QUINTO PODER
Argentina Casanova*
La justicia para las mujeres ha dejado un balance bastante negativo, suficiente como para obligar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a emprender acciones como la emisión del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, y tratar de capacitar a sus magistrados, jueces y servidores públicos.
Pero estas acciones son insuficientes para garantizar justicia a las mujeres. Apenas el pasado lunes 4 de agosto nos enterábamos de la detención por elementos de la PGR de Ligia Canto Lugo, una mujer de 60 años de edad, convertida en defensora para exigir justicia para su hija Ema Gabriela Molina Canto.
Ema, quien busca la custodia de sus tres hijos menores de edad, ha llevado un proceso que por sí mismo entraña una serie de violaciones a sus derechos, y una red de complicidades del sistema de justicia en represión contra una mujer que decidió poner fin a una relación de violencia, y reclamar la custodia de sus hijos.
Doña Ligia, madre de Ema, ha aprovechado toda oportunidad para expresar en todos los foros públicos a los que puede acudir, para exponer a detalle el caso.
Una mujer que ha permanecido sin quebrarse, entera, pero reflejando el cansancio, la persecución, el desgaste económico y moral que implica que su hija permanezca en calidad de prófuga de la justicia, sus nietos continúen a más de un año y medio en calidad de desaparecidos, pese a existir una sentencia en la que se le otorgaba la custodia a la madre, a quien le fueron arrancados en un acto lleno de violencia.
Apenas cuando se queda sola y platica en confianza es cuando muestra su dolor, su fatiga, pero sobre todo su miedo, el detalle de todo lo que ha vivido ante la indiferencia casi absoluta de un Estado que se convierte así en cómplice de quienes las han violentado a ella y a toda su familia.
Este lunes 11 de agosto el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales con sede en el estado de Jalisco dictó una resolución a la causa penal 158/2014-VI, y decretó el auto de libertad a la señora Ligia Canto Lugo.
Durante el fin de semana varias organizaciones civiles se habían movilizado, e hicieron un llamado para reunir firmas y exigir su liberación.
Era el colmo: detener por supuesto “fraude” a una mujer cuyo único delito ha sido interpelar a la justicia, reclamar, no tener miedo, exigir que se investigue, que le devuelvan a sus nietos.
El tema se retomó un poco en los medios de comunicación porque el hecho era extraordinariamente vergonzoso y sorprendía. Asustaba, daba miedo pensar que la causa de la detención eran sus protestas; el alcance del poder de quienes están detrás y apoyando al padre de los niños, cuyos vínculos políticos con el gobierno de Andrés Granier dan una idea de los alcances y la complejidad del poder y la corrupción de los jueces en nuestro sistema judicial.
El ex esposo de Ema Gabriela –hija de Ligia Canto– es Martín Alberto Medina Sonda, a quien le encontraron 88 millones 560 mil 134 pesos guardados en cajas de cartón, en casa de la secretaria privada de su socio comercial el 22 de mayo de 2013.
Medina Sonda promovió el juicio de amparo número 339/2013 para evitar la acción de la justicia ante el Juzgado Tercero de Distrito, contra una posible orden de aprehensión, detención, arraigo y cateo de sus propiedades. Hoy está prófugo y presuntamente la Interpol lo busca por la sustracción de sus hijos.
Ligia Canto, una abuela desesperada por recuperar a sus nietos, ya está en libertad. Pero su hija sigue escondida por una orden de aprehensión librada por un juez de Distrito del DF, Santiago Ávila Negrón, el mismo que sentenció a Yakiri Rubí Rubio por el homicidio de su agresor sexual.
En medio de un cuestionado sistema de justicia que en todo el país inclina la balanza a favor de quien puede pagar un abogado, y las mujeres la mayoría de las veces no tienen dinero para ello, el Estado sigue en deuda con las mujeres.
Twitter: @argentinamex
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Campeche.-
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