desInformémonos
Las asambleas
comunitarias son el máximo órgano de decisión de los pueblos. Sus usos y
costumbres son la guía para la seguridad en sus territorios y para
luchar contra el despojo, coinciden representantes de guardias, rondas y
policías comunitarias de San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Morelos y
del Distrito Federal.
Defender los modos de vida, los bosques y
mantener el tejido social de las comunidades, son principios para que la
autonomía y la autogestión se desarrollen mediante el sistema de
cargos, señalan comunitarios de diferentes partes de la República
reunidos en un seminario realizado en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH).
Miguel Guzmán, asesor de la
guardia comunitaria de la Huasteca potosina, explica que el gobierno,
después de encontrar diferentes minerales naturales tanto en Guerrero
con en San Luís Potosí, lo que quiere es desmovilizar a las
resistencias, y en este contexto “se organizan las guardias
comunitarias, para defender nuestros recursos”, advierte.
En
estos momentos, explica, la guardia comunitaria de la Huasteca trabaja
en una propuesta para llevarla a las distintas comunidades y compartir
experiencias en un encuentro de guardias comunitarias en la Palma, San
Luis Potosí, que tiene como objetivo presentar un frente común al
Estado.
Por su parte, Guillermo Hernández, de Tepoztlán y
miembro de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas, explica que
Morelos es un estado con un gran índice de violencia “y por eso están
resurgiendo los valores de la seguridad comunitaria desde las
asambleas”.
En la comunidad de Ocotepec, municipio de
Cuernavaca, por ejemplo, se mantiene la ronda comunitaria, “que hasta
hace poco no era reconocida por las autoridades, pero ellos cuidan su
comunidad, en guardias de entre diez y quince roderos que vigilan la
zona ante el incremento del crimen organizado”, señala Hernández.
Un proceso parecido se vive en la comunidad Huatzulco, que anunció el
año pasado la creación de una policía comunitaria, el gobierno de
Morelos trató de impedirlo, pero ellos se organizan por la vía del
hecho.
En Tetela del Volcán, zona productora de aguacate, los
aguacateros han resuelto organizar sus grupos armados, que están siendo
monitoreados y trabajan con el ejército, relata el comunero de Morelos.
Las redes de Emiliano Zapata fraguadas durante la Revolución Mexicana
aún existen, explica Guillermo Hernández. “Fueron las comunidades las
que realizaron la Revolución y crearon a Zapata. Las comunidades
nombraron a sus generales y soldados para incorporarse a Emiliano
Zapata, y precisamente este antecedente y la lucha de Rubén Jaramillo,
es lo que recuperan los pueblos ahora.
En el Distrito Federal,
la lucha comunal en Milpa Alta, es por mantener el dominio de la tierra,
que es parte del proceso histórico de Milpa Alta, explica Francisco
Pastrana comunero y defensor del bosque. “La zona ecológica del Distrito
Federal es muy poca y por eso nosotros estamos luchado para proteger el
bosque y para que se les pague a los comuneros que lo cuidan”. Desde el
2002, explica, en Milpa Alta las comunidades organizan sus guardias
forestales y de vigilancia.
“Nosotros tenemos algo que
presumirle a la ciudad. Nuestra vigilancia es contra de la tala del
bosque”, expresa el guardia comunero y explica que ellos no están
armados, y que “sólo trabajan para apagar incendios y proteger el
bosque”.
Nuestra historia
En comunidades de la
Huasteca en San Luis Potosí, existe la figura de gobernador tradicional,
que no sólo organiza las fiestas, sino que realiza labores a favor de
la comunidad. Es el que lleva el bastón de mando y representa a la
comunidad, y tienen sus guardias comunitarias que dan citatorios en los
que el gobernador tradicional cumple como juez para conciliar y resolver
algún problema dentro de la comunidad”.
