General Cepeda: los pendientes de la justicia ambiental

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Al contrario de las aspiraciones ambientalistas que incentivaron el voto de miles de mexicanos en favor de un cambio verdadero, el gobierno de México no ha logrado cumplir hasta ahora su promesa de hacer justicia ambiental y promover políticas públicas eficientes para garantizar el constitucional derecho humano a un ambiente sano. En otras palabras, el objetivo social de alcanzar un régimen político comprometido sin ambages con la justicia ambiental continúa sin visos de realización. Con ello me refiero no sólo a los megaproyectos que impulsa el actual titular del Poder Ejecutivo, sino también a su falta de voluntad política para investigar los numerosos crímenes ambientales cometidos en el denominado periodo neoliberal, los cuales profundizaron la degradación de diversos ecosistemas regionales y ejercieron múltiples formas de violencia contra poblaciones vulnerables.

El caso más reciente lo encontramos en la resistencia no violenta que comunidades del municipio de General Cepeda, Coahuila, han desarrollado desde hace años para detener la imposición de un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos en el corazón del ejido Noria de la Sabina. Organizados en torno a los campesinos de dicho ejido, los pobladores de diversas comunidades rurales y urbanas de la región debieron enfrentar, desde mayo de 2014, las mentiras de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (Semnsa) y de sus redes políticas en los tres niveles de gobierno. En aquella fecha, ejidatarios y habitantes de General Cepeda pudieron acceder a la información de la manifestación de impacto ambiental (MIA) que Semnsa presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sólo para enterarse de que el proyecto de supuesto desarrollo económico que les habían anunciado (una maquiladora) era en realidad un megaproyecto de basurero tóxico adornado con el nombre de Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari).

Sin haber informado y consultado a los campesinos de los ejidos aledaños, Semnsa solicitó permiso ambiental para construir nueve celdas de 300 metros de largo por 100 de ancho y 10 metros de profundidad en un espacio de 270 mil metros cuadrados, para recibir un promedio de 40 mil 253 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos provenientes de diversas zonas industriales del país. Al final de su vida útil, calculada en 99 años, el Cimari habrá trasladado al ejido Noria de la Sabina y su región un total de 4 millones de toneladas de aquellos residuos. El 18 de julio de 2014, sin mayor averiguación, la Semarnat, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, extendió un irregular permiso a Semnsa, avalando con ello el ecocidio. Ante esta amenaza que impactaría a los campesinos de Noria de la Sabina, así como a 10 comunidades de los municipios de General Cepeda y Ramos Arizpe, la sociedad civil organizada emprendió la defensa jurídica de su territorio con el apoyo de la diócesis de Saltillo y de notables abogados ambientalistas, logrando en febrero de 2017 una sentencia favorable que declaró deficiente el permiso y, por ende, su nulidad, ordenando a Semarnat reponer el procedimiento.

Para entonces la empresa, ignorando a los pobladores, ya había removido cientos de miles de metros cuadrados de superficie de uso forestal y construido la primera celda del basurero, lo que le permitió comenzar operaciones en 2016. En marzo de 2017 la Semarnat, en total respaldo al proyecto ecocida, concedió otro permiso a Semnsa diciendo haber subsanado deficiencias de procedimiento. En este contexto de complicidad político-empresarial, los habitantes de la región volvieron a demandar en tribunales federales a la Semarnat, pidiendo la nulidad de la nueva autorización, objetivo que lograron en enero de 2020 mediante una sentencia que calificó de ilegal el que la demandada [Semarnat] resolviera autorizar el proyecto y considerarlo ambientalmente viable. Entre otras anomalías, la sentencia determinó que la autorización de la Semarnat fue indebidamente fundada y motivada al no haber cumplido con un análisis ­exhaustivo de la vinculación del proyecto de basurero tóxico con la legislación aplicable, principalmente con las normas oficiales mexicanas 056, 057 y 058, deficiencia también presente en la MIA que presentó la empresa.

