Persisten ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza en México: ONU

El relator ve medidas "insuficientes e ineficaces".

Redacción AN

El relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, señaló este lunes que, desde 2013, el progreso ha sido insuficiente en la protección del derecho a la vida en México, pues persisten hasta hoy las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.

“Las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, recalcó en su informe de seguimiento, entregado al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida que hizo tras su visita oficial al país hace tres años.

“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, subrayó Heyns.

No obstante el relator saludó “las medidas tomadas por el gobierno mexicano para tratar de disminuir los homicidios, hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables”.

Heyns enfatizó que “medidas adicionales siguen siendo necesarias y deben aplicarse en la realidad a efecto de implementar plenamente mis recomendaciones y garantizar de mejor forma el derecho a la vida”.

En ese sentido, urgió en particular a las autoridades mexicanas a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses, pues actualmente los peritos dependen de las procuradurías de justicia.

Además, recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”.

También lamentó la ausencia de avances en la implementación de su recomendación e hizo alusión a una serie de acontecimientos trágicos que han hecho de las fuerzas armadas blanco de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. (Con información de la ONU)

*Consulta el informe

Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Chiapas, parte del “terrorismo de Estado”: FNLS

   

Por: Cecilia Balderas 

(28 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que, a raíz de la instalación del Mando Único en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, formalizado hace aproximadamente cinco meses, comenzó la descomposición social de la comunidad, pues entre las primeras tareas que han recibido los uniformados está la de reprimir el descontento social.

Aunque aparentemente la autoridad municipal aceptó el incremento del índice delincuencial, argumentó que se trataba de delincuencia común; sin embargo, Roberto Mendoza Pérez, representante de la comisión de Derechos Humanos del FNLS afirmó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que ha habido cinco ejecuciones extrajudiciales y varias desapariciones forzadas, hechos que consideran una práctica recurrente y parte del “terrorismo de Estado” instrumentado desde la cúpula gubernamental.

A pesar de que los casos han sido denunciados oportunamente, agentes del Ministerio Público no reportan ningún avance en la investigación de los mismos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ni siquiera ha emitido un pronunciamiento formal sobre esta problemática que incluye la violación de garantías individuales.

“Creemos que es parte de la instauración de un Estado policiaco-militar a nivel nacional y por supuesto, para respaldar a quienes, en los últimos años, han sido la punta de lanza para golpear a diversas organizaciones en Chiapas y concretamente al FNLS en la región de Ocosingo”, detalló Mendoza Pérez.

El activista explicó que en la entidad fronteriza –gobernada por Manuel Velasco, quien arribó a la gubernatura en 2012 tras encabezar la alianza electoral entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (NA)- se ha desatado una represión masiva, pero al mismo tiempo enfocada a los movimientos y esfuerzos organizativos de carácter democrático e independiente, que denuncian la corrupción del sistema político mexicano.

Desgraciadamente, la problemática de desapariciones forzadas no es nueva, data de los años 70, con motivo de las luchas campesinas, principalmente encabezadas por la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). La irrupción en el escenario político, en 1994, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también dejó una estela de ausencias obligadas, pero el fenómeno se ha recrudecido en el marco de las movilizaciones del movimiento magisterial chiapaneco.  A pesar de ello, en Chiapas son pocas las organizaciones que exigen la presentación con vida de personas detenidas de manera ilegal y los desaparecidos.

Desaparición y criminalización 

Mendoza Pérez detalló que en 2013 se registraron la menos dos casos de desaparición forzada temporal, pero “fue muy poca la difusión”. En noviembre de 2013, se denunció la desaparición de Luisa Margareth Castillo Mora, activista y líder sindical de trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La también simpatizante del movimiento magisterial desapareció de la plaza de San Francisco, en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas.

Días más tarde, Castillo Mora fue puesta en libertad y denunció que sus captores la torturaron física y psicológicamente; además, el gobierno de Velasco pretendió criminalizarla y justificar su desaparición al tratar de vincularla con el crimen organizado.

En Tuxtla Gutiérrez, una estudiante también desapareció por algunos días.  “Esos casos evidencian que la desaparición forzada es una práctica recurrente en Chiapas; podemos decir que es parte del terrorismo de Estado que se aplica en la entidad, principalmente porque hay organización de la ciudadanía, tanto en el campo como en la ciudad, que denuncia las consecuencias de las políticas neoliberales impuestas en el país”, sostuvo Mendoza Pérez.

Aunado a la omisión e ineficiencia de las autoridades locales, las organizaciones sociales que intentan visibilizar esta problemática, se ven rebasadas por la realidad.  El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado al menos 30 casos de desaparición forzada y represión en la entidad -de 1994 al año 2000, principalmente vinculadas a agresiones de grupos paramilitares y del Ejército- pero sigue sin haber una cifra exacta que dé cuenta de la magnitud del problema; sin embargo, la población chiapaneca se calcula que los casos de desaparición forzada por motivos políticos y sociales alcanzan el centenar.

