Del Estado que no puede al Estado que asesina

Ni “rebasado” ni “fallido”

FRAGUA

Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)

La población de Veracruz sufre los peores estragos de la política de control social implementada por medio del terror por el Estado mexicano. Ejemplos sobran.

El 11 de enero cinco jóvenes fueron detenidos-desaparecidos en el municipio Tierra Blanca (ubicado en el centro-sur del estado) por elementos de la policía estatal; el día 29 de febrero, en ese mismo municipio, fue detenido, torturado y ejecutado un joven mecánico por elementos del 80 batallón de infantería del Ejército mexicano.

El 19 de marzo, ahora en el municipio de Papantla, ubicado al norte del estado, tres jóvenes fueron desaparecidos de manera forzada por elementos de la policía municipal . Al finalizar dicho mes se dio a conocer el caso de una joven que fue abusada sexualmente el año pasado por cuatro jóvenes, hijos de personas adineradas y con “influencias” en el gobierno del estado. Asimismo, en Boca del Río, municipio contiguo al puerto de Veracruz, se suscitó el caso de otra menor de edad abusada sexualmente con la complicidad del hijo de un funcionario del gobierno estatal. Ninguna de las dos ha obtenido justicia.

Y cuando uno enciende el radio y oye a los lectores de noticias que hacen de periodistas o a los supuestos analistas, lo que uno escucha reiteradamente como única razón de todo lo anterior es que el Estado, en este caso el gobierno de Veracruz, “está rebasado”. Al decirlo se refieren a que, según ellos, el titular del Ejecutivo estatal no puede hacer cumplir la ley ni puede controlar a las policías a su cargo y, claro, mucho menos a las autoridades federales que supuestamente garantizan la seguridad de la población.

El gobierno de Veracruz no puede proteger a su población de sus propias autoridades ni tampoco puede garantizarle el acceso a la justicia pronta y expedita… pobre gobierno “tan rebasado”. ¿Y el gobierno federal? Ah, el gobierno federal está preocupadísimo por lo que pasa en Veracruz, pero no pueden convencer al gobernador de que haga bien su trabajo… ¡pobre gobierno federal, no le hacen caso!

¿Acaso el pueblo es tonto? Los responsables de los crímenes que hemos enumerado son policías, soldados, hijos de empresarios y funcionarios gubernamentales, todos representantes de la clase social que somete al pueblo: la burguesía. Todo lo antes descrito es una muestra de lo que sucede en todo el país: ningún estado se salva de esta alianza perversa entre gobernantes y criminales que no es una casualidad o producto de “malos elementos”, sino parte de la naturaleza misma de este sistema, de esta administración del gobierno en función de los intereses económicos de una minoría, de la utilización de las fuerzas policiacas y militares para sembrar terror y garantizar así los negocios, el control y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo.

No es un Estado rebasado, es un Estado criminal, es un Estado que desaparece, detiene de manera arbitraria, tortura, asesina y viola , mientras las instancias de impartición de justicia duermen sobre los expedientes y cultivan la impunidad, como el pan nuestro de cada día, en favor de quienes no tenemos la fortuna de ser hijos de papi, soldados obedientes dispuestos a matar, policías dispuestos a desaparecer, jueces dispuestos a callar. Da asco y coraje lo que sucede en todo el país, enfurece la impunidad.

Así, mientras en Veracruz la injusticia es desenfrenada, en el Estado de México, la legalizan. El viernes 18 de marzo del año en curso se publicó en la Gaceta de gobierno de dicho estado el Decreto número 75, por el que se expide la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Bajo el argumento de “regular”, legalizan lo que antes era ilegal y violatorio a los derechos humanos y a la Constitución misma. Eso sí, argumentan que todo es en beneficio del derecho constitucional de los ciudadanos a expresarse y protestar. Sin embargo, hay elementos para pensar que es una ley cuyo objetivo central es legalizar la represión contra el movimiento social, principalmente, y justificarla moralmente con el argumento de que se elabora conforme a las normas internacionales del uso de la fuerza pública y del principio pro persona.

