Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
Al contrario de las
aspiraciones ambientalistas que incentivaron el voto de miles de
mexicanos en favor de un cambio verdadero, el gobierno de México no ha
logrado cumplir hasta ahora su promesa de hacer justicia ambiental y
promover políticas públicas eficientes para garantizar el constitucional
derecho humano a un ambiente sano. En otras palabras, el objetivo
social de alcanzar un régimen político comprometido sin ambages con la
justicia ambiental continúa sin visos de realización. Con ello me
refiero no sólo a los megaproyectos que impulsa el actual titular del
Poder Ejecutivo, sino también a su falta de voluntad política para
investigar los numerosos crímenes ambientales cometidos en el denominado
periodo neoliberal, los cuales profundizaron la degradación de diversos ecosistemas regionales y ejercieron múltiples formas de violencia contra poblaciones vulnerables.
El caso más reciente lo encontramos en la resistencia no violenta que
comunidades del municipio de General Cepeda, Coahuila, han desarrollado
desde hace años para detener la imposición de un confinamiento de
residuos tóxicos y peligrosos en el corazón del ejido Noria de la
Sabina. Organizados en torno a los campesinos de dicho ejido, los
pobladores de diversas comunidades rurales y urbanas de la región
debieron enfrentar, desde mayo de 2014, las mentiras de la empresa
Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (Semnsa) y de sus redes políticas
en los tres niveles de gobierno. En aquella fecha, ejidatarios y
habitantes de General Cepeda pudieron acceder a la información de la
manifestación de impacto ambiental (MIA) que Semnsa presentó ante la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sólo para
enterarse de que el proyecto de supuesto desarrollo económico que les
habían anunciado (una maquiladora) era en realidad un megaproyecto de
basurero tóxico adornado con el nombre de Centro Integral para el Manejo
y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari).
Sin haber informado y consultado a los campesinos de los ejidos
aledaños, Semnsa solicitó permiso ambiental para construir nueve celdas
de 300 metros de largo por 100 de ancho y 10 metros de profundidad en un
espacio de 270 mil metros cuadrados, para recibir un promedio de 40 mil
253 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos provenientes de
diversas zonas industriales del país. Al final de su vida útil,
calculada en 99 años, el Cimari habrá trasladado al ejido Noria de la
Sabina y su región un total de 4 millones de toneladas de aquellos
residuos. El 18 de julio de 2014, sin mayor averiguación, la Semarnat, a
través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, extendió
un irregular permiso a Semnsa, avalando con ello el ecocidio. Ante esta
amenaza que impactaría a los campesinos de Noria de la Sabina, así como a
10 comunidades de los municipios de General Cepeda y Ramos Arizpe, la
sociedad civil organizada emprendió la defensa jurídica de su territorio
con el apoyo de la diócesis de Saltillo y de notables abogados
ambientalistas, logrando en febrero de 2017 una sentencia favorable que
declaró deficiente el permiso y, por ende, su nulidad, ordenando a
Semarnat reponer el procedimiento.
Para entonces la empresa, ignorando a los pobladores, ya había
removido cientos de miles de metros cuadrados de superficie de uso
forestal y construido la primera celda del basurero, lo que le permitió
comenzar operaciones en 2016. En marzo de 2017 la Semarnat, en total
respaldo al proyecto ecocida, concedió otro permiso a Semnsa diciendo
haber subsanado deficiencias de procedimiento. En este contexto de
complicidad político-empresarial, los habitantes de la región volvieron a
demandar en tribunales federales a la Semarnat, pidiendo la nulidad de
la nueva autorización, objetivo que lograron en enero de 2020 mediante
una sentencia que calificó de ilegal
el que la demandada [Semarnat] resolviera autorizar el proyecto y considerarlo ambientalmente viable. Entre otras anomalías, la sentencia determinó que la autorización de la Semarnat fue indebidamente fundada y motivada al no haber cumplido con un análisis exhaustivo de la vinculación del proyecto de basurero tóxico con la legislación aplicable, principalmente con las normas oficiales mexicanas 056, 057 y 058, deficiencia también presente en la MIA que presentó la empresa.
Así, con dos permisos irregulares que han sido anulados gracias a la
defensa jurídica emprendida por los habitantes de la región, hoy Semnsa
ha introducido a Noria de la Sabina al menos 80 mil toneladas de basura
tóxica y peligrosa. Además de haber engañado y violentado el derecho
humano a un ambiente sano, la empresa, sin autorización ambiental válida
y confiada en sus amarres políticos, no ha dejado de trabajar ni
siquiera ahora en tiempos de Covid-19. ¿Lo seguirá haciendo en tiempos
de la 4T o veremos, finalmente, algún destello de verdadera justicia
ambiental que nos permita proclamar el comienzo del fin de la impunidad
que gozan los grandes ecocidas? No está de más recordar que a su paso
por aquellas tierras el entonces candidato López Obrador prometió que de
llegar al poder cancelaría el basurero tóxico. Los pobladores han hecho
su parte. Toca ahora al gobierno del cambio dar señales de congruencia
en materia ambiental.
* Investigador de El Colegio de San Luis y autor del libro La transformación cultural de los nómadas guachichiles en su integración a la dominación hispánica, 1550-1700 ( 2018)
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