Las demandas 

Roberto Mendoza Pérez denunció que a pesar de las constantes exigencias al gobierno de Velasco para que se investigue, los crímenes se mantienen en la impunidad.  Además de exigir se lleve ante la autoridad a los autores materiales e intelectuales de decenas de desapariciones forzadas, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exige se aclare la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López –ocurrido el 29 de septiembre del año pasado, a manos de un grupo paramilitar denominado “Los Petules”- y el intento de asesinato de Emilio Morales Díaz, quien fue baleado en el rostro por un integrante del mismo grupo paramilitar, tres días antes del asesinato de Héctor.

También solicitan se aclare el intento de ejecución extrajudicial de Intento de ejecución extrajudicial, en la ciudad de México, en contra de Matías Flores, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), de Jesús Hernández Reyes y Rubicél Hernández García, comisionados del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ocurrida el siete de noviembre de 2015.

Los activistas participaban en una manifestación en las inmediaciones del campamento del Frente Popular Francisco Villa Independiente, cuando fueron agredidos.  Mendoza subrayó que luego de la inacción e indiferencia de la administración de Manuel Velasco y de su intensión por criminalizar su lucha, solicitaron la intervención del gobierno federal; sin embargo, “hay poco interés y el gobierno se resiste a atender una sola denuncia; no hay voluntad política a nivel local, estatal y mucho menos federal. Esto es una consigna política”

Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, “casos gravísimos” de ejecuciones extrajudiciales: CIDH en CNN

"Brecha brutal" entre lo que México ha aprobado en reformas institucionales, leyes, planes nacionales... y la dificultad de acceso de justicia, señaló Emilio Álvarez Icaza.

Redacción AN

En su visita a México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que el país pasa “por una grave crisis de derechos humanos”, sentenció James Cavallaro,  relator para México y primer vicepresidente de la CIDH, en entrevista para Aristegui CNN.
Expuso que “estuvimos en el Distrito Federal, nos reunimos con autoridades, sociedad civil y víctimas”, ”después nos dividimos en varios estados, en el norte Coahuila, Nuevo León. También Veracruz, Guerrero, Tabasco, cada equipo que fue a un lugar diferente, volvió muy impresionado con la gravedad de la situación”.
“En el tema de la desapararición forzada recibimos decenas de testimonios; con las ejecuciones extrajudiciales, casos gravísimos, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato; casos gravísimos de tortura…”, agregó.
Luego “volvimos a la capital con un impacto muy fuerte, no hay otra conclusión. La situación es muy grave, crisis grave describe la situación que vive el país”, subrayó.
Ante la postura del gobierno que dice no compartir que de manera generalizada haya una crisis grave en derechos humanos en nuestro país, señaló que “son cinco días (de visita), pero la Comisión se divide en grupos, fuimos a seis estados, con un grupo de profesionales que viene acompañando la situación en México de forma permanente, hace meses y años. Tenemos también los documentos y estudios que analizamos antes de venir. En el terreno lo que conseguimos hacer fue comprobar lo que estamos estudiando y analizando en semanas y meses previas”.
Además la Comisión “lleva décadas de hacer este tipo de visitas, pero otras entidades internacionales hacen lo mismo. Pudimos corraborar, y de hecho lo que obtuvimos en el terreno fue más contundente… muy impactante“.
En el grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, “se encontraron fosas con decenas de otras personas desconocidas, hay un total de 400 personas, los llamados ‘otros de Iguala’. Pero tan grave ha sido la situación, de tanto que no le han hecho caso a esas personas, una mujer nos contó que ‘cuando supimos del horror de Ayotzinapa, dijimos gracias a Dios, porque ahora nos van a a hacer caso. Estamos años buscando a nuestras familias…’, sin que las autoridades le dieran importancia”.
Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de la CIDH, aseveró que “hubo una agenda muy intensa, reuniones con más de 60 u 80 funcionarios, vimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidente, presidentes de las salas. Al Senado, Cámara de Diputados, vimos a seis gobernadores, organismos internacionales, periodistas, organizaciones de la sociedad civil”.
Detalló que “por una parte se le pidió al Estado mexicano una serie de informaciones, para tener elementos de estadísitica. Información oficial que nos permitiera docuememtar de mejor manera. También se le pide a las organizaciones de la sociedad civil y  a las víctimas, no sólo testimonios, sino análisis y documentos. Hablamos con académicos y periodistas… de manera que tendremos elementos para hacer un foco específico en las violaciones graves a los derechos humanos”.
“En el ánimo de generar un documento que le brinde un horizonte de trabajo a México… bajo la hipótesis que se reconoce que el gobierno invitó a la Comisión, pero que tiene que tener un correlato en el seguimiento a las recomendaciones. Cuando venga el informe tendrá que haber un trabajo de como se cumplen las recomendaciones, de manera que no sólo el gobierno federal, sino los poderes de la República y los gobiernos estatales de manera principal, pongan condición y atención”, opinó.
Explicó que “preparar una visita de esta naturaleza, nos llevó por lo menos ocho meses de trabajo sistemático, hay un diagnóstico donde se dialoga por las audiencias, por la información recibida, hay todo un proceso de investigación previo. No fue este el único viaje, gente de la secretaría Ejecutiva vino antes a prepararla”.
Además de que “el fénomeno de un informe de esta naturaleza, tiene un calado, inclusive, de qué tipo de informe va a hacer. ¿Por qué vamos a trabajar estos temas?, porque ya hay un diagnóstico previo que se sustenta y se soporta”.
Lo que es evidente, comentó Álvarez Icaza, es que el fenómeno de las violaciones graves “está en una condición donde hay una distancia tan extraordinaria entre lo que México ha aprobado de reformas institucionales, de leyes, de planes nacionales y la dificultad de acceso de justicia. La brecha es brutal”.
“En 15 de 32 estados no está tipificada kla tortura, ni siquiera puedes calificarlo como delito”, recordó.
“Hay un contexto de violencia generalizado, un fenómeno de inseguridad. Tienes la afectación del delito, pero también un fenómeno de permear las intenciones de seguridad, donde hay funcionarios públicos que participan en el delito”, aseguró.
Además, existe “un fenómeno donde las procuradurías estatales ni siquiera investigan y hay quienes reciben amenazas por buscar a su familia”.

