La desaparición forzada de los estudiantes tuvo lugar en el contexto de una crisis de derechos humanos en México, con más de 26,500 personas desaparecidas o cuyo paradero es desconocido en todo el país, casi la mitad durante la administración del presidente Peña Nieto, señaló la organización.
El manejo negligente por parte de las autoridades mexicanas en la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, hace un año, expone un escandaloso encubrimiento orquestado en los niveles más altos de gobierno, sostuvo la organización Amnistía Internacional.
“La tragedia de Ayotzinapa es uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México. Ha expuesto
cómo cualquiera puede desaparecer forzadamente como por arte de magia
en el país mientras quienes están en el poder se enfocan en cubrir las
huellas. A menos que el presidente Peña Nieto tome acción real
ahora, va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador
de estos horrores,” consideró Erika Guevara-Rosas, directora para las
Américas de Amnistía Internacional, un día antes de la reunión que el
mandatario tendrá con padres de los normalistas desaparecidos.
“La inquebrantable determinación del gobierno mexicano de convencer
al mundo que los estudiantes fueron asesinados por una banda de
narcotraficantes y sus restos quemados en un basurero está actuando como una distracción
de cualquier otra valiosa línea de investigación. En particular,
deberían explorar el rol de los militares y agencias responsables de
hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no tomaron acción a
pensar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras
se estaban llevando a cabo”, señaló.
AI recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos también ha refutado la versión del gobierno, en relación con
que era científicamente imposible que 43 cuerpos fuera incinerado en un
basurero en las condiciones expuestas por las autoridades.
Subrayó que otras profundas fallas en la investigación oficial de la desaparición forzada de los estudiantes incluye el manejo negligente de la evidencia forense, alguna de la cual nunca fue procesada.
Los primeros oficiales que llegaron a Iguala la noche del 26 de
septiembre, no tomaron fotos, ni recolectaron muestras de sangre,
pelos, ropa o huellas dactilares. “Áreas enteras de la escena del
crimen no fueron procesadas”, apuntó.
Además, las autoridades impidieron que los expertos internacionales entrevistaran a soldados del Batallón de Infantería número 27,
localizado en Iguala, pese a que documentos de inteligencia
desclasificados revelaron que militares en Iguala sabían de las
detenciones ilegales y de los abusos contra los estudiantes.
“Si el gobierno está convencido que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados?, Proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas,” mencionó Erika Guevara-Rosas.
Desde que los estudiantes fueron detenidos y desaparecidos
forzosamente, más de 100 personas fueron arrestadas en relación a las
desapariciones (aproximadamente 50% son policías y 50% supuestos miembros de bandas criminales).
Algunos de los detenidos han denunciado que fueron torturados para
confesar haber secuestrado a los estudiantes, agregó la organización.
“Las autoridades mexicanas deben dejar de jugar con los familiares
de los estudiantes de Ayotzinapa. Deben rencauzar las investigaciones
de manera urgente y, entre otras medidas, permitir que los expertos
independientes puedan acceder a todos los crematorios en y cerca de
Iguala”, pidió Guevara.
La organización apuntó que desde la desaparición forzada de los estudiantes, se han descubierto más de 70 fosas comunes con los restos de decenas de personas. La mayor parte de los cuerpos no se han identificado todavía.
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