Los mineros, en el avance histórico del país

Napoleón Gómez Urrutia

La Jornada 

Es difícil imaginar las condiciones y naturaleza de la primera huelga registrada en la historia de las relaciones de la producción no sólo de México, sino de América Latina. Ocurrió el 15 de agosto de 1766 en la época de la dictadura y la opresión colonial. Un valiente grupo de trabajadores mineros tomaron la decisión de suspender labores y protestar contra la injusticia en el actual estado de Hidalgo en las minas de Real del Monte, propiedad de Pedro Romero de Terreros, el primer conde de Regla.

Las pésimas condiciones de trabajo que prevalecían, la inseguridad, la insalubridad y la falta de higiene, así como los bajos salarios y las interminables jornadas de trabajo (en algunos casos de 18 horas al día), más el rechazo al reclutamiento o leva forzosa para integrar o reponer a los miembros caídos de las fuerzas militares y represoras del colonialismo español, determinaron el levantamiento de los mineros de esa población.

Los trabajadores fueron fuertemente reprimidos por el entonces alcalde mayor de Pachuca Ramón de la Coca, quien se puso del lado de Romero de Terreros, y al poco tiempo de esa equivocada y parcial decisión fue asesinado.

Este movimiento de huelga, apoyado en demandas de lo que hoy denominamos justicia, democracia y bienestar económico, es el primer antecedente de un conflicto de lucha de clases no sólo en México, sino en toda América Latina. Incluso fue la primera vez que se demandaron la jornada laboral de ocho horas, la prohibición del trabajo infantil y la no discriminación en el pago y la calidad del empleo. Fueron los mineros los primeros que se enfrentaron al sistema discriminatorio de castas, vigente en la Nueva España desde la conquista de los pueblos mesoamericanos.

Ayer como hoy, el lema fue a trabajo igual, salario igual. Los valientes mineros del Real fueron con su lucha los precursores de la famosa huelga de Cananea del primero de junio de 1906, exactamente 140 años después, en las postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz y casi al inicio de la Revolución Mexicana, considerada la primera del siglo XX en el mundo.

Por eso, el 15 de agosto pasado acudimos al monumento levantado a este hecho histórico en Real del Monte, donde después se realizó una marcha por el pueblo y el homenaje a mi padre Don Napoleón Gómez Sada, que también tiene un pedestal y busto en el centro de esa histórica y heroica población.

Al día siguiente de esta celebración, el viernes 16 de agosto, se organizó un convivio en la famosa hacienda de Xala, construida en el siglo XVI, ubicada en el municipio de Otumba, estado de México, lugar que es patrimonio del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana para beneficio de sus miembros, sus familias y los visitantes que quieran disfrutar de las instalaciones de este centro social.

Esta reunión se celebra cada año por acuerdo de la Convención Nacional, que es el órgano máximo de gobierno de esta fuerte y orgullosa organización obrera, la cual me honro en presidir.

Se reunieron más de dos mil compañeros trabajadores del país, senadores de la República y diputados federales, funcionarios de gobiernos estatales y federal, así como directivos y gerentes de muchas empresas de este importante sector de la actividad industrial nacional.

Este acto de celebración fue organizado por los trabajadores que integran el sistema minero nacional.

Esta tradición permite convivir en este magnífico escenario con alimentos preparados allí mismo con la colaboración y esfuerzo de todos los dirigentes locales y generales que apoyaron en todo momento el esfuerzo para asegurar que todos los asistentes lo disfrutaran enormemente.

Estos eventos permiten la convivencia de los trabajadores en un ambiente privado para relajarse, al menos un día, de lo difícil y complicada que es la actividad minera, una de las de más alto riesgo en el mundo. Pues no es lo mismo laborar en la superficie de la tierra que en las minas a más de 800 o mil metros de profundidad, o al lado de los hornos metalúrgicos y siderúrgicos con temperaturas que alcanzan más de mil 400 grados centígrados. También estas reuniones son para refrendar la unidad, la lealtad y solidaridad laboral en esta industria.

Hoy, la clase trabajadora y México en su conjunto, enfrentan grandes retos, entre los que se encuentran obtener mejorías reales de los salarios, las pensiones y jubilaciones con dignidad, conservar las fuentes de trabajo y los empleos, acabar con la desigualdad, la represión, la corrupción y la impunidad. Los cambios nacionales permitirán avanzar en la dirección correcta hacia un mundo de mayor democracia, justicia, respeto y dignidad. Hay que dejar atrás los comentarios mezquinos de ignorantes y de otros que actúan de mala fe para desprestigiar la lucha democrática sindical por la justicia y la libertad laboral.

Los mineros: 85 años de honor y fuerza sindical

Napoleón Gómez Urrutia

Este día es histórico para el Sindicato Nacional de Mineros. Se cumple el 85 aniversario de su fundación y se recuerdan y se conmemoran las acciones y acontecimientos con los que se ha forjado la evolución de nuestra organización sindical. Hace 85 años se reunieron 27 gremios de trabajadores de la minería en el país, para integrar y construir un nuevo proyecto de hermandad y solidaridad mediante una nueva sociedad con trayectoria y presencia nacional.

Fue el 11 de julio de 1934 que celebraron la asamblea constitutiva en el teatro Bartolomé de Medina de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. La nueva agrupación nació con el nombre de Sindicato Industrial de Obreros y Empleados Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, como resultado de la visión, sensibilidad y patriotismo de los líderes sindicales de ese momento, que se dieron cuenta que la unidad hace la fuerza y ésta el poder para defender sus derechos, su bienestar, su seguridad y su dignidad por encima de todas las cosas.

México es una nación de profundas raíces mineras, con más de 500 años de explotación y transformación de las riquezas del subsuelo. La minería ha contribuido al crecimiento industrial y a la apertura de nuevas oportunidades económicas con un alto contenido social y un verdadero orgullo de lucha, de historia y de trascendencia hacia la dignidad humana.

La evolución del Sindicato Nacional de Mineros se remonta al 15 de agosto de 1766, en plena época de la colonia, cuando en la mina propiedad de Pedro Romero de Terreros tuvo lugar uno de los acontecimientos más notables en la historia de las relaciones patronales, ya que los valientes trabajadores demandaron ante las autoridades competentes al patrón por la falta de cumplimiento de los contratos de trabajo, prácticas abusivas de maltrato y de reducción de salarios, así como la explotación infantil en condiciones inhumanas, declarando la primera huelga de que se tiene noticia en toda América Latina, siendo Real del Monte en el actual estado de Hidalgo el precursor de este hecho trascendental en la vida de nuestro país.

Con posterioridad, el primero de junio de 1906 estalló la histórica huelga de Cananea, Sonora, donde 22 mineros fueron asesinados salvajemente por defender sus derechos y su libertad, a manos de las guardias blancas de la empresa, apoyadas por la intromisión ilegal de los rangers de Estados Unidos, a solicitud del gobernador de ese estado y la compañía minera en complicidad. Esta lucha heroica de los mineros se convirtió en precedente fundamental para la Revolución Mexicana de 1910.

El 22 de abril de 1937 también fueron sacrificados seis líderes de los trabajadores de lo que hoy constituye la compañía minera del Cubo, por pretender fundar una nueva sección del sindicato, con lo cual se convirtieron en los mártires de Guanajuato. Y qué decir de la valiente, inteligente y fuerte lucha de los mineros al resistir durante 12 años (2006-2018) los ataques cobardes y perversos de los tres gobiernos anteriores del PAN y del PRI en complicidad con los tres grupos mineros más grandes, pero más corruptos del país, Grupo México, Grupo Peñoles y Grupo Acerero del Norte. No pudieron destruir al poderoso sindicato de los mineros ni a los dirigentes y el resultado más claro ha sido mi regreso como senador de la República con el gran objetivo de reconstruir y democratizar al movimiento obrero en beneficio de los trabajadores y sus familias.

Los mineros mexicanos agremiados en el sindicato nacional, han recorrido un largo camino, conquistado y solidificado el anhelo de todo trabajador de preservar sus derechos manifestados en la ley para defender las conquistas plasmadas en sus contratos colectivos de trabajo, mejorar las condiciones laborales en las minas y plantas industriales y avanzar hacia la democracia, la libertad y la justicia.

