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3/02/2025

Redadas en California

       La migra persigue y detiene a jornaleros migrantes que laboraban cerca de Bakersfield

Cosecha de miedo en California

La mano de obra que alimenta a Estados Unidos y México está siendo perseguida y deportada debido a la política de Donald Trump y a que ese país ha construido su sistema agrícola sobre la explotación de comunidades racializadas.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Los agentes fronterizos se mueven diligentes hacia el norte de Estados Unidos cazando jornaleros migrantes. Hace unos días, la Patrulla Fronteriza llegó hasta el condado de Kern, cerca de la ciudad de Bakersfield, California, a seis horas de los límites con México para realizar una redada masiva. Donald Trump se sentiría orgulloso.

El saldo: 200 migrantes detenidos. Algunos fueron deportados, a otros los liberaron y muchos permanecen en detención. “Fue muy raro porque, en general, la Patrulla Fronteriza está, pues, en la frontera con México y es algo muy inusual, no típico” que se internara hacia el norte del territorio estadounidense, dijo Antonio De Loera-Brust, director de Comunicaciones de la Unión de Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés).

Entre los expulsados había dos miembros de la Unión de Campesinos, el sindicato agrícola más grande de aquel país. Originarios de Oaxaca, llevaban 15 años viviendo en Estados Unidos “y en menos de 36 horas los deportaron a México”, dijo el activista.

Los amenazaron para que firmaran su salida voluntaria. “Le ponen ’voluntaria’, pero eso es una ficción porque los presionaron; les decían que si no firmaban, los iban a encarcelar por décadas, que iban a perseguir a sus familias”. Así que firmaron.

“Los dejaron así, tirados, casi casi, en la puerta en Mexicali. Los separaron de sus familias, sus niños, sus esposas, sus hogares, sus trabajos en Bakersfield. Así que ahora hay dos esposas, también indocumentadas, que se quedaron y, en total, seis niños menores de 10 años y todos nacidos en Estados Unidos”.

Esto es una gran injusticia, señaló en entrevista. “¿Cómo puede un niño americano no tener derecho a su padre en el propio país donde él nació?”.

Las cifras del trabajo agrícola

Para De Loera-Brust el objetivo de estas redadas masivas es infundir miedo más que expulsar a todos los migrantes, porque cumplirlo tendría un impacto negativo en la economía de Estados Unidos. Además, operativamente sería imposible.

“Para ponerlo en perspectiva, hay probablemente más de 100 mil trabajadores agrícolas tan sólo en esa área. Así que el porcentaje de gente que fue impactada es bastante pequeño. Pero el miedo que esa redada causó explotó y realmente fue una epidemia en toda la comunidad de Kern. La gente no quería ir a misa, no quería ir a la escuela, no quería ir a la tienda”, narró el activista

Según el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), se espera que el ingreso agrícola neto aumente un 26.4 por ciento en 2025, respecto a 2024, para superar los 180 mil millones de dólares.

Datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, la agricultura, la alimentación y las industrias relacionadas indican que la agricultura genera más de 22 millones de puestos de trabajo, lo que representa el 10.4% del empleo total en Estados Unidos. Y el 90 por ciento de quienes trabajan en los campos de Estados Unidos son de origen mexicano, según la UFW.

California es el estado con mayor empleo agrícola, seguido de Texas y en tercer sitio, Tennessee. Y Bakersfield, hasta donde llegó aquella redada de agentes de la frontera, es la zona metropolitana con más jornaleros agrícolas en Estados Unidos.

En el comercio bilateral del sector agrícola, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. Según el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), ese país “compra aproximadamente el 92 por ciento de las exportaciones mexicanas”.

A su vez, Estados Unidos suministra aproximadamente el 74 por ciento de las importaciones agrícolas de México, de acuerdo con el USDA. Es decir, la mano de obra mexicana lleva alimentos a las mesas en ambos países.

Con miedo a la migra

Varias de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump, tan pronto asumió su segundo periodo presidencial el pasado 20 de enero, están dirigidas a una “deportación masiva”, como él mismo lo alardeó.

Una de ellas, llamada Protección del pueblo americano contra la invasión, crea “grupos especiales de seguridad nacional” en los 50 estados para deportar a migrantes y amplía la capacidad de los centros de detención.

Mientras Trump habla de seguridad, los jornaleros agrícolas migrantes sienten todo menos eso. Pero tienen que seguir trabajando “con mucho más miedo, mucha más ansiedad que antes. Un trabajador me comentó: ‘no sabemos si el día que salimos al trabajo nos vamos a encontrar con la migra, pero sí sabemos que la renta se paga al fin de mes y que tenemos que poner comida en la mesa para nuestros hijos’”, dijo Antonio De Loera-Brust.

Por ello, la preocupación de la UFW es que las personas trabajadoras migrantes conozcan sus derechos y sepan “qué hacer si los detiene la migra, cómo pedir un abogado y cómo seguir ese proceso legal. Porque también queremos que ellos sigan con la confianza de levantar la voz si hay alguna condición abusiva en su sitio de trabajo”, dijo el activista.

