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3/19/2019

Sin transformación para pueblos indígenas

La Jornada:
Magdalena Gómez

En estos días se han organizado foros en torno a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-24. En el caso indígena el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) ha emitido comunicados sobre los mismos y llama la atención la coincidencia de la gran mayoría de ellos en solicitar que se les reconozca como sujetos de derecho público. Ya hemos señalado que la ley que creó el INPI incluyó tal supuesto reconocimiento cuando la Constitución en la contrarreforma de 2001 los colocó como de interés público. Lo extraño es la formulación técnica casi unánime de los foros indígenas. Me recuerda la consulta que se impulsó en el foxismo para desaparecer al Instituto Nacional Indigenista, donde los asistentes a los foros, esos sí tradicionales, a decir de sus relatores, concluyeron que pedían un organismo descentralizado no sectorizado. Es significativo que no aparezca la mención a los megaproyectos, supuestamente legitimados mediante las consultas ciudadanas que nada tienen que ver con el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente pertinente. Es un hecho que los lineamientos y proyectos centrales del nuevo gobierno han sido previamente decididos por el Presidente de la República. Si Peña Nieto logró la firma de todos los partidos para el Pacto por México, López Obrador está usando todas las reformas estructurales que lo expresaron, especialmente las que impactan a recursos naturales. Si bien afirma que la reforma energética fue un rotundo fracaso sin cuestionar su existencia, sólo se marcan sus resultados económicos insatisfactorios. Se ha reiterado: “Baste decir que, a cuatro años de su aprobación –y ahí están los datos, esto no es un asunto ideológico o político, es de juicio práctico– se redujo la inversión pública y privada en el sector, se produce menos petróleo crudo” (informe de los primeros 100 días de gobierno, 11/3/19).

En una entrevista en La Jornada afirmó que las zonas económicas especiales no van y sin embargo las está promoviendo. Así lo expresó:Ya el plan energético, diseñado en el periodo neoliberal, no se va a llevar a cabo, eso es muy claro. Ya no van a existir la zonas económicas diseñadas con ese propósito. Nosotros lo que queremos es rescatar a Pemex y a la CFE, nuestro plan es recuperar la industria petrolera, la industria eléctrica, porque ha resultado un rotundo fracaso la política energética del neoliberalismo [...] lo que se diseñó en el periodo neoliberal no va a utilizarse hacia adelante, es una nueva política económica, es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno(30/11/18). Ya declaró el fin del periodo neoliberal y se omite la necesidad de que, en consecuencia, se abroguen justamente las reformas que le dieron sustento, en especial la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992, la ley minera, las llamadas estructurales. No parece estar en el horizonte esta ruptura con el proyecto neoliberal que fue constitucionalizado por los gobiernos priístas.
En el informe de los primeros 100 días el titular del Ejecutivo reiteró:Es importante decir que, en serio, sin retórica o demagogia, existe la determinación de mandar obedeciendo. Por eso se llevaron a cabo las consultas sobre el aeropuerto y más recientemente sobre el gasoducto y la termoeléctrica del estado de Morelos... Informo que estamos por licitar proyectos estratégicos. Ejemplos: en abril se publicará la convocatoria para la construcción del Tren Maya, respecto al Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Estamos en la fase de consulta a las comunidades y en la elaboración de proyectos para lanzar las licitaciones, todo el Istmo se convertirá en zona libre o franca; es decir, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen suficientes empleos y buenos salarios. Todo ello con la participación y beneficio para los pueblos y con absoluto respeto al medio ambiente.
En contraste, Victoria Tauli, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, transmitió una nota técnica que decidió hacer pública, donde señaló:Quisiera expresar mi profunda preocupación al gobierno de México en relación con la información recibida por mi mandato en los últimos meses acerca de proyectos de inversión anunciados por el gobierno que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, la intención de realizar consultas ciudadanas para recabar la opinión de la población nacional en general sobre la ejecución o no de esos proyectos. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado(5/3/19). ¿A quién se obedece al mandar? No a los pueblos indígenas.

10/26/2017

Bloquean internet y líneas telefónicas durante recolección de firmas para Marichuy

Por: la Redacción
Personas de la Academia, escritoras, periodistas, artistas y de la organización civil “Llegó la hora del florecimiento” denunciaron que la vocera y candidata del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), a la presidencia de la República María de Jesús Patricio Martínez, se ha enfrentado a una serie de “sabotajes” y obstáculos que impiden la recolección de firmas ciudadanas para respaldar su candidatura independiente a la Presidencia de México.
En un comunicado informaron que el 16 de octubre inició el periodo para que las y los candidatos independientes recaben más de 873 mil firmas del padrón electoral  (equivalentes al uno por ciento del mismo) como requisito para competir por la presidencia, sin embargo las personas que voluntariamente se han sumado para registrar a quienes simpatizan con Patricio Martínez han enfrentado bloqueos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Las firmantes, entre las que se encuentra la antropóloga y especialista en historia de los pueblos indígenas de México, Sylvia Marcos, denunciaron que en la búsqueda de apoyo ciudadano durante los recorridos regiones indígenas de Chiapas, las líneas telefónicas y el acceso internet fue bloqueado en los municipios de Altamirano y Ocosingo donde los servicios suelen funcionar bien, lo que obstaculizó la recolección de firmas en esos lugares porque esta se realiza través de una aplicación digital que el INE creó.
Expresaron que la aplicación no funciona por periodos de hasta cinco horas y el registro de una sola firma puede tomar horas. Las y los firmantes calificaron el proceso de registro de “anticonstitucional, clasista y excluyente” pues, mencionaron, el requisito para que la gente apoye es que cuente con una credencial de elector vigente.
Respecto a la información que el INE ha brindado expusieron la falta de claridad en los requisitos para descargar la aplicación, pues esta no es compatible con varios teléfonos que el Instituto indicó como aptos. Además, cientos de auxiliares que se registraron desde el 16 de octubre para recolectar firmas siguen sin recibir la notificación.
Las y los firmantes entre los que se encuentran la economista y ex senadora mexicana, Rosa Albina Garavito Elías y el escritor Juan Villoro llamaron a “redoblar esfuerzos” y apoyar la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez.
17/MMAE/LGL

12/01/2013

La cuestión indígena





La cuestión indígena en la historia de nuestro país se ha querido suprimir sistemáticamente desde las altas esferas del poder, pues tal supresión es condición para asegurar el establecimiento de los modos de explotación y opresión. El estado-nación mexicano puede permitirse todo tipo de discusión al respecto, pero siempre mantiene imperturbable su condición de alienar-excluir toda agrupación social que vaya contra sus intereses y máxime las de nuestras raíces, a sus preceptos de dominación burguesa, están en su propia construcción una batalla histórica por destruir y desposeernos de lo indígena en tanto tal, cultural, política, económica, racial y políticamente. A la vieja costumbre, aunque por otros medios, para la burguesía el mejor indio es el indio muerto.

Pese al esfuerzo persistente de los potentados del capital, sus aparatos y personeros, la cuestión indígena es un problema actual al que se han proyectado distintas perspectivas de clase. La existencia de un movimiento indígena en lucha y resistencia sustentado en doce millones de personas ligadas directamente a lazos indígenas, y rodeada por unas mayorías mexicanas vinculadas a dicha cultura es la evidencia irrefutable de la cuestión indígena.