A lo largo de estos 85 años de historia, los mineros hemos aprendido que el sindicalismo no puede sustraerse a la dinámica, desarrollo y retos de la economía global. El mundo moderno, la globalización de los poderes políticos y económicos del siglo XXI, la enorme influencia y desafíos que implica el avance de la ciencia y la robótica, están originando una permanente reducción del número de empleos y nuevas formas de trabajo humano y con ello nos han obligado a ejercer un cambio en el desarrollo cualitativo del ser y el quehacer del nuevo líder sindical mexicano.

Los retos que la sustentabilidad y competitividad de las empresas, por otro lado, han provocado en contraparte que los administradores, accionistas y directivos tiendan a buscar soluciones fáciles como los reajustes de personal, reducciones en los salarios y tiempos de ocupación y en las prestaciones de los trabajadores, en lugar de involucrarlos más en los procesos de educación, capacitación y creatividad para la productividad.

Por ello, los mineros mexicanos hemos luchado por promover, planear y ejecutar un nuevo sindicalismo que consolide y participe en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en la adopción y aprobación de convenios internacionales como el 87 y el 98 ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que garantizan la libertad de asociación, de sindicalización y de contratación colectiva, así como el voto libre, directo y secreto para decidir a qué organización pertenecer y a cuáles dirigentes se deben elegir, sin interferencias del gobierno y de las empresas o de los líderes tradicionales que los sancionan o reprimen si no se someten los trabajadores a sus caprichos e intereses.

Estamos viviendo tiempos de cambio, de fortalecer la democracia sindical y de consolidar la justicia laboral, por ello surgió la propuesta de constituir una nueva Confederación Internacional de Trabajadores, CIT, impulsada como punta de lanza por el orgulloso, histórico y glorioso Sindicato Nacional de Mineros, que avanza a una gran velocidad para cumplir con sus metas y objetivos.

En esta nueva y moderna etapa de transformación se ha profesionalizado nuestro liderazgo, con una visión moderna de democracia y de justicia laboral, con nuevas estrategias y tácticas de lucha y con un compromiso auténtico de defender los derechos fundamentales de los trabajadores, en el contexto del proyecto de la Cuarta Transformación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto al pueblo de México, para eliminar la corrupción, la marginación de niños y mujeres y la desigualdad que ofenden la dignidad de todos. Era, es y seguirá siendo la política y la estrategia sindical de la nueva era de cambio y transformación en beneficio de los trabajadores de México.

¡Que viva el Sindicato Nacional de Mineros!

¡Larga vida a esta gloriosa y poderosa organización!

La huelga de los mineros de Lázaro Cárdenas

Nahir Velasco y Óscar Alzaga*

La Jornada

Los habitantes de Lázaro Cárdenas suelen decir que el corazón de la economía de la región es la planta siderúrgica, que emplea a más de 6 mil obreros, e indirectamente a 24 mil. Pero los líderes de otros gremios reconocen a los mineros de la sección 271 como hermanos mayores y sus luchas un ejemplo digno de Michoacán. Por eso la marcha y el acto público del 12 de marzo fue de alto impacto, por el clamor solidario de 17 organizaciones sociales, igual que la asamblea de casi 2 mil mineros que decidió levantar la huelga.

De las cualidades de la huelga destaca la unidad minera y la firmeza de su decisión. Por eso cuando el 4 de marzo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) negó el derecho de huelga una hora antes de iniciarse y el mismo día la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se sumó a la aberrante resolución inconstitucional, los obreros de Lázaro Cárdenas reforzaron sus guardias. A la vez, el comité nacional informó y orientó a fondo a los trabajadores sobre las agresiones de las autoridades.

La huelga fue originada por las violaciones al contrato colectivo cometidas por ArcelorMittal Hierro. Por eso el sindicato minero emplazó a huelga el 18 de junio de 2015, prorrogando el inicio de ésta 16 veces, por las pláticas conciliatorias con la empresa, con la aprobación de la JFCA, como consta en actas. La principal violación de la empresa fue incumplir la cláusula 100, de reu­bicar a 206 obreros de la planta coquizadora, sin despidos. Asimismo, pagar a 87 obreros los días de solidaridad con los mineros de Pasta de Conchos y con los afectados por la contaminación por los tóxicos en el río Sonora, ambos actos del gran depredador de vidas mineras y de la naturaleza, Germán Larrea, de Grupo México.

A pesar de que el sindicato cubrió los requisitos legales, el 4 de marzo la empresa se negó a negociar, por lo que el sindicato minero ratificó su derecho de estallar la huelga. Pero justo una hora antes de iniciarse, la JFCA decidió archivarla, por prorrogarla de modo unilateral, un argumento falso, que carece de fundamento, para negar un derecho de rango constitucional.

El 4 de marzo la Secretaría del Trabajo reiteró la postura de la JFCA, poniendo en peligro el derecho de huelga, pero lo más grave fue amenazar al sindicato minero: “Ante la toma de las instalaciones de la empresa… la STPS exhorta al sindicato… a conducirse con pleno respeto a la ley... (Por) las denuncias que la empresa ha interpuesto, esta dependencia ha solicitado a las autoridades competentes, a nivel estatal y federal, que en uso de sus facultades legales garanticen la seguridad de personas y bienes al interior y exterior del centro de trabajo”. Y reitera la STPS que no se trata del estallamiento de una huelga sino de un paro ilegal de labores, con lo que insinúa el desalojo de los trabajadores.

Eso indudablemente inquietó a los mineros y a los trabajadores del país y del mundo, que mandaron cartas al gobierno, lo mismo que Elena Poniatowska, David Huerta, Paco Ignacio Taibo II y Raúl Vera.

Se malinterpretó la solidaridad sindical internacional como una intromisión de extranjeros en la vida interna del país, ignorando la Constitución en el artículo 3, que dice que se fomentará la conciencia de la solidaridad internacional.

Y si no fuera suficiente, la empresa recurrió a un conflicto colectivo de naturaleza económica, pidiendo a la JFCA que autorizara el despido de los 206 mineros, sin cumplir el contrato colectivo, a lo que de inmediato ésta dio trámite y fecha de audiencia el 9 de marzo, haciendo cada vez más tortuosas las negociaciones, pues se puso como condición para la conciliación levantar primero la huelga, porque, se dijo, pone en peligro la paz social.

Anteriormente, la autoridad declaraba inexistentes las huelgas, pero desde que el sindicato minero ganó los cuatro amparos en la de Cananea, dos de la de Taxco y dos de Sombrerete, y los juzgados concedieron las suspensiones dejando sin efecto las resoluciones de la JFCA, entonces la autoridad buscó otras vías, como el archivo de la huelga, que también aplica en estos días a otros movimientos gremiales.

La huelga es un recurso fundamental de los trabajadores para presionar a los patrones que incumplen con la ley y sus obligaciones. La huelga no es el conflicto sino su solución, cuando el patrón abusa de su fuerza económica y política. ¿Por qué, entonces, la autoridad desconoce un derecho tan importante, que sirve justo para lograr el equilibrio social y la justicia entre los factores de la producción?

La política de cero huelgas y de paz social entiende erróneamente el derecho de huelga, porque no es un delito ni un acto que quebrante la ley, es un derecho humano universal y constitucional.

Tal postura fue la del sindicato minero a lo largo de nueve días que duró la huelga (y que antes en nueve meses negoció para evitarla). Por eso las guardias en las instalaciones de la empresa reforzaron la disciplina, la unidad, la responsabilidad y la organización, que son la fuerza de los obreros y de su inteligente dirección.

Afortunadamente, a última hora la autoridad privilegió el diálogo entre el sindicato y la empresa, y ésta resolvió en primer lugar reubicar a los 206 mineros, cubrió las faltas de los 76 trabajadores por solidaridad y pagó 100 por ciento de los salarios caídos. Dando la asamblea de la sección 271 de Lázaro Cárdenas la última palabra, levantó la huelga.

* Integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD

Concluye la huelga siderúrgica de Arcelor Mittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Gerardo Peláez Ramos

Rebelión

Del 4 al 12 de marzo de 2016 se desarrolló el movimiento de huelga de la Sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que fue levantada tras haber alcanzado con Arcelor Mittal, bajo la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los siguientes puntos de acuerdo:

“1. Renovar el convenio de los trabajadores contratistas en los términos y condiciones planteados por el Sindicato Minero, el cual se ha venido construyendo desde años anteriores.

“2. El conflicto respecto a la planta coquizadora se resuelve al acordarse de que se quedan a trabajar 125 trabajadores al interior de la planta, y 81 obreros quedan a retiro voluntario, con el pago conforme a la cláusula 145 del Contrato Colectivo de Trabajo, además de 100,000 pesos adicionales por bonificación a cada trabajador, libre de impuestos.

