Ciudad de México. Legislar el Pin Parental, es
decir, la posibilidad de que madres y padres de familia eviten que sus
descendientes reciban educación sobre salud sexual y reproductiva,
vulnera el interés superior de niñas, niños y adolescentes al negarles
información científica y laica.
La secretaria general del Consejo
Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, reiteró que el Pin
Parental va en contra de la Constitución Política federal que garantiza
el derecho a la educación, incluyendo la educación en sexualidad.
Al
participar este lunes en un foro virtual, junto con las representantes
de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), Esther Corona
Vargas y de Ipas México y Centroamérica, María Antonieta Alcalde, la
funcionaria coincidió en que la educación integral en sexualidad es un
derecho.
Hasta junio, legisladores de los congresos de
Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, han propuesto
modificar sus leyes locales de educación para establecer que las y los
tutores de menores de edad tengan la posibilidad de evitar que en las
escuelas sus hijas e hijos no reciban ni accedan a contenidos sobre
sexualidad o que contravengan sus creencias éticas, morales o
religiosas.
Para las agrupaciones civiles estas reformas son un
retroceso en los Derechos Humanos de las mujeres y niñas porque podrían
incrementar el embarazo infantil y adolescente, la violencia en el
noviazgo y el desconocimiento de métodos anticonceptivos, enfermedades
de transmisión sexual y del derecho a decidir sobre el cuerpo propio.
El
pasado mes de mayo el Congreso del estado de Aguascalientes reformó la
Ley de Educación estatal y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de Aguascalientes para permitir que madres y padres puedan
negarse a que sus descendientes reciban información en actividades
educativas contrarias a sus creencias morales y a su ideología.
Ante
esto, las agencias de Naciones Unidas se pronunciaron el pasado 16 de
junio al publicar un comunicado en donde señalaron que si bien las
personas adultas como padres, madres, cuidadores o instituciones de
protección, tienen la responsabilidad de la crianza y el desarrollo de
niñas y niños bajo su tutela, esa responsabilidad no es discrecional ni
absoluta, sino que está condicionada a que las y los menores de edad
puedan ejercer plena y prioritariamente sus derechos.
Las
representaciones de UNICEF, UNESCO, UNFPA y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertaron
además que la reforma educativa en Aguascalientes abría la puerta para
que padres, madres y cuidadores puedan ejercer violencia contra niñas,
niños y adolescentes como método de disciplina.
En
Aguascalientes, la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos
anunció que presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las reformas
aprobadas por el Congreso al considerar que se vulnera el derecho a la
educación y la salud sexual de las y los menores de edad.
A su vez, diferentes colectivos promovieron un documento en la plataforma web change.org para
pedir que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, Rosario Piedra Ibarra presentará una acción de
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para que el organismo se
pronunciara por los derechos de las y los niños.
La propuesta de
establecer en las leyes una restricción a la educación sexual se ha
extendido en los Congresos del resto del país. Por esa razón, la
Secretaría de Gobernación junto con el Sistema Nacional Integral de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se han opuesto a estas
reformas públicamente.
En mayo el Congreso de Nuevo León
debatió el Pin Parental, es decir, reformar la Ley de Educación estatal
para que los padres de familia eviten que sus hijas e hijos reciban
educación sexual. El 29 de mayo la propuesta legislativa fue rechazada
al no alcanzar los votos necesarios y ante las críticas de la sociedad
civil.
Es por ello que legisladoras que se consideran “providas” y
que militan en el Partido Encuentro Social, promotor del Pin Parental,
han señalado que el llamado de la Segob es un ataque a la familia. Por
ejemplo, la diputada de Chihuahua, Marisela Sáenz, y la diputada de
Querétaro, Elsa Méndez, exigieron públicamente a la Segob que no
interfiera en los Congresos locales.
Cabe recordar que la Ley
General de Educación establece que la educación debe contar con un
enfoque de Derechos Humanos y con perspectiva de género, y que la
educación sexual y reproductiva debe formar parte de los planes de
estudio.
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