La
atención a la madre durante el embarazo, el parto y el postparto son
esenciales para disminuir la alta mortalidad materna en América Latina.
Crédito: Cortesía del gobierno del municipio de Tigre
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América Latina y el Caribe alcanzó en los últimos 15 años varias metas
clave de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como la
reducción de la pobreza extrema, el hambre y la mortalidad infantil, la
incorporación de las niñas a la educación y el acceso al agua potable.
Sin embargo, al iniciar el desafío de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que constituirán la hoja de ruta hacia 2030, la región debe
hacer mayores esfuerzos para, entre otros, reducir la mortalidad
materna y el embarazo adolescente, dos de sus mayores fracasos en las
metas del milenio, debido en parte a la cultura patriarcal de la
sociedad y los poderes regionales.
“No hay que esperar el análisis de los ODM para comprender que la
región está en deuda en estas materias”, advirtió a IPS el médico
chileno Ramiro Molina, fundador del Centro de Medicina Reproductiva y de Desarrollo del Adolescente.
“Lo
primero es la prevención del primer embarazo y para esto lo que hay que
hacer es educación, educación, y cuándo todo haya fracasado, educación y
educación. Y dentro de la educación, educación sexual amplia y
profunda, sin sesgos ideológicos o valóricos”: Ramiro Molina.
“Las inversiones necesarias en salud sexual y reproductiva en
adolescentes son bajas. No se ha percibido con claridad que es
absolutamente indispensable invertir más en esa materia”, añadió.
Los ocho ODM fueron aprobados en septiembre de 2000 por 189 jefes de Estado y de gobierno en una cumbre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), e intentaron corregir los déficits de desarrollo durante los primeros 15 años del nuevo milenio.
En otra cumbre en Nueva York,
gobernantes de todo el mundo aprobarán el domingo 27 el Marco para el
Desarrollo Sostenible después de 2015, que incluye los 17 ODS dentro de
la desde ahora denominada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Con ellos, la comunidad internacional seguirá tratando de corregir las
desigualdades y promover un desarrollo sustentable e inclusivo.
El informe “América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, publicado este mes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), detalla que la región cumplió en erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Entre 1990 y 2015, redujo en más de la mitad el porcentaje de
personas con ingresos inferiores a un dólar: 4,6 por ciento vivía con
menos de 1,25 dólares diarios en 2011, frente a 12,6 por ciento en 1990.
La proporción de personas que pasan hambre, en tanto, se redujo desde
14,7 por ciento en el bienio 1990-1992 hasta 5,5 por ciento en
2014-2016.
Además, las cifras de participación laboral y desempleo muestran
ahora los mejores niveles de los últimos 20 años, la tasa de acceso y
término de estudios en educación primaria aumentó, y el nivel de
analfabetismo entre las personas de 15 a 24 años descendió de 6,9 por
ciento en 1990 a 1,7 por ciento en 2015.
La región también logró la meta de asegurar el acceso de las niñas a
la educación primaria, secundaria y superior, y acortó la brecha de
género en el ámbito político.
Pero estos avances contrastan con importantes incumplimientos, en
especial en el quinto ODM, el del mejoramiento de la salud materna,
donde las carencias siguen siendo urticantes.
El informe subraya que en 2013 en América Latina y el Caribe hubo 85
muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, lo que supone una
reducción de 39 por ciento respecto a 1990, muy lejos del 75 por ciento
comprometido en los ODM.
Además, en la región se registran 75,5 nacidos vivos de madres de 15 a
19 años de edad por cada 1.000 mujeres de esa franja etaria.
Miriam
Toaquiza y su hija Jennifer, en un hospital de Latacunga, en Ecuador.
Ella es la única ocupante de una sala especial para madres adolescentes,
gracias a políticas públicas para reducir el fenómeno. Crédito: Gonzalo
Ortiz/IPS
“La adolescencia, su desarrollo y fecundidad, están sustentados en la ignorancia de nuestros países”, afirmó Molina.