“3. Al máximo en 15 días a partir de este sábado 12, las partes se reunirán para negociar, dialogar y resolver las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo que quedaron pendientes, dentro de lo cual el Sindicato Minero reiterará el pliego de violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, con el fin de garantizar los derechos e intereses de los trabajadores.

“4. Igualmente, el Sindicato Minero seguirá haciendo esfuerzos, por la vía del diálogo, tendientes a impulsar una buena relación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la empresa Arcelor Mittal México.

“5. Se pagarán los salarios caídos al 100 % durante los días que duró la huelga, del 4 al 12 de marzo de 2016.

“6. La empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, declaran que no habrá represalias de ningún tipo o índole contra ningún dirigente del Comité Ejecutivo de la Sección 271, ni del Comité Ejecutivo Nacional, ni de cualquier miembro de esa Sección sindical”.

Estos acuerdos, planteados y discutidos en asamblea general, fueron ratificados por los siderúrgicos “por unanimidad y por aclamación”.

El mismo sábado 12 de marzo, a las 19:00 horas, el sindicato hizo entrega de las instalaciones fabriles a la compañía trasnacional.

De la manera indicada se resolvió el movimiento de huelga en Arcelor Mittal. Las amenazas de las autoridades laborales y representantes patronales de proceder contra los huelguistas, supuestamente por el carácter ilegal de la paralización de labores, no se concretaron, prevaleció la negociación y se llegó a un arreglo, que, pese al “retiro voluntario” de 81 obreros, puede catalogarse como una negociación positiva. Los trabajadores y su dirigencia, sin quitar las banderas rojinegras, tuvieron tratativas y lograron puntos de acuerdo aceptables para ambas partes. No convenía a la base obrera, a la Sección 271 y al Comité Ejecutivo Nacional prolongar demasiado la huelga y empecinarse en obtener ciento por ciento solución al pliego petitorio, pues se ponía en riesgo al sindicato.

Cabe precisar que en las ramas de la minería y del metal se ha lanzado desde hace años una ofensiva patronal en contra del SNTMMSSRM mediante la constitución de sindicatos blancos y la firma de contratos colectivos de protección patronal. Así, el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos , que jefatura Sergio Rolando Medina Ibarra como secretario general, tiene registro legal y a su dirección ya se le otorgó la toma de nota. Este “sindicato” responde a los intereses de Altos Hornos de México, del Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira. Existe, asimismo, el Sindicato Minero y Metalúrgico Frente o Sindicato Minero Metalúrgico Don Napoleón Gómez Sada, que lidera Carlos Pavón Campos y que controla ya algunos contratos colectivos de trabajo en minas de Durango, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Sonora y Estado de México. Este “sindicato” responde a los intereses del Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres. Además, en el seno de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, cabeza del sindicalismo blanco en el país, milita el llamado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana.

Tales condiciones organizativas del destacamento minero-metalúrgico nacional no pueden omitirse por la libre y deben ser tomadas en cuenta por la dirección local y el Comité Ejecutivo Nacional del SNTMMSSRM. De conformidad con esta situación, la actuación del sindicato que comanda Napoleón Gómez Urrutia fue correcta. No están los tiempos para actuaciones irresponsables.

Para finalizar, tiene importancia señalar que la huelga contó con la solidaridad de los sindicatos democráticos del país y de organizaciones internacionales de enorme afiliación como el IndustriALL Global Union, el mayor sindicato del mundo, y United Steelworkers, el mayor sindicato industrial de América del Norte. En la manifestación del 12 de marzo, en Lázaro Cárdenas, los obreros de la siderurgia contaron con la participación de los miembros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de otros núcleos sindicales y populares. 

Toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero: sindicación y política

Gerardo Peláez Ramos

Rebelión

El 27 de mayo pasado, la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó, tras una amenaza de paro nacional, la toma de nota al nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, quien fue elegido para el periodo 2014-2020 en la 38 Convención General Ordinaria de esta organización, efectuada del 3 al 8 de mayo de 2014. Con dicha medida incluida en la Ley Federal del Trabajo –pese a su carácter de mecanismo de control gubernamental-- se respeta el derecho a la autonomía y la libertad sindicales de los minero-metalúrgicos, independientemente de que el movimiento obrero clasista deberá seguir peleando por echar abajo la famosa toma de nota de las directivas sindicales y del registro de los sindicatos, para dejar en libertad a los trabajadores para constituir sus organizaciones representativas y elegir a sus líderes y órganos de dirección.

Para el movimiento obrero mexicano, en las condiciones actuales en que se halla la lucha de los minero-metalúrgicos, la toma de nota del CEN del SNTMMSSRM es un paso positivo que facilita la lucha por la sindicación auténtica y la afiliación de los obreros y empleados de las minas y empresas de las ramas del metal al histórico organismo que fundara Agustín Guzmán y que llega a los 80 años en los días que corren, a la vez que dificultará la falsa sindicación por medio de sindicatos blancos, organizaciones de membrete y otras representaciones ficticias al servicio de la patronal.

No hay que engañarse. En México la tasa de sindicación es muy baja e incluye a sindicatos blancos, charros e “independientes” que se confabulan con los empresarios y el Estado, es decir, dicha sindicación hay que medirla a la baja, porque abarca, desgraciadamente, a millones de trabajadores bajo el sistema de sindicatos y contratos colectivos de trabajo de protección patronal.

Contrariamente a lo expresado por algunos compañeros comunicadores, la Confederación de Trabajadores de México no tiene 3 millones de socios, sino solamente menos de 800 mil. De acuerdo con Javier Aguilar García, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México: “En el año 2000 los sindicalizados en el sector privado (Apartado A) constituían 2.35 millones, más 2.33 millones del sector público, resulta una suma de 4.7 millones de trabajadores agremiados a nivel nacional. [En realidad, el apartado A abarca también a petroleros, electricistas, universitarios, trabajadores del Seguro Social y otros asalariados de empresas paraestatales e instituciones públicas].

“En el 2005, los sindicalizados en el sector privado eran 1.97 millones de trabajadores, más 2.39 millones de afiliados del sector público, dan un total de 4.36 millones a nivel nacional.

“En año 2008, teníamos 2.17 millones de sindicalizados en el sector privado y 2.5 millones en el sector público, lo que hacen un total de 4.69 millones de afiliados a nivel nacional”. (1) Como puede observarse, el número de sindicados ha disminuido, tendencia presente desde hace décadas, por lo que México no es la excepción en lo referente a la disminución de los sindicados en el conjunto de los trabajadores asalariados.

Los sindicatos en el terreno político aminoran su peso. La situación no es favorable en cuanto a las posiciones ocupadas por los representantes sindicales en el Congreso de la Unión, congresos locales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y secretarías y otros puestos en los gobiernos de la Federación y estatales. Su disminución en el periodo neoliberal es evidente. No corresponde a la realidad, pues, señalar que se otorgan muchas diputaciones, senadurías y posiciones a los cetemistas y compañía. A propósito, dos investigadores informan en torno a la situación en la Cámara baja: “La democratización electoral produjo fuertes pérdidas políticas para la CTM, así como para otras confederaciones afiliadas al CT e incluso para los grandes sindicatos nacionales de industria… El número de representantes sindicales con escaños en la Cámara de Diputados federal [disminuyó] entre 1979 y 2012. A lo largo de este periodo, el número total de diputados sindicalistas de la CTM cayó drásticamente, desde un máximo de 51 en la legislatura de 1985-1988 hasta un mínimo de sólo cuatro en 2006-2009. Su posición relativa de hecho se fortaleció en la década de 1990, porque la carga del recorte en el número de diputaciones sindicalistas priistas cayó primero sobre las otras organizaciones obreras; es más, la parte correspondiente a la CTM de todas las representaciones sindicales priistas en la Cámara de Diputados llegó a 60% en 1994-1997. Sin embargo, después de 2000 incluso la posición relativa de la CTM llegó a un mínimo histórico, con sólo 11.4% de las diputaciones sindicalistas en la legislatura de 2006-2009.

