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7/01/2020

Gertz: se cayó la "verdad histórica" sobre el caso Ayotzinapa

Con nuevas pesquisas ya sabemos qué sucedió a los 43 normalistas
Hay indicios de que no sólo en Cocula se ejecutó a los estudiantes

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▲ El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señala que se cuenta con toda la información sobre la huida de Tomás Zerón de Lucio.Foto FGR
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de julio de 2020, p. 8
Se acabó la verdad histórica del caso Ayotzinapa, porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo a través de los procedimientos que se iniciaron y han puesto en libertad a las personas que participaron, según las anteriores administraciones, afirmó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
En entrevista con La Jornada, afirmó que ya se hizo una nueva reconstrucción de lo sucedido en septiembre de 2014 y se cuenta con nuevos elementos sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, adónde los escondieron, quiénes los torturaron y lo que siguió con ellos.
Respecto de Emilio Lozoya afirmó que es el ex funcionario el que está ofreciendo información, y espera que se pueda reconstruir la red de personajes financieros y políticos que se beneficiaron con los sobornos y los recursos que se generaron tanto de Odebrecht como de Agronitrogenados.
–¿Por qué se vino abajo la verdad histórica?
–Porque todos los elementos en los que estaba sustentada se han ido cayendo por la irregularidad e ilegalidad con que se manejó el caso y que ha llevado a perder en todas y cada una de las judicalizaciones que se hicieron.
A recuperar credibilidad
“Lo que buscamos es recuperar la credibilidad en las investigaciones y conocer el destino los jóvenes, porque ese es el fondo y lo que realmente le interesa a toda la población y a los padres de las víctimas.
Todos los elementos con los que se había actuado han sido descalificados. Por ejemplo, (Tomás) Zerón está con orden de aprehensión. Imagínense, cómo se puede afirmar que hay una verdad jurídica válida si todos los participantes y el organizador de la indagatoria están en fuga o con orden de captura y con Interpol siguiéndolos.
–¿Hay indicios de que no sólo en el basurero de Cocula se privó de la vida a los estudiantes?
–Así es.
–¿En cuantos sitios más localizaron restos óseos que pudiera presumirse que son de los normalistas de Ayotzinapa?
–Esa información se dará más adelante. Ahorita estamos tratando de obtener órdenes de aprehensión y nos hemos tenido que mover por todo el país, porque hay jueces que no quieren aceptar los expedientes y tuvimos que ir a otros lugares.
“Hasta que no tengamos eso, certeza con las declaraciones de quienes estamos deteniendo, y lo que hemos obtenido de la Universidad de Innsbruck, podremos dar a conocer esos detalles. Si no, nos pasa lo mismo que a los anteriores.
–¿Eso significa que ya hay otros restos identificados?
–Sí.
–¿Se ha investigado la participación del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda?
–Ese no es el tema de la desaparición de los jóvenes, tiene que ver con las conductas ilegales de esas personas.
–¿No están vinculados con esa desaparición?
–No lo puedo negar ni afirmar. En este momento el asunto es la desaparición de los jóvenes.
–¿Ya se tiene mayor certeza de qué ocurrió con los 43 normalistas y de los sitios donde pudieron haber depositado los retos de los jóvenes?
–Lo importante es tener certeza de toda la secuencia.
–Pero ya hay un esquema bastante identificado…
–Sí, por supuesto.
–¿En contra de quiénes la fiscalía ha solicitado las 46 órdenes de aprehensión?
–Es personal de Guerrero, de toda la zona de Iguala y de Cocula.
–¿Hubo una conjunción de voluntades desde el gobierno del estado y los municipios para actuar en la desaparición de los 43 normalistas?
–La investigación va en el sentido de por qué actuó cada uno de ellos y por eso necesitamos detenerlos, para saber qué hizo cada uno, cómo se comunicó con sus cómplices o con quiénes trabajaron, quiénes les dieron las órdenes y por qué se callaron.
Nosotros ya sabemos lo que pasó, sabemos quiénes fueron los que lo ordenaron, lo taparon, lo modificaron e hicieron lo que hicieron. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó
–¿Se está dando por hecho que sí asesinaron a los 43?
–Esa respuesta no me la pida hasta que yo tenga la certeza.
–¿Se sostiene que lo ocurrido con los normalistas se trató de una confusión con integrantes de un grupo delictivo?
–Se sostiene absolutamente.
“Toda esa zona era un conflicto de intereses de fuerzas del narcotráfico y del crimen organizado, ya que es una especie de cruce y un lugar estratégico para sacar la droga de toda la sierra de Guerrero.
“Por eso había esa confrontación permanente entre los grupos que son los que quieren mantener el control y la fuerza suficiente para poder mover su droga y que nadie les compita.
Armando el rompecabezas
Los jóvenes que fueron a esas acciones eran estudiantes de los primeros semestres de la normal, no por eso los vamos a criminalizar. Evidentemente todos esos elementos son los que en la secuencia que hemos ido armando van cayendo las pruebas y las periciales las van ratificando de cómo se dio la llegada, luego la confrontación, posteriormente la persecución, adónde los llevaron, adónde los escondieron, quiénes fueron los que les torturaron y lo que siguió.
–¿Hay avances en la identificación del personaje que se ha denominado como El Patrón?
–Conforme vayamos obteniendo las respectivas declaraciones, vamos a tener certeza. Todos los elementos de la investigación son una especie de rompecabezas que va cuadrando.
–En cuanto a Tomás Zerón, ¿se sabe cómo huyó de México?
–Tenemos los datos de la salida y en qué vuelo y todo.
–Se ha dicho que huyó a Canadá…
–Canadá es un país que tiene una tradición garantista muy fuerte y que maneja sus procedimientos de extradición con pulcritud y cuidado. Nos han advertido que si empezamos a dar información que modifique su patrón de procedimiento, se nos pueden complicar las extradiciones.
–¿Qué tan importante es la detención de Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo?
–La presencia de ese individuo fue fundamental en la organización y la estructura de todos los actos que ocurrieron en Iguala en septiembre de 2014.
–En cuanto al caso de Emilio Lozoya, ¿aceptó ser un testigo colaborador para la FGR?
–Él está ofreciendo información que considera tiene relevancia fundamental para los intereses de la nación mexicana y es lo que vamos a ver si es cierto.
–¿La FGR reconstruirá la red de personajes y vínculos financieros y políticos que participaron en la trama de reparto de sobornos por parte de Odebrecht?
–Tanto de Odebrecht como de Agronitrogenados. Esta es la posibilidad. Lo que necesitamos es que venga, que nos diga y que pueda probarlo.
–¿Ustedes buscaron negociar directamente con él, se le ofreció algún trato que lo beneficiara?
–Ellos fueron los que estuvieron tratando de contactar a las autoridades federales para decir que este individuo tenía conocimiento y pruebas suficientes que podían ser útiles para las investigaciones que tenemos abiertas.
–¿Incluirá lo que se ha dicho sobre el financiamiento a campañas políticas?
–Vamos a ver lo que nos dice y lo que prueba.
–Por lo que se refiere al atentado en contra de Omar García Harfuch, ¿la FGR está tomando parte en las investigaciones?
–Al día siguiente del atentado me llamó la fiscal de la Ciudad de México para ver si podían obtener nuestra ayuda y le dije que todo lo que necesitara en materia pericial, apoyo técnico o jurídico.
“Pero también le dije que ellos tienen la obligación de entregarnos un desglose cuando terminen sus indagatorias del fuero común, que son el homicidio, las lesiones y todos los delitos que deriven.
Ellos tienen la obligación de mandarnos un desglose de esa carpeta para los efectos de las armas y de crimen organizado, concluyó.