Tamara, que ahora tiene 23 años, es un buen ejemplo de ello. A los 13 quedó embarazada de su novio de 27 años.
El embarazo inesperado la obligó a dejar el colegio, aunque con
esfuerzo pudo terminar su educación primaria. Nunca llegó a cursar
secundaria y tres años más tarde, tuvo a su segundo hijo, del mismo
padre.
“A mí me faltaron varias cosas: por supuesto, el apoyo de mi madre y
mi padre, pero sobretodo, educación sexual”, afirmó a IPS esta joven que
pidió no mencionar su apellido.
La historia de Tamara estuvo cargada de sufrimientos anteriores a su
primer embarazo. Hija de una madre que no concluyó la educación primaria
y de un padre alcohólico y drogadicto, fue testigo de violencia
intrafamiliar durante toda su infancia.
Desde pequeña fue víctima de las violaciones sexuales que ejerció en
su contra el mayor de sus seis hermanos, quien pagó con 10 años de
presidio una vez que ella se decidió a denunciarlo, sin el
consentimiento de su madre.
Hoy, próxima a tener su tercer hijo, de un padre distinto al de los
dos primeros, pero igual de ausente, aseguró que su lucha es por la
educación de sus hijos.
“Me esfuerzo todos los días porque mis hijos estudien, me esfuerzo
por educarlos, porque no quiero que ellos sean víctimas de lo que yo
sufrí. Quiero romper el círculo”, aseguró.
A juicio de Molina, para acortar las brechas en materia de salud
sexual y reproductiva, la intencionalidad política debe verse reflejada
en inversión económica en el nivel de atención primaria en salud sexual y
reproductiva del adolescente, preparación de profesionales y del
personal de salud en esta área y programas de educación sexual
efectivos, de los que carece toda la región.
“Los buenos programas de educación sexual en México caminan
parcialmente; los excelentes programas que tenía Costa Rica, se han
descontinuado; Colombia ha hecho tremendos esfuerzos por tener un
material docente muy lindo y muy adecuado en educación sexual, sin
embargo, los aspectos políticos y estratégicos no los dejan avanzar y
prácticamente los hacen fracasar”, repasó Molina.
“Algo semejante pasa en Perú, donde también han tenido buenos
programas pero no tienen apoyos estratégicos y políticos del gobierno.
Argentina tiene buenos resultados, pero con un tremendo apoyo estatal y
del gobierno en el desarrollo de programas de educación sexual. Lo mismo
pasa con Uruguay”, continuó.
Según el facultativo, el caso chileno es “el peor de todos” porque “estamos cubiertos de oprobio y de vergüenza”.
“Somos el último país en tener una ley que protege a los jóvenes con
educación sexual, que se dictó en el 2010 y recién en julio de 2014
entró en vigencia. Es una realidad que da vergüenza”, aseveró.
En esa línea, insistió que para lograr la meta de prevenir el
embarazo adolescente, con miras a la Agenda 2030, no basta con
suministrar anticonceptivos “porque yo podría lanzar condones y píldoras
desde un helicóptero pero no sería una medida efectiva”.
El problema está, dijo, en que las personas los usen y sepan cuándo y
cómo usarlos, y para ello se necesita instrucción y educación.
“Lo primero es la prevención del primer embarazo y para esto lo que
hay que hacer es educación, educación, y cuándo todo haya fracasado,
educación y educación. Y dentro de la educación, educación sexual amplia
y profunda, sin sesgos ideológicos o valóricos”, añadió.
Molina subrayó, además, que tanto la mortalidad materna como el
embarazo adolescente “ya no es un problema técnico, sino político”, que
requiere que el Estado sea responsable e implemente políticas públicas
efectivas, sin importar enfrentarse a los poderes fácticos
conservadores, “de un tradicionalismo ignorante…que nos hace un daño
espantoso”.
Todo un reto para la región al suscribirse los ODS, que suponen
nuevos desafíos, con una mirada más holística, participativa,
interdisciplinaria y universal.
Editado por Estrella Gutiérrez
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