Así, con dos permisos irregulares que han sido anulados gracias a la defensa jurídica emprendida por los habitantes de la región, hoy Semnsa ha introducido a Noria de la Sabina al menos 80 mil toneladas de basura tóxica y peligrosa. Además de haber engañado y violentado el derecho humano a un ambiente sano, la empresa, sin autorización ambiental válida y confiada en sus amarres políticos, no ha dejado de trabajar ni siquiera ahora en tiempos de Covid-19. ¿Lo seguirá haciendo en tiempos de la 4T o veremos, finalmente, algún destello de verdadera justicia ambiental que nos permita proclamar el comienzo del fin de la impunidad que gozan los grandes ecocidas? No está de más recordar que a su paso por aquellas tierras el entonces candidato López Obrador prometió que de llegar al poder cancelaría el basurero tóxico. Los pobladores han hecho su parte. Toca ahora al gobierno del cambio dar señales de congruencia en materia ambiental.

* Investigador de El Colegio de San Luis y autor del libro La transformación cultural de los nómadas guachichiles en su integración a la dominación hispánica, 1550-1700 ( 2018)

Pandemia a la mexicana: entre golpistas y bufones

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

En su crónica sobre la peste de Atenas, ocurrida entre los años 430 y 429 aC en plena guerra contra Esparta, Tucídides nos legó una inquietante descripción del hundimiento moral que experimenta un pueblo en medio de una epidemia: en aquella catástrofe los atenienses, ante el giro de la fortuna, se entregaron sin contenciónal menosprecio tanto de lo divino como de lo humano, multiplicando con ello los efectos desgraciados de una enfermedad letal e indescifrable para aquella época. El relato de Tucídides es uno de los más antiguos testimonios de la manera en que las epidemias dejan al descubierto los extremos de la persona humana: por un lado, las acciones más altruistas de algunos individuos; por el otro, el rostro más abyecto de los más, historia que ahora se repite bajo el matiz de nuestro tiempo.

Díganlo, si no, las violentas expresiones de golpismo que han surgido en diversas naciones occidentales, donde gobernantes y grupos de poder ven en la actual pandemia de Covid-19 la oportunidad para concretar sus vendettas. El ejemplo global lo representa Donald Trump, quien ante la debacle sanitaria de su país decidió intensificar el bloqueo militar sobre Venezuela, con la esperanza de que la pandemia haga el trabajo sucio para derrocar al gobierno legalmente constituido del presidente Nicolás Maduro. En Italia, en el periodo más crítico de la pandemia, las ultraderechas unidas no han cesado de atacar al primer ministro Giuseppe Conte, pidiendo su cabeza, responsabilizándolo sin razón por la tragedia humanitaria provocada por el coronavirus en ese país. Algo similar sucede en España, donde la ultraderecha fascista más rancia, españolista, católica, monárquica y franquista, afila sus cuchillos para intentar derribar, en medio de una pandemia que se ha ensañado con los españoles, al primer gobierno de coalición de su historia democrática. En este escenario, el caso de México resulta patético ante las estrategias que sectores de la derecha empresarial, asociados al primitivismo de varios gobernadores, han desplegado en sus intentos por desestabilizar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); es criminal que quienes alientan el golpe a nuestra democracia pongan sus esperanzas en los efectos letales y socioeconómicos del coronavirus para lograr sus objetivos. Esos factores de poder golpista cuentan con plumas a modo y con sus caudillos mediáticos, como los esperpénticos Alatorre y Ferriz de Con, este último en su papel deGuaidó en salsa verde.

La tragicomedia nacional en tiempos de Covid-19 está lejos de agotarse en el golpismo. Actores políticos de todos los niveles realizan acciones de oportunista miseria humana. En San Luis Potosí (SLP), por ejemplo, el presidente municipal de su capital, Xavier Nava, lucra con la contingencia haciéndose fotografiar con guantes y lujoso cubrebocas mientras carga una despensa, todo como parte de su permanente y onerosa propaganda personal con cargo al erario y a costillas de una ciudad sumida en la mediocridad y la anomia. Otro bufón del Covid-19 en SLP es el diputado federal Ricardo Gallardo, quiendonóal Hospital General de Soledad un túnel sanitizante que, además de llevar estampado varias veces su nombre, fue inaugurado con un acto de agradecimiento hacia eldonante. Un bufón más lo encontramos en Óscar Bautista, diputado federal por SLP, quien ataviado con cubrebocas y guantes regaló en su distrito botellas de alcohol gel etiquetadas con su nombre y logo del Partido Verde. Ejemplos similares de miseria moral se han multiplicado por todo el país.