De la exclavitud de afrodescendientes a la explotación mexicana

La Union Farm Workers (UFW) fue fundada en 1962 por el líder activista César Chávez, de origen mexicano y campesino, quien encabezó todo un movimiento laboral por los derechos de las personas jornaleras a lo largo de varios años.

En la década de 1930 se creó la mayoría de las leyes federales laborales y se estableció, por ejemplo, el derecho a formar un sindicato, recapituló Antonio De Loera-Brust. Pero explícitamente al sector agrícola se le excluyó de esa posibilidad.

Estados Unidos no quiso “extender esos mismos derechos laborales a una población de trabajadores que ya para ese tiempo era mayormente inmigrante, de origen mexicano, y también había presencia de inmigrantes asiáticos”. Por esa razón, “los campesinos llegamos tarde al movimiento laboral en Estados Unidos, como 30 años tarde”, consideró.

Hasta 1975, la UFW logró que en California se reconociera el derecho de sindicalización de los trabajadores y las trabajadoras agrícolas y hasta 2019, en Nueva York. “Pero la mayoría de los estados de los Estados Unidos, los trabajadores del campo todavía no tienen un derecho a formar sindicato”.

Pese a ello, la UFW está presente en 10 estados de la Unión Americana y ha logrado firmar contratos colectivos de trabajo con decenas de grandes empresas agrícolas para proteger los derechos de los jornaleros y jornaleras migrantes.

Recordar la historia de la industria agrícola en Estados Unidos cobra importancia en momentos como éste, cuando los derechos de quienes realizan esa dura labor vuelven a estar bajo ataque.

Al respecto, Antonio De Loera-Brust señaló que Estados Unidos siempre ha buscado un grupo al cual explotar. “Si lo piensas, la historia de la agricultura en Estados Unidos empieza con la esclavitud negra, que fue la gran mayoría de la mano de obra agrícola del siglo XIX hasta la Guerra Civil”.

La población mexicana trabajadora agrícola “empezó a crecer mucho a fines del siglo XIX, después de la Revolución Mexicana cuando más de 1 millón de mexicanos vinieron a Estados Unidos buscando una mejor oportunidad”. Desde entonces, la migración laboral ha continuado.

Por ello, desde la UFW exigen una reforma migratoria. Dicha reforma, apuntó De Loera-Brust, debe permitir que las y los trabajadores del campo “tengan el derecho a hacerse ciudadanos de manera justa, digna y rápida” y que puedan seguir trabajando sin miedo.

Blanca Juárez
Periodista egresada de la UNAM. Cubre temas políticos, laborales, sociales y culturales con perspectiva feminista.

1/18/2020

Deportista iraní huye de su país por represión a mujeres


Ciudad de México.- Kimia Alizadeh, practicante de Taekwondo y única ganadora de una medalla olímpica para Irán en 2016, se vio obligada a exiliarse como consecuencia de la represión que viven las mujeres en su país.
En su página de Instagram, Alizadeh publicó una foto de su más grande triunfo, ganar la medalla de bronce en los juegos olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. En esa imagen, ella porta el hiyab, un velo de uso obligatorio para las mujeres, el cual cubre su cabello y su pecho. La deportista es la única mujer en la historia de su país en ganar una medalla olímpica.
Imagen tomada de Instagram de kimiya.alizade
Al lado de la foto se lee un comunicado en el que la joven, de 21 años de edad, anunció que decidió dejar su país porque “soy una de las millones de mujeres reprimidas en Irán”. También dijo que ya no quiere ser vista como un “instrumento de propaganda” de las autoridades.
De acuerdo con varios medios de comunicación internacionales, Alizadeh se exilió en Europa, ya que el mundo del deporte está restringido para las mujeres en todo el Estado teocrático (poder político basado en la religión) musulmán.
En lrán el acceso para las mujeres a los estadios de fútbol es restringido. En 2019, la aficionada de fútbol, Sahar Khodayari, se incineró cuando supo que sería encarcelada por colarse a un partido de fútbol disfrazada de hombre. La política del Estado musulmán indica que las y los deportistas no pueden enfrentar a atletas israelíes y en las competencias las mujeres, como Alizadeh, deben portar el velo.
El régimen puso la imagen de la ganadora olímpica como ejemplo de que también las mujeres pueden tener una carrera deportista; sin embargo, en su comunicado, Alizadeh escribió que ya no quiere ser parte de “hipocresía, mentiras e injusticias”.
“Me llevaron donde quisieron. Llevaba lo que dijeran. Repetí cada frase que me ordenaron. Siempre que lo creían conveniente, me explotaban. Ninguno de nosotros significa nada para ellos, solo somos sus herramientas “, expresó la joven.
Alizadeh denunció públicamente que el gobierno de su país hizo uso político de sus éxitos, pero al mismo tiempo, funcionarios la humillaron con comentarios como “No es apropiado que una mujer estire las piernas así, aludiendo a su deporte, el Taekwondo”.
“Mi espíritu preocupado no encaja con sus lazos económicos sucios y sus lobbies políticos. No deseo nada más que Taekwondo, seguridad y una vida feliz. Sigo siendo una hija de Irán donde quiera que esté”, recalcó la deportista.
Entre las pocas reacciones oficiales que despertó el comunicado de Alizadeh, el diputado iraní, Abdolkarim Hosseinzadeh, calificó como “autoridades incompetentes” a quienes permitirían la huida del “capital humano” de Irán.
Por su parte, la viceministra de deportes, Mahin Farhadizad, dijo: “No se puede obligar a una atleta a quedarse en Irán”.
El exilio de Alizadeh se produjo en un entorno de tensiones extremas entre Irán y Estados Unidos, luego del asesinato del líder de la Guardia Revolucionaria, Qasem Solemaini. A este contexto se sumó que, el pasado 8 de enero, Irán derribó “por accidente” un avión ucraniano de pasajeros, lo que causó la muerte de 176 personas.
20/ SG