Las alternativas que se plantean a los problemas indígenas corresponden según los intereses de clase que se ponen en juego. Es sabido que las clases en el poder empujan la línea de siempre, que sus relaciones de dominación lleguen al extremo en torno a la formación indígena, el etnocidio a ultranza por todo tipo de medios posibles violentos, legales, diplomáticos, migraciones, desplazamientos, fragmentación territorial, violaciones, feminicidios, neomaltusianos (control de la natalidad y esterilización forzosa). Las capas medias burguesas y pequeño-burguesas en una abigarrada gama de sesudas propuestas humanitarias se empeñan en la solución mediatizada de derechos políticos, culturales y educativos, occidentalización de su vida y mentalidad.

Estas tendencias no desconociendo el problema fundamental procuran anularlo o desincorporarlo de los otros aspectos de la cuestión indígena para restarle trascendencia y sustento, para hacer prevalecer precisamente intereses bien definidos y del mismo orden de lo que consideran lo menos importante, la propiedad de los medios de producción y la condición indígena de la sociedad mexicana en los sentidos centrales de su vida social y su composición humana.
En este bregar con la problemática indígena vemos cómo se han formulado ideologías que obscurecen el carácter, la naturaleza de “las etnias y la nación”, una relación llamada a la subordinación de las primeras en la segunda, que a lo largo de la historia conllevó a la opresión de la clase dominante sobre nuestros pueblos y la proliferación de mecanismos de despojo. Tales fueron las condiciones históricas del desarrollo de esta integración a todas luces hegemónica de una burguesía blanca y mestiza desligada del real proceso de formación de la sociedad mexicana.

Lo cierto es que prevalece un principio firme respecto a las condiciones materiales e históricas de esta cuestión. En el alumbramiento del sistema capitalista la mayoría de las naciones se han establecido en distinto grado partiendo de una variada composición clasista, racial, tribal y étnica de sus hombres y mujeres, pero las formas de dominación generalmente tienden a establecer todo tipo de medios y procedimientos para el control de nuestros pueblos, y para nuestro caso, este fue un instrumento de la burguesía para imponer su pregonada superioridad.
La etnia sería así según la antropología eurocéntrica un grupo humano también históricamente formado sobre una base racial y tribal y con su comunidad de idioma, territorio y cultura propios, aunque limitadamente locales o disgregadas en regiones un tanto más grandes, a manera de mosaico étnico, en comparación con las características nacionales. Por ende toda etnia tendría un estatus, una estratificación social de pertenencia dentro de la pirámide del poder burgués, hasta debajo de la escala. Tómese en cuenta que las diversas etnias indígenas así consideradas en nuestro país (62 etnias indígenas) oscilan de entre varios cientos de habitantes, otras con una base de algunos miles, unas con decenas otras más con centenas de miles, y así, muy diferenciadamente en cuanto a la magnitud de sus integrantes, hasta llegar a las dos mayores que son la náhuatl con un poco más de dos millones disgregados principalmente por la zona central del país, y el poco más de millón y medio de mayas en condiciones semejantes; todo ello exhibiría su condición general de “minorías” subordinadas, sin perspectiva en los marcos de la estructura del sistema capitalista y sus relaciones de poder.

Los pueblos indígenas vistos como etnias, es decir, separados del conjunto de una población mayoritariamente integrada a los carriles hegemónicos, pero contradictoriamente ligada a esta cuestión -¿cómo negar el fondo indígena en la pintura de Siqueiros o Rivera?, ¿de qué forma comprender el ejido?, ¿cómo rechazar el español indigenizado del habla mexicana?, ¿dónde esconder los productos de origen indígena y algunas de sus formas de producir?- se han sostenido en resistencia en los márgenes de una unidad nacional mayor, manteniendo una propia y peculiar especificidad, aunque no por ello al margen de las dinámicas clasistas e históricas de la nación jugando en estas un elevado papel.

De las formaciones tribales, confederaciones tribales y las sociedades explotadoras indias; a la actual configuración de los pueblos indígenas en México existe todo un proceso histórico en que se asimila formas no originarias de producción, distribución e intercambio, así como a nivel superestructural incorporan formas de organización social, religiosa manifestaciones culturales y de escritura entre muchas otras que vinieron a imponer su control. El hecho de que las así llamadas etnias indígenas se constituyeran en tales, y no en naciones como ha sido el curso histórico de otros países, es bastante claro, la colonización europea rompió dicho curso estableciéndose posteriormente la nacionalidad mexicana dominante de fuertes lazos para su dominación por las potencias e imponiendo a las etnias una condición de disolución constante en el sistema capitalista. No obstante México es un país pluricultural, que mantiene una forma de sujeción sobre sus pueblos muy conveniente a la acumulación capitalista, y es ello lo que mantiene al país en esas circunstancias en cuanto a la no solución de su cuestión indígena, no permite se desarrollen elementos de nación y administración política indígena ni que estos se eleven en rectores de sus intereses.

La nación mexicana en tanto relación para la hegemonía burguesa sobre los explotados y oprimidos de las clases laboriosas y pueblos indígenas, al igual que algunas otras de América y el mundo, tiene una peculiaridad histórica derivada de la presencia de una multiplicidad de pueblos colocados en situación de exclusión y subordinación dado que sus diferencias y condiciones sociales llevaron a su opresión, lo cual ha sido una circunstancia histórica, que no es definitiva de cara a la lucha de clases y la concepción de la nación indígena. Pero hay que aclararlo, la nación mexicana es inconcebible sin sus raíces indias, europeas, asiáticas y africanas, no simplemente por el mestizaje y la variedad de sus grupos o “razas” según la vieja jerga de conquista, sino por sus aportes dados al desarrollo nacional en todos los sentidos. Ni debemos desentendernos del hecho irrefutable de que la raíz indígena está presente en la mayoría de la sociedad mexicana.

En el desarrollo histórico de la nación mexicana, no podemos hacer abstracción de este hecho, aun cuando los pueblos indígenas existentes mantengan características propias y no compartidas con el grueso de la sociedad mexicana, como algunas formas de producción, vida colectiva y propiedad, el idioma y una envoltura cultural específica; ya que con ello no se debilita los rasgos más notables de nuestra nacionalidad como pretende la burguesía para provocar el rechazo a lo indígena y marginarlo en lo artesanal y lo arcaico, al contrario, se alimentan continuamente de esos caracteres específicos. Y por lo que concierne a las etnias indígenas, no dejan de reflejar muchos de los rasgos de la mexicanidad si se ve a esta última como integración de todas las venas indígenas del país bajo la denominación de uno de sus pueblos más avanzados de nuestra historia. Esta es una característica no general, pues en otros países los pueblos indígenas estuvieron y están al margen de todo desarrollo de nación, en muchos casos las etnias permanecen al margen de cualquier nacionalidad, aún cuando su territorio sea incorporado a algún Estado-nación, ello depende de las circunstancias históricas en las que el tipo de dominación se cierra completamente al proceso de integrarlas o de verse condicionados a aceptarla dada su rebeldía y resistencia como grupos humanos oprimidos aspirantes a la emancipación social.

En nuestro país, la contradicción entre las etnias y el Estado nacional burgués está claramente definida por el dominio de las clases explotadoras, en la base y superestructura del sistema capitalista implantado.