AMLO tampoco ha desperdiciado la oportunidad de sacar provecho de una pandemia que, de acuerdo con su dicho, le ha venidocomo anillo al dedo. Así, frente al excelente manejo sanitario e informativo que de la contingencia ha desarrollado el equipo de la Secretaría de Salud, en contraste, el Presidente, en connivencia con su secretario de Medio Ambiente Víctor Toledo, se dispone a imponer los devastadores megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmico, tomando la ruta contraria a la necesidad de la desglobalización estratégica para combatir el cambio climático, preservar la biodiversidad del planeta y revertir la crisis civilizatoria. Lo cierto es que más allá de los numerosos pronósticos sobre un posible nuevo orden mundial pospandemia, lo que no cambiará será la condición miserable de buena parte de los miembros de nuestra especie.

Mas no todo está perdido: la pandemia también ha permitido visualizar la otra cara de la persona humana. Un caso cercano y doloroso ha sido el del activista franco-mexicano James del Tedesco, quien vivió muchos años en SLP, se nacionalizó mexicano y fue un actor fundamental en la defensa del Cerro de San Pedro y el valle de San Luis en contra de la criminal Minera San Xavier. Hace unos años regresó a Francia, donde en marzo pasado, con sus 78 años de edad, se integró a la batalla contra el coronavirus para servir a sus semejantes. Infectado en este lance, James falleció el primero de abril, dejándonos una enorme herencia de dignidad y amor por el planeta. En 2018 viajó a México para votar por AMLO, confiado en que ello sería el fin de los megaproyectos de muerte que tanto combatió.

*Investigador del Colegio de San Luis Potosí

https://jornada.com.mx/2020/04/24/opinion/022a2pol

Posneoliberalismo con piquete de ojo

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

En un ensayo reciente, Joseph Stiglitz no dudó en declarar que el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. El Nobel de economía se refirió con ello a los devastadores efectos climáticos que ha provocado ese modelo capitalista global que depende del saqueo, la desposesión, la desregulación a ultranza del mercado, la mercantilización de los bienes bioculturales y, fundamentalmente, del neoextractivismo en sus múltiples manifestaciones; pero Stiglitz también señaló que la actual situación empeora debido a los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia.

En teoría, ninguno de estos asertos nos deberían concernir en el ámbito mexicano, pues al presidente López Obrador (AMLO) le bastaron cuatro meses en el cargo para anunciar la abolición del neoliberalismo en México y el arribo de una nueva era, la posneoliberal, definida por el surgimiento de un Estado de bienestar igualitario y fraterno (AMLO dixit). Sin embargo, y a más de un año de su arribo al poder, las declaraciones del Presidente sobre el final de la larga y oscura noche neoliberal no se sostienen. En cambio, lo que se aprecia es una profunda falta de voluntad política para desmontar los fundamentos jurídicos del neoliberalismo que los tecnócratas nos comenzaron a imponer desde 1983. De hecho, en su último libro Hacia una economía moral, entre las páginas 81 y 88, AMLO da una lista casi completa de las reformas que durante esa larga noche neoliberal gestionaron y operaron políticamente diputados a quienes acusa de haber sido fieles servidores de los potentados y de sus jefes políticos, reformas que siguen vigentes.

Establecer las bases de un nuevo régimen posneoliberal, que por el momento sólo aparece en declaraciones políticas, pasa necesariamente por la abrogación de las múltiples reformas constitucionales y de las leyes secundarias que terminaron por dar vida a un neoliberalismo a la mexicana, profundamente corrupto, entreguista y apátrida. Pero también, las particularidades y los elementos constitutivos de ese hipotético nuevo régimen deben manifestarse con urgencia y claridad, sobre todo para que los ciudadanos comencemos a conocer cuál es el verdadero proyecto de nación, más allá de haber sido nuestro voto y nuestras luchas los factores que como país nos permitieron transitar desde una cleptocracia (hasta ahora impune por la manifiesta voluntad presidencial del punto final) hacia una honestocracia que, si bien tiene enormes beneficios, no basta para declarar el final de lo que AMLO denomina el viejo régimen.

La sacudida que el Presidente está dando a la realidad nacional es de pronóstico reservado, es como un tornado que se nutre de verdadero amor patrio y de una interpretación pueril de la historia de bronce en México, de ello no hay duda. Pero también hay amores que matan, y en el caso de AMLO no se puede vivir como Juárez en términos de honestidad política republicana y actuar como Porfirio Díaz cuando se trata de grandes inversiones, megaproyectos e imposición de nuevas y arbitrarias condiciones socioecológicas a los pueblos a través de la desposesión o la devastación de sus territorios.