6/27/2017

El espionaje peñista, de larga historia: incluye a Beltrones, AMLO, Ebrard y a la propia Angélica Rivera


El espionaje como recurso usual del gobierno es algo practicado y conocido desde hace tiempo. Y el presidente Peña Nieto –se sabe al menos desde 2008, gracias a una investigación de la PGR alentada por Manlio Fabio Beltrones– presuntamente lo aprovechó desde su periodo como gobernador mexiquense, cuando se cree que indagó en las vidas de muchos personajes de la política y la farándula, incluyendo a su ahora esposa. Una confusión más de alguien que suele ignorar la línea que divide lo público de lo privado.

(Proceso).- –¿Qué, nadie me va a preguntar si tengo novia, o qué? ¿No hay reporteros de espectáculos aquí? –preguntó Enrique Peña Nieto la mañana del 11 de abril de 2007 a un grupo de 10 periodistas. El entonces gobernador del Estado de México sorprendió a los reporteros y también a su jefe de Comunicación, David López. Reciente aún la muerte de su esposa, Mónica Pretelini, los rumores sobre sus romances eran una constante.
Una reportera de Milenio Diario le recordó que ellos iban a reportear sus actividades públicas y su trabajo como gobernador, no su vida privada.
–¿Es que nadie me va a preguntar si es cierto que salgo con Galilea Montijo? –insistió Peña Nieto.
Finalmente le preguntaron lo que quería. El gobernador mexiquense contestó que no andaba con la conductora de Televisa, porque era “muy exuberante” para su gusto.
No fue la única vez que el mandatario estatal mezclaba lo público con lo privado, la farándula con la política. Antes de dar la “exclusiva” de su noviazgo con Angélica Rivera, en noviembre de 2008, en entrevista con Katia D’Artigues y Sabina Berman, en el programa televisivo Shalalá, se lo confió a las reporteras que cubrían sus actividades.
Y no faltaba que él les preguntara: “¿Y qué dicen por ahí de mí?”.
Una constante de su gobierno estatal, pero también de su sistema de vigilancia, fue mezclar a periodistas con políticos, a empresarios con activistas sociales, a integrantes de su propio gabinete, a adversarios políticos dentro del PRI y en otros partidos, y también a conductores, actores y actrices de Televisa.
Quería formar parte de ese mundo de la farándula. Y Televisa lo apoyó también en sus labores de espionaje, mediante los servicios de Alejandro Quintero, entonces vicepresidente de Comercialización de la televisora, quien ahora ha vuelto a trabajar para Peña Nieto pero en el entorno de Los Pinos.
A través de una red de empresas y “consultoras”, como TV Promo, Zimat y Radar Servicios Especializados, no sólo lo asesoraban en asuntos de marketing político, sino también de espionaje. Una de sus operadoras fue Yessica de Lamadrid, quien posteriormente trabajó para Eduardo Medina Mora en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Uno de los temas que más le preocupaban, confía a Proceso un reportero que cubrió las actividades de Peña Nieto como gobernador, era el de su hijo fuera del matrimonio con Maritza Díaz Hernández, quien colaboró con el gobierno de Arturo Montiel. “Era el gran secreto”, afirma.
Díaz Hernández acudió a mediados de 2009 a Proceso porque se sentía espiada y fue amenazada vía telefónica por Angélica Rivera, la actriz de Televisa contratada para la promoción de los spots del gobierno del Estado de México y que se convirtió entonces en la novia oficial del mandatario.
El 4 de marzo de 2012, en vísperas del inicio de la campaña presidencial, Díaz Hernández rompió el silencio y contraatacó. Subió un mensaje en su red social de Facebook:
“EPN se reunió con Joe Biden (vicepresidente de Estados Unidos en ese momento). Ojalá le hayas comentado el asunto de tu hijo menor que tienes pendiente en USA. Es una responsabilidad que no has asumido.”
También hubo un acoso telefónico y llamadas intimidantes contra la actriz Verónica Castro, excuñada de Angélica Rivera, a raíz de una entrevista que concedió a la revista Hola! el 8 de julio de 2009.
La conductora estelar de Televisa desmintió en esa entrevista la versión oficial de que el matrimonio entre su hermano y Angélica Rivera había sido irregular. La noticia cayó como bomba en el corporativo. Castro fue “congelada” desde entonces no sólo de la pantalla de la empresa de Azcárraga Jean, sino del cine, el teatro y otras actividades. También fue espiada por el gobierno mexiquense y por la empresa televisiva.
En la confusión más fuerte entre lo público y lo privado, la propia Angélica Rivera fue objeto del espionaje de su prometido y futuro presidente de la República, tal como se supo al conocerse la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la empresa Seguridad Privada Inteligente, de Luis Miguel Dena, exagente del Cisen (Proceso 1738).
El caso Dena
El 13 de junio de 2008, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso una denuncia ante la PGR por presunto espionaje contra él, su familia y sus colaboradores.
Adversario de Peña Nieto por la candidatura priista de 2012, a Beltrones le llegó información de que lo espiaban y decidió denunciar.
El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos cateó dos casas en Naucalpan, Estado de México, desde donde se efectuaba el presunto espionaje.
Se encontraron “sábanas” de información con las transcripciones de llamadas telefónicas de personajes políticos, como Beltrones; Andrés Manuel López Obrador; el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard; el senador panista Santiago Creel; el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la líder nacional el PRI, Beatriz Paredes; el exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal; el exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam; y de decenas más de posibles aspirantes presidenciales, incluyendo a Humberto Moreira y Fidel Herrera. El único que no estaba en esas “sábanas” era Enrique Peña Nieto.
La información de vínculos, relaciones afectivas, información general, vulnerabilidades y “datos confidenciales” incluyeron también a Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Ebrard.
La investigación de la PGR señaló a un exagente del Cisen, Luis Miguel Dena, como propietario de la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones.
Originario de Zacatecas, Dena –con estudios en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y semiología– ingresó al Cisen en marzo de 1994. Trabajó para Jorge Tello Peón, entonces director de ese organismo, y fue su delegado en la Ciudad de México y en el Estado de México, donde se vinculó con la red de espionaje estatal creada desde la época de Arturo Montiel.
También aparecieron en la estructura de esa empresa varios exagentes del Cisen, como Guillermo Lago Montes, quien trabajó en distintas áreas gubernamentales de inteligencia entre 1980 y 1993; Miguel Ángel Solís Hernández; Alfredo Ávila Uribe, especialista en temas de subversión; José Tagle Balderas, agente entre 1993 y 2006; Alejandro Rodríguez Rosas, empleado entonces del centro de inteligencia; y Adriana Morales Rodríguez, analista.
Uno de los socios de Dena en esta empresa fue un exmilitar israelí, Yosef Shevah Porat, Yosi, especialista en antiterrorismo, quien huyó del país cuando se descubrieron las dos casas en Naucalpan.