Pleno de la CIDH visitará México para revisar informe sobre Ayotzinapa

Gloria Leticia Díaz y Jesús Esquivel

Familiares de los 43 marchan en víspera del Grito de Independencia.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita de cuatro días a México para, entre otros temas relacionados con los derechos humanos, revisar el informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un comunicado de prensa, la CIDH, ente jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) anuncia que su “visita in loco a México”, se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre.

“Durante la visita la CIDH se reunirá con el GIEI para dar atención al informe sobre los hechos acontecidos en Ayotzinapa”, matiza el comunicado de prensa.

La visita de la CIDH a México hará un recorrido por Guerrero, Tabasco, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y la Ciudad de México.

“Realizará una observación en terreno sobre la situación de derechos humanos en el país, con particular énfasis en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura”, destaca el comunicado emitido por la CIDH.

La agenda incluye también una revisión a los asuntos de la inseguridad ciudadana, acceso a la justicia de víctimas de violaciones a los derechos humanos y la situación de periodistas, defensores de los derechos humanos y los demás grupos sociales del país afectados por la violencia que priva en México.

El viaje “in loco” de la CIDH incluye la reunión con funcionarios del gobierno de Enrique Pena Nieto, con miembros del Poder Legislativo y el Judicial, y con representantes de la sociedad civil mexicana.

La delegación de la CIDH estará encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, el primer vicepresidente, James Cavallaro; el comisionado Felipe González; y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa Maria Ortiz.

Viajaran también como parte de la delegación de la OEA, Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario Ejecutivo; Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

“La CIDH recabará testimonio de víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares en los distintos lugares que recorrerá (…) la CIDH presentará sus observaciones preliminares al término de su visita, en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 2 de octubre”, en lugar y hora por definir, agrega el comunicado.

En otro comunicado, este conjunto entre la CIDH y la Procuraduría General de la República (PGR), sin dar detalles de los temas a tratar, se informa que el pleno de la CIDH visitará México para revisar la situación de los derechos humanos en el país, así como de los casos que se están litigando en esa instancia de la OEA.

Y destaca que la gira de los comisionados corresponde a la “política de cooperación del Estado mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos”, y que además de abordar temas relevantes en la materia, se dará atención “a casos individuales que se encuentre en trámite ante el órgano interamericano”.

Asimismo, subraya que la visita de la CIDH, es derivada de una invitación del Estado mexicano a principios de este año y forma parte del proceso de renovación del órgano internacional, para “dotar de una mayor eficiencia en el tratamiento de asuntos sobre posibles violaciones a derechos humanos, en aras de asegurar a las víctimas una reparación integral acorde con estándares internacionales”.

Al señalar que México fue uno de los promotores de la transformación del Reglamento de la CIDH en 2013, el comunicado indica que con la visita el órgano podrá “cumplir con su mandato de promoción de derechos humanos en el continente, además de que será una oportunidad para profundizar el diálogo y resolución de peticiones individuales pendientes que, en algunos casos, se encuentran en trámite ante la CIDH desde la década de los noventa”.

La atención a los casos individuales, añade, está dirigida a “la prioridad y deber del Estado de asegurar a víctimas de violaciones a derechos humanos una reparación efectiva y acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados relevantes”.