Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal) la
igualdad es un imperativo que posibilita el desarrollo integral de la
sociedad y la pone en el centro del debate. Concibe la igualdad en
varias dimensiones:
La igualdad de derechos y la igualdad de medios; la de capacidades, el
reconocimiento recíproco y la igualdad de género, como un punto esencial
en el imperativo de la igualdad.
Uno de los muchos obstáculos que conlleva la igualdad de género es la
posibilidad de una autonomía económica, en gran medida limitada por la
capacidad de las mujeres de generar ingresos propios.
En México el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcanza 30.1
puntos porcentuales, en sus pares varones apenas es del 7.5. Sin duda un
factor de desigualdad.
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Pero México no es la excepción, esta situación se repite –con sus
variantes- en los demás países latinoamericanos y del Caribe. En general
la brecha de ingresos propios en América Latina es de 31.1 versus 11.4,
con efectos importantes en las demás brechas de género.
De acuerdo al documento: “EL IMPERATIVO DE LA IGUALDAD. Por un
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, de Alicia Bárcena y
Antonio Prado.
Tanto el enfoque de género como en particular el feminismo contribuyeron
al impulso de la autonomía con reconocimiento recíproco y enfatizaron
no sólo los procesos de adquisición y desarrollo de aquella sino también
las circunstancias de opresión y dominación manifiestas en las
relaciones sociales encarnadas en las instituciones y en los vínculos
intrafamiliares. El pensamiento feminista articuló indisolublemente las
nociones de igualdad y libertad, de distribución y reconocimiento, como
principios y objetos del desarrollo; de esta manera, mostró que la
igual- dad sólo puede ser ejercida con autonomía, es decir, si las
decisiones, las capacidades y el desarrollo personal no dependen de
otros.
Además, el feminismo aporta una visión crítica a la noción
individualista de autonomía y concibe dicha autonomía en su carácter
relacional.
En primer lugar, la igualdad de medios y la igualdad de oportunidades
resultan insuficientes desde una perspectiva de género. Una política de
igualdad de oportunidades no puede omitir las diferentes condiciones
iniciales entre mujeres y hombres en cuanto a socialización, la
historia de acumulación masculina del poder, el mantenimiento de la
división sexual del trabajo ni los patrones socioculturales
discriminatorios.
No es, pues, sólo cuestión de garantizar la igualdad en accesos básicos
(por ejemplo, la educación), pues las desigualdades de género están
enquistadas en relaciones de poder desde el ámbito de la política hasta
el doméstico. Además, las relaciones de género conspiran contra la
igualdad a lo largo de todo el ciclo vital y las disparidades por motivo
de género están internalizadas en múltiples mecanismos de reproducción
cultural; de allí la importancia de plantearse la autonomía con
reconocimiento y la igualdad de derechos.
En segundo lugar, las demandas de género plantean la necesidad de
revertir desigualdades seculares mediante tratos diferenciales de acción
positiva. Paradójicamente, la igualdad requiere fórmulas de desigualdad
normativa a fin de eliminar las consecuencias desfavorables que derivan
de las diferencias de hecho.
En tercer lugar, la perspectiva de género obliga a reformular el alcance
de la ciudadanía en la relación entre lo público y lo privado. La
igual- dad de derechos no sólo atañe a la esfera pública o de la
sociabilidad extendida, como reza la concepción predominante, pues en el
ámbito privado –y sobre todo, en el doméstico– se dan relaciones entre
actores cuyo poder es, a las claras, asimétrico en desmedro de las
mujeres.
Un aspecto en que la desigual relación de poder entre hombres y mujeres
pone en tensión esta dicotomía entre lo público y lo privado es el de la
violencia contra las mujeres.
Esta constituye la expresión extrema de la discriminación contra ellas y
de su falta de autonomía –no sólo de autonomía física, sino también de
la económica y en la toma de decisiones–; por ende, la violencia contra
las mujeres no puede analizarse ni enfrentarse de manera aislada, sino
vinculada a los factores de desigualdades económica, social y cultural
que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los que
tienen su correlato en la desigualdad de recursos en el ámbito privado y
en la esfera pública y están en directa relación con la desigual
distribución del trabajo, en especial el trabajo doméstico no
remunerado.
En las demandas de género se puso de relieve otra dimensión de la
desigualdad: la desigualdad en la disponibilidad de tiempo entre hombres
y mujeres, lo que, sin duda, redunda en desigualdad para un adecuado
desarrollo de medios y capacidades.
En síntesis, en México existe una enorme brecha económica que representa
una fuerte carga para las mujeres, pero también para toda la sociedad
en su conjunto y que obstaculiza el desarrollo sustentable. Por eso el
imperativo de la igualdad.
* Economista especializada en temas de géneroCimacnoticias | Ciudad de México.- 
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