Dena fue sentenciado a seis años de prisión por espionaje, pero recobró la libertad antes, a raíz del fallo del juez federal Fernando Córdova Valle.
Su nombre volvió a aparecer el 10 de junio de 2012, la noche del segundo debate presidencial. La candidata panista Josefina Vázquez Mota mostró un cheque emitido por el organismo policiaco Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), considerado una “caja chica” de los políticos y comandantes mexiquenses.
“Enrique Peña Nieto mandó a espiar a varios personajes políticos. Con dinero público financió un centro de espionaje y aquí está la comprobación en un estado de cuenta donde su gobierno pagaba este centro de espionaje”, afirmó Vázquez Mota.
Peña Nieto no se dio por aludido. No respondió nada. Días después, el coordinador de su campaña, Luis Videgaray, rechazó que el candidato o el PRI estuvieran detrás de las acusaciones lanzadas por la panista.
Carmen Aristegui, en su programa radiofónico de MVS, entrevistó a Dena, quien negó que hubiera espionaje, pero admitió que los Cusaem compraron su software.
“Es cierto que Cusaem, que es un ente híbrido, me contrata y contrata a mi empresa, porque esa es la persona moral que de alguna forma yo constituyo; me contrata por la capacidad profesional que yo había demostrado, desarrollamos un software para la prevención del delito”, afirmó.
Dena se describió como “un hombre de inteligencia” –no como un espía– que recibió entrenamiento durante 20 años en la Escuela Nacional de Inteligencia Argentina, en la CIA y el FBI y en el Mosad israelí.
Paranoia desde Los Pinos
Antes del extenso reportaje publicado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth en The New York Times el lunes 19, el gobierno de Peña Nieto enfrentó otros dos escándalos sobre sistemas de espionaje y adquisición de millonarios equipos de intrusión informática en las comunicaciones privadas.
En julio de 2015 los reporteros Jorge Carrasco y Mathieu Tourliere documentaron en Proceso que la paranoia de Peña Nieto lo llevó a contratar millonarios servicios de espionaje para combatir a sus críticos, no al crimen organizado.
Entre abril y julio de ese año, un ataque de hackers a la empresa Hacking Team, creada en 2003 por el italiano David Vincenzetti, reveló que habían vendido malware con nombres como Da Vinci o Galileo a más de 30 países, incluyendo a México.
La “filtración” múltiple demostró que desde 2009, cuando era gobernador, Peña Nieto autorizó la compra del Remote Control System, la principal herramienta de espionaje de Hacking Team, capaz de penetrar de manera simultánea miles de celulares y computadoras, con capacidad de infiltrarse en cuentas personales de Facebook, Google, Yahoo, Twitter, Gmail y decenas de aplicaciones.
Como presidente de la República, Peña Nieto autorizó también contratos por cerca de 26 millones 300 mil pesos para dependencias federales, como las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación, la Policía Federal y el Cisen. En total, de 2009 a 2015 se habrían destinado más de 55 millones de euros para los servicios de Hacking Team, según el reportaje de Proceso.
En octubre de 2015 se dio a conocer el nombre de Pegasus como otro malware intrusivo comercializado por NSO Group, de origen israelí. En la revista Eje Central se documentaron 729 blancos de espionaje de este sistema entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de ese año: actores de Televisa Talento, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, empresas de seguridad, periodistas como Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, la empresa poblana Multisistemas Noticias Cambio, y Diario 21, de Guerrero.
Incluso se documentó el espionaje al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, exfuncionario del Estado de México y señalado en otro momento como operador de otra red de espionaje en la época de Peña Nieto como gobernador.
Una nota interna de Los Pinos, de octubre de 2015, cuya copia tiene Proceso, señala:
“Lo que antes era un rumor, ya se ha constatado. En este sexenio arrancó un programa y un sistema para rastrear y monitorear a TODOS (sic) los blancos que pudieran ser un obstáculo para los objetivos del gobierno federal.
“Esta noticia no sería novedosa, si no se hubiera filtrado la categorización de dichos blancos: a) actores políticos; b) empresarios; c) líderes sociales; d) comunicadores; e) académicos; y f) funcionarios y militantes priistas.
“El objetivo de este monitoreo es, incluso, detectar el fuego interno que se da dentro de los grupos de interés del PRI.”
El 13 de febrero de este año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social TIC, Amnistía y Citizen Lab denunciaron que el sistema Pegasus sirvió para espiar al abogado Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública; a Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y a Luis Encarnación, coordinador de Contrapeso.
Cuatro días después de las nuevas revelaciones del The New York Times y después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negara categóricamente que se utilizara Pegasus para espiar a ciudadanos, Peña Nieto hizo una serie de declaraciones confusas y equívocas que acabaron por avivar la indignación frente al escándalo.
En Lagos de Moreno, Jalisco, Peña Nieto improvisó un discurso para emprenderla no contra quienes violan los derechos de la privacidad, sino contra quienes denunciaron ser víctimas de espionaje.
“Espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado falsos señalamientos contra el gobierno”, afirmó.
De inmediato, el Centro Prodh, Artículo 19, Social TIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Poder del Consumidor e Imco emitieron un comunicado señalando que el presidente “carece de elementos técnicos y jurídicos para afirmar que las denuncias son falsas y, por el contrario, los informes científicos realizados hasta ahora apuntan en otra dirección.
“Que el presidente de la República descarte a la ligera una denuncia de esta gravedad pone en entredicho la posibilidad de que se conduzca una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva” que, además, “aún no ha comenzado”, recordaron estos organismos.
El corresponsal de The New York Times, Azam Ahmed, tuiteó: “Creo que el presidente acaba de ordenar una investigación sobre la sociedad civil y el NYT para historia de espionaje”.
Poco después, Ahmed redactó otro mensaje en Twitter informando: “Me llamó presidencia para decirme que @EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso”.
El propio Peña Nieto tuvo que rectificar señalando que “no lo expliqué suficientemente. Advertí que se investigue si fuera de una entidad pública están teniendo intervenciones y esta es la indicación que he dado.
“No sé por qué este empeño de llevar a ese escenario al gobierno. Todo lo contrario. Lo que estoy queriendo afirmar es que no tenemos participación en espionaje” y que su gobierno “tolera y respeta las voces críticas”.
El viernes 23, en entrevista con Aristegui Noticias, Ahmed afirmó que en su llamada telefónica, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, le explicó que el mensaje equívoco se produjo porque “Peña Nieto improvisó, no leyó sus tarjetas”.