Cabe señalar también que algunas naciones en sus orígenes, como parte del proceso de su integración, han roto con el tema étnico sin forzar o violentar su especificidad. En el caso de nuestro país, entre las clases en el poder ha prevalecido hasta nuestros días, la integración forzosa de los pueblos indios a la vida nacional eliminando sus peculiaridades, condicionando su desarrollo social al abandono de estas. Lo anterior es un punto de diferencia con las tendencias humanitarias indigenistas que enfocan el problema sin su contexto histórico, es decir, haciendo a un lado la naturaleza del desarrollo social, sus leyes económicas y sus contradicciones de clase, para dolerse de la crueldad de los conquistadores, los colonialistas y todos los representantes de las clases explotadoras y hasta fomentar actitudes reaccionarias contra las masas trabajadoras no indígenas.

Esta situación se da a causa de un problema nodal, el de la propiedad, y específicamente aunque no únicamente, el problema de la propiedad de la tierra, No es ningún secreto el hecho de que la rapaz sustracción de la tierra hecha a los indígenas, la creación de la gran propiedad terrateniente, el establecimiento del poder político de la democracia burguesa y la imposición de la vida social propia del sistema capitalista, son los pilares del problema indígena.

Este problema de la propiedad destaca lo siguiente: en primer lugar se pone de manifiesto la gran propiedad de la tierra, extendiéndose por un lado a la propiedad terrateniente de los grandes ganaderos y agroindustriales (cañeros, viticultores, madereros, cafetaleros, productores de maíz, jitomate, forrajes, etc.) y a las grandes empresas que desplazan a los indígenas de sus territorios, abarcando a PEMEX, la producción de electricidad, pesqueros, acaparadores, comerciantes de todo tipo de productos de los pueblos indígenas, y comerciantes en general que dirigen sus negocios particularmente a los pueblos indígenas. Y tiende sus redes no solo al dominio de la propiedad, sino de la fuerza de trabajo indígena adulta e infantil por medio de toda una legión de contratistas por los salarios más bajos que en muchos casos llegan a la mitad de lo que se suele llamar salario mínimo por ejemplo en la cosecha de maíz, recolección de café, tomate, licores, frutas, fabricación de artículos de madera, artesanías y fibras, etc.

Por lo tanto la acción histórica emprendida contra los pueblos indios por desplazarlos, expropiarlos y explotarlos, obvio, tendría que reflejarse opresivamente contra sus rasgos raciales, culturales, religiosos y administrativos, para hacer prevalecer la gran propiedad privada y las formas de explotación que ésta implica; esta es la gran causa del atraso económico y social en general de los pueblos indios. Los patrones de explotación en la perspectiva feudal y luego capitalista e imperialista, implicaban mantenerlos en la ruina, la marginación y la ignorancia, el Cancún turístico y la administración burguesa del patrimonio histórico indígena serían entonces unas de las formas del saqueo indígena.

Frecuentemente se ha negado que los pueblos indígenas se encuentran escalonados en distintas clases sociales con intereses antagónicos y que incluso haya quienes siendo indígenas sean voraces explotadores, definitivamente no son ajenos a la división en clases sociales ni mucho menos a la lucha de clases, entre indígenas podemos ver burgueses, campesinos medios y pobres, comerciantes, artesanos, proletarios y una capa intelectual, sin embargo su estratificación de clases dista de estar muy por debajo del promedio general.

Tampoco hay que olvidar que no todos los indígenas se plantean un problema étnico, pues dolorosamente o sin dolor muchos de los que emigran se integran al grueso de la sociedad o grupos sociales afines en las nuevas condiciones en que se encuentran, en ciertos casos rompiendo paulatinamente con su conciencia étnica, o simplemente se ven obligados a romper con sus lazos culturales en sus propios lugares de origen. Esta ha sido en gran parte la salida que el sistema capitalista diseña para “solucionar” la cuestión indígena y que como sabemos es parte del etnocidio que perpetra el sistema.

El problema indígena es por lo tanto, un problema de dominación político-económico, social, cultural e histórico, cuya solución depende en primer lugar de la resolución del problema de la propiedad de los medios de producción. Las corrientes gran burguesas neoliberales y socialdemócratas, en sincronía con las tendencias pequeño-burguesas actuales; hacen a un lado ese aspecto fundamental de la cuestión indígena.

En efecto, la cuestión indígena abarca problemas étnicos de orden administrativo, educativo, cultural, racial, etc., a los cuales se ha dedicado especial atención por esas tendencias y siempre en una relación de subordinación del ente protector. No podemos más que reconocer la asiduidad con que han hecho esfuerzos por profundizar estos puntos obteniendo buenos resultados, pero siempre procurando elevarlos a primer plano y ocultar lo fundamental, el acceso a los medios de producción en general, el acceso a la tierra y de éste modo, el derecho a un territorio autónomo con organización propia, emanada desde abajo, de democracia popular, que implique la demanda de expropiación de los terratenientes enquistados en los pueblos indios.

A su vez en la acción de desintegrar a los pueblos indios hay que destacar el papel del Ejército en términos tanto de represión como por el hecho de mantener su presencia en las zonas indígenas, al igual que por la continua absorción de su juventud para fines de reclutamiento por si fuera poco mediante una propaganda chovinista, y ya dentro de sus filas rompiendo la conciencia de etnia entre los soldados.

Pero volvamos al plano económico, la integración que plantea la burguesía es clara, desde su posición las etnias son un estorbo para penetrar los capitales a lugares que cuentan con importantes reservas de energéticos y otros recursos a los que el capital ha echado los ojos.

La “ley indígena” fue clara al respecto, se rige por los lineamientos más retrógrados de socavar la cuestión indígena por medio de la penetración capitalista, no como hecho colateral, sino como la intención central. Coadyuva a la penetración monopolista hacia los pueblos indígenas, la explotación de éstos y la sustracción de sus recursos al condicionar la defensa de los intereses gran burgueses privados y estatales, la protección a la gran propiedad de la tierra, y forzar a los indígenas jornaleros, campesinos, artesanos y su intelectualidad media a lidiar con las "libertades" capitalistas sobre las formas de propiedad, para adentrarlos aceleradamente al proceso de su pauperización y proletarización, veamos: "Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de ésta Constitución.

Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de la ley ." (3).

Es insuficiente pedir simplemente respeto a lo que le ha quedado a los indígenas, de esta manera se termina por aceptar toda la trama de despojos y se mutila la parte más radical y vital del programa social indígena.

La única alternativa consecuente con la problemática es la posesión plena de las zonas indígenas por los propios indígenas, es decir, tanto sus pequeñas propiedades, como sus territorios comunales y la de los grandes terratenientes, y de la posesión plena de otros medios de producción creados a expensa suya.

En el terreno político administrativo a rajatabla el régimen impone una política alevosa, de hecho niega a los pueblos indígenas el derecho a su autodeterminación, aunque tampoco las posiciones de sus movimientos han sido contundentes, pues rompiendo con ciertas características colectivistas de integración, se sujeta a la municipalización y por ese lado tendrán que vérselas con la administración política burguesa y todas sus formas opresivas, ya que avalan de esta manera las estructuras del sistema y la existencia del podrido aparato administrativo, policiaco y judicial, aun cuando se reserven algunos principios en esos terrenos, al respecto la experiencia de los llamados municipios democráticos es aleccionadora. La municipalización es una de las formas características de la administración democrático burguesa, que deja a las regiones sin posibilidad de profundizar o realizar su desarrollo, donde prevalece la defensa de la propiedad privada y de los principios del democratismo burgués, a los cuales no han escapado ni siquiera los muy afamados ayuntamientos democráticos. Ahí es donde se detuvieron los Acuerdos de San Andrés que, sin embargo, por muy mínima que resulte su contribución a la solución de la cuestión, son parte de la resistencia de los pueblos indios.

