Así que, por casi tres horas, la opinión
de la Cámara Baja se dividió en dos: por un lado, los partidos de
oposición: Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Morena y Movimiento Ciudadano (MC),
presentaron argumentos críticos respecto a la política interior
implementada por el gobierno de Peña Nieto; es decir, cuestionaron el
desempeño particular de Osorio Chong, pues como encargado de la Segob, garantizar la estabilidad al interior del país, es su principal objetivo.
Del otro lado se situó el ala “gobiernista”, integrada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (NA) y los del Partido Encuentro Social (PES) que retrataron un país idílico que la mayoría de los mexicanos desconoce y que ni en sus mejores sueños, podría visitar.
El primero en tomar la palabra fue Manuel Clouthier Carrillo, quien advirtió que “hablar de política interior nos obliga a hablar de gobernabilidad
y tener más de la mitad de los estados del país en crisis de violencia
porque los grupos criminales compiten con las autoridades por el
monopolio del poder y de las armas; por el control territorial y por el
cobro de los impuestos, es hablar de un Estado fallido”.
El único legislador federal electo bajo
la figura de candidato independiente, criticó que bajo el argumento del
supuesto respeto a la soberanía de los estados, haya gobernadores que alimentan la crisis de gobernabilidad
violando las leyes y los derechos humanos de manera sistemática;
abusando de los ciudadanos, saqueando las cuentas públicas para su
beneficio y aliándose con el crimen organizado. Citó como ejemplo de
este tipo de políticos a los priistas Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila; César Duarte, gobernador de Chihuahua; Javier Duarte, gobernador de Veracruz, y a los panistas Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora y Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa.
El diputado sinaloense atribuyó el clima de impunidad que impera en nuestro país, a que los funcionarios del gobierno federal, que son quienes deberían mantener garantizar la gobernabilidad, están muy preocupados y ocupados por la sucesión presidencial de 2018.
Diálogo, seguridad y combate a la corrupción, entre los fracasos
Macedonio Tamez Guajardo, diputado de MC,
argumentó que la estadística y la anécdota coinciden en señalar un
profundo rechazo a Peña Nieto, lo que habla de una mala conducción de la
política interior.
“A veces, hay hombres de Estado que son
impopulares porque toman medidas inmediatas, buscando el bien de las
futuras generaciones, pero es obvio que en México no tenemos un hombre
de Estado en la presidencia de la República”, sostuvo el legislador y
criticó que aunque temas como el combate a la corrupción y sobre el
ejercicio de la autoridad han llenado los discursos, sigue sin haber
ningún funcionario o exfuncionario público sentenciado por haber incurrido en actos ilegales y las dependencias de seguridad abusan de su autoridad, reprimen y violan los derechos humanos de los mexicanos.
“Ahora que tenemos un Poder Ejecutivo
debilitado, que hay un vacío de poder, el Poder Legislativo, del que
formamos parte, debe asumir la conducción política del país. Llenemos
esos huecos, suplamos esas deficiencias y a través de las atribuciones legislativas, de fiscalización y supervisión a la que tenemos derecho, ayudemos a que México tome el rumbo”, agregó.
Minutos más tarde, Delfina Gómez Álvarez,
de Morena, afirmó que este es el peor momento en la administración de
Peña Nieto y que su descrédito, es fruto de la corrupción imperante, de
la violencia incontenible, de la inseguridad amenazante y de la
incapacidad para combatir a la delincuencia organizada.
“El presidente enfrenta el rechazo
popular por sus decisiones equivocadas en la atención de los conflictos
políticos más relevantes, por el uso de la fuerza para acallar la
protesta y la violación sistemática de los derechos humanos, como
ocurrió con la represión y los asesinatos en Nochixtlán”, subrayó la
legisladora, por lo que desestimó que México cuente con instituciones sólidas, como afirmó el Ejecutivo en su informe.
Gómez Álvarez subrayó que Osorio Chong ha sido incapaz de resolver los grandes problemas que afectan la tranquilidad y seguridad de los mexicanos,
pues; por ejemplo, existen zonas enteras del país que están a merced de
la delincuencia organizada y tampoco ha sido capaz de dar respuesta satisfactoria a protestas sociales como la del magisterio.
El perredista Erik Juárez Blanquet fue contundente al señalar que nuestro país vive la mayor crisis humanitaria, de violencia, de sus instituciones,
de corrupción e ilegitimidad de su gobierno, por lo que asistimos a la
caída en picada no de la popularidad de un gobernante, sino la ausencia
del componente básico que toda democracia exige a sus gobernantes:
legitimidad.