6/22/2017

Urge la ONU “garantizar investigación efectiva de los casos de espionaje” (Audio)



Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro
La organización exhortó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que "verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplen las leyes vigentes".


La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos, incluidos integrantes de sus familias, expuestos el pasado lunes 19 de junio, tras una investigación de varias organizaciones sociales.
La ONU-DH señaló en un comunicado que estos hechos “constituyen entre otras violaciones injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas”.
“Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas. Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia”, aseguró Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
La ONU sostuvo que “el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas. En este sentido, la ONU-DH recuerda que existe un amplio número de medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter público sobre el uso de estos sistemas”.
“Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, desde mi Oficina exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resaltó Jarab.
La ONU-DH aplaudió la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigidas a Sedena, Semar, Segob y la PGR. Sobre ellas, hizo un llamado para el cumplimiento de las acciones solicitadas.
“Asimismo, la ONU-DH toma nota del anuncio de la PGR de investigar estos hechos y alienta a que dicha investigación se realice de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del caso”. 
“Adicionalmente, la ONU-DH exhorta a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que en el marco de sus funciones cómo órgano de control y evaluación de las políticas y acciones en dicho campo, verifique de manera permanente que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, cumplen las leyes vigentes, así como las normas de derechos humanos, y realizan un uso adecuado de los fondos públicos asignados”, finalizó.