Hasta ahora el discurso de la 4T se ha construido como supuesta antítesis del modelo de economía neoliberal y se acompaña de políticas públicas de verdadera justicia social (inédita lucha contra la corrupción, redistribución de recursos públicos hacia sectores vulnerables y tradicionalmente excluidos, inicio del difícil proceso hacia la salud y la educación gratuitas y universales, etcétera); sin embargo, los aspectos más destructivos y determinantes de dicho modelo neoliberal se mantienen e incluso se promueven desde el nuevo gobierno, principalmente la frenética carrera por transformar en mercancía el patrimonio biocultural de las futuras generaciones.

¿Será que AMLO no se ha planteado desandar la estructura legal del neoliberalismo porque, así como está, le es útil para sus megaproyectos estelares? La pregunta tiene sentido cuando escuchamos decir al mismo Presidente, por ejemplo, que en los casos del Corredor Transístmico y el Tren Maya se buscará que los dueños de la tierra se conviertan en socios del negocio, incluidos ejidatarios y comuneros. O cuando vemos que el proyecto del Tren Maya es la fachada de una reconfiguración del sureste mexicano con base en capital privado para la circulación de hasta 10 millones de toneladas anuales de mercancías, materias primas (minerales incluidos) y animales, además de la irrupción en la zona de 50 millones de turistas anuales para mediados de este siglo, todo con un impacto climático difícil de describir, pero con toda certidumbre desastroso.

Ambos proyectos responden plenamente al modelo neoliberal, a la combinación de neoextractivismo, megaproyectos y mercantilización del patrimonio. Nada más infame que la naturaleza turística del proyecto estratégicamente bautizado como Tren Maya. Los pueblos de la región o los migrantes ya no serán dirigidos a plantaciones de henequén como en el siglo XIX, sino a cargar palos de golf en el siglo XXI, o a responder a la demanda de empleados que el crecimiento del turismo y su infraestructura asociada necesitará. Todo ello lo tienen claro los zapatistas, gracias a lo cual el Tren Maya y el transístmico todavía no son fatalidades cortesía de lo que podríamos bautizar provisionalmente como el nuevo neoliberalismo fraternal. En este contexto, lo único cierto es que en México el posneoliberalismo llegó con moche, con piquete de ojo.

*Investigador de El Colegio de San Luis. 

La bosta de los dioses en la cuna de la Patria

Juan Carlos Ruiz Guadalajara

Bajo el argumento de que ni en mil generaciones se terminarían de explotar los 80 millones de hectáreas que fueron concesionadas a las corporaciones mineras durante el periodo neoliberal, el pasado 11 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que durante su gobierno no se darán nuevas concesiones para la explotación minera. Complementó sus palabras asegurando que las concesiones ya otorgadas se mantendrán y pidió a las empresas mineras lo imposible: que no se destruya el territorio (sic). En pocas palabras, el gozo se fue al pozo, pues frente a la importante decisión presidencial de terminar con la irresponsable entrega del territorio nacional a la destrucción extractivista, ahora tenemos el empoderamiento de los corporativos mineros, nacionales y extranjeros, quienes han interpretado las palabras de AMLO como una bendición a sus depredadores planes, principalmente sus megaproyectos de tajo a cielo abierto. Se esfuman así las esperanzas de que en la autodenominada 4T los pueblos, cuyos territorios fueron criminalmente concesionados a sus espaldas, serían finalmente liberados de la violenta presión que el capital minero ha ejercido sobre ellos.