Y así, sigue la avalancha de acontecimientos al resquebrajar la más auténtica y digna demanda de posesión de los medios de producción.

La demanda del campo educativo, es fácilmente tergiversada por el Estado y la burguesía, estos últimos proponen sistemas de becas para desde su joven generación socavar las características culturales de los pueblos indígenas y sus argumentos sobre la defensa radical y proletaria de sus etnias. Se suele hablar de cierto sistema de enseñanza, un tanto libre, pero subordinado al sistema general de educación burguesa. Nos parece que la pauta es crear un sistema educativo propio de los pueblos indios, sujeto a sus propias formas y acorde a sus propias necesidades, ello no será posible si no se reúnen las condiciones materiales indispensables donde la lucha magisterial debe recoger y radicalizar su programa.

Al remarcar la preservación de sus costumbres y su “cosmovisión” (lo que no es otra cosa que la sicología común respecto al mundo, la sociedad y la vida, propia de cada pueblo), debemos cuidarnos de no caer en el oscurantismo, la superchería, y esencialmente al dominio de la mentalidad idealista pequeño-burguesa, y algunas características propias de autoritarismo, que en lugar de rescatar las aportaciones en este punto científicas, médicas, artísticas, culturales y comunitarias, se dedican a ocultarlas con una capa de misticismo indigenista contrario a la visión materialista y a la lucha de clases, pues en lugar de abrir al pueblo indígena hacia la lucha revolucionaria nacional e internacional, lo circunscribe al único fin de luchar por una parte de sus demandas que incluso irán en detrimento de su de por sí comprimida condición como grupo social.

Es cierto que el capital busca romper con su “cosmovisión” y sus resabios de autoconsumo porque estas representan una barrera contra sus modos de vida e inevitablemente de sus mercancías. No pretendemos romper con las valiosas aportaciones de las costumbres y sicología indígena, sino que ubicamos las manifestaciones idealistas que predisponen a aceptar la opresión y explotación interna y externa.

Necesario es el auto-reconocimiento y visibilización en una orgullosa nación indígena hacia una nueva república incluyente, de un nuevo pacto social entre explotados y oprimidos. En definitiva el problema indígena se resolverá sólo con la completa expropiación de la gran propiedad de la tierra y de todos los medios de producción establecidos en los territorios reconocidos como indígenas, y su entrega a los pueblos para su usufructo colectivo, con el establecimiento de sus propias formas de gobierno democrático y popular internas partiendo de sus formas de consejo locales y regionales, con sus mecanismos de participación de primer plano en la vida nacional, con su autonomía territorial, la convivencia de iguales entre todo el pueblo mexicano, con el establecimiento de su propio sistema educativo en todos los niveles, el desarrollo de sus manifestaciones culturales progresistas.

A estas alturas es claro que la cuestión indígena sólo encontrará su solución con la instauración de una sociedad socialista democrática y popular, como única garantía firme de llevar su programa hasta el fin, pues encuentra en éste una armonía de intereses al postularse la expropiación de los medios de producción y el establecimiento de la forma de propiedad colectiva.

Sin la unidad de pensamiento y acción de los pueblos de nuestro país no es posible hablar de una solución acertada a sus problemas más profundos. La política socialdemócrata y pequeño-burguesa al seno del movimiento indígena pretende constreñirlo a su organización particular y separada del conjunto del movimiento, manteniéndolo al margen de la perspectiva revolucionaria por la expropiación de la propiedad privada y su socialización.

El movimiento indígena de resistencia y revolución, importantísimo venero para la lucha de clases, por medio de sus consejos de pueblos y sus organizaciones que aglutinan a las distintas etnias debe abanderar la lucha por la tierra, debe inclinarse a las posiciones clasistas de los oprimidos, por la posesión de otros medios de producción que hoy se encuentran en manos de la burguesía, por la autonomía territorial y por sus propias instituciones indígenas progresivas, democráticas y revolucionarias, uniendo sus luchas a las del conjunto de la clase obrera, el campesinado y pueblo en general.

11/15/2011

Cherán, con derecho a la autodeterminación


María del Carmen Alanis

Un hecho inédito en la historia del estado de Michoacán se registró en la jornada electoral de anteayer. Por vez primera, los habitantes de un municipio de esa entidad no votaron en la elección, pues decidirán sus autoridades a través de sus propios usos y costumbres.

A diferencia de otras comunidades indígenas en el país, las de Michoacán habían visto siempre negada su posibilidad de elegir a sus autoridades de acuerdo a sus propios mecanismos. Una sentencia reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció a las comunidades indígenas de Cherán su derecho a decidir cómo elegirlas.

Conforme lo disponen los artículos 1º y 2º constitucionales, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se encuentran ampliamente protegidos por el bloque de constitucionalidad que integran la Constitución y los tratados internacionales. En reclamo al ejercicio efectivo de este derecho, la comunidad indígena de Cherán acudió al Tribunal Electoral para hacer efectivo el derecho de elegir a sus autoridades municipales bajo sus usos y costumbres, ejercicio que les había sido negado por la autoridad electoral local.

En respuesta, la Sala Superior resolvió que los integrantes de esa comunidad indígena tienen el derecho a la autodeterminación, conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, se establecieron reglas para que las autoridades electorales y legislativas locales lo hicieran posible.

Los cuatro ejes fundamentales de la resolución fueron los siguientes:

Uno. Las comunidades indígenas en México tienen derecho a la libre autodeterminación. Este derecho está reconocido tanto por el artículo 2º constitucional como por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989) y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).

Dos. La libre determinación incluye el derecho al autogobierno y a elegir a sus autoridades, de acuerdo a usos y costumbres propios. Pero abarca también el derecho a la consulta, que garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales. Deben desarrollarse mecanismos de consulta que garanticen la participación directa y activa de los miembros de dichas colectividades, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Tres. Está garantizado a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la autoadscripción, por lo que la conciencia de la identidad indígena es el criterio fundamental para determinar quiénes pertenecen a esos pueblos y comunidades. Por tanto, la propia determinación de un individuo o de un grupo como indígena es suficiente para tener por demostrada tal calidad, en cualquier ámbito de la vida pública, sin necesidad de mayor demostración.

Cuatro. La inexistencia de un procedimiento en el estado de Michoacán no se traduce en un obstáculo para el pleno goce y disfrute del ejercicio del derecho al autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, pues el derecho sustantivo se encuentra reconocido constitucionalmente y, en todo caso, falta instaurar el procedimiento para su ejercicio. Por ello, la sentencia fue cuidadosa en remover todos los obstáculos que lo impidieran y establecer las condiciones necesarias para el ejercicio pleno del derecho, tales como la realización de consultas para que la comunidad de Cherán decida, libre e informadamente, la forma y procedimiento de elección de la autoridad municipal.