Hijo de AMLO, Aristegui y cientos fueron espiados con programas del gobierno: ‘Eje Central’


"Las comunicaciones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de Morena, o de la periodista Carmen Aristegui, fueron seguidas las 24 horas del día, durante 15 días", revela el reportaje.


Secretarios de Estado, funcionarios del INAI, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, la periodista Carmen Aristegui, hijos de políticos y más fueron blanco de programas de espionaje utilizados por el gobierno federal, revela un reportaje que publica este jueves el sitio EjeCentral.
El medio informó que cuenta con documentos que precisan la vigilancia a 729 personas en el verano 2015.
Apuntó que aunque no es posible si se trata del software Pegasus -del cual fueron blanco activistas y periodistas en los últimos meses- “entre los programas identificados se encuentran DaVinci, IBIS o Data Suite”.
El reportaje arroja luces sobre el espionaje en el país:
“La información en poder de este semanario muestra que el seguimiento a estos blancos específicos se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre de 2015, a través mensajes de texto, en WhatsApp o Twitter, a los números celulares de quienes en ese momento se convirtieron en objetivos para la inteligencia nacional.
“Durante ese verano de 2015, el bombardeo de mensajes de texto fue enviado entre las seis de la mañana y las 2:41 de la madrugada del día siguiente, a los números móviles de los periodistas Carmen Aristegui y Raymundo Riva Palacio, así como José Ramón López Beltrán, hijo del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
“También incluyeron a funcionarios de las empresas de Multisistema de Noticias Cambio, Diario 21 de Guerrero, Stereorey México y Televisa Talento, de quienes se desconoce el nombre porque aparecen las empresas como propietarios de las líneas.
“Los documentos revisados por ejecentral contienen los nombres, direcciones particulares y el número celular personal de cada uno de los personajes que fueron blanco del espionaje; así como el día, la hora exacta y la secuencia en que los SMS fueron enviados a los dispositivos móviles.
“Los reportes muestran dos direcciones que se repetían en cada uno de los registros, y de las que probablemente fueron enviados los mensajes. La primera, ubicada en Morelos 182-4, en el poblado de San Miguel Coatlinchán, y la segunda en Rascón 154, comunidad de Santiago Cuautlalpan, ambas en el municipio de Texcoco, Estado de México. Sin embargo, de acuerdo a expertos consultados, estos domicilios sólo pueden ser pantallas para disfrazar el espionaje, sin poder detectar el punto real desde donde se envía la operación”.
Y aún más: “Los documentos revisados por este semanario revelaron cómo instituciones del gobierno mexicano intentaron o tuvieron acceso a información personal de civiles, que pudieron ser sujetos de investigaciones o que resultaron ser personajes sociales con un común denominador: su permanente cuestionamiento a la gestión del gobierno del presidente Peña Nieto.
“Las comunicaciones de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de Morena, o de la periodista Carmen Aristegui, fueron seguidas las 24 horas del día, durante 15 días. Rastrearon los movimientos de su telefonía celular durante la primera quincena de septiembre de 2015. También fueron seguidas las comunicaciones de medios como Stereorey México, que es del grupo de MVS Radio, en donde trabajó Aristegui hasta marzo de 2015, porque fue despedida, junto con su equipo de 19 periodistas y por sus colaboradores; así como Televisa Talento S.A. de C.V., Multisistema de Noticias Cambio, que es la empresa que edita el Diario Cambio de Puebla, y Diario 21 de Guerrero”.

6/07/2016

Acusan a gobernador de QR de avalar persecución a candidata



   Atenea Gómez ve en Roberto Borge a cómplice de su ex pareja

Con el supuesto aval del gobernador de Quintana Roo (QR), Roberto Borge, la candidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres por la coalición opositora PAN-PRD, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de los delitos de violencia familiar y sustracción de menores por parte de su ex pareja, Pablo Zarco Pérez, íntimo del mandatario estatal, a decir de la denunciante.
 
“Me encuentro como una víctima más de la misoginia, de la violencia hacia la mujer que se vive en Quintana Roo; hoy me quieren acusar de un delito que no cometí y vengo a entregarme, a ponerme a disposición de los jueces penales por si hubiera algún delito del cual me dicen no existe”, dijo Gómez Ricalde en entrevista.
 
“Ante la sospecha de que hubiera alguna orden de aprehensión, fui a ampararme porque conozco cómo se maneja la ley en el estado y que la ley está a disposición del gobernador, y como soy una perseguida política al igual que mi familia, me quise amparar antes de venir a los juzgados penales para conocer si existe alguna orden de aprehensión en mi contra”, expresó.
 
“El señor (Pablo Zarco) me amenazó con que los amparos serían removidos y revocados tantas veces como él quisiera, porque el gobernador así lo había indicado”, acusó.
 
