Imgaen retomada CLADEM
Ciudad de México.- En América Latina y el Caribe, las autoridades no comprenden la gravedad ni investigan profundamente los asesinatos, la violencia sexual ni las desapariciones de las niñas, por el contrario, hacen prevalecer la impunidad, no desarrollan estrategias efectivas para evitar estos delitos y cierran prematuramente las carpetas de investigación, reveló un nuevo informe del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujer (Cladem).
En su informe “Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre al violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en America Latina y el Caribe”, realizado del 2010 al 2019 en 12 países de la región (incluido México), las y los investigadores del Cladem explicaron que la violencia contra las niñas es producto de un contexto de discriminación histórica hacia las mujeres basada en el sexismo y el adultocentrismo, lo cual se visibiliza en la baja escolaridad de las mujeres, las barreras de acceso a servicios de salud, de acceso a la justicia, y de protección integral. Todas estas dificultades pueden agravarse aún más en escenarios de conflicto armado, social o con fuerte presencia del crimen organizado, puntualizaron.
Por tales razones, se detalló en la investigación, la violencia feminicida hacia menores de edad es producto de la acumulación de otras violencias contra las mujeres, como la desaparición, el suicidio, la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo y la muerte materna. Entre estas agresiones, se precisó, un elemento en común es la impunidad en las investigaciones.
El informe de Cladem, cuyo fin es contribuir a abrir líneas de análisis que logren explicar y comprender las causas específicas de las muertes de niñas, señaló que los cuerpos de las menores de edad son concebidos “para otros, se pueden violar o vender” sin ningún castigo, por lo que para ellas no hay lugares seguros donde puedan refugiarse, sobre todo cuando los golpes, gritos o la violencia sexual comienza en sus hogares. En estos casos, la violencia es empleada como una forma de control, castigo o represión, y es la antesala de los casos de feminicidio en menores de edad.
Pese a lo anterior, reveló la investigación, es difícil demostrar la correlación de la violencia sexual y los casos de feminicidio en menores de edad, debido a la falta de protocolos de investigación adecuados en las instituciones de justicia, a que las investigaciones judiciales no incorporan la perspectiva de género, a que los delitos de feminicidio se tipifican como homicidios, y a que las autoridades no registran las agresiones previas padecidas por las víctimas.
En los 12 países analizados, mencionó el documento, los testimonios de las víctimas demuestran que la violencia sexual hacia niñas es el tipo de agresión con mayor impacto en sus vidas, ya que las puede llevar hasta el suicido. Cerca de 120 millones de niñas a nivel global han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años, los agresores suelen ser hombres que les doblan o triplican la edad y en su mayoría son familiares de ellas, señaló el informe.
Ejemplo de ello es el caso, contenido en la investigación, de una niña hondureña de 8 años de edad, quien fue agredida sexualmente por su hermano y después recibió insinuaciones de índole sexual por parte de sus tíos, lo que la llevó a tener ideas suicidas. “Entre los 13 y 17 años se empiezan a incrementar los índices de suicidios de las niñas y adolescentes, también los casos de desapariciones; entonces, para mí eso no es casual porque tiene que ver con el periodo de mayor riesgo a la violencia sexual”, enfatizó la investigación.
Las menores de edad, víctimas de violencia sexual, destacó Cladem, en muchos casos son estigmatizadas, marginadas y excluidas, esto sucede tanto en contextos rurales como urbanos, y en los distintos sectores económicos. Aisladas de sus redes de apoyo, víctimas de múltiples violencia y en ocasiones cursando embarazos producto de agresiones sexuales, las niñas llegan a pasar en un tiempo breve de la idea del suicido a su consumación.
La situación es tan alarmante, enfatizó la investigación, que en El Salvador se tipificó el “suicido feminicida por inducción o ayuda” en 2015 mediante la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”. Dicha ley, explicó, castiga a “quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo” con penas que van de los 5 a 7 años de prisión; a pesar de ello, sólo 2 hombres, de 11 acusados, fueron juzgados por suicidio feminicida y uno fue absuelto del delito entre 2018 y 2019.
La investigación reveló que además, 58 por ciento de los casos de muerte materna en adolescentes fue producto de un suicidio durante el periodo prenatal debido a que no se les permitió interrumpir su embarazo no deseado, ni se les brindó ayuda psicológica. Por ejemplo, en Nicaragua 15 niñas menores de edad que fueron víctimas de violencia sexual se les obligó a convertirse en madres, en vez de cumplir su deseo de abortar o de dar en adopción al bebé.
De acuerdo con la investigación, la mayoría de los 12 países analizados no tiene un registro adecuado de muertes maternas relacionadas con la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo, lo que demuestra que el derecho a decidir sobre el cuerpo no es reconocido para las mujeres. En suma, existen países que prohiben totalmente el aborto y, en los que está despenalizada esta práctica, hay un alto porcentaje del personal médico que se declara objetor de conciencia, a pesar de las recomendaciones y sentencias internacionales en la materia.
En el caso de las desapariciones, resaltó el documento, un factor en común es que las investigaciones judiciales son cerradas de manera anticipada. Esta problemática sucede en su mayoría en Argentina, Uruguay y México. En este último país, las mujeres de entre 12 y 22 años son más víctimas de desapariciones, sin embargo las autoridades no abren las carpetas de averiguación, no determinan los patrones del hechos, sus causas, consecuencia, ni se interesan en capacitarse para entender este fenómeno, señaló el informe.
Actualmente en México hay 95 mil 98 personas desaparecidas, de las cuales 23 mil 655 son mujeres y 71 mil 433 son hombres, de acuerdo con los datos recabados. La mayoría de estos casos ocurrieron en el Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Ciudad de México, y Puebla; un alto número de las víctimas tenía entre 5 y 24 años de edad, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Para atacar estas problemáticas de raíz, recomendó la investigación, es indispensable hacer cambios de prácticas culturales, en particular aquellas que violentan los derechos de las niñas, como los matrimonios forzados; fortalecer las instituciones de justicia y de prevención de la violencia de género; desarrollar protocolos de búsqueda; en México es necesario generar protocolos de acceso a la salud integral; brindar servicios territoriales y políticas de salud sexual y reproductiva.
Además de ello, se expresó en la investigación, es importante que los gobierno de los 12 países generen planes nacionales para abordar de manera amplia los casos de feminicidio, y exista un monitoreo, registro y acompañamiento de los casos de violencia feminicida, ya que ésta se ha consolidado como el resultado de la combinación de distintas violencia previas y todas las agresiones deben considerarse como una reproducción constante de los prejuicios machistas y del sexismo, que ponen en riesgo de muerte a las mujeres y niñas.
21/AEG/AJSE
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