Esta resolución reafirmó una realidad que la historia reciente de América ha probado indiscutible: los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser diferentes, a preservar su cultura y sus costumbres y a desarrollar su vida en sociedad, conforme a tradiciones milenarias que han conservado a pesar de las condiciones adversas.

Los tiempos en que las políticas públicas mexicanas buscaban su asimilación y homogeneización forzada han quedado atrás. Por fortuna, han sido sustituidas por políticas de autogestión y etnodesarrollo, producto del reconocimiento de su realidad social.

De ahí la importancia de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues contribuye a la consolidación del derecho indígena en Michoacán. Ahí donde la legislación del estado no había incorporado expresamente los principios que la Constitución federal y los tratados internacionales reconocen a los pueblos indígenas, la jurisdicción electoral reconoció el derecho de los habitantes indígenas de Cherán a elegir a sus autoridades municipales, a través de usos y costumbres.

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

9/20/2011

Indígenas desplazadas acuerdan diálogo con gobierno de Oaxaca


No reinstalan plantón a cambio de solución a sus demandas


Por Patricia Briseño, corresponsal

Oaxaca, 19 sep 11 (CIMAC).- Indígenas triquis integrantes de la organización “Mujeres en resistencia” decidieron no reinstalar el plantón que tuvieron durante 13 meses en el Palacio de Gobierno de esta ciudad, en protesta por la violencia en la comunidad de San Juan Copala.

La portavoz de “Mujeres en resistencia”, Reina Martínez Flores, informó que se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca, para que se cumplan las demandas de 15 familias desplazadas del llamado municipio autónomo de San Juan Copala, en la región de la mixteca.

En declaraciones a la prensa, la indígena triqui explicó que habrá mesas de negociación para acelerar las investigaciones de los asesinatos de militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULT-I), así como para otorgar apoyos a mujeres viudas y huérfanos.

Las mujeres también demandan el pronto regreso a Copala, comunidad perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Cabe recordar que las indígenas desplazadas levantaron el plantón antes de los festejos por el 15 de septiembre y de manera preliminar habían determinado reinstalarlo tras la conmemoración.

Reina Martínez detalló que se acordó con el gobierno del estado no reinstalar el plantón a cambio de avanzar en las demandas de las mujeres triquis mediante una mesa de trabajo que comienza el próximo jueves. “Por la salud de las niñas y niños (unos 20), y las condiciones en que estábamos viviendo, decidimos aceptar la propuesta del gobierno”, apuntó.

La vocera aclaró que las mujeres triquis seguirán vendiendo huipiles en inmediaciones del Palacio de Gobierno, toda vez que necesitan dinero para continuar su lucha y satisfacer sus necesidades básicas.

Martínez Flores dijo que mientras se realiza la mesa de trabajo la administración estatal pagará el hospedaje de las familias desplazadas en un hostal del Centro Histórico de esta ciudad.

El 11 de agosto de 2010 unas 15 mujeres, niñas y niños de la etnia triqui se instalaron en el corredor del Palacio de Gobierno, para denunciar el hostigamiento del que eran objeto por simpatizar con el MULT-I y el llamado municipio autónomo de San Juan Copala.

El 9 de octubre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano brindar protección a 135 indígenas triquis adheridos al municipio autónomo de San Juan Copala y que tuvieron que abandonar la comunidad ante las agresiones de un supuesto grupo paramilitar.

La organización “Mujeres en resistencia” es beneficiaria de las medidas cautelares que el gobierno oaxaqueño ha cumplido de manera parcial.

A principios de este mes, las europarlamentarias Satu Hassi y Franziska Keller, del grupo de Los Verdes, visitaron el estado de Oaxaca para solicitar que se resuelvan las demandas de las familias desplazadas por la violencia en San Juan Copala, y para que se esclarezcan los asesinatos de los activistas Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, durante el ataque a una caravana que se dirigía a esa comunidad triqui el 27 de abril de 2010.

Por décadas, la zona indígena triqui ha enfrentado una violencia constante y el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) se han disputado el poder local.

7/19/2011

Renace el orgullo indigena



El Renacimiento del orgullo indígena

Por Antimio Cruz

En 1976 el presidente José López Portillo pidió al entonces director del Instituto nacional Indigenista, Salomón nahmad, hacer lo necesario para que al terminar su gobierno ya no se hablaran lenguas indígenas en el país y que todos los mexicanos usaran únicamente el español. La instrucción fue rechazada por el antropólogo, quien argumentó que eso sería robar parte de su patrimonio a las etnias.

Casi cuatro décadas después, el Censo nacional de Población 2010 informa que el número de hablantes de lenguas indígenas creció 10 por ciento en los últimos cinco años y que 12 millones de mexicanos viven en hogares donde al menos uno de los padres se reconoce como indígena. este resurgimiento de la identidad de los pueblos originarios tiene como su principal laboratorio a oaxaca, donde se han llevado a cabo procesos políticos, jurídicos y productivos que han ido construyendo una convivencia multicultural.

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Casi de manera imperceptible y quizás imprevisible, algo ha ocurrido en México en los últimos años: el renacimiento del orgullo de ser indígena.

Aunque los especialistas y conocedores de este mundo ya lo apreciaban, los datos lo validan. En sólo cinco años los mexicanos que hablan alguna lengua nativa y se reconocen también como indígenas han aumentado sensiblemente.

Por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que habla una lengua nativa aumentó en 680 mil personas en comparación con 2005, según las cifras del Censo Nacional de Población 2010. Hasta junio del año pasado, 6 millones 695 mil mexicanos reconocieron expresarse en alguna de las 67 lenguas de los pueblos originarios del país. Entre ellos, uno de cada siete no habla español.

Además de este dato, la nueva estructura del Censo de Población permitió identificar que, aunque no dominen alguna lengua nativa, otros 5 millones de mexicanos se reconocen como indí-genas por habitar o provenir de un hogar donde al menos uno de los padres es miembro de una etnia y habla su lengua original.

Este resurgimiento del uso de lenguas indígenas –con más fuerza en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, el sur de Veracruz y la Península de Yucatán– es el rasgo más evidente de un fenómeno mucho más profundo que antropólogos sociales, etnólogos, historiadores y lingüistas identifican como un incipiente renacimiento del orgullo indígena en México.

Cerca de 40 investigaciones sobre diversidad cultural, presentadas en la ciudad de Oaxaca durante las VI Mesas Redondas de Monte Albán, organizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), documentaron un conjunto de cambios en las relaciones políticas, productivas y culturales de las etnias con el resto de lo que se llama el Estado mexicano.

Aunque acciones de alto impacto han ayudado revalorar la diversidad cultural, como el levantamiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Los Altos de Chiapas, otro trabajo menos difundido ha conseguido transformaciones tan contundentes como la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, la primera del país en calificar de “etnocidio” a todas las acciones que obstaculicen el uso y defensa de las lenguas, así como los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Desde una perspectiva muy poco difundida, el fortalecimiento de las formas de propiedad y trabajo comunitario indígenas ha permitido que las plantaciones forestales más productivas del país sean de propiedad indígena, precisamente en los estados ya enlistados, en los que ha crecido el uso de lenguas originarias.