3/25/2018

El derecho a la verdad, otro pendiente nacional


La Jornada

El hecho de que el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas (el 24 de marzo, por acuerdo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas) haya tenido escasa repercusión mediática en nuestro país refleja el déficit que la sociedad mexicana padece en esa materia.

La observación realizada ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según la cual el Estado tiene una deuda pendiente con familiares de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas –más de 32 mil, dice el organismo– ratifica que las autoridades están lejos de cumplir con la obligación ética y jurídica de garantizarles el derecho de conocer qué pasó con sus seres queridos, así como las circunstancias en que ocurrieron las desapariciones y las responsabilidades que existen por todas y cada una de ellas.

Pocas veces hay acuerdo entre las partes cuando se habla de la verdad, y por regla general en cada oportunidad las versiones oficiales difieren radicalmente de las que dan los familiares de las personas desaparecidas o victimadas. Tal fue el caso de la verdad histórica sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa esgrimida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y defendida por el gobierno contra toda evidencia y sentido común, o de las verdades oficiales acerca de las matanzas de Aguas Blancas, Acteal y Tlatlaya, que aportaron a los deudos más preguntas que respuestas.
En años recientes la noción de derecho a la verdad tiende a evolucionar para lograr resultados más concretos y hacerse extensivo no sólo a los familiares de las víctimas, sino al conjunto de la sociedad, en el entendido de que ésta tiene el derecho inalienable de conocer cabalmente los hechos, así como las circunstancias en las que los delitos fueron cometidos, con la finalidad de que las situaciones no se repitan en el futuro.
Se busca, asimismo, que el Estado dé a conocer cómo, dónde, por quiénes y con qué motivaciones se produjeron las violaciones a los derechos humanos implícitas en desapariciones, secuestros y asesinatos, así como la identidad de sus perpetradores. Y, por otro lado, esa misma línea de pensamiento exige que la acción estatal vaya seguida del fin efectivo de la impunidad y del castigo a los culpables, porque una noción de verdad desligada de sanciones establecidas en la ley resulta irrelevante.
En México la confianza en las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia no gozan precisamente del mejor crédito entre la población, en especial porque su desempeño a lo largo del tiempo rara vez ha sido transparente y efectivo. Por ello no basta con hacer declaraciones periódicas de buenas intenciones en torno a la necesidad de limpiar el sistema judicial: para que el Estado (con este gobierno o con cualquier otro) se gane la confianza ciudadana que lo legitime plenamente en ese aspecto debe construir un aparato judicial operante y que vincule de manera definitiva la noción de verdad con la administración de justicia.