“A otras confederaciones afiliadas al CT les fue aun peor que a la CTM. La CROC… vio su delegación obrera en la Cámara encogerse de 11 o 12 diputados federales entre 1979 y 1988 a uno solo en las legislaturas de 2000-2003 y 2009-2012. Para 2006, la CROM y la Confederación General de Trabajadores… habían desaparecido por completo de la delegación sindical en la Cámara de Diputados. Quizás lo más asombroso es que después de 2000, la hasta entonces poderosa Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) quedó con uno solo de sus representantes en la Cámara de Diputados y apenas en 2009 recuperó una modesta presencia. Entre 1979 y 1988, el conjunto de los sindicatos nacionales de industria (representantes de la generación de energía eléctrica, minería y metalurgia, petróleo, ferrocarriles y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS]) tuvo entre seis y diez escaños en la Cámara; para 2009, esta cifra se había reducido a uno, menos de lo que había controlado por sí solo el… SNTMMSRM durante la mayor parte del periodo 1979-1991.

“Hay dos excepciones notables a esta disminución generalizada en la representación de las organizaciones obreras en la Cámara de Diputados. La primera es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que mantuvo una presencia importante en la Cámara de Diputados durante todo el periodo 1979-2012. Durante estas tres décadas, mantuvo un promedio de trece curules en cada legislatura, y entre 2003 y 2009 eclipsó incluso a la CTM como la presencia sindical más destacada en la Cámara… De hecho, en la legislatura de 2012-2015 hubo (sic) diputados del SNTE (si bien de facciones sindicales rivales) afiliados al PRI (dos), al centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, seis), al Partido del Trabajo (PT, uno), al Partido Verde Ecologista de México (PVEM, uno) y al propio partido del SNTE, el Partido Nueva Alianza (PANAL, cinco).

“En segundo lugar, a partir de 2003 estuvo representado en la Cámara de Diputados un nuevo conjunto de actores sindicales. Los más destacados fueron los sindicatos del personal académico y administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México y varias universidades estatales, entre ellas las de Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas. En general, estos sindicatos han estado vinculados al PRD”. (2)

En ese marco de baja sindicación y de reducción de la participación de sindicatos, federaciones y centrales en la política electoral, se da la toma de nota del CEN del SNTMMSSRM. Por tanto, ocurre en un panorama de retroceso para las organizaciones sindicales.

Como es sabido, en el pasado y en el presente los mineros han constituido y constituyen uno de los destacamentos fundamentales de la clase obrera nacional. Según diversas fuentes, en México existen entre 200 mil y 300 mil trabajadores de las minas, pero sólo están organizados en las filas del SNTMMSRM alrededor de 30 mil obreros y empleados de esta rama. No es verdad lo que dicen algunos compañeros académicos, que abultan la cifra hasta 200 mil afiliados al sindicato que dirige Gómez Urrutia. Ergo, la absoluta mayoría de los mineros está ayuna de organización o está afiliada a uno de los sindicatos blancos existentes hoy día. De aquí se desprende una tarea clave del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros: agrupar en sus filas a la mayoría de los trabajadores de las minas. Derrotar al sindicalismo blanco es una necesidad para el desarrollo del movimiento obrero.

Notas

   1. Javier Aguilar García, Tasa de sindicalización en México 2005-2008, http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/Paper_AP_Tasa_de_Sindicalizacion_JavierAguilar_Dic2010.pdf.

   2. Graciela Bensusán y Kevin J. Middlebrook, Sindicatos y política en México: cambios, continuidad y contradicciones, http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20130708125012/SindicatosypoliticaenMexico.pdf.

Familias confían en rescate de los cuerpos de mineros

NACIONAL
LABORAL
   Esperan que tema no se contamine por comicios en Coahuila

Familiares durante la misa por el 7° memorial del siniestro ocurrido en la mina Pasta de Conchos | CIMACFoto: César Martínez López

Por: Adriana Franco Rosales

Cimacnoticias | México, DF.- 

Las familias de los 63 trabajadores que quedaron sepultados el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, tienen la esperanza de que el gobierno federal rescate por fin los cuerpos, ya sea por voluntad política o como una medida para anticiparse a una posible resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista con Cimacnoticias, Cristina Auerbach, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), dijo que llevará tiempo el posible rescate de los cadáveres, anunciado a mediados de mayo pasado por Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además advirtió su preocupación de que el tema sirva a intereses partidistas, toda vez que el próximo 7 de julio en Coahuila habrá comicios locales para renovar ayuntamientos.

“Ahora todo el mundo quiere el rescate, hasta los que lo impidieron anteriormente, pero no es un tema electoral sino de justicia, así que  no habrá novedades ni avances hasta que pasen las elecciones, porque no se trata de una promesa de campaña”, expresó Auerbach.

La activista destacó que el anuncio de García Cervantes dio confianza a las familias de que ahora sí se rescatarán los restos de sus seres queridos. “Cuando él era senador hizo cuanto pudo por ayudarles”, recordó.

“Durante los gobiernos de (Vicente) Fox y de (Felipe) Calderón no se les hizo justicia a las familias porque no se les pegó la gana, fue muy humillante. Es muy injusto que una causa dependa de la voluntad política de quien esté en el gobierno”, criticó Cristina Auerbach.

Ahora, abundó, la diferencia es que el rescate será obligatorio, con o sin la voluntad del gobierno, ya que el anuncio de la PGR no es otra cosa más que adelantarse a una posible resolución de la CIDH, instancia ante la cual se interpuso una queja en 2010 para demandar el rescate de los cuerpos.

Es por ello que, según la PGR, ya se está llevando a cabo el peritaje correspondiente con una planeación técnica, para recuperar los cuerpos sin poner en riesgo la vida de los rescatistas.

Auerbach explicó que como nadie ha entrado a la mina en varios años, el peritaje tiene que partir de que “todo está destruido, inundado y en las peores condiciones, para elaborar manuales de procedimientos, con una investigación real de costos, tiempos y requerimientos técnicos”.

Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, uno de los 63 mineros sepultados, dijo que las familias saben que el rescate no será de un día para otro ni en un mes, porque requiere tiempo para planearlo.

“Vamos a tratar de ser pacientes; si ya esperamos siete años por el rescate de los cuerpos de nuestros familiares, podemos aguardar un poco más para evitar que suceda una nueva tragedia”, aseveró.

Martínez sostuvo que éste es el logro de siete años de resistencia en la lucha de los familiares, dado que tocaron puertas al gobierno en cada una de las instancias y siempre se les dio una negativa, hasta que tomaron la decisión de acudir a la CIDH, su última esperanza.

María Trinidad Cantú Cortés, presidenta de la OFPC y madre del minero Raúl Villasana, señaló que el anuncio del rescate les ayudó a recuperar la esperanza, incluso en las familias que habían dejado de luchar.

“Nunca me he retirado del movimiento, ni dejaré la lucha porque mi anhelo es rescatar lo que haya quedado de mi hijo, para llevarlo a donde debe de estar; por eso animo a otros para que sigamos juntos en la organización”, concluyó.

El poder de los mineros

Serpientes y escaleras
Salvador García Soto

Las redes de corrupción que están aflorando en la actividad minera de Coahuila, de donde proviene 90% del multimillonario negocio del carbón en México, alcanzaron no solamente a autoridades municipales, estatales o federales, e incluso a los tentáculos del narco; esa corrupción ya tocó también al Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Diputados, de donde en condiciones bastante extrañas y sin mediar explicación alguna, eliminaron de la iniciativa de reforma laboral un capítulo completo que prohibía la explotación del carbón en los llamados “pozos o pocitos”, una práctica ilegal e inhumana que prolifera en toda la región carbonífera.

Cabilderos de los mineros del carbón hicieron su parte para que diputados del PRI y algunos del PAN aprobaran en la Comisión de Trabajo, a mediados del mes de octubre cuando discutieron el primer dictamen de la iniciativa presidencial, varios artículos que proponían regular y prohibir la existencia de estos pozos donde trabajadores del carbón son explotados y bajados a profundidades en estrechas cavidades sin ningún tipo de seguridad y en condiciones totalmente infrahumanas.

Aunque el tema se denunció en su momento, nunca hubo una explicación clara de por qué PRI y PAN mutilaron esa parte de la reforma laboral que representaba una de las partes más nobles de la propuesta.

¿Recibieron presiones o alguna otra cosa del sector minero para eliminar ese articulado? Porque se supone que a los “representantes populares” debió interesarles un tema tan delicado y urgente, tanto desde el punto de vista social como una cuestión de humanidad. En los 57 accidentes mortales que ha habido en los últimos años en la región carbonífera de Coahuila, por falta de medidas de seguridad, han muerto 173 trabajadores mineros; uno de cada cuatro accidentes de esos ocurrió en los llamados “pocitos”.