Para estudiar y comprender adecuadamente este fenómeno social, investigadores del INAH, así como del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras 20 instituciones académicas de México, Estados Unidos y Holanda, han seleccionado a Oaxaca como el principal laboratorio social en estudios sobre diversidad cultural de México.

“Algo se ha avanzado en los últimos años frente a la desigualdad, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, pero ha sido gracias a una labor intensa de las víctimas de esta estigmatización”, explicó el antropólogo Miguel Bartolomé, del INAH-Oaxaca, en la conferencia magistral de apertura de las Mesas Redondas de Monte Albán.

En Oaxaca cerca de un millón 200 mil personas se declara como hablante de lenguas indígenas, lo que constituye 33 por ciento de toda la población del estado. “Pero hay un dato todavía más importante: el hecho de que 60 por ciento de las personas que contestó en la entidad el Censo 2010 se autoidentificó como indígena”, citó Bartolomé.

Comparando estos datos con las cifras del Inegi, se percibe que en poco más de 15 años la cantidad de mexicanos que se reconocen como indígenas casi se ha duplicado, al pasar de 6 millones de personas en 1995 a cerca de 12 millones en 2010.

Esto no significa que antes no existiera esta cantidad de indígenas o descendientes directos de indígenas, sino que lo ocultaban, explica el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, Adelfo Regino Montes.

“Uno de los grandes problemas para el desarrollo de los pueblos indígenas es la invisibilidad. Como no estábamos bien representados estadísticamente, no éramos considerados a la hora en que se elaboraban políticas públicas. Esto ha cambiado gracias a movilizaciones sociales, pero también ha sido un gran avance el que el Inegi incluya en los censos y conteos preguntas específicas para identificar a los miembros de las etnias y, por otra parte, la mayor disposición de las personas para reconocerse como indígenas y no sólo como mestizos”, dice el funcionario en entrevista con emeequis.

Con avances y retrocesos desde los años sesenta, Oaxaca ha servido a los expertos en ciencias sociales como observatorio de cambios jurí-dicos, productivos y culturales. Quien no tenga antecedentes de las características de Oaxaca puede formarse una idea de su complejidad al saber que aunque ocupa el quinto lugar en México en cuanto a superficie (después de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango), es el estado con más municipios: tiene 570. Dicho de otro modo, casi uno de cada cuatro municipios de la República se ubica en Oaxaca.

Dentro de la entidad se hablan 17 lenguas –incluido el español– y existen 10 mil comunidades que se gobiernan por medio del sistema de usos y costumbres. En diferentes gobiernos se ha querido eliminar esta diversidad mediante la homologación de leyes o sistemas educativos, pero esto sólo ha generado resistencias, como expuso Salomón Nahmad, ex director del Instituto Nacional Indigenista (INI), en las Mesas Redondas de Monte Albán.

“La intelectualidad mexicana siempre ha estado bloqueando la posibilidad de incluir a la diversidad cultural de México en el proyecto de nación. Esto ha ocurrido, con diferentes niveles de intensidad, desde Vasconcelos hasta el propio Grupo Nexos, de hoy.

En 1976, contó Nahmad, “el presidente José López Portillo –a quien siempre gustaba presumir su ascendencia española– me buscó, como director que era yo del INI, y me pidió que hiciera lo necesario para que al terminar su sexenio nadie se comunicara en lenguas indígenas en México, pues todos deberían hablar español. Yo le dije que no bastaba una instrucción presidencial para que eso se pudiera hacer y que sería como robar parte del patrimonio de los pueblos indígenas.

“Ese es un ejemplo de cómo los intelectuales y los gobernantes mexicanos han tenido muchas dificultades para entender que la interculturalidad no obstaculiza sino que permite distinguir y defender cuáles son los valores universales de la humanidad”, comentó el antropólogo.

¿Qué es un etnocidio?

En 1990, cuatro años antes del levantamiento armado del EZLN, la Constitución de Oaxaca fue la primera en incluir un apartado de los derechos de los pueblos indígenas, antes incluso que la reforma de 1992 a la Constitución mexicana, que reconoció esos derechos en su artículo 4º.

Esta reforma estatal fue pionera, pero en los hechos no significó un gran cambio, pues no se aprobó un reglamento con el cual se aplicara la ley en la vida diaria. En 1998 se realizó una segunda reforma a la Constitución oaxaqueña y se aprobó también la ley reglamentaria, que tiene una particularidad: es la única que ha incluido el concepto de etnocidio como una conducta castigable por buscar la extinción de las comunidades indígenas a través de la limitación de sus actividades.

“Estas reformas, además de reconocer el derecho a la autonomía, al territorio, a la cultura y a los derechos de las mujeres indígenas, establecieron el etnocidio, un delito asociado a actitudes discriminatorias que tienen como efecto destruir las culturas indígenas. Así como se habla de homicidio o de genocidio, el etnocidio define a las actitudes para dañar a una comunidad indígena”, detalla Adelfo Regino.

Por falta de voluntad política de los gobiernos estatales anteriores, particularmente en el sexenio de Ulises Ruiz, no tuvo vigencia este avance legislativo. “En este gobierno —continúa el funcionario—, tenemos que establecer los cambios necesarios para que tenga aplicación en la vida cotidiana”.

La ley en Oaxaca reconoce que la autonomía de los pueblos indígenas puede ser ejercida a nivel de comunidad, de municipio o de asociaciones de comunidades. También se reconoce el derecho de la comunidad a gozar de educación bilingüe e intercultural y se reconoce una forma de tributo, que ha sido muy controversial, pero que las comunidades han defendido como una forma de construir obras colectivas: el tequio.

El tequio es una forma organizada de trabajo en beneficio colectivo; los integrantes de una comunidad aportan materiales o su fuerza de trabajo para construir una obra comunitaria, por ejemplo, una escuela, un pozo, una barda, un camino.

“Se trata de derechos que primero se reconocieron en Oaxaca y que generaron controversia porque, se argumentaba, limitaban la libertad individual, pero ya se han adoptado en otros estados. Son el único mecanismo de algunas comunidades para hacer frente a la marginación y a la pobreza”, dice Adelfo Regino.

Gobiernos comunitarios

De los 570 municipios de Oaxaca, 418 son de carácter indígena y eligen a sus autoridades a través del sistema tradicional de “usos y costumbres”; el resto lo hace mediante el sistema de partidos políticos.

“La organización indígena es milenaria, su registro sólo se ha transmitido oralmente pero carecemos de un registro escrito. Los usos y costumbres son el sistema político indígena, que ha tenido que aprender a convivir con el sistema de partidos”, explica Adelfo Regino Montes, indí-gena mixe que fue asesor del EZLN.

En 1995 se reconoció legalmente la convivencia de los dos sistemas de gobierno. “Eso implica un respeto a la diversidad, pero han surgido dificultades porque en Oaxaca se han vivido regímenes autoritarios y la vida interior de las comunidades no ha sido ajena a ellos. Pese a las dificultades que se presentan en temas de gobernanza, el respeto a los sistemas de gobierno de las comunidades da paz y permite trabajar”, sostiene Regino Montes.

De acuerdo con la investigadora Alicia Barabas, del Centro INAH-Oaxaca, lo que da estabilidad a los gobiernos de las comunidades indígenas es que los liderazgos no se construyen tan fácilmente, como en los partidos políticos, donde alguien se puede inscribir y si tiene los contactos necesarios puede llegar a gobernar un municipio u obtener otro cargo.