En el artículo 4 de dicha Ley se escriben como objetivos del uso de la fuerza pública:

“I. Proteger y respetar la vida, la integridad física y demás derechos humanos de las personas y de los elementos.

II. Cumplir y hacer cumplir las leyes para mantener el Estado de Derecho.

III. Salvaguardar el orden y la paz públicos mediante la disuasión del uso de la fuerza, así como la integridad, seguridad, libertades, derechos y bienes de las personas.

IV. Prevenir, investigar y perseguir los delitos.”

Nos preguntamos por qué no mejor la Federación aplica la fuerza pública en Veracruz contra sus mismos elementos y patrones empresarios. ¿Hay orden y paz pública donde las policías y el ejército asesinan, torturan y desaparecen? ¿Hay orden y paz donde los juniors violan con impunidad?

Resulta que para que el gobierno del Estado de México no sea rebasado por su misma podredumbre hacen una ley que legaliza el uso letal de la fuerza pública contra sus ciudadanos. Y lo peor del caso es que las autoridades, como siempre, se quieren lavar las manos al dejar en los responsables directos de los operativos la responsabilidad de actuar o no para reprimir y, no sólo eso, encima manejan de manera muy general y hasta tramposa conceptos como “paz pública” u “orden” para que cualquiera pueda ser acusado de querer romperla. He aquí su redacción:

“Artículo 14. Los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas.”

Así las cosas. En nuestro país tenemos un gobierno federal y gobiernos estatales que no están rebasados, sino que son criminales y tienen una política pensada y planificada de utilización del terror de forma ilegal o legal para sostener el sistema económico-social capitalista y acallar todo tipo de protesta y forma de organización que lo cuestione e intente transformar esta realidad.

Sin embargo, no podrán callar a este pueblo ni podrán borrar de nuestra memoria sus atrocidades. Resistiremos y aprenderemos a luchar contra el miedo, la apatía, la impunidad, la injusticia y tarde o temprano tendremos un país distinto donde sea realidad la justicia, la verdad, el bienestar económico y social de los millones de trabajadores. Ganaremos. Como ya dijo el poeta comunista chileno Pablo Neruda: “nosotros, los más sencillos ganaremos”.

Nota:

Este artículo fue publicado como EDITORIAL del No. 16 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 15 de abril de 2016.

El Estado fallido y otros cuentos

¿Estado que quiere y no puede?

FRAGUA

Desde mediados del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) comenzó a escucharse en distintos medios que el Estado mexicano es un “Estado fallido”. Muchas veces repetida dicha afirmación incluso comenzó a utilizarse por algunas voces del periodismo disidente y organizaciones de izquierda como una forma de “denunciar” y “atacar” al Estado mexicano. Hoy, después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el concepto de Estado fallido ha sido retomado nuevamente para describir al gobierno de Enrique Peña Nieto, continuador fiel de la obra del presidente anterior, sin importar que sean de diferente partido.

Cuando se habla de Estado fallido se afirma que el Estado es débil, que no controla su territorio ni el uso de la violencia, o que es “incapaz” de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades por no tener dinero o los conocimientos para garantizar los derechos humanos de la población y que, además, ha sido “infiltrado” por grupos criminales que le han arrebatado el control y hasta lo han “rebasado”. A simple vista, hasta parece que la definición de Estado fallido le queda a la perfección al Estado mexicano. Si admitiéramos dicha definición como cierta nos ahorraríamos analizar y descubrir lo que realmente es el Estado y lo que representa en nuestra vida cotidiana. Es más, al Estado hasta le es cómodo ser catalogado como débil, fallido, ausente, como que quiere pero no puede.

Lenin, como marxista consecuente, define al Estado como “una máquina para que una clase reprime a otra, una máquina para el sometimiento a una clase de otras clases subordinadas”. No podría haber mejor definición para el Estado mexicano, el cual es una maquinaria perfectamente aceitada para garantizar, por medio de la represión (policía y ejército) pero también jurídicamente (reformas constitucionales y leyes secundarias), que la clase burguesa pueda oprimir económica y políticamente al pueblo. Veamos en realidad qué tan débil es el Estado mexicano.

