticas de exterminio, sino también el equipo dictaminador compartió sus experiencias y sus luchas, ya sea desde el periodismo de abajo, así como las luchas con sus pueblos, así como desde el ámbito académico y el cristianismo de base.

Pudimos escuchar testimonios sobre la organización para defender el maíz criollo, para organizarse de manera independiente en la elaboración de proyectos que realmente respondan a las necesidades de la población. También escuchamos las palabras de Fray Tomás, acerca de la movilidad forzada del pueblo maya a causa de la pobreza. Sobre las luchas de las mujeres mayas en la defensa de sus derechos, sobre la educación colonizante, sobre las afectaciones a los pobladores mayas de Hopelchén, Campeche y por último, la historia del genocido maya.

Después de un receso para la comida, el equipo dictaminador emitió un predictamen. En palabras del equipo dictaminador, los casos presentados son formas de resistencia al despojo y destrucción del planeta.

Los casos son un despojo sistemático, síntoma del sistema capitalista. El despojo no solo es de las tierras físicas, sino también del espacio donde los pueblos desarrollan su cultura, espacio para seguir siendo pueblo. En todos los casos vimos la alianza entre gobierno y empresarios. El despojo también destruye el tejido comunitario indígena.

Desde la concepción del mundo maya, el mundo material es uno de los componentes de la madre naturaleza y es necesario que se complemente con el mundo de lo espiritual. La vida para el pueblo maya es una construcción permanente en interrelación entre todos los elementos vitales. Para la concepción maya, la naturaleza es un sujeto actuante, y no un objeto. El equipo dictaminador considera urgente la prohibición de los transgénicos y declarar a la Península de Yucatán, junto con todo México como libre de transgénicos.

Para finalizar, el equipo dictaminador hizo propia la demanda, denunciando que las políticas del Estado Mexicano están diseñadas para acabar con el pueblo maya, y exhortando al Tribunal Permanente de los Puebos que condene al Estado Mexicano por este exterminio.