“Los cargos sólo se obtienen después de un comprobado trabajo social en la comunidad. El proceso para llegar a un cargo es más tardado, pero garantiza que el liderazgo sea más robusto y verdadero. Por eso las comunidades defienden este tipo de gobierno indígena”, indicó en conferencia magistral en las VI Mesas Redondas de Monte Albán.

Territorio y productividad

Dentro de los 418 municipios de Oaxaca gobernados por usos y costumbres, existen 10 mil comunidades indígenas, habitadas por 16 etnias diferentes: amuzgos, chatinos, chinantecos, chochos, chontales de Oaxaca, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, tacuates, triquis, zoques, zapotecos del istmo y pueblos afroaxaqueños.

El tema del territorio de las comunidades ha sido uno de los más complejos de comprender y manejar para las autoridades estatales y nacionales debido a que trasciende las fronteras administrativas y agrarias. En Oaxaca, el territorio va más allá de los terrenos e incluye espacios sagrados e inmateriales. La comprensión de este concepto ha sido posible, poco a poco, gracias al trabajo de las ciencias sociales, que así han ayudado a disminuir los frecuentes conflictos que surgían, por ejemplo, en asuntos agrarios.

“En Oaxaca el espacio donde viven las comunidades es algo más que un lugar físico, es un tejido lleno de representaciones en el que cada cerro, cada cueva, son sagrados, terapéuticos, mágicos y afectivos”, precisó la etnóloga Alicia Barabas.

Desde la prehistoria y hasta el siglo XXI la región que hoy ocupa el estado de Oaxaca ha albergado el mayor número de grupos étnicos y culturales de México por un conjunto de factores tangibles e intangibles como la enorme cantidad de microclimas, la simbología que atribuía poderes a montañas y cuevas, y la fuerte influencia del anualismo, que servía como delimitador de fronteras y protector de territorios.

En junio de 2010, la Organización de Naciones Unidas emitió el informe Planeta muerto. Planeta vivo, en el que puso como ejemplo para el mundo el manejo de bosques realizado por comunidades de indígenas de Oaxaca y al proyecto Scol Te o Árbol que Crece, el cual labora con 700 agricultores en 40 comunidades, que han plantado árboles en 700 hectáreas de tierras degradadas.

“Los nuevos plantíos tienen la función de capturar carbono y recibieron cientos de miles de dólares de los mercados de carbono, aportados como compensación por las emisiones asociadas a las carreras de Fórmula Uno y el Campeonato Mundial”, informó en ese documento la ONU.

“En los lugares en los que los pueblos se han organizado y han realizado aprovechamiento comunitarios de los bosques, el éxito ha sido tal que incluso ya son tomados como modelos internacionales para explicar estrategias globales contra el cambio climático”, concluye Adelfo Regino.

10/18/2010

Indígenas mexicanos, lejos de los objetivos del milenio

Por Emilio Godoy

Presentación del reporte sobre situación de indígenas mexicanos / Crédito:PNUD México
Presentación del reporte sobre situación de indígenas mexicanos

Crédito: PNUD México

MÉXICO, 18 oct (IPS) - En lo que se refiere a sus pueblos indígenas, será muy difícil que México alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año previsto, 2015, según dio a conocer este lunes las Naciones Unidas.

"Ha habido una reducción en la pobreza, pero lo preocupante es la desigualdad", explicó a IPS Rodolfo de la Torre, coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De los ocho ODM "donde ha habido un menor avance es en (la reducción de) la mortalidad materna", el quinto de los compromisos adquiridos por gobernantes de todo el mundo en una cumbre celebrada en el año 2000, en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

En México 3,3 millones de indígenas no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, según datos de la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social.

Además, 38 por ciento de la población originaria está expuesta a vivir en la pobreza, de acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México "El reto de la desigualdad de oportunidades", difundido este lunes 18 en Ciudad de México por el PNUD.

El reporte de 120 páginas no se refiere directamente a los avances de los ODM, pero aborda temas vinculados a sus metas, como el acceso a educación, salud, agua y saneamiento.

Con base en los datos de 1990, los ODM fijan metas para 2015 como la reducción de la pobreza extrema, garantizar la educación primaria universal, promover la equidad de género, reducir en dos tercios la mortalidad infantil y disminuir en tres cuartas partes la mortalidad materna y asegurar su salud reproductiva.

Además de combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades infecciosas, asegurar la sustentabilidad ambiental – incluida la meta específica del acceso al agua y el saneamiento- y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

México ha progresado en la lucha contra la pobreza y el acceso a la educación primaria, y prácticamente ya alcanzó la meta de reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Pero, la mitad de las mujeres indígenas no han completado la primaria, mientras que la tasa de varones que no lo han hecho es de 42 por ciento, según el documento del PNUD.

El estudio analiza por vez primera las condiciones de vida en 156 municipios de población nativa, 393 localidades de habitantes no indígenas y 1.905 de población mixta.

En esta nación latinoamericana, compuesta por 2.454 municipios, viven 108 millones de personas, de las cuales aproximadamente 12 millones son indígenas.

En las zonas netamente indígenas la mortalidad materna se ubica en 300 fallecimientos por 100.000 nacidos vivos, comparable con la tasa de algunos países africanos, según el estudio. Un abismo respecto al promedio nacional de 60 fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos.

Para 2010, el indicador correspondiente a la mortalidad infantil indígena sería de 2.280 decesos de menores de un año por cada 100.000 nacimientos anuales, según el estatal Consejo Nacional de Población (Conapo).

"La población indígena se encuentra en una condición de desventaja, principalmente en los ámbitos de la salud y de la educación, y en ambos la desigualdad de logro al interior de este grupo de población es superior a la observada en la población no indígena", concluye el informe.

"El déficit es general. No podemos decir que estamos vulnerables en un solo punto, sino que prácticamente en todos los ámbitos", expresó a IPS la abogada Esperanza Vargas, del grupo indígena tzotzil del sureño estado de Chiapas.

Ese estado es el único en haber incorporado a su Constitución regional el cumplimiento de los ODM. Chiapas presenta un Índice de Desarrollo Humano (IDH) para su población indígena de 0,61, el más rezagado para las minorías originarias de las 32 entidades federales del país.

Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentran la mayoría de la población indígena y figuran entre los más pobres de México.

El IDH mide el grado de bienestar de las personas, a partir de indicadores sobre educación, el acceso a servicios de salud y el nivel de ingresos, entre otros. En México el PNUD lo mide desde el año 2002.

La estimación para este año sobre la tasa de mortalidad infantil indígena para Chiapas es de 2.420 muertes por cada 100.000 nacimientos, una de las más elevadas en México, según el Conapo.

"Sabemos que existen grandes abismos. Hay desigualdad, se está invirtiendo menos en zonas indígenas de lo que se invierte en regiones no indígenas", reconoció, durante el acto de presentación del estudio, Xavier Abreu, director general de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El PNUD y el gobierno mexicano preparan un informe nacional sobre el cumplimiento de los ODM.

"La idea central del informe es que diferentes identidades no deben traducirse en diferentes oportunidades. Debe existir iguales oportunidades para asumir distintas identidades", declaró de la Torre.

Los grupos originarios muestran un IDH de 0,68, mientras que el de los no indígenas se ubica en 0,76, según el reporte.