Un Estado que desaparece una empresa estatal (por ejemplo luz y fuerza del centro) con un decreto a media noche de un sábado ocupando militarmente de manera inmediata todas las instalaciones de la misma y despidiendo a 44 mil trabajadores del sindicato más poderoso y mejor organizado del país (el SME) de un plumazo, como hizo Felipe Calderón en 2009, sin que se generara una crisis de gobierno, no puede ser un Estado débil.

Un Estado que se niega repetidamente, ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y otros organismos de derechos humanos a nivel internacional, a que declaren los militares señalados de participar y coadyuvar en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero o en la ejecución extrajudicial de 22 civiles desarmados en Tlatlaya, Estado de México, haciéndolos intocables, definitivamente no es un Estado débil, tampoco es un “semiEstado” como afirman algunos intelectuales dizque marxistas.

Un Estado que tiene a la cuarta parte del Ejército en las calles para reprimir y vigilar al pueblo organizado y no organizado y que al mismo tiempo “deja” escapar por un túnel al narcotraficante más buscado de las últimas dos décadas, al que nunca le han congelado las cuentas bancarias que se sabe son de él y de sus prestanombres, no es un Estado débil, es un Estado en toda la extensión de la palabra, un Estado burgués que, como lo que es, se ha propuesto defender los intereses de los empresarios burgueses, sean estos empresarios de la telefonía, de la construcción, de la minería o de los estupefacientes.

¿A quién le conviene entonces que creamos que en México el Estado es fallido, ausente o débil? Al pueblo definitivamente no , dicha idea conviene al Estado porque lo deslinda y lo exculpa de asumir su responsabilidad sobre violaciones de derechos humanos que comete (ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, encarcelamiento por motivos políticos, etcétera) y le permite echarle la culpa a otro, un actor supuestamente ajeno al Estado pero que está “infiltrado” en él, al narcotráfico como responsable de la violencia que a diario se vive en nuestro país. Y entonces es fácil que ante cualquier situación violenta se le eche la culpa al narcotráfico que es muy malvado y al Estado que ¡pobrecito! no le alcanza para defendernos.

El problema no es que el Estado “falle”, el problema es el Estado, su esencia misma como aparato de la clase burguesa para la opresión de la clase trabajadora, es pues un Estado capitalista. Si lo pensamos de nuevo, el Estado en México no está fallando, está funcionando perfectamente como Estado terrorista que garantiza a los empresarios e inversionistas capitalistas extranjeros y nacionales que obtendrán jugosas ganancias de la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales en nuestro país. Para garantizarlo no importa si tiene que desaparecer a estudiantes normalistas, ejecutar civiles desarmados, encarcelar luchadores sociales o aprobar leyes que legalicen el saqueo y el despojo, aterrorizando al pueblo a través de distintas y muy variadas formas. La alternativa es nuestra, la alternativa requiere de la lucha organizada de todo el pueblo para derrotar al capitalismo y construir un Estado distinto, un Estado que responda a los intereses de la clase trabajadora, un Estado socialista en el que la explotación del hombre por el hombre desaparezca como fundamento de la sociedad y que sea la simiente de una nueva sociedad sin hambre ni explotación.

NOTA:

Este artículo fue publicado como parte de la sección DEBATE del No. 11 de FRAGUA, órgano de prensa de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), en circulación desde el 17 de octubre de 2015.

 

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Desconcierta a senadores de EU que Peña no logre resolver caso Ayotzinapa

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON (apro).- Un grupo de 14 senadores estadunidenses consideró “desconcertante” que a casi dos meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto siga sin resolver el caso.

“Después de más de un mes de continuas investigaciones por parte de las autoridades de México, es desconcertante que se desconozca el paradero de los restos de esos estudiantes, aun cuando siguen aumentando las evidencias que implican que fueron víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico”, argumentaron los legisladores en una misiva entregada al secretario de Estado, John Kerry.

En la carta, los senadores piden al gobierno de Barack Obama, que haga lo que sea necesario para garantizar que se aplique justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala.