Ahora que la PGR y que el gobierno federal investiga la presencia del narcotráfico en la explotación carbonífera, el tema vuelve a salir a relucir y con él las dudas y las suspicacias de por qué los diputados -y después también los senadores- no consideraron de importancia el tema de los pozos que involucra explotación laboral, extracción ilegal de carbón y pérdida de vidas humanas.

Cada uno de esos pozos, perforados y operados de manera ilegal lo mismo por empresas establecidas que por narcotraficantes o funcionarios públicos de la región, genera ganancias millonarias para quien lo perfora, estimadas hasta en dos millones de pesos mensuales, mientras al trabajador, que es bajado de pie hasta profundidades de 10 o 15 metros, se le pagan migajas de esas ganancias y no se le da ningún tipo de seguridad. La propuesta del presidente Calderón contenía todo un capítulo para prohibir y cerrar de golpe todos esos pozos y tajos; sin siquiera discutirlo los integrantes de la Comisión del Trabajo, incluidos varios panistas, lo eliminaron.

Ahora que esa misma Comisión, con los mismos integrantes, está de nuevo reunida para volver a discutir el dictamen de la reforma laboral sería bueno preguntarles ¿quién o cómo los convencieron de que la explotación humana que ocurre en los pozos de carbón de Coahuila en pleno siglo 21 -tan similar a la descrita por Dickens en su novela Hard Times en el siglo 19- es algo que debe prevalecer y que no amerita una ley que autorice la intervención del Estado mexicano para ponerle fin?

¿Habrán sobornado la conciencia de esos diputados de la Comisión de Trabajo para borrar todo el capítulo de los pozos carboníferos de un plumazo?

NOTAS INDISCRETAS… Las primeras encuestas de salida en la elección de Estados Unidos daban ventaja anoche a Barack Obama que ganaría la elección con 290 votos de los colegios electorales, mientras Mitt Romney se llevaría la mayoría de los votos populares. Las proyecciones daban el triunfo a Obama en Ohio, Nevada, Carolina del Sur y Colorado, entre otros estados de los llamados “clave”, mientras que Romney se quedó con Florida, con datos al cierre de esta columna. Si las cosas no cambiaron y no hubo algún vuelco en el transcurso de la noche, estamos ante la inminente relección de Obama en una de las contiendas más reñidas en la historia electoral estadunidense. ¿Habrá impugnaciones de los ejércitos de abogados que ya estaban preparados? Lo veremos en las próximas horas… Los dados mandan Escalera. Buen tiro.

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Si no cierran pozos en Coahuila, seguirán decesos: OFPC

Seis años de puras promesas a familias de mineros fallecidos

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 8 ago 12 (CIMAC).- Organizaciones civiles advierten que mientras no se resuelva el problema estructural de la minería del carbón en el estado de Coahuila (con el cierre de pozos y la garantía de seguridad), aumentarán las muertes de trabajadores y, en consecuencia, el número de familias desprotegidas que sólo reciben promesas del gobierno estatal.

El caso más reciente es el de las viudas y familiares de los 15 mineros fallecidos en cuatro yacimientos de la región en las últimas semanas. “Las autoridades (locales) ya se acercaron a ellas para prometerles becas para sus hijos, casas, y nunca cumplen”, informó a Cimacnoticias Cristina Auerbach, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).

La activista aseguró que el interés gubernamental por apoyar a las y los deudos de los trabajadores del carbón “es sólo una simulación momentánea”, pues se queda en “promesas que nunca se cumplen”.

Por ejemplo, en 2006 el gobierno de Coahuila entregó becas a las y los hijos de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos ocurrida en febrero de ese año, hasta que concluyeran sus estudios, pero hace tres años se las retiraron.

Cinco años después, las autoridades del estado se acercaron a Raquel Salinas, viuda del minero Juan Francisco Rodríguez Piedra, quien murió en la mina VII el 26 de marzo de 2011. A ella le ofrecieron una beca para su hijo, que le entregaron sólo durante cinco meses.

El gobierno local también le prometió que le condonarían el pago de su crédito de vivienda, pero a más de un año de los hechos “todavía no lo hacen”.

Por lo anterior, Auerbach, integrante de la OFPC y de Equipo Nacional de Pastoral Laboral, señaló que en el caso de las viudas y familiares de los 15 mineros recién fallecidos, les espera un escenario semejante al padecido por las y los deudos de trabajadores del carbón, pues “el actuar de las autoridades y las empresas es el mismo”.

Actualmente, las familias que inician su duelo reciben el salario que percibían los trabajadores, alrededor de mil 500 pesos semanales. De acuerdo con la activista, la mayoría de los carboneros tenía esposa, hijas e hijos.

A las viudas les prometieron, como en los casos anteriores, una indemnización conforme a la ley, pero los empleadores suelen pagarles “como si el trabajador hubiera sido despedido injustificadamente, y no en función de los años de vida que perdió al morir por falta de condiciones de seguridad en su centro de trabajo”.

El trámite de la pensión e indemnización económica tarda en promedio un año en resolverse. “Estos casos tardan y las autoridades terminan abandonando a las familias”, refirió la defensora de Derechos Humanos, quien desde 2006 ha brindado acompañamiento a las y los deudos de mineros caídos en la región.

Cristina Auerbach condenó la desprotección a las decenas de familias que quedaron solas tras la muerte de más de 80 trabajadores fallecidos en minas de carbón, tan sólo en la administración del panista Felipe Calderón.

Los últimos decesos comenzaron el pasado 20 de julio cuando murió un trabajador en la mina Cloete y otro más en la Agujita; cinco días después fallecieron siete carboneros en el pozo Minera El Progreso, y el pasado 4 de agosto se sumaron seis decesos más ocurridos en la mina VII Saltillito.

La defensora informó que tras el siniestro en la mina VII, la Dirección General de Minas ordenó la suspensión de actividades en el yacimiento, y se presentó en la región para realizar una inspección, que por primera vez, fue guiada por trabajadores elegidos por los mineros de la región.

La inspección se realizó ayer desde las 4 de la tarde y terminó a la media noche de este miércoles. Mientras, los carboneros que laboran en esa mina se mantienen en paro para demandar que se investiguen las causas por las que fallecieron sus compañeros, y exigir que las autoridades les garanticen condiciones mínimas de seguridad.

Por presión de trabajadores, Minera del Norte cierra temporalmente veta peligrosa

Por la mañana, 300 obreros se manifestaron para demandar condiciones de seguridad

En el sitio murieron seis personas el viernes pasado en un hecho aún por esclarecer

Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 8 de agosto de 2012, p. 15

Saltillo, Coah., 7 de agosto. Más de 300 trabajadores de la mina 7 de la empresa Minerales Monclova –donde seis trabajadores murieron por un derrumbe el viernes anterior– protestaron este martes frente al acceso principal del yacimiento, para reclamar porque no existen ahí condiciones de seguridad y por tanto las labores de extracción del mineral no se deben reanudar.

Los obreros, respaldados por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, arribaron al portón de acceso alrededor de las 10 horas, y exigieron a directivos de la empresa explicaciones respecto a las condiciones de seguridad de la veta.
Señalaron que la mina 7 se encuentra en un terreno con elevadas concentraciones de gas metano, de tal forma que no hay condiciones de seguridad ni garantías para evitar accidentes como el del viernes pasado.

Por la noche, la empresa anunció en un comunicado que no reanudará actividades en la mina hasta que los 900 mineros, distribuidos en tres turnos, tengan de nuevo confianza en el centro de trabajo.

Por instrucciones de la presidencia del consejo, Minera del Norte mantendrá fuera de operación la mina 7 de la Unidad Mimosa hasta que exista la confianza de los factores de la pro- ducción en que la mina es segura y operable. Esta decisión se adoptó no obstante que en el accidente del pasado viernes, en que fallecieron seis trabajadores por un derrumbe de carbón, el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad permitió la salida de otros 286 trabajadores, se acotó en el escrito.

Entrevistado por la radio regional, Francisco Orduña Mangiola, director de comunicación y relaciones públicas de Grupo Acerero del Norte, controlador de la empresa, aseguró que la extracción del mineral se podrá reanudar una vez que concluyan las inspecciones de autoridades laborales en la mina 7, pero esto no sucederá si los trabajadores no se sienten seguros.

Ya salió el dictamen forense y determina fehacientemente que no hubo tal explosión, desgraciadamente los compañeros fallecieron ahogados por el carbón; ya la Secretaría del Trabajo emitirá los dictámenes correspondientes, revisará las bitácoras, todo está grabado como en las cajas negras de un avión, las computadoras de una mina tienen todo absolutamente grabado, ellos revisarán el funcionamiento de la mina hasta el momento del accidente y después del accidente y determinarán, dijo Francisco Orduña.