"Hay muchos focos rojos. El rezago difícilmente se va a sufragar en pocos años, pero se ha avanzado un poco", refirió Vargas, quien cursa una Maestría en Constitucionalidad en el privado Instituto de Estudios Superiores "Manuel José de Rojas" en Chiapas.

Unos 3.430 millones de dólares fueron asignados en el presupuesto nacional de 2010 para atender a la población indígena. En el proyecto de presupuesto para 2011 que el gobierno de Felipe Calderón envió al Congreso legislativo para su aprobación, el monto es ligeramente superior: unos 3.600 millones de dólares.(FIN/2010)

8/09/2010

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y el derecho a la educación en México
El acceso al derecho a la educación de las personas indígenas no está garantizado igualitariamente respecto a la población en general, ni en sus diferentes niveles
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos

*Las personas, comunidades y pueblos indígenas constituyen el 60.4% de las personas que viven en municipios con alta y muy alta marginación.
*El acceso al derecho a la educación de las personas indígenas no está garantizado igualitariamente respecto a la población en general, ni en sus diferentes niveles.
*Tampoco se garantiza la disponibilidad de la educación a través del CONAFE.

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Este día fue proclamado por la ONU en 1994 en el marco del Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo. En el 2004 se declaró el Segundo Decenio. Frente a la situación de marginación, exclusión y pobreza en la que se encuentran a nivel mundial los pueblos indígenas y las graves violaciones a sus derechos humanos, ambos decenios se plantean como meta el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentan estas poblaciones con relación a la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo social y económico.

En México la población indígena representa alrededor del 10% (10,103,571) de la población nacional y constituyen el 60.4% de las personas que viven en municipios con alta y muy alta marginación.1 Esta población se concentra principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guerrero. De éstos, los municipios donde el índice de educación, salud e ingreso por familia son los más bajos del país se encuentran en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (PNUD 2006).

Las condiciones de rezago en materia de bienestar y acceso a servicios básicos persiste a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) se ha impulsado el objetivo de “Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.” Y entre las estrategias que impulsa se encuentra la de focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la población indígena en cuestiones de alimentación, salud y educación.

El acceso al derecho a la educación de las personas indígenas no está garantizado igualitariamente respecto a la población en general, ni en sus diferentes niveles. Un ejemplo claro, es el porcentaje de la población analfabeta indígena frente a la nacional, el cual asciende a 8.3% en tanto que entre la población indígena llega al 25.5% (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI, 2005).

En cuanto a los niveles educativos, el acceso a la educación preescolar y primaria se garantiza para el 91.7% de niños indígenas de entre 5 y 12 años. Sin embargo, la permanencia no está garantizada ya que se observan altos niveles de abandono escolar. Esto se expresa en la situación escolar en la que se encuentra la población indígena de 15 años y más: 19% concluyó la primaria y sólo el 16% la secundaria.

Sin embargo, el problema no sólo radica en el acceso sino también en la disponibilidad. Ésta implica además de la existencia de instituciones y programas pertinentes, el tener las condiciones adecuadas como son materiales de enseñanza, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de información, etc. (Observación General No. 13)

A nivel básico los servicios que se proporcionan para garantizar la disponibilidad del derecho a la educación son: 1) la educación preescolar y primarias indígenas; 2) la preescolar y primaria generales urbanas y rurales; 3) las secundarias generales y telesecundarias; 4) los albergues escolares indígenas y 5) los albergues comunitarios indígenas, así como los servicios compensatorios a las personas y comunidades indígenas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 2

De las instituciones de educación indígena, los servicios compensatorios del CONAFE son de gran importancia ya que están dirigidos a zonas de mayor rezago social. Por ejemplo, el Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena otorga servicios a las comunidades donde hay altos y muy altos grados de marginación, y en aquellas que carecen de servicios escolares para la población indígena, rural y migrante.3 Entre los apoyos específicos se encuentran apoyos económicos para niños y jóvenes que cursan el preescolar, primaria o secundaria así como para los capacitadores; materiales educativos para los alumnos y capacitadores (útiles escolares, material escolar mobiliario, auxiliares didácticos, etc.); apoyo en infraestructura como construcción de bibliotecas, aulas, sanitarios, letrinas, espacios cívico deportivos, obra exterior, etcétera.

A pesar de la integralidad de servicios y beneficiarios que cubre este programa público, su impacto en la población y los logros del programa son indeterminados. En la evaluación del 2008 del CONEVAL sobre las acciones compensatorias a la educación del CONAFE se establece que no se cuenta con evaluaciones de impacto o seguimiento, así como no se tiene información sobre el grado de cobertura de la población objetivo, es decir no se sabe a cuántas personas beneficia. Si bien las acciones implementadas son pertinentes para atender los aspectos que se busca mejorar, no se encuentran reflejados.

La falta de acceso a la educación en todos sus niveles así como la ineficacia en el seguimiento e impacto de los programas púbicos que otorgan servicios para hacer disponible la educación a nivel básico, sobre todo de los que se dirigen a las zonas de mayor marginación, conllevan a que el acceso a la educación no sea garantizada plenamente para las poblaciones indígenas del país y por consecuencia a seguir manteniéndolos en los mayores grados de marginación, rezago y pobreza.

1 Las cifras que se utilizan en esta nota son las más recientemente publicadas por las diferentes instancias gubernamentales. Indicadores de población indígena 2005 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)

2 Como se puede ver, los servicios se otorgan a través de escuelas generales e indígenas. Según estadísticas de la Dirección General de Educación Indígena, el sistema de educación indígena es quien atiende a la mayor población indígena. En el ciclo escolar de 2007-2008 el servicio de educación indígena (inicial, preescolar y primaria) atendió a una población total 1, 283,049 de alumnos mientras que la educación general atendió a 644,262 de alumnos (se incluyen a los alumnos del nivel secundaria).

3 Los servicios educativos se integran por: preescolar comunitario indígena, centro infantil comunitario y preescolar comunitario migrante; primaria comunitaria rural, primaria comunitaria migrante y primaria comunitaria indígena; secundaria comunitaria rural y Secundaria Comunitaria Indígena, así como Centros de Educación Comunitaria (CEC) y Centros de Educación Comunitaria en el Medio Indígena (CEMI).

Contacto: Sara eny Curiel Ochoa
Subcoordinadora de comunicación
Observatorio de Política Social y Derechos Humanos
Hilario Pérez de León No. 80, Col. Niños Héroes de Chapultepec, Benito Juárez, México D.F., 03440 Tel. 55 90 87 54 / 55 79 74 13 www.observatoriopoliticasocial.org

8/06/2010

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Movimiento Indígena de la ciudad de México, se movilizará el día 9 de agosto del 2010, de hemiciclo a Juárez al zócalo, bajo los siguientes ejes:

1. Por el respeto a nuestro derecho a la consulta;

2. Por el respeto al convenio 169 de la OIT y a la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

3. a 200 y 100 años del Bicentenario y Centenario los Pueblos Indígenas no tenemos nada que festejar;

4. Cumplimiento a los acuerdos que ha firmado el gobierno del DF con los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México.

Cita a las 11 de la mañana en hemiciclo a Juárez donde saldremos en marcha hacia la plaza de la constitución.

Organizan: Pueblos Indígenas de la Ciudad de México