“En medio de la crisis, nosotros lo urgimos a que haga lo necesariamente posible para respaldar al gobierno de México para que se hagan investigaciones adicionales, y tenga a su disposición recursos forenses para llevar ante la justicia a todos aquellos responsables (del crimen)”, se advierte en el documento.

Además, los legisladores pidieron a Kerry, en caso de que se confirme la muerte de los normalistas, apoyar al gobierno de Peña Nieto en todo lo que se pueda para la identificación de los restos, con el propósito de que los familiares de las víctimas “encuentren la paz”.

Los senadores, siete demócratas y siete republicanos, señalan el hecho de que en México se han llevado a cabo protestas masivas en varios puntos del país como muestra de la insatisfacción del pueblo por la impunidad y por las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos ocho años sin que se tenga respuesta sobre su paradero.

“Nos preocupa que la situación en Guerrero sea un síntoma de un asunto más grande que ha sido endémico en México en años recientes. Estamos profundamente preocupados por los reportes del hallazgo de múltiples fosas clandestinas durante el proceso de búsqueda de los 43 normalistas”, se destaca en la carta.

Los 14 legisladores también se dijeron conscientes de la situación de inseguridad que aqueja a los mexicanos, un fenómeno que la administración de Peña Nieto no ha podido erradicar y, peor aún, que persiste la desaparición de personas, como lo evidencia el caso de Ayotzinapa.

En la misiva enfatizan a Kerry que el número de personas desaparecidas, provenientes de los datos oficiales de la PGR, “constituyen la cifra más grande en el hemisferio y una que no puede ser ignorada”.

De manera irónica, los 14 senadores apuntan que así como Peña Nieto ha tomado “pasos grandes” en la reforma del sector energético y económico, “es imperativo que la atención también se concentre en fortalecer la investigación, la capacitación forense de las autoridades mexicanas y sus habilidades para responder a las víctimas del crimen (organizado), de la violencia y de los abusos a los derechos humanos”.

En la carta enviada a Kerry también expresan su solidaridad con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Liderados por Bob Menéndez, demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el grupo de senadores está integrado por los demócratas Patrick Leahy, Ben Cardin, Christopher Coons, Dianne Feinstein, Barbara Boxer y Tim Kaine, así como por los republicanos Marco Rubio, Richard Durbin, Tom Udall, Edward Markey, Christopher Murphy, Mark Kirk y Cory Booker.

Carta a las y los jóvenes de México

Boaventura de Sousa Santos

Jóvenes de la ciudad de México se manifiestan en la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca, en solidaridad con familiares de los normalistas de AyotzinapaFoto Yazmín Ortega Cortés

Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México.

Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad: 

¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? 

¿Qué Estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia?

 ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combatidos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica (como las leyes bala y mordaza)? 

¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? 

¿Qué política educativa es esta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren?

 ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país, que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad mientras que los verdaderos activistas de derechos humanos son asesinados? 

¿Qué mundo es este que sigue elogiando el Presidente de la Republica por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos?

Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que Ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Sepan Ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y, sobre todo, por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: Esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizadas y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz.

Hay varias opciones y no me sorprende que Ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan criar zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que Ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que Ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. 

La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. 

Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza.

Un abrazo solidario.

Fracasa Peña en seguridad y respeto al estado de derecho: The New York Times

MÉXICO, D.F. (apro).- El influyente diario estadunidense The New York Times aseguró que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha fracasado en su intento de frenar la violencia en México, cuya población –advirtió–, se encuentra “indignada” por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el “último ejemplo” del quebranto de la ley y el orden.

En un editorial difundido en su edición de este miércoles con el título “Ley y Orden en México”, el periódico sostiene que “los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias”.

Asimismo, destaca que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa no es el único caso, que en junio pasado una patrulla militar mató a 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, estado de México, y posteriormente fiscales estatales detuvieron a dos de los tres testigos a los que “golpearon y amenazaron” para que dijeran que los militares no fueron responsables de la matanza.

El editorial retoma luego las palabras del director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco en el sentido de que ambos sucesos son “dos de las mayores atrocidades que se han cometido en México en los últimos años”.

Ambos casos, subraya el diario, forman parte de un mismo “patrón” de violencia en México, donde unas 22 mil personas han desaparecido desde la ola de violencia del narcotráfico desatada en 2006, mientras que otras 100 mil han muerto

desde 2007 víctimas de violencia relacionada con el crimen organizado.

Prosigue:

“Cuando los miembros de las bandas del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad cometen un asesinato, saben que hay muchas probabilidades de que los casos queden en la impunidad”.

The New York Times refiere luego que aunque el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció la semana pasada el arresto de al menos 72 personas en relación con el caso de los desaparecidos en Iguala, incluidos el alcalde y su esposa, “todavía quedan muchas preguntas sin responder”.

“¿Siguen con vida algunos de los estudiantes desaparecidos?”, se pregunta el diario, y recuerda que el gobierno mexicano enviará a un laboratorio de Austria algunos de los restos incinerados encontrados en el lecho de un río en Cocula.

Sin embargo, destaca que las autoridades mexicanas “podrían haber conseguido más pruebas si hubiesen puesto en marcha la investigación sin dilaciones”.

Luego de hacer referencia a que en su discurso de toma de posesión Peña Nieto se comprometió a revisar el Código Penal, a prestar más atención a las víctimas y a centrarse en el crecimiento económico del país para intentar reducir la violencia del narcotráfico, sostiene que “los progresos limitados que se han hecho hasta ahora no han permitido reparar un sistema criminal de justicia que se muestra incapaz de investigar los crímenes como es debido, de frenar la corrupción y poner fin a los asesinatos”.

Un México convulsionado

Un México convulsionado

A 46 años del 2 de octubre en Tlatelolco, México sigue siendo un Estado convulsionado, el modelo económico y político autoritario ya no responde a la realidad del país. Urge un cambio verdadero.

Ricardo Mejía Berdeja 

1968 ha quedado grabado en la historia de nuestro país como uno de los más trágicos, pues se vivía en la capital un estado de sitio apenas disfrazado que culminó con una tragedia de dimensiones incalculables: La represión del movimiento estudiantil.

De los hechos del 2 de octubre de ese año hubo una clara consigna de ocultar lo que realmente había sucedido en la Plaza. De acuerdo con testimonios de habitantes de Tlatelolco, se apagaron las luces de la explanada y sus alrededores, además de que se cortaron las líneas telefónicas.

El Ejército amenazó a los medios y se impidió la entrada de ambulancias al sitio. Incluso los familiares que pedían informes en las salas de urgencia fueron alcanzados por la gran censura que se dio en ese entonces.

El 3 de octubre la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado tres años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo, quien contó 65 cadáveres en un mismo lugar. La cifra real se desconoce, porque desaparecieron los cuerpos.

Ellos, los asesinos represores, actuaron de manera deliberada, coordinada, segura; pero sus acciones fueron cobardes y viles, pues escudados con la fuerza de las armas, silenciaron la razón de miles de jóvenes que luchaban sólo por lo que se les había enseñado desde niños: sus derechos y su país.

Valdría la pena cuestionarnos si a lo largo de los años las cosas han cambiado. La situación del país, determinada por los nuevos criterios de administración de Peña Nieto, enfrenta problemas de carácter económico, político y social, que se entrelazan con los retrocesos en la agenda de seguridad, justicia y derechos humanos.

Los asesinatos en masa como el sucedido en el 68 no se han repetido en esa escala, pero la violencia en nuestro país no cesa y las masacres y desapariciones forzadas tampoco.

Hay muertes diarias, feminicidios graves en el Estado de México, Guanajuato y diversas entidades, hay masacres de migrantes, las cifras de tortura son incalculables, siguen las ejecuciones a mano del Ejército.

En este sentido, se confirmó en días recientes que los asesinados en Tlataya fueron víctimas de ejecución tumultuaria a manos de malos elementos del Ejército, por parte de un batallón que ya en ocasiones anteriores había deshonrado su responsabilidad de proteger y servir.

No, México no ha progresado a grandes pasos desde aquel 2 de octubre. En una perspectiva general la lucha del 1968 sigue vigente, una disputa integral contra toda forma de represión en contra de un neoestado criminalizante donde los jóvenes enfrentan la violencia del desempleo, del Estado y de la delincuencia como el caso de los estudiantes de la norma rural Ayotzinapa en Guerrero.

En un país en donde llevar un paliacate te vuelve delincuente y en donde las practicas de gobernabilidad se mezclan con la violencia; no debemos dar por concluida esta lucha, sino que debemos reforzarla e impulsarla, pues la patria nos lo demanda.

A 46 años de la matanza de estudiantes el 2 de octubre 1968, este hecho lamentable sigue siendo una herida abierta de todas y todos los mexicanos. Los responsables vivieron en la impunidad y la justicia brilló por su ausencia.

Parte de esta situación de violencia, represión y afectación a los derechos humanos es resultado de cuerpos policiacos infiltrados por la delincuencia, en especial las policías municipales.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fijaba un plazo de cuatro años para que todos los policías del país (federales, estatales y municipales), fueran certificados en los centros de evaluación y control de confianza.

Esos controles incluyen exámenes de evaluación médica, toxicológica, poligráfica, de desempeño, aptitudes físicas, psicológicas, entorno social y situación patrimonial. En caso de aprobar cada una de las pruebas, se entrega un certificado.

La publicación del decreto de esta ley se realizó el 2 de enero del 2009 por el presidente Felipe Calderón, misma que en el origen del tercero transitorio establecía un plazo de cuatro años con el fin de cumplir con la certificación de todos los cuerpos policiacos, situación que en primer término no se cumplió por la ineficiencia y falta de disposición del gobierno federal ya que no se previnieron los recursos para establecer los centros de evaluación, ante esta situación la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2012 concedió 10 meses más para cumplir la meta del 100% de cumplimiento para este requisito sine qua non, mismo que se debió cumplir el 28 de octubre del 2013 sin embargo no se cumplió nuevamente.

Este plazo fatal vence el 29 de octubre del presente año y nuevamente estamos seguros que no se cumplirá la meta establecida ya hace más de cinco años que público esta ley.

Ahora bien si tomamos en cuenta el presupuesto que se destinó para este año para la operación de la denominada Gendarmería Nacional, son 4 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con información oficial la Gendarmería, intervendrá para garantizar la seguridad de la población en rutas de tránsito de insumos y mercancías de paso de migrantes, de producción agrícola, pesquera, forestal, y otras que pudiesen encontrase vulneradas por la delincuencia en zonas rurales o marginadas.

Cabe hacer mención que se han ejercido 2 mil 93.7 millones de pesos, poco menos del 50%, pese a que este nuevo cuerpo de seguridad no había entrado en funciones hasta el pasado mes de agosto.

De los 2 mil 93.7 millones de pesos se han destinado: 1, 111 millones de pesos para la creación de plazas; 4.4 millones para la adquisición y el acondicionamiento de las instalaciones de capacitación; 94.2 millones para servicios de capacitación; 144.9 servicios integrales para sedes externas en las que se lleva a cabo el curso de formación inicial y 739 millones para el pago de becas de los cadetes en capacitación.

Ante esta situación creemos irresponsable que se haya creado un nuevo cuerpo seguridad sin haberse cumplido el año pasado las metas de certificación y evaluación de los cuerpos policiacos en el país ya que los recursos destinados a la creación de esta nueva parafernalia mediática de Enrique Peña Nieto, pudieron haber sido destinados al apoyo a los presidentes municipales que están dotados de policías poco capacitadas, con bajas prestaciones sociales para sus elementos y peor aún que no han sido evaluadas por los centros de control de confianza instalados en la entidades de la república para cumplir lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otra cantidad bien se pudo destinar a apoyar la transición y la modernización de las policías municipales en aquellos municipios donde los Alcaldes hayan impulsado y actuado para certificar a sus policías.

A 46 años del 2 de octubre en Tlatelolco, México sigue siendo un Estado convulsionado, el modelo económico y político autoritario ya no responde a la realidad del país. Urge un cambio verdadero.

@RicardoMeb