Intereses negros como el carbón

Arturo Rodríguez García

Reportaje Especial

Mineros. Abandono.
Foto: Eduardo Miranda

La minería del carbón en México es una zona de desastre: accidentes recurrentes con resultados fatales, violaciones de todos los derechos laborales, explotación de menores y una cínica ausencia de responsabilidad de los empresarios mineros. A partir del escándalo desatado hace seis años por el siniestro en Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores– ha habido varios intentos por vigilar y regular la extracción carbonífera en Coahuila… pero esos intentos se han topado, incluso dentro del Legislativo y el Ejecutivo, con un infranqueable muro de intereses económicos y políticos.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A seis años del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, la minería del carbón en México sigue en un estado deplorable: nulas medidas de seguridad, lo que causa constantes muertes; violación de derechos laborales; ausencia de seguridad social; explotación de menores e impunidad de los empresarios mineros protegidos por los gobiernos federal y estatal.

En las minas del carbón hay “condiciones equiparables a la esclavitud, al mismo grado de deshumanización que el visto en las minas de esclavos de la Alemania nazi”, dice el senador panista Ricardo García Cervantes, quien desde hace un año impulsa la creación de una instancia que vigile al sector carbonífero en la entidad, pero que se ha topado con los intereses de sus pares en el senado y sus correligionarios en el gobierno.

Por sus acciones, omisiones, mentiras y justificaciones, el tratamiento del tema carbonero constituye el ejemplo de la política laboral que ha caracterizado el sexenio de Felipe Calderón, según Carlos Rodríguez Rivera, uno de los investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal).

La madrugada del 19 de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México (IMMSA, subsidiaria del Grupo México), 65 trabajadores murieron sin que hasta el momento se haya definido qué causó el percance letal, pues la empresa y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se obstinan en mantener cerrada la mina.

Durante el último año del gobierno foxista y los primeros cinco del de Calderón, activistas y familiares de las víctimas han exigido que se recuperen los cuerpos y se haga un peritaje confiable. No han logrado más que evasivas fundadas en engañosas interpretaciones técnicas y jurídicas.

“No es que no se quieran sacar los cuerpos, es que no se quiere decir qué pasó, conocer la vedad para que haya justicia. El Estado renunció a conocerla y por ende, a ejercer la rectoría que dejó en manos de la empresa.

“La verdad se ha negado en las instancias nacionales y vamos a sacar los cuerpos por normas internacionales, toda vez que ha habido una absoluta falta de voluntad política y de criterio en el país”, expone García Cervantes, quien se confrontó más de una vez con Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo, por este tema.

A pesar de las numerosas evidencias que demuestran el incumplimiento de la función gubernamental, las administraciones panistas insisten en rehuir su responsabilidad, en negar que en las minas se vulneren sistemáticamente los derechos laborales fundamentales y en ignorar las exigencias de justicia.

La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) inició a lo largo de estos años al menos 60 procesos jurídicos civiles, penales, laborales o administrativos, pero a todos les han dado carpetazo. También los procesos internacionales han dado largas al tema, aunque ponen en evidencia al gobierno de Calderón.

Es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde parecieran querer evitar que el asunto afecte la salida de Calderón, considera Carlos Rodríguez, quien además señala que el gobierno sigue negando la violación, ya demostrada, de los derechos laborales fundamentales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en ejercicio de las nuevas funciones que le confirió la reforma constitucional del año pasado, elaboró el Informe sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Región Carbonífera de Coahuila, donde exhibe las omisiones del gobierno mexicano.

Además, entre 2006 y 2011 la CNDH emitió tres recomendaciones (26/06, 85/10 y 12/11) contra la STPS y la Secretaría de Economía (SE), en las que indicó que “se corroboró la omisión en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores”.

La OFPC insiste en la ausencia de seguridad social y laboral, el empleo de menores y otras prácticas ilegales en la minería formal y clandestina desde 2006. Además, el informe de la CNDH probó la negligencia del gobierno federal en el tema.

La situación ha sido expuesta también por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la OFPC interpuso recursos contra el Estado mexicano. El 8 de junio de 2011 el gobierno federal representado por la STPS debió responder a 23 reclamaciones, pero sólo pudo hacerlo en ocho.

En su informe GB 304/14/8 emitido por su comité tripartita en la reunión 304, celebrada el 16 y 17 de marzo de 2009 en Ginebra, Suiza, la OIT determinó la responsabilidad del gobierno mexicano en 25 de 27 reclamaciones por la violación de varias disposiciones del Convenio 150, sobre la administración del trabajo; del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores, y del Convenio 170, sobre los productos químicos. Los tres convenios han sido ratificados por México (Proceso 1747).

En México, el entonces titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, alardeaba que la OIT había cerrado el caso y declarado que el gobierno no tenía responsabilidad, lo cual se asentaba sólo en cuatro reclamaciones que fueron desechadas por el organismo.

Pese a las evidencias, el Estado mexicano insiste ante la CIDH en que no viola derechos laborales fundamentales y ahí, así como en la OIT argumenta que implementó medidas inmediatas para corregir la situación de la minería. Y no menciona que la mayoría de las minas de carbón son proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La estadística por sí misma desmiente al gobierno federal, pues según los datos recabados por la OFPC y la OIT, a los 65 trabajadores muertos en Pasta de Conchos se han sumado de entonces a la fecha 67 más que han perdido la vida en minas de carbón: en 2006, 77 mineros; 2007, tres; 2008, uno; 2009, ocho trabajadores; 2010, 13 y en 2011, 30 más. Es decir que en seis años 132 personas perdieron la vida en minas de carbón debido a la inseguridad laboral.

García Cervantes apunta: “El año pasado se acumularon decenas de muertos. Yo no sé cuántos pudieron evitarse, pero si se pudo evitar uno y quien debía hacerlo no lo evitó, es el asesino.

“Si llevamos estas estadísticas de muerte a las estadísticas de crimen organizado, pues esto es pecata minuta, esto no pinta… si se ve así (en el gobierno) es que ya se ha perdido el valor de la vida humana”.

La misma historia

La noche del pasado miércoles 8 una cuadrilla de mineros de un pozo de carbón regresaba de cumplir su turno. Los mineros viajaban en la caja descubierta de una pick up por la carretera Sabinas-El Sauz cuando ésta chocó y los trabajadores cayeron del vehículo.

Quedaron heridos Federico González Romo, Carlos Manrique Rodríguez y Alberto Franco Medina, de 16 años, además de José Humberto González Romo, quien permanece en estado de coma en un hospital privado de Monterrey.

El accidente dejó ver que además de tener trabajando al menor de edad, ninguno de los trabajadores estaba dado de alta en el IMSS y el patrón, Carlos Díaz, no estaba dispuesto a pagar los gastos hospitalarios, por lo que aún no han operado a González Romo. El reportero hizo contacto telefónico con Díaz, quien negó ser el empleador: “No pos andaban trabajando con otro chavo”, dijo.

Según Cristina Auerbach (defensora de los derechos humanos e integrante de la OFPC) la otra camioneta implicada en el choque es propiedad de Materiales Industrializados, empresa dueña del pozo Boker donde el 30 de julio de 2010 hubo un accidente en el que murió Ramón Sánchez mientras su compañero Plutarco Ruiz quedó atrapado y no fue rescatado sino hasta una semana después, ya con una grave afectación nerviosa.

De acuerdo con el sexto informe de la OFPC, que se presentará esta semana, el día del siniestro en el pozo Boker no hubo más personal del gobierno que miembros del Ejército, que llegaron sólo para “preservar el orden”. Ni un inspector, abogado, empleado menor de la STPS. Nadie. Hoy el Boker sigue operando con las mismas condiciones inseguras; no tiene siquiera una salida de emergencia.

Al Boker y Pasta de Conchos se suman el pocito Ferber, la mina Lulú y el Vertical 4, todos siniestrados en los últimos tres años. La OFPC lo expresa así:

“Son el resultado de la permanente y sistemática negligencia de la STPS. Sabemos cuál será el resultado de la investigación que anuncia la STPS: como en todos los casos señalados, se impondrá una multa por no cumplir con las normas de seguridad e higiene. La empresa promoverá un amparo y la STPS podrá disputarlo para asegurar estos ingresos extra. Nada más. Mañana abrirán un nuevo pocito y el círculo se repite interminablemente”.