Juárez
criticó que el gobierno federal no reconozca sus errores y que en lugar
de rendir cuentas en un verdadero acto republicano, haya montado un
escenario mediático y frívolo para manipular a la sociedad mexicana, con el encuentro que sostuvo con jóvenes que previamente fueron metódicamente elegidos por la presidencia.
“Casos emblemáticos como Ayotzinapa, Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán, entre otros, se siguen acumulando y han puesto en evidencia las graves deficiencias y limitaciones
estructurales y la ausencia de políticas públicas adecuadas, que
permitan detener esta creciente violación a los derechos humanos”, dijo
el legislador antes de exigir la renuncia de Peña Nieto y de Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
En su intervención, Marco Antonio Gama, del PAN, criticó que el Ejecutivo federal pretenda justificarse y escudarse en la campaña “Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho”, ante el rotundo fracaso de su administración.
“¿Qué decir de un gobierno
PRI-Verde cuya prioridad es defender lo indefendible, defender a
gobernadores corruptos, proteger a quienes utilizan las
instituciones como trincheras de impunidad y abuso del poder para su beneficio personal y
partidista? El malestar contra el gobierno
PRI-Verde, no solo pasa por los resultados electorales, ha venido erosionando la solidez de las
instituciones y la capacidad de acción gubernamental”, sostuvo el
panista.
Víctor Manuel Sánchez, de MC,
subrayó que el gobierno de Peña no solo ha sido omiso en atender las
recomendaciones en materia de derechos humanos que han realizado
organismos internacionales en la materia, sino que ha habido una falta
de sensibilidad gubernamental hacia la legítima protesta social, lo que ha evidenciado su grave displicencia ante el incremento generalizado de violaciones a los derechos humanos.
Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de Morena, advirtió que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2015 se contabilizaron
20 mil 525 homicidios en México, número similar al registrado en 2014.
En febrero pasado -en promedio- 55 personas fueron asesinadas
diariamente, por lo que de continuar este ritmo, “vamos a cerrar el año
seguramente en cerca de 23 mil homicidios”.
Casi al final de la “discusión” del tema, el perredista Rafael Hernández
Soriano sostuvo que nos encontramos ante una situación de emergencia
nacional, pues las malas decisiones del gobierno federal han colocado al
país en una encrucijada “en la que nos jugamos la viabilidad como
nación”.
Los elogios
Jesús Izquierdo Rojas, diputado del
Verde, advirtió que al Legislativo corresponde revisar la información
entregada por Peña y “no marcar errores o faltas a priori”; además,
afirmó que desde el primer día de la actual administración, el diálogo
ha sido la principal política.
“El conducir la política interna de un
país no es cosa sencilla, no es tarea fácil. No es cuestión de
ocurrencias del día o propuestas al vapor; se requiere de una gran sensibilidad política y social, de no ser imprudente, sino sensato con las decisiones a tomar”, afirmó el diputado.
En tanto, la legisladora Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social (PES), afirmó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción;
la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y las
leyes aprobadas en materia de Disciplina Financiera, deben considerarse como “frutos sumamente importantes para la vida nacional”.
Carlos Gutiérrez García,
de Nueva Alianza, reconoció que los resultados de las elecciones de
junio pasado, castigaron malas gestiones señaladas por una alta
incidencia de corrupción y opacidad, por lo que llamó a “seguir
construyendo y fortaleciendo las instituciones
democráticas del país, ofreciéndole a la ciudadanía por medio de
acciones y resultados concretos la confianza de sus gobernantes”; sin
embargo, alabó los supuestos logros alcanzados con la Estrategia
Nacional de Seguridad, que no ha dejado más que una honda cicatriz por
la violencia.
La diputada del PRI, Mercedes Guillén
Vicente, afirmó que gracias al diálogo impulsado por Peña Nieto, la
transformación de México es real y avanza de manera “clara e innegable”.
Agregó que a través de la Segob se ha realizado un “esfuerzo amplio” para anticipar y resolver conflictos sociales, para propiciar una verdadera gobernabilidad democrática.
“La política interior en el país es
eficaz, respetuosa de la diversidad y está consagrada a la salvaguarda
de los derechos de todos. La política interior del país, reivindica sus
resultados en una gobernabilidad democrática que confirma el sentido de nuestras reformas”, afirmó la legisladora del tricolor.