Atenea Gómez narró que el pasado 22 de enero, Zarco le pidió permiso de pasar algunas horas con su hijo menor, a lo cual ella –quien tiene la custodia del niño de dos años de edad– accedió.
 
Pero al día siguiente, al acudir al domicilio de su ex pareja –en el exclusivo fraccionamiento Isla Dorada, en Cancún– la candidata suplente se enteró de que abandonó el estado para llevarse a su hijo a la Ciudad de México, con la supuesta ayuda del mandatario local Roberto Borge, quien le habría facilitado hasta un avión.
 
“Viajó en el avión del gobernador a la Ciudad de México, y no me querían decir dónde está hasta que la presión en redes sociales hizo que el propio gobernador me ayudara a viajar y que Pablo me entregara a mi hijo”, relató.
 
“Después de eso, él inició un juicio familiar y una denuncia penal por violencia familiar que, al día de hoy, no ha avanzado, mientras que los delitos inexistentes de los que él me acusa sí procedieron y los están fabricando con testigos falsos y documentos que no conozco porque no he tenido notificación alguna, ni acceso al expediente; ni siquiera me permitieron declarar”, narró Atenea Gómez.
 
De acuerdo con la versión de la candidata, el propio Pablo Zarco le dijo que el gobernador le prestó el avión para hacer el viaje, por lo que ella se comunicó con el mandatario estatal para hacer entrar en razón a su ex pareja debido a la amistad que los une a ambos.
 
“Le mandé un mensaje al gobernador y me dice que él sí sabía dónde estaba Pablo, que estaba en la Ciudad de México, a donde él viajaría al día siguiente y que con gusto me llevaba. Le acepte la invitación; me llevaron, me reuní con él, pero se portó como un delincuente y salió huyendo del hotel.
 
“Le reclamé al señor gobernador de por qué me habían llevado en esa situación en la que me dejaron indefensa, en la que Pablo me amenazó con que no volvería a ver a mi hijo, y fue que él (Borge) lo convence y vuelve al hotel. Me chantajea, me dice que regresara con él o no me deja ver a mi hijo”, prosiguió.
 
Atenea fue forzada a abordar una camioneta blindada, con un chofer y ahí pudo volver a ver a su hijo. Al regresar a Cancún se refugió en casa de sus padres y no volvió a permitir que el niño viese a Pablo Zarco, contó.
 
Los delitos que se imputan a Atenea Gómez son violencia familiar y sustracción de menores, pese a que quien se llevó al niño sin el consentimiento de la madre fue Zarco, quien la denunció ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer, lo cual fue calificado por la candidata como “una burla”.
 
“La violentada, la agraviada, la que debiera ser cuidada como víctima por todas las secuelas soy yo. Él utiliza el espacio creado para proteger a la mujer, para acusarme. Él ejercía violencia física, económica, psicológica en mi contra; me llegó a amenazar con una arma, sustrajo a mi hijo, engañándome; bajo amenazas y chantajes me hizo regresar con él; ha golpeado a innumerables mujeres, todas extranjeras, por eso no lo denuncian; es una persona relacionada con la trata de personas, con los narco-cubanos (sic). Es una persona de lo más violenta”, expresó.
 
El abogado de Atenea, Juan Alberto Bermejo Varela, explicó que hay una denuncia por violencia familiar en contra de Zarco, la cual va reforzada con una constancia médica por las lesiones que ocasionó a la mujer.
 
“El señor presume en redes sociales su experiencia armada, como prácticas de tiro. Por eso la señora está preocupada”, añadió el litigante.
 
La militante del Partido Acción Nacional consideró que a su ex pareja “lo último que le importa es su hijo”, pues su preocupación estriba en toda la información que ella posee sobre sus nexos con Borge y las fiestas y derroches en que presuntamente incurre el gobernador.
 
“Él mismo (Zarco) se ufana de decir que es ‘aviador’ (le pagan sin trabajar) del gobierno de Quintana Roo. Son amigos de fiestas, Pablo Zarco le provee ‘amiguitas’ de nacionalidades extranjeras al señor gobernador y esos son los favores que le pagan, ahora queriéndome quitar a mi hijo.  
 
“Yo viví con Pablo Zarco, vi la forma en que se lleva con el gobernador; soy testigo de lo que vi en su celular. Vi cómo le daba órdenes de hacer ciertas cosas; vi las fiestas con ‘amiguitas’ en las que se encontraban Carlos Álvarez Escalera (procurador del estado) y altos funcionarios del gobierno estatal. Ese odio que tienen hacia mí, esa maquinaria en mi contra es por todo lo que yo sé”, detalló.
 
Por lo pronto, Gómez Ricalde ya solicitó la intervención del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión  Nacional de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y de la opinión pública, debido a que “en este estado si eres amigo del gobernador entonces te hacen justicia”.



Por: Andrea Franco, corresponsal
Cimacnoticias | Cancún, QR.-

11/05/2015

Con Nuño, pretende Peña continuar en el poder, al costo que sea: Julio Hernández en CNN

astillero

Han pasado "tres largos años" desde la reforma educativa y esta aún no permea en la estructura educativa; la resistencia podría aumentar, indicó el rector Hugo Aboites.