Por los 132 mineros fallecidos en seis años nadie pisó la cárcel, no se evitó que los mismos dueños siguieran abriendo minas, no se cancelaron concesiones, no hay sanción por registrar a los trabajadores por debajo del salario real ante el IMSS, tampoco por contratar menores, mucho menos por incumplir las normas de seguridad.

El informe de la OFPC hace un recuento de los accidentes que acumularon 30 mineros muertos durante 2011. Salvo el del pozo Binsa, ocurrido el 3 de mayo y donde murieron 14 trabajadores y un niño de 14 años resultó mutilado, no tuvieron resonancia nacional.

En la mina Lulú hubo 2 muertos; en La Encantada, 1; en la Siderúrgica II, 2; en la Mina VII Saltillito, 2 más; en la mina San Juan, 1; Pocito Binsa, 14; Pocito Agujita, 1; Mina V Esmeralda, 2; en el ejido San Juan, 1 más. Además en la carboeléctrica José López Portillo, de la CFE, murieron cuatro trabajadores el pasado 23 de noviembre, entre los que, para no variar, había un menor de edad.

De las anteriores, la Lulú ya había tenido muertos en 2008.

El común denominador, salvo en el caso de la CFE, es el parentesco o la sociedad entre los dueños de los pocitos carboneros (Proceso 1805), donde aparecen entrelazados los apellidos de prosapia regional que jamás enfrentan consecuencias por sus operaciones ilegales ni las muertes o lesiones de los trabajadores.

Maraña de corrupción

“No hay forma de evadir la realidad, ni dedo tan ancho capaz de tapar el sol: el desorden, el abuso, la corrupción y la falta de una política pública que posibilite que un recurso natural propiedad de la nación sea un factor de desarrollo, con justicia, bienestar y oportunidades. Las minas, con pocas excepciones, son generadoras de muerte y de miseria”, espeta García Cervantes al gobierno federal.

El panista coahuilense dice sentirse defraudado del gobierno, del PRI, el PAN y el PRD, de la clase política en general que opta por la demagogia y los intereses mezquinos por encima del bien público.

Conocedor de los problemas del carbón, García Cervantes propuso hace un año la creación de una Comisión Nacional del Carbón (CNDC), que mediante una integración de secretarías de Estado y un consejo con expertos, trabajadores y empresarios en un organismo descentralizado, propicie el reordenamiento productivo del mineral.

A través de 18 artículos, la iniciativa de Ley de la CNDC plantea concentrar las atribuciones de supervisión, vigilancia, inspección y sanción, entre otras, a fin de detectar la operación de yacimientos ilegales o irregulares, además de regular el otorgamiento de concesiones.

El organismo integraría a todas las instancias gubernamentales que hoy tienen que ver con la producción carbonera, pero que, por sistema se responsabilizan unos a otros de las irregularidades: STPS, IMSS, SE, CFE, Sener, Semarnat, entre otras.

García Cervantes admite no ser experto, pero basado en los informes de la OFPC, la CNDH y la OIT –sobre ésta última refiere que el gobierno federal la ha desoído–, el legislador ilustra el vacío:

“Los registros de las concesiones no permiten saber quién es el empleador. La SE sólo autoriza las concesiones conforme a la Ley Minera, pero a quienes ni siquiera son dueños del fundo, lo cual compete a la instancia que se encarga del ordenamiento territorial.

“El propietario del fundo llega a un acuerdo con el concesionario, que inicia operaciones a través de una empresa que nada tiene que ver con todo lo demás y que ni siquiera es de él. Ésta da de alta a 12 trabajadores en el IMSS, pero tiene contratos con la CFE por millones de toneladas y cumple a través de Prodemi (paraestatal del gobierno coahuilense), pero eso es imposible de producir con esa plantilla laboral. Si explotan dinamita es cosa de la Secretaría de la Defensa, si hay menores, de la Defensa del Menor…

“Es una maraña que no es accidental, es un modus operandi”, dice.

“Nadie sabe si tiene condiciones seguras o no, porque a veces ni siquiera se notifica el inicio de operaciones o la STPS no tiene más de tres inspectores para cientos de minas, que a su vez provocan un grave daño ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente no vigila, en tanto los alcaldes y diputados están inmersos en el negocio, como los Moreira”.

El senador explica que los intereses han impedido el avance de la iniciativa, ahora mezclados con la urgencia de explotar el gas del carbón.

“Los intereses (para evitar la iniciativa) que hay en el Senado son impresionantes”, exclama.

Añade que con la propuesta se prevé la seguridad de los trabajadores, el reordenamiento productivo que además permitiría ganar más a las empresas, pero protegiendo el ambiente.

Señala que los senadores Carlos Aceves y Ángel Díaz Caneja, implicados directos en el tema, se han negado a propiciar el dictamen.

“Si alguien tiene una mejor solución, propóngala. Si no, esta comisión incidiría en el estado de las cosas. Si no es por responsabilidad va a ser por la fuerza de las circunstancias. Esto llega a niveles insostenibles y no creo ni me puedo resignar a que toda la corrupción que ha habido durante décadas vaya a permanecer enterrada”.

¿Qué harán los obreros mineros al ser aplastados por el PAN y abandonados por el PRI?

Pedro Echeverria V.


1. Hoy, en “Rebanadas de la Realidad” (publicación argentina de una organización obrera), Napoleón Gómez Urrutia –secretario general nacional del sindicato de mineros, publicó algunas ideas importantes. De entrada debo decir que Napoleón –por ser hijo de un líder minero supercharro y enriquecido de los años sesenta y setenta: Napoleón Gómez Sada- me causó inicialmente mucha desconfianza; pero desde hace más de seis a ños lo he visto con simpatía porque ha resistido –con gran inteligencia, sobre todo con apoyo de los obreros mineros- a los gobiernos de derechistas de Fox y Calderón que han buscado encarcelarlo y, quizá, asesinarlo. Y con aquello de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos” o “de defender lo que tus enemigos combaten”, he apoyado lo que han hecho los mineros en los últimos siete años. Es irresponsable negarles el apoyo como organización sindical por el hecho de no definirse abiertamente por el socialismo y la autogestión obrera, o por ser su dirigente “desconfiable”.

2. La realidad es que en México ha sido siempre difícil lograr la unidad política y/o sindical de los trabajadores. La historia de las luchas sociales han estado siempre infestadas de traiciones de partidos, organizaciones y líderes porque la historia de las batallas no han podido escapar de la enorme capacidad de los gobiernos –obtenida de las experiencias de una revolución burguesa que enseñó la manipulación de masas y un cardenismo que dio la experiencia de corporativismo- para engañar, mediatizar, comprar y absorber a los líderes sociales; también de reprimir a los movimientos, pero sólo cuando éstos mantienen con firmeza su autonomía. Por ello la izquierda radicalizada –que siempre desconfía- no acepta ninguna unidad teniendo aún desconfianza. Pero obviamente la clase dominante aprovecha esa realidad para crear más desconfianza entre los propios trabajadores y luchadores sociales; por eso debemos ser más inteligentes.

3. Los obreros que la industria minera en México han oscilado –según el INEGI- entre 131 mil personas en 1988 a 95 mil en 1996. El crecimiento de la industria ha dependido del mercado y de los precios del producto cuyo auge se ha basado en el valor de las exportaciones minero metalúrgicas que totalizaron mas de 3,500 millones de pesos en 1994, mientras que en el siguiente año ascendieron a 12,802 millones de pesos, a pesar de que el personal ocupado, como se ve, ha mostrado una tendencia a la baja. Su participación en el PIB es muy baja, sin embargo ha mostrado una baja participación, tal como puede observarse que en 1995 participó con cerca del 2.3 % en el producto interno bruto (PIB) industrial y sólo con el 0.6% en el PIB nacional; pero en los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Coahuila y Sonora, la minería aporta un importante porcentaje del PIB estatal, el cual oscila de 11.7 % a 30.4%. Esto quiere decir que la fuerza de 120 mil mineros es muy importante en el país.

4. Escribe acertadamente Napoleón: La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, de última hora en el Senado, después de haber sido aceptada en la Cámara de Diputados, es una confirmación más de que el actual gobierno conservador beneficia excesivamente al sector privado, al mismo tiempo que persigue y hostiliza a los trabajadores, a sus líderes y criminaliza sus luchas sociales. Ahora abiertamente protege a los hombres de capital, con cargo directo a los recursos del erario, que son propiedad de todos los mexicanos, los cuales se integran con las contribuciones que la población aporta a la Secretaría de Hacienda, aunadas a los ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. Estos recursos no deben constituirse arbitrariamente en fondos bancarios para la inversión privada, pero es obvio que esto sucede porque la banca está casi por completo en manos extranjeras y éstas no procuran el beneficio nacional, sino sus intereses.

5. No es nada nuevo el llamado del líder minero con más de cinco años exiliado en Canadá obligado por la persecución que ha sufrido de los dos gobiernos del PAN; sin embargo el hecho que sea él, hasta ahora el representante legítimo de los trabajadores, quien reitere que Calderón es un presidente al servicio del sector privado y del capital, y que diga que ese gobierno criminaliza las luchas de los trabajadores, es esencial por que demuestra un buen contenido de clase de su discurso. No hay duda de que ha venido radicalizándose al mismo ritmo en que los gobiernos panistas de Fox y Calderón actúan sin el menor recato al servicio de los explotadores del país y, lo más importante, es que a los trabajadores les quede claro que a la burguesía explotadora del PAN y del PRI sólo les interesa tener aplastados a los obreros. En casi 12 años el PRI, que funcionó como una oposición fuerte al gobierno panista, no hizo nada en beneficio de los mineros y sería absurdo que lo olviden los obreros que tanto apoyo han necesitado.

6. Escribe Gómez Urrutia con mucha claridad acerca de la estructura endeble de la política fiscal en México. Como se sabe, además de que miles de millonarios no pagan impuestos por arreglos privados con los más altos funcionarios d gobierno, además por tener la capacidad técnica para escamotearlos, a otros tantos el gobierno desde hace ya décadas, les regresa una gran cantidad de recursos fiscales. “Es claro, escribe, que el gobierno con esta Ley de Asociaciones Pública y Privada, renuncia de hecho a realizar la obra pública de infraestructura que, incluso en medio de inconsecuencias de criterio, había venido realizando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito variable aunque tangible. El actual gobierno federal demuestra no sólo su predilección por el capital privado, por encima de los intereses sociales de la nación, sino que le ofrece con esta ley derechista inmensos recursos públicos, lo cual sólo significa que no ha realizado obra pública de consideración, sino que ahora les entrega esa función a las empresas que puedan desarrollarla”.

7. Los gobiernos priístas jamás dejaron de controlar la fuerza obrera: primero desde la CROM en los años 20, la CTM desde 1936 –año en que se fundó-, luego desde el llamado Congreso del Trabajo que en 1966 para unir también a los dispersos. Las organizaciones con altos márgenes de independencia también fueron controladas con otros mecanismos: electricistas, ferrocarrileros, petroleros, mineros, burócratas, maestros. Ha sido sólo en las últimas tres décadas de neoliberalismo cuando los márgenes de autonomía han ido creciendo hasta convertirse algunos en críticos y opositores. Pero fuera de 1958-59 cuando lo ferrocarrileros pusieron en jaque al gobierno y por ello sufrieron la represión antiobrera más grande de la historia, cuando el Estado dio pasos atrás para luego recuperarse. El Sindicato Mexicano de Electricista, fue desbaratado pero la mitad de los obreros están en pie de lucha y ellos –así como los mineros y telefonistas, siguen jugando un papel muy importante para lograr la unidad tan necesaria en estos momentos de profunda crisis donde los asesinatos (más de 67 mil) están a la orden del día.


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A Sempra y Repsol, el paraíso; a los mineros, el infierno

Jaime Martínez Veloz

¿Cuáles son los criterios –si existen– para gravar la producción nacional de gas y eximir del pago de impuestos de importación de gas a las empresas extranjeras? ¿En qué país del mundo se menosprecia y subestima a los nacionales y se tiene como estrategia proteger y privilegiar a los extranjeros?

No es un asunto menor, es un tema que tiene que ver con la necesidad de evitar al máximo la muerte de los mineros en México, especialmente de mi estado natal: Coahuila, y que está íntimamente ligado a un modelo económico que privilegia las ganancias del extranjero en detrimento de la producción nacional, cuya lógica no repara en que las consecuencias de estas tendencias culminan en la pérdida de vidas humanas. Cerca de 2 mil mineros de Coahuila han perecido en la región carbonífera de la entidad.

Uno de los temas de mayor importancia que se ha tratado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en el Congreso local es el relativo a la explotación del gas existente en las minas de carbón, generalmente conocido como gas grisú. Legisladores de los principales partidos lo han tratado en tribuna y expresado diversas posturas, siendo éstas en defensa de los trabajadores; con la intención de aprovechar o comercializar el gas.

Según la Ley de Ingresos presentada por el secretario de Hacienda, se considera que entre los derechos a los hidrocarburos, los ingresos propios de Pemex y el impuesto a los rendimientos petroleros, el país obtendrá un billón 171 mil 758.1 millones de pesos. La fracción I del artículo 7 determina que a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción deberá realizar pagos diarios –incluyendo los días inhábiles– por 608 millones 606 mil pesos durante el año. Además, en el primer día hábil de cada semana del ejercicio fiscal deberá efectuar un pago de 4 mil 202 millones 829 mil pesos.

Por otra parte, el artículo 16 señala que durante el ejercicio fiscal de 2012, según la fracción II del apartado B, se ajustará en materia de exenciones a lo siguiente: Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Las principales beneficiarias de esta medida son las trasnacionales Sempra Energy y Repsol, en cuyas directivas y labores están vinculados decenas de ex funcionarios federales tanto del PRI como del PAN. Luis Téllez, Ruiz Sacristán, Lozano Gracia, Fernando Lerdo de Tejada, Armando Salinas Torres, Gilberto Hershberger, Bernardo Martínez, Elorduy, son algunos de los nombres o apellidos al servicio de estas trasnacionales, favorecidas desde el sector público para su apoderamiento de los energéticos del país.

El que la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral, ya sea para autoconsumo de los concesionarios o para su entrega a Pemex, tenga un gravamen de 40 por ciento, hace incosteable el que se invierta en la tecnología correspondiente para aprovechar y comercializar esta enorme riqueza del subsuelo. Esto tiene dos graves consecuencias: Una, que al no realizarse debidamente la extracción del gas grisú de las minas de carbón, la parte que queda en los yacimientos sigue siendo un peligro latente para los trabajadores, pudiendo ocurrir intoxicaciones, asfixia, un accidente o una explosión en cualquier momento. Otra, que al ventearse las minas para sacarlo al medio ambiente, tratando de proteger a los mineros, no es aprovechado su enorme potencial energético y se produce una contaminación de grandes dimensiones, considerando que el metano es un gas de efecto invernadero 21 veces más potente que el bióxido de carbono.

Lo anterior manifiesta una clara orientación de la política energética del gobierno federal en favor del capital extranjero, ya que mientras por un lado se grava considerablemente la producción nacional de gas, lo que impide el desarrollo de la industria y la protección de la vida de los mineros, por otro, en la Ley de Ingresos se exenta del pago de impuestos de importación de gas a las compañías extranjeras. No existe ningún argumento que justifique esta situación.

Esta contradicción no es un asunto medible sólo en términos de pesos y centavos, sino de un gran saqueo al país, pero sobre todo de una enorme desgracia nacional, de algo dramático, porque ha causado la pérdida de muchos cientos de vidas humanas. La preferencia del gobierno federal por las empresas extranjeras se aprecia mejor cuando se tienen estimaciones de que el volumen de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral es de 2 mil 384 billones de pies cúbicos en el subsuelo, y que podrían recuperarse y aprovecharse más de 3 mil millones de pies cúbicos por día, que actualmente se desaprovechan y dañan la capa de ozono. Explotar este enorme potencial energético contribuiría a reducir la demanda de gas natural y constituiría una formidable competencia para las empresas trasnacionales que están importando gas –sin pagar impuestos– para su distribución en el país o para producir electricidad que posteriormente transmiten a Estados Unidos.

El que se fomente y proteja la producción nacional de gas sentaría las bases para una sana exploración y explotación de las enormes cantidades de gas metano –ya confirmadas– que hay en el lecho marino del golfo de California.

No es posible que se siga permitiendo la exención de derechos a las gaseras como se propone en la Ley de Ingresos del año entrante. Esto sería muy injusto y faltaría a uno los principios más elementales del derecho: la equidad, ya que beneficiaría a unos cuantos en detrimento de los ingresos de la nación entera.

Se necesita ser extremadamente tonto o muy sinvergüenza para proteger –por interés– a los extraños antes que a los propios. Incluso los animales protegen primero a los suyos frente a las agresiones externas.