En los años noventa,
recuerda Miguel Guzmán, “nosotros realizamos un Congreso que llamamos
Naciones Indígenas. No fue publicitado pero nació del ejemplo de lucha
de los compañeros del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y tuvo
como objetivo volver a establecer las naciones indígenas como centro de
lucha y como herederas de los bastiones de resistencia”.
“Hoy
estamos en una etapa de resurgimiento del movimiento campesino indígena
que no existía desde hace muchos años en San Luis Potosí”, señala el
entrevistado y añade que ahora están buscando nuevas estrategias de
defensa que permitan detener la ofensiva actual. Es el contexto en el
que resurgen las guardias comunitarias como una estrategia de
resistencia, agrega Guzmán.
Las guardias comunitarias en la
Huasteca están desarmadas, y además de hacer detenciones y vigilar la
región; resuelven los problemas al interior de las comunidades, y son
una fuerza ante el Estado, señala el asesor.
San Luis Potosí,
explica, las tierras son afectadas por los megaproyectos. Uno es la
Súper Carretera, obra que conectará el Golfo de México con el Océano
Pacifico. Por los daños ambientales que causará esta obra, las
comunidades decidieron organizarse contra el despojo.
“Es el
Estado el que se opone al nacimiento y crecimiento de las guardias
comunitarias en la Huasteca. Es un Estado incapaz de garantizar
seguridad y justicia en los pueblos, pero si capaz de reprimirlos, es
decir, por un lado dice dar paz social y por otro lado da represión”,
explica Miguel Guzmán.
Desde el punto de vista legal, la guardia
está amparada, no extorsiona como la policía estatal. Pero el Estado
aplica también la división. “Pensamos que el siguiente paso para que no
nos dispersemos es coordinar a nivel nacional a todas la guardias y
policías comunitarias. Necesitamos juntarnos, y platicar antes que a
unos los compren, a otros los cooptan y a otros más los meten a la
cárcel”.
“A nosotros –explica- se nos propuso convertirnos en
policías rurales, pero lo rechazamos porque perdiéramos nuestra
legitimidad y nuestro proceso”. Y añade que aquí otra diferencia con las
autodefensas “es que no se recibe un salario”. El Guardia Comunitario
es una persona dispuesta incluso a perder su vida por la comunidad.
Tenemos un manual de operación y hemos avanzado con disciplina”,
asegura.
La CRAC previó la llegada de las mineras
En Guerrero, por su parte, en particular en la Montaña y Costa Chica,
la organización de la policía comunitaria cuenta con 18 años de
existencia, y tiene el mayor número de presos políticos en el país,
informa Pablo Guzmán, ex coordinador y ahora consejero de la
organización. “Cuando nosotros llegamos al cargo, éramos cerca de diez
coordinadores, también llegaron las mineras, observamos que había
reconocimiento aéreo, y eso alertó a la gente”, dice.
Valentín
Hernández Chapa, asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) de Guerrero, explica que en noviembre del 2010,
cuando se enteraron de las intenciones de las empresas mineras, las
autoridades agrarias y comunitarias hicieron el análisis de que iban a
implementar cualquier cosa para que el gobierno y las empresas pudieran
instalarse. “Nosotros pensábamos que no iban a poder entrar porque había
una organización fuerte y articulada en el territorio”, dice, pues en
ese tiempo eran alrededor de 70 comunidades organizadas, de 15
municipios.
En el año 2013, el ex coordinador de la CRAC, Eliseo
del Villar, se replegó al lado de los intereses del gobierno de Ángel
Aguirre y actuarón como un grupo paramilitar, reclutando gente de las
comunidades pagándoles para que sirvan como pistoleros”, advierte Pablo
Guzmán.
Pablo Guzmán explica que “la diferencia con las
autodefensas es que las comunitarias se desarrolla desde abajo, todo
tiene que ver con eso, la seguridad, las justicia, la reeducación, las
radios comunitarias, el trabajo con mujeres, todo es desde abajo”