Las órdenes de aprehensión contra maestros de la CNTE y normalistas muestran que “estamos en presencia de la construcción policíaca de una candidatura presidencial, es una construcción cantada en la cual Aurelio Nuño forma parte de esta pretensión transexenal, una especie de “cártel de la doble ñ” -Peña y Nuño-, están realizando toda una faena con pretensiones épicas”, señaló Julio Hernández López, columnista de La Jornada. 
“Pretenden manejar por un lado el garrote, con la Policía Federal, la Gendarmería, con las órdenes de aprehensión en Oaxaca y Michoacán, y por otra parte la zanahoria electoral con los certificados de infraestructura escolar nacional que es una forma de tener una gran canasta para el reparto efectista de recursos a las diversas escuelas del país, que promoverán en los momentos electorales un repunte de las apariencias de una bonanza en la infraestructura educativa, todo esto con la idea de ir afianzando la postulación del niño de oro, el candidato preferido de la oficina presidencial, que hoy también tiene una abundante promoción en los medios, donde aparece lo mismo en actos escolares, que en cantos de himno y saludos a la bandera, que lo mismo en reuniones con gobernadores, ha estado en la Conago”, expuso en entrevista para Aristegui CNN.
Refirió que incluso en algunas columnas periodísticas pintan a Nuño como una “especie de súper hombre con una actividad intensa, que va resolviendo problema tras problema, en esta construcción policíaca y judicial de la candidatura judicial”.
Respecto a las órdenes de aprehensión contra maestros, mencionó que “la represión a maestros, a ferrocarrileros, a médicos, han instalado un estigma con aquellos hombres de poder que han creído que es posible frenar procesos de lucha como los que ellos están dando a nivel nacional”. 
Hernández consideró que “el peñismo ha creído que están las condiciones maduras para golpear abiertamente, en el marco de un ascenso de las condiciones sombrías en las que periodistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, dirigentes sindicales y personas que protestan en general están siendo atacadas, agredidas, tanto procesalmente en términos judiciales como también con ataques directos que forman parte de esta mano dura que se va perfilando cada vez con mayor claridad  y lo que pretende es frenar el ascenso de la lucha social y consolidar esta pretensión transexenal del equipo de Enrique Peña de continuar adelante con el poder, al costo que sea”. 
Incluso, comentó que temas como la Ley Fayad para combatir ciberdelitos y hasta “terrorismo informático”, forma parte de las políticas de control de información, donde tienen señuelos, pistas falsas, para diversificar la opinión; “tratan de ocultar lo que diariamente estamos viendo en una represión constante, cuyos ribetes más tráficos y evidentes se dan en estas órdenes de aprehensión, con maestros encarcelados, con normalistas desaparecidos”. 
Apuntó que según el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, hay 90 órdenes de aprehensión “para demostrar que se va contra estudiantes, normalistas y todo lo que se mueva en este momento difícil de la política nacional”.
“La doble ñ -Peña y Nuño- aprieta, hay una descomposición nacional, hay una incapacidad política para enfrentar los problemas económicos y sociales en el país, hay un grupo en el poder que está efectivamente con una desesperación porque no puede salir adelante, y frente a ello lo que hace falta es la organización social y la resistencia, que es justamente contra lo cual está actuando esta doble ñ que aprieta”, finalizó el columnista.
“Gobierno no ve otra salida más que la represión”
Sobre el encarcelamiento de 4 maestros oaxaqueños de la CNTE -trasladados al penal del Altiplano, Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dijo también en CNN que “el gobierno aparentemente no ve otra salida en este momento más que la de la represión”.
En el estudio, Aboites expuso que han sido “tres largos años que han pasado desde la reforma educativa que en 10 días se vuelve constitucional, todo parecía bien y 3 años después, ni las leyes secundarias ni los censos ni las amenazas de represión ni los descuentos ni las evaluaciones han logrado que esta reforma no sólo permee toda la estructura educativa, sino que convenza a un importante grupo no sólo de educadores, sino también de la población en general”.
Consideró que no se puede hacer una evaluación universal en un país tan diverso como México, por lo que consideró que desde 2013 había una salida no conflictiva: “Estaba en la propia Ley del Servicio Profesional Docente, que hubiera evitado todo este conflicto, todos estos años de enfrentamientos: en el artículo 15 de esa ley se establece otra forma de evaluación distinta a la punitiva. La punitiva dice que a las 3 evaluaciones que estés mal te vas del servicio o del aula. Y en otro artículo, de la misma ley, se establece que habrá una evaluación de los maestros en cada escuela que no tendrá ninguna repercusión ni administrativa ni laboral para los docentes, que buscará el compromiso y el mejoramiento de la escuela in situ, es decir en el lugar donde ocurren las cosas, y se ha dejado a un lado”.
Aboites agregó que “hay un ambiente de desesperación respecto de que nunca se esperó esta resistencia a la reforma de la educación y no creo que vaya a descontinuarse sino a aumentar mucho más, cuando se encarcela se convierte en un referente muy importante de una lucha”.