No sólo eso: en lugar de ser investigadas por sus delitos socioambientales y sancionadas con el retiro de sus concesiones, esas corporaciones, principalmente canadienses y mexicanas, ahora se victimizan y piden a AMLO rectificar. Así lo hicieron en octubre durante la 33 Convención Internacional de Minería que reunió a lo más granado de ese sector, incluyendo a sus adláteres políticos, entre ellos Francisco Quiroga, operador de las mineras en el gabinete de AMLO, además de los gobernadores de Guerrero, Durango, Chihuahua y Zacatecas. Este último llegó al grado de pedir que no se prohíba la exploración minera en áreas naturales protegidas, mientras que Javier Corral se comprometió a concientizar a la población sobre la importancia de la minería, olvidando que Chihuahua se ahoga en sangre anteinauditas expresiones de violencia, incluidas las generadas por los megaproyectos mineros. Confiados en Alfonso Romo, el brazo neoliberal del nuevo gobierno, los empresarios mineros y sus empleados buscan ahora una oportunidad para convencer al Presidente de que todos los daños perpetuos que provoca su actividad, principalmente la destrucción de enormes territorios a partir de la megaminería de tajo a cielo abierto, son un mito. Y ya envalentonados, los corporativos anuncian que para 2021 entrarán en operación cuatro nuevos tajos, incluido uno impulsado por la canadiense Argonaut Gold en el Cerro del Gallo, del municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia nacional.

Sin embargo, y sabedores de que el patrimonio ambiental del planeta es asunto de los ciudadanos, los habitantes de diversas comunidades rurales y urbanas de Dolores Hidalgo han organizado la resistencia para impedir que la canadiense imponga con mentiras la destrucción y el saqueo extractivista en su territorio. Al logro de este objetivo se unen cada vez más pobladores de seis municipios aledaños, incluidos San Felipe y San Miguel de Allende, territorios que comparten con Dolores el sobreexplotado acuífero Cuenca de la Independencia, del cual Argonaut Gold pretende extraer para su proyecto, mediante la perforación de siete pozos, un millón y medio de metros cúbicos anuales de agua, de los cuales 85 mil servirían sólo para intentar controlar los polvos en los enormes caminos que se requieren. La proyectada mina destruiría irreversiblemente 500 hectáreas de territorio, dentro de las cuales quedaría ubicado un cráter de un kilómetro de diámetro, así como dos nuevas montañas, una de materia estéril y otra de materiales que serían lixiviados con cientos de toneladas de cianuro mezcladas con millones de litros de agua del acuífero. Esta destrucción se concretaría en tan sólo siete años de vida útil de la mina, dejando tras de sí un ecocidio que impactaría directamente a las comunidades ubicadas en un radio de 50 kilómetros a la redonda del tajo. Y todo para extraer medio gramo de oro por tonelada de subsuelo.

Frente a este demencial proyecto que sus promotores califican como benéfico para la humanidad, y ante las mentiras y propaganda que los canadienses y sus empleados mexicanos han desplegado en la zona para confrontar a sus pobladores, muchos de éstos decidieron organizarse para obtener información directa sobre los impactos de los megaproyectos mineros de tajo a cielo abierto. Tras estudiar los datos que Argonaut Gold entregó al gobierno mexicano, un grupo de 90 habitantes de comunidades que serían directamente afectadas viajaron el pasado 9 de noviembre a Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde pudieron ver sin falsedades la destrucción perpetua que criminalmente dejó la canadiense New Gold Minera San Xavier, escenario al que podría quedar reducido el patrimonio biocultural de las futuras generaciones de dolorenses.

Esta visita a lo que se ha comenzado a denominar como el Museo Nacional del Ecocidio fortaleció la convicción de los asistentes para impedir la megaminería de tajo a cielo abierto en su territorio. Si bien los antiguos pueblos originarios de México consideraban al oro como la mierda de los dioses, en la actualidad lo es del capitalismo financiero, por ello, en la cuna de la Patria, los dolorenses y sus aliados están obligados a escribir otra página histórica de verdadera emancipación.

Gandhi, 150 años: una mirada desde México

La Jornada:

Gandhi, 150 años: una mirada desde México

Juan Carlos Ruiz Guadalajara *

El 2 de octubre de 1869, hace 150 años, nació en Porbandar, (Gujarat, India), Mohandas Karamchand Gandhi. Más allá de las celebraciones que se han preparado por todo el orbe para recordar al Mahatma, la ocasión es más que propicia para volver a reflexionar sobre algunos fundamentos de su legado universal por encima de lo que fue su actividad político-nacionalista dirigida a la liberación del Indostán, lo que le ha ganado el título de padre de la independencia de la India. Como todo personaje de dimensiones verdaderamente históricas, Gandhi ha sido objeto de interpretaciones reduccionistas, pero sobre todo de distorsiones generadas principalmente en el mundo occidental, las cuales responden a la dificultad de entender la compleja matriz cultural que definió las ideas que orientaron las acciones del Mahatma. A ello se agrega la falta de una perspectiva histórica adecuada para comprender las transformaciones y rupturas que desde niño experimentó Gandhi en la búsqueda de la verdad y en la práctica de la ahimsao ausencia de violencia, principios de vida que le llevaron a un permanente entrenamiento espiritual para lograr el dominio de sus pasiones. Fue éste un proceso largo de aprendizaje, siempre inacabado de acuerdo con el propio Gandhi, pero libre de autoengaño y verificable en la acción concreta.

El poder de la ahimsa le fue transmitido al pequeño Mohandas por su madre Putlibai Gandhi, quien era devota del dios Vishnu y seguidora de las antiguas enseñanzas jainistas que establecen como filosofía de la existencia el respeto hacia todas las formas de vida. De ahí también proviene la infinita devoción de Gandhi hacia la verdad y su temprano rechazo a la mentira por ser ésta una de las formas predilectas que asume la violencia. En su primera juventud Gandhi se había afirmado también como un vaishnava o seguidor del dios Vishnu, práctica que fortaleció con los años y que se convertiría en la base de su transformación en Mahatma. Los rasgos de un vaishnava, descritos en el siglo XV por el poeta gujarati Narsi Metha, lo definían como un servidor del hombre, alguien que se identificaba con las penas de los otros, que controlaba sus palabras, pasiones y pensamientos, cuya mente estaba liberada de cosas mundanas y que vivía libre de engaños. Gandhi convirtió estas palabras en un himno de vida, en un canto que le acompañó a través de todas sus transformaciones.

En Sudáfrica, donde encontramos buena parte de las claves para entender su accionar político, Gandhi conoció la humillación y el racismo hacia los migrantes indios por parte del imperio británico, uno de los imperios globales más despiadados que ha producido nuestro planeta y que, al igual que otras naciones colonialistas europeas, se volcó a expoliar a punta de violencia y comercio África y Asia. En Sudáfrica, Gandhi desarrolló como método de lucha el satyagraha, la insistencia en la fuerza de la verdad, además de haberse sumergido en el estudio de otras tradiciones religiosas, especialmente el cristianismo. Fue en el Sermón de la Montaña donde encontró las confluencias con la ahimsa y donde pudo confirmar lo lejos que los cristianos estaban de llevar a la práctica sus creencias.

Al regresar a India en 1915, Gandhi comenzaría a experimentar las rupturas más profundas. Se convirtió así en un actor político excepcional que hizo de su vida su mensaje y de la verdad su culto. Cayó en la cuenta de que la liberación de su pueblo sería un proceso largo que dependería de la reconstrucción de las capacidades de autonomía y unidad comunitaria de los indios, mismas que habían sido destruidas por la dominación inglesa y su modernidad industrial que comenzaba a arrasar el ambiente. La unidad en la diversidad se convirtió así en el objetivo de Gandhi para un subcontinente indio marcado por las divisiones entre hindúes y musulmanes. El desenlace es por todos conocido: Gandhi fue aniquilado por la violencia del fanatismo que alimentaba esas divisiones. Lo cierto es que su obra fue grandiosa para India y una aportación enorme para una humanidad que se mueve hacia la autodestrucción.

En el caso de México, ¿existe una vía efectiva para revertir la violencia que nos arrastra con fuerza al drenaje de la historia? Me parece que no. México es actualmente ejemplo paradigmático de la sociedad del exterminio de la vida, y no se vislumbra, al menos por ahora, un liderazgo o una organización comunitaria capaz de revertir la violencia provocada por la ambición de los poderes fácticos o por la corrupción más destructiva que se vive en la intimidad de muchos sectores sociales. No existe calificativo que pueda describir la violencia y el desprecio hacia la vida que se vive en nuestro país. Las ejecuciones que se suceden por todos lados, o las frivolidades del poder, o las noticias cotidianas sobre la dispersión de pedacería humana circulan por Internet para configurar la nueva pedagogía del odio y la barbarie. En este escenario atroz, recordar el mensaje de Gandhi a 150 años de su natalicio representa un ejercicio básico de sobrevivencia.

* Historiador, autor de Migración y creencias.

Cerro de San Pedro no se olvida

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

La Jornada

Por segunda ocasión en su mandato y para que no olvidemos, el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. ¡Ya cambiaron las cosas!, remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis