Que retumbe en las entrañas de la impunidad

La Jornada

Martha Camacho*

Este evento de reconocimiento** es una luz, una esperanza, es un punto de partida. Falta mucho por hacer, espero que la puerta se abra para otras familias y colectivos. Que esto no quede sólo en disculpa. Es un primer logro; sin embargo, hay que seguir avanzando.

Para mí es muy importante la admisión de responsabilidad porque esto implica reconocer lo que viví y que las autoridades asuman su obligación.

Lo que me sucedió fue un infierno que como mujer se vive peor. Aun con la violencia que ejercieron contra mi persona, mi dignidad prevaleció. No me cortaron las alas, me tuve que levantar y permanecer de pie con orgullo, igual que las palmeras después de la tormenta. Lo que me ha impulsado todos estos años es la búsqueda de justicia y verdad. Ahora que el Estado reconoce su responsabilidad, con más ganas y con más fuerzas voy a seguir pidiendo justicia.

No podemos olvidar que hoy nos acompañan espiritualmente las madres que se nos adelantaron, dejándonos la estafeta. Su memoria y lucha nos siguen acompañando y dando fuerza. Esta dis­culpa la debió recibir también quien fue mi esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, que me fue arrebatado por los militares. En memoria de él y de tantas y tantos que hoy nos faltan, que sepan que no los olvidamos, que sepan que mientras yo esté viva, no estarán muertos.

Lamento que no esté Sedena, ya que perdió una oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución.

Como historiadora, me he dedicado a documentar estas atrocidades. Sé que la principal herramienta es la educación para seguir construyendo memoria y no olvidar. El Estado debe tomar acciones como medidas de no repetición. En el pasado se apostó al desgaste, al miedo, a callarnos, a la normalización, a que éramos uno más entre tantos desaparecidos. Por eso, estar aquí hoy es ganarle al olvido, decirles que no nos dejaremos vencer por la impunidad y la indiferencia, no callaremos.

Buscar justicia no ha sido fácil. Ha sido mucho caminar en contracorriente, tomar la dignidad que no pudieron arrebatarnos como fuerza para seguir, remando contra el dolor, contra la impunidad, movidos por nuestros corazones y convicciones. Instituciones que deberían apoyarnos no han estado a la altura. Si bien la CNDH en su recomendación 26/2001 generó un impulso para un primer reconocimiento de las graves violaciones cometidas por el Estado, éste fue deficiente. Incluso dejó fuera mi caso y el de muchos otros a lo largo del país.

Tampoco podemos olvidar a la Femospp, institución de nombre muy largo y resultados muy cortos. Fue la fiscalía quien reconoció los delitos de lesa humanidad a los que sobreviví. Han pasado 13 años de su informe final y sus palabras siguen siendo vigentes.

La oportunidad y el reto está en construir distinto. Sanar al país requiere jus­ticia, verdad y memoria. Mientras los casos del pasado no se resuelvan, mientras no existan ejemplos de justicia, estas graves violaciones de derechos humanos seguirán ocurriendo. Si este gobierno quiere cambiar, tiene que empezar a traer justicia a los casos de ayer y de hoy. En ello radica la posibilidad de que el cambio de régimen se convierta en un verdadero proceso de transición democrática.

No queremos que las madres, esposas, hijas e hijos que iniciaron esta lucha se vayan sin escuchar que se reconoce la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de derechos humanos contra sus familiares. Ellas han mantenido su memoria y el Estado debe reconocerlo.

Tras 42 años, este es el primer gobierno que reconoce las violaciones de derechos humanos. Esto debe ser sólo el inicio del compromiso por parte del Estado para avanzar hacia un camino que nos lleve a la verdad, a la justicia, la reparación integral, la memoria y a que tomen verdaderas medidas de no repetición.

He recorrido este camino acompañada de colegas. Muchos hoy me acompañan, otros lo hacen a la distancia, no hemos estado solos. Esta disculpa, este reconocimiento de responsabilidad del Estado, debe llegar a otros oídos, ser escuchada por la organización de familiares que represento: Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70, y muchas otras organizaciones o colectivos de familiares desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en todo el país. Por eso quiero que se realicen actos de reconocimiento y de memoria en Sinaloa y donde se cometieron estos graves crímenes.

También he caminado de la mano de madres, hermanas e hijas, de otras personas desaparecidas, del pasado y de la historia más reciente. Hemos visto que este país es una fosa. Es a estas familias a las que el Estado nos debe voltear a ver a la cara para no dejarnos seguir solas. Debemos seguir avanzando, yo lo seguiré haciendo, hasta que haya justicia y verdad para todas.

Quiero agradecer a mis hijas e hijo, mis nietas y mis nietos, hermanas, hermanos, esposo y demás familiares que, en este camino de dolor, me han acompañado con amor y generosidad, como lo están haciendo hoy. A quienes pido se pongan de pie para que se les reconozca porque también ellos son víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que cometió el Estado.

También quiero agradecer a mis compañeros de lucha y amigos solidarios, muchos desafortunadamente no pudieron estar aquí. Mi eterno agradecimiento al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que además de su ardua labor, me ha acompañado desinteresadamente durante años como amigo solidario en esta búsqueda por la verdad, justicia y memoria. Hoy tomo fuerza para seguir avanzado. Que mi voz resuene y que otras víctimas sean escuchadas. Que la búsqueda de la justicia por la que llevo décadas luchando haga eco y retumbe en las entrañas de la impunidad.

* Historiadora y sobreviviente de la guerra sucia. Presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.

** Versión reducida del discurso en que el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a la ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre.

Guerra sucia, disculpa indispensable

Editorial La Jornada

Por conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, el Estado mexicano ofreció ayer una disculpa pública por la feroz campaña represiva que el poder público desató en el país en las octava y novena décadas del siglo pasado.

Corrió a cargo de la primera pedir perdón en lo individual a Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, fue víctima de detención arbitraria el 19 de agosto de 1977, en Culiacán, Sinaloa, por elementos del Ejército, policías estatales e integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Trasladados a las instalaciones de la novena Zona Militar, en la capital sinaloense, ella fue torturada durante 49 días, obligada a parir en condiciones infrahumanas e indignas y forzada a presenciar la tortura y la ejecución extrajudicial de su pareja, cuyo cuerpo nunca fue hallado.

Por esas atrocidades, emblemáticas de la guerra sucia lanzada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo contra disidentes e integrantes de grupos guerrilleros, Sánchez Cordero comprometió ante la víctima y su hijo nacido en prisión la voluntad del Estado, a garantizar la reparación integral de los daños y a aplicar las medidas necesarias para impedir que acciones criminales como las referidas se repitan en perjuicio de ninguna otra persona. Asimismo, la funcionaria hizo énfasis en el componente de género de la violencia de Estado, la cual, en el caso de Camacho Loaiza se manifestó en torturas sexuales y violencia obstétrica.

La víctima, por su parte, lamentó, con razón, la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ceremonia. Esa institución, dijo,perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometió en esa época, pues los crímenes fueron perpetrados en una instalación castrense.

A su vez, Encinas Rodríguez formuló una disculpa general a los cientos de víctimas de la guerra sucia, caracterizada porprácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeresqueevidenció a un régimen dispuesto a todo para eliminar cualquier intento de oposición y discrepancia. El titular de Derechos Humanos de Gobernación se comprometió, en nombre del gobierno, a indagar los crímenes de ese periodo oscuro para llevar justicia y verdad a las víctimas.

La ceremonia deja sentimientos encontrados: es desolador, por un lado, que hayan debido transcurrir más de cuatro décadas y ocho sexenios para que la institucionalidad del país empiece a responsabilizarse por los innumerables y gravísimos abusos perpetrados en el contexto de la guerra sucia.Pero, al mismo tiempo, el acto introduce en el panorama nacional una nota de esperanza de transformación real y de fondo, marca un deslinde inequívoco con respecto a los gobiernos del régimen anterior y ofrece una rúbrica de autenticidad a los propósitos de respeto a los derechos humanos por parte de la Cuarta Transformación.

Ésta tiene por delante, sin duda, una tarea enorme en materia de esclarecimiento, justicia, reparación y garantía de no repetición, no sólo ante las atrocidades perpetradas en los sexenios de Echeverría Álvarez y López Portillo, sino también ante las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en los gobiernos de Carlos Salinas (asesinatos de opositores), Ernesto Zedillo (contrainsurgencia en Chiapas y masacres de campesinos como las de Aguas Blancas y Acteal), Vicente Fox (represión en Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco y Oaxaca), Felipe Calderón (guerracontra las drogas y proliferación de la violencia militar y policial en contra de la población) y Enrique Peña Nieto (masacres de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán y otras, además de la barbarie perpetrada en Iguala en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa).

El gobierno ha dado el primer paso. La sociedad debe acompañar e impulsar este arduo proceso, indispensable para construir una paz auténtica y una reconciliación nacional perdurable.

Sobreviviente de guerra sucia recibe disculpas del gobierno

Martha Camacho esperó 42 años por este acto de esperanza

La secretaria de Gobernación reconoció violaciones graves

▲ Pasaron más de cuatro décadas para que la primera víctima pudiera escuchar una disculpa.

En un acto inédito, el Estado mexicano reconoció por primera vez que durante la guerra sucia “se construyó y operó desde el gobierno de la época un aparato de represión que cometió delitos de lesa humanidad” contra los disidentes políticos.

Ayer 23 de septiembre, en una fecha simbólica, el gobierno federal ofreció disculpas públicas a la primera de cientos de víctimas en ese periodo de la historia reciente del país: Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su entonces esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga (ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre), fue detenida de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por efectivos del Ejército, policías estatales y de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Fue torturada durante 49 días en la novena Zona Militar en Culiacán, estaba embarazada y la hicieron parir en infrahumanas condiciones; además, se le obligó a presenciar la tortura y ejecución extrajudicial de su esposo, cuyo cuerpo jamás se le entregó. Recuperó su libertad gracias a que su familia pagó un rescate y durante 42 años ha luchado por justicia y la reparación del daño.

Con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la PGR, durante el gobierno de Vicente Fox, presentó una denuncia, pero al paso de los años su derecho de acceso a la justicia se le ha negado.

Ayer, en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, en una emotiva ceremonia en la que se congregaron defensores de derechos humanos, víctimas de la guerra sucia, sus familiares y funcionarios, y en la que las consignas de aquella época se escucharon fuerte: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ofreció la disculpa pública a Camacho Loaiza, a su esposo y a su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho, quien nació cuando Martha estaba detenida en el cuartel militar y vivió en sus primeros minutos de vida la tortura al ser encañonado con una metralleta como forma de doblegar a su madre.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como guerra sucia (…) Le ofrezco una disculpa por la violación de su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como del paradero del cuerpo del señor Alapizco Lizárraga y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.”

Después 42 años de lucha por la verdad y la justicia, Martha Alicia Camacho sentenció que este acto representa una esperanza y un punto de partida para que cientos de víctimas de la guerra sucia puedan alcanzar justicia y reparación del daño, al igual que miles en los años recientes.

Acompañada en todo momento por la fotografía de su esposo, reconoció a su hijo, hijas, nietos, yernos, a su actual compañero de vida, a toda su familia, así como a aquellas otras víctimas y colegas que han estado a su lado. Pidió que se pusieran de pie y el recinto se estremeció con el aplauso. Alguien gritó entre los asistentes: ¡Vivan los valientes de la 23 de Septiembre!. Ella, conmovida, también agradeció el apoyo del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En ese acto no se dejó de lado la exigencia de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa y para las miles de víctimas de la crisis que vive México.

Camacho criticó la ausencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional: Perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época, reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. ¡Qué lamentable! Deberían estar aquí porque fue justamente al interior de las instalaciones de la novena Zona Militar de Culiacán donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana.

Foto Luis Castillo

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 24 de septiembre de 2019, p. 3

Una disculpa del Estado no es mucho, pero es parte de la justicia

Falta castigar a los culpables

Se reconocerán actos de tortura contra Martha Camacho, quien fue miembro de la Liga 23 de Septiembre

▲ Martha Camacho fue torturada por 49 días, presenció la ejecución de su esposo y dio a luz en condiciones infrahumanas.

Este lunes 23 de septiembre el Estado mexicano ofrecerá disculpas a Martha Alicia Camacho Loaiza por haberla sometido a actos de tortura y desaparición forzada hace 42 años. Pero por muy importante que sea este acto oficial de contrición, para ella significa apenas el inicio de una nueva etapa en su lucha personal para alcanzar la justicia. Es una pequeña luz, dice, que puede abrir nuevas puertas.

La de esta mujer originaria de Sinaloa no es una historia cualquiera: con apenas 21 años de edad, decidió unirse a la Liga Comunista 23 de Septiembre luego de haber atestiguado la explotación en que vivían muchos trabajadores del campo.

Esa revelación la conmovió más allá de lo que puede explicar. Dejó la vida relativamente cómoda que llevaba hasta entonces y se sumó a la lucha armada junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga.

Ambos fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados, policías estatales y agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Aunque fue torturada por 49 días, presenció la ejecución de su esposo y fue obligada a dar a luz en condiciones infrahumanas, recuperó la libertad luego de que su familia pagó un rescate. Pocas personas como ella han logrado regresar de la muerte.

Hoy, luego de un tortuoso proceso legal que tardó varios años, Martha Alicia consiguió que el Estado mexicano aceptara que ella y su compañero fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos –delitos que son imprescriptibles–, y por ende deben ponerse en marcha varias medidas de satisfacción para reparar el daño sufrido.

Punta de lanza

Asegura que las disculpas que el Estado mexicano le dará este lunes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, son sólo parte de un camino (que no ha terminado) de búsqueda de justicia para ella, su esposo José Manuel (cuyo cuerpo no ha sido encontrado hasta ahora) y todas las víctimas de crímenes de Estado.

–Después de todo este camino recorrido, ¿qué significado tienen para usted las disculpas?

–Han transcurrido más de 40 años, 42 en mi caso, y para mí las disculpas tienen gran significado, porque es la primera vez que el Estado mexicano va a reconocer lo que pasó. Y si reconoce este caso va a tener que continuar. Que este caso sea la punta de lanza para que vengan las disculpas en todos los casos.

“Por allí un compañero me dijo: ‘¿Una disculpa va a revivir a tu marido?, ¿te va a quitar el dolor que has vivido?’ Pues no, pero es una luz de esperanza muy significativa, porque hemos pasado por diferentes gobiernos y nunca se había hecho esto; creo que sí es un gran avance. Podría decirse que es poco, pero es una pequeña parte de la justicia transicional.

–¿Qué diferencias ve entre las desapariciones de décadas pasadas y las de hoy?

–Durante todo este tiempo nunca ha terminado la represión por parte del Estado hacia diferentes agrupaciones; es algo que el Estado ha permitido que crezca hoy, y hay datos de que andamos por los 50 mil desaparecidos. Pero estoy plenamente segura de que la cifra se rebasa con mucho, porque ahora el Estado tiene la justificación de que las víctimas ‘tenían vínculos con la delincuencia organizada’.

–¿Qué tan lejos o cerca está la justicia en el caso de usted y de su esposo?

–Quiero creer que esto es una pequeña luz, donde posiblemente se inicia una puerta que nos permita reconocer no sólo lo que me pasó a mí. La disculpa tiene que extenderse a todas las madres y las familias que aún continuamos en la lucha sin que se haya podido encarcelar a nadie.

“En todo lo que pasó no sólo estuvo la DFS, también estuvo el Ejército, y me gustaría cederles un poco de mi tiempo (en la ceremonia del lunes) a ellos y que se disculpen por las aberrantes violaciones que cometieron. Para mí, ésa sería la cereza del pastel.

–Más que ser un final, ¿las disculpas son el punto de partida para algo mayor?

–¡Claro! Nos hacen falta muchísimas cosas, y la principal es la justicia y que se castigue a los culpables. Yo no doy ninguna amnistía ni perdón, porque ellos no tuvieron la más mínima misericordia para llevarnos a un nivel más abajo del suelo y denigrarnos como seres humanos.

–¿Qué piensa de la polémica reciente por las declaraciones del historiador Pedro Salmerón, quien calificó de valientes a los jóvenes guerrilleros que secuestraron al empresario Eugenio Garza Sada?

–Me parece bien lo que dijo, y me hubiera gustado que dijera que además de valientes éramos personas inteligentes, que hacíamos círculos de lectura para discutir teorías filosóficas que habían triunfado en otros países. Éramos un grupo de jóvenes idealistas contra un monstruo, un sistema, un Ejército bien armado, y no hay punto de comparación.

–¿El Ejército sigue siendo un poder por encima de las instituciones?

–La Sedena es intocable, por eso queremos que abran sus expedientes. No dejemos que las madres de los desaparecidos se mueran sin antes saber que el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece una disculpa. Sigo esperando justicia y esto no me va a atar: al contrario, con más ganas voy a exigir justicia. Esto apenas inicia.

Foto Pablo Ramos

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 11

Recuerden torturas y desapariciones

La Jornada:
Elena Poniatowska Amor

Al leer el sábado 21 de septiembre en La JornadaFuncionario explica polémica publicación sobre la muerte de Eugenio Garza Sada, recordé a doña Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra acusado de militar en la Liga 23 de Septiembre y desaparecido en Monterrey el 18 de abril de 1975, me abordó en la marcha del 17 de abril de 1977 en contra de Díaz Ordaz en la que coreábamos en el Paseo de la Reforma: Al pueblo de España no le manden esa araña y Tengo un hijo desaparecido.

Rosario Ibarra ya vivía en México y empezó la búsqueda por su hijo desaparecido. Su esposo médico, padre de Jesús, fue torturado en Monterrey en unas celdas conocidas comoLas tapadas, le metieron la cabeza tres veces en agua de orines y de ácido para revelar fotografías, le rompieron la cuarta vértebra lumbar a fuerza de golpes y tuvo que ser hospitalizado. Rosario decidió venir a México, buscar a su hijo en todas las cárceles clandestinas, reunir a otras madres con hijos desaparecidos, organizar huelgas de hambre a un lado de Palacio Nacional, nada menos que en la Catedral Metropolitana e intentar ver a los sucesivos presidentes de la república Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.

Si el historiador Pedro Salmerón utiliza el adjetivovalientesno lo hace en detrimento de don Eugenio Garza Sada, pero sería bueno recordar las acciones en contra de los jóvenes: los simulacros de fusilamiento, la tortura de la picana que se aplicaba a los detenidos en los pezones, los labios, las partes blandas, la tortura del Tehuacán con gas que se introduce en la boca y revienta el tímpano, los sótanos en que los muchachos esposados aguardan tirados en el suelo, la falta de agua para lavarse (muchos compañeros se zurraban en los calzones), la oscuridad del sótano, la bús-queda infructuosa de las madres en todas las cárceles clandestinas de México,Vivos los llevaron, vivos los queremos, la lucha del Comité Eureka. Es a esa valentía a la que se refería el doctor Pedro Salmerón.

Estábamos en guerra por lo que creíamos justo: David Cilia

Si fuera posible retroceder el tiempo, volvería a participar en la Liga Comunista 23 de Septiembre, afirma David Cilia Olmos cuando se le pregunta acerca de lo que significó para él ser guerrillero y su opinión de la polémica desatada en días recientes.

Organismos de la iniciativa privada y legisladores pidieron la destitución del director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México (Inehrm), Pedro Salmerón, por haber llamado valientes a los guerrilleros involucrados en el asesinato, en 1973, del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

Cilia Olmos sostiene que la década de los años setenta fue un periodo de guerra. Y tan estábamos en guerra que murió Eugenio Garza Sada y murieron dos compañeros de nosotros que también son seres humanos. Estábamos en guerra. O sea, no los mató con un cortaúñas Garza Sada, traía gente armada. Y en la guerra, como en la guerra, manifestó.

Antes del escritor Carlos Montemayor –considerado referente en el estudio de los opositores armados– la única mención en la literatura y en los medios de comunicación era que los integrantes de esos movimientos eran delincuentes, facinerosos, criminales y cobardes.

Los comentarios de Cilia Olmos fueron tomados un par de horas antes de que el Inehrm dio a conocer el nombre de su nuevo titular. Al referirse a los comentarios de quienes criticaron duramente a Salmerón, adujo que quienes sostienen esa campaña rabiosa, acusando a alguien por reconocer que los guerrilleros eran jóvenes valientes, se quedaron con más de 30 años de atraso, gente que no reconoce que este país ha cambiado.

Ninguno de los que estuvimos en la lucha armada en este país desconocía lo que nos podía pasar aquí o en el campo militar número uno y los otros centros de tortura. No hubo ningún militante, de ninguna organización armada, que no supiera, en su momento, lo que le esperaba. Y también sabía que su nombre no se iba siquiera a conocer y no iba a obtener ningún beneficio personal. Y se atrevió, señaló Cilia Olmos.

Ustedes pueden tener cualquier concepción política acerca de la lucha armada de aquella época, pero nosotros sabíamos que peleábamos por lo que considerábamos justo. Ellos (los involucrados en el suceso de Garza Sada) sabían lo que les esperaba. Así que díganme si no eran jóvenes valientes, agregó.

Florencio Lugo Hernández, partícipe del asalto al cuartel de Ciudad Madera, dijo que las guerrillas han existido desde siglos anteriores y no son algo nuevo. “Es dar desde el fondo de tu corazón, desde tus sentimientos más profundos: dar la vida sabiendo que se va a dar la vida.

De alguna manera se busca a la persona que representa la oligarquía, el grupo poderoso de Monterrey, en Chihuahua, en muchos lugares, que todavía son los más poderosos, dueños de fortunas de miles de millones de dólares. Es una lucha, y en la lucha se va a morir o vivir estos momentos, comentó.

En un encuentro de sobrevivientes de movimientos armados, realizado en el edificio del cuartel general de la Dirección Federal de Seguridad, organismo policiaco que encabezó la represión de la protesta mediante el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, se anunció que el Premio Nacional Carlos Montemayor de este año será para Florencio Lugo Hernández y Francisco Ornelas Gómez, sobrevivientes del asalto al cuartel de Ciudad Madera en la sierra de Chihuahua el 23 de septiembre de 1965, acto que marcó el inicio de la lucha guerrillera en México.

El galardón se entregará la mañana de hoy en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos.

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 22 de septiembre de 2019, p. 11

De Chihuahua a Tesopaco: el movimiento guerrillero de 1965 y 1968

Jesús Vargas*

El 11 de septiembre se cumplieron 51 años de que fueron fusilados sumariamente, de manera inhumana y cruel, sin el mínimo respeto a sus derechos humanos, cinco integrantes del grupo popular guerrillero Arturo Gámiz. Ellos habían jurado continuar la lucha revolucionaria que se había iniciado en la región de Madera, Chihuahua.

La historia es la siguiente:

1. El 23 de septiembre de 1965, 13 jóvenes del Grupo Popular Guerrillero intentaron apoderarse del cuartel militar de Ciudad Madera; en el asalto murieron los dos comandantes, Arturo Gámiz y Salomón Gaytán, así como seis de sus compañeros; cinco se salvaron con el apoyo y la protección que heroicamente les brindó el pueblo.

2. Entre los militantes del grupo hubo varios que no lograron incorporarse el día del asalto, ellos, junto con los cinco guerrilleros que se salvaron el 23, se reunieron en la Ciudad de México en diciembre de 1965. Eran aproximadamente 30 los que discutieron sin llegar a un acuerdo; algunos sostenían permanecer en el centro del país y desde ahí continuar la lucha a escala nacional; los otros estaban decididos a regresarse a la sierra de Madera y seguir la lucha iniciada por sus compañeros caídos el 23 de septiembre. En esta posición estaban Ramón Mendoza; Juan Antonio y Salvador Gaytán, Guadalupe Scobell y Óscar González.

3. Después de muchas dificultades, a mediados de1967 se subieron a la sierra de Chihuahua Juan Antonio y Salvador Gaytán, Guadalupe Scobell, dos compañeros de Sonora y Óscar González. El 7 de agosto realizaron la primera acción, ejecutando al odiado matón y cacique Ramón Molina, quien despojó de sus tierras y ejecutó a varios miembros de la etnia Pima.

4. Después de cuatro meses de resistir en condiciones muy adversas, decidieron bajar a la ciudad de Chihuahua para obtener apoyo logístico e integrar a nuevos combatientes. Óscar González buscó apoyo en Sonora y en otras partes del país. Se reunió en México con un grupo solidario de ex militantes del PPS, que desde 1964 habían apoyado al profesor Arturo Gámiz. Entre otros compañeros de ese grupo estaba Rafael Estrada Villa, Adalberto y Alfonso Pliego. Además del apoyo logístico, se unieron a la guerrilla los jóvenes José Luis Guzmán y Joel de la Paz.

5. En junio de 1968 se subieron nuevamente a la sierra nueve guerrilleros, pero a la región de Tomochic, donde consideraron que había mejores condiciones: Jesús María Casavantes, Juan Güereca, Carlos Armendáriz y Óscar González, de Chihuahua; Joel de la Paz y José Luis Guzmán, de la Ciudad de México; Arturo Borboa, rarámuri de Sonora; Guadalupe Scobell y José Antonio Gaytán de la región de Madera. Poco después se regresaron a la ciudad Casavantes, Güereca y Joel de la Paz.

6. El 19 de julio volaron el aserradero de Tomochic, iniciándose la persecución masiva del Ejército; los guerrilleros tomaron rumbo hacia Sonora. El 19 de agosto fueron detectados por una patrulla militar a bordo de un helicóptero, al que lograron derribar. Interrogaron a los militares que iban a bordo y les perdonaron la vida.

7. El 23 de agosto los guerrilleros fueron atacados en una emboscada, cerca de Uruachic. Muere combatiendo heroicamente Carlos Armendáriz y es herido el comandante del grupo Óscar González.

8.- El 8 de septiembre los militares acribillan cerca de Tesopaco, Sonora, a José Luis Guzmán.

9. El 9 de septiembre fueron detenidos Óscar González y Arturo Borboa. Son torturados y fusilados sumariamente.

10. El 11 de septiembre son capturados Guadalupe Scobell y Juan Antonio Gaytán; los metieron en unos sacos de arpilla y los trasladaron en avioneta a Tesopaco, donde fueron fusilados.

11. El año pasado, al cumplirse medio siglo, se les rindió tributo en Tesopaco; se develó un monumento en el lugar en que fueron sepultados. Ahí se definió que históricamente este movimiento es la continuidad del que tuvo lugar el 23 de septiembre de 1965.

12. El próximo 22 de septiembre, con la intención de preservar la memoria histórica de los movimientos guerrilleros, se otorgará el Premio Nacional Carlos Montemayor a los sobrevivientes del asalto al cuartel de ciudad Madera del 23 de septiembre de 1965: Francisco Ornelas y Florencio Lugo.

13. Es la hora de recordar que el Grupo Popular Guerrillero Arturo Gámiz, 1967-1968, representó la continuidad histórica de aquel acontecimiento. Debe recordarse que fueron fusilados, sin mediar causa legal, cinco jóvenes integrantes de aquel grupo. Es el momento de exigir que se abran los expedientes del Archivo de la Defensa Nacional para conocer la verdad respecto a la intervención directa del presidente Gustavo Díaz Ordaz en estos acontecimientos y en el contexto del movimiento estudiantil de 1968.

* Historiador, su libro más reciente: Villa bandolero

La guerrilla, acorralada pero vigente

contralinea.com.mx

Autor: Zósimo Camacho @zosimo_contra

Siete movimientos armados sobrevivieron a la Guerra Sucia, el embate del “narcoestado” y las políticas de contrainsurgencia. Fragmentados y disminuidos –en su mayoría– hoy enfrentan la “Cuarta Transformación”, que va por ellos.

Documentos de los órganos de inteligencia civiles y militares del Estado mexicano –elaborados hasta finales del sexenio pasado– admiten la existencia de siete “grupos armados” con reivindicaciones políticas y sociales. Con el cuidado de no reconocerlos como “guerrillas”, los agentes de seguridad y defensa nacionales sólo se refieren a estos grupos como “transgresores de la ley” distintos a los ejércitos privados de los cárteles del narcotráfico, las autodefensas y las policías comunitarias.

La Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional (inteligencia militar), la Unidad de Inteligencia Naval y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –hoy Centro Nacional de Inteligencia– enlistan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28J) y a una nueva formación de la que no se conoce el nombre, pero de la que se advierte: está formada por “cuadros históricos y nuevas generaciones de militantes de mayor radicalidad de lucha”.

Con matices, académicos especialistas en movimientos armados señalan que la lucha guerrillera sigue latente, está vigente y tiene legitimidad. Todo, a pesar de la fragmentación de los grupos, las disputas intestinas, la infiltración de los órganos de inteligencia, el parcial éxito de las políticas de contrainsurgencia y la deserción de “columnas” y células que pasaron a formar grupos de delincuentes sin propósitos de reivindicación política y social o, de plano, se pusieron al servicio de cárteles del narcotráfico.

Y a pesar también de la pretendida “Cuarta Transformación”: la llegada al poder de una contradictoria izquierda electoral que crea una Guardia Nacional de corte militar para hacer funciones de seguridad pública y también llama a las víctimas a que perdonen a sus verdugos bajo el eslogan: “Abrazos; no balazos”.

El actual grupo gobernante se asume como la culminación de las luchas de reivindicación política y de justicia social desde la Revolución Mexicana de 1910. En su discurso, por lo tanto, ya no hay motivo alguno para reclamar justicia social, mucho menos de manera armada.

Gustavo Ogarrio Badillo, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que no se debe generalizar cuando se habla de los movimientos guerrilleros. Explica que existen profundas diferencias entre todos ellos: el EZLN, el EPR, el ERPI, la TDR-EP y las otras formaciones. Cada caso debe analizarse en su contexto y desde los lugares en que se encuentran.

Pero de entrada, señala, “no podemos condenar a quienes siguen en armas. Hay condiciones de legitimidad en México para los movimientos que reivindican el uso de las armas”.

María Elena Hernández Márquez, secretaria ejecutiva de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), explica que los movimientos armados no pueden deponer su lucha sólo porque se les diga que ahora sí se van a resolver los problemas políticos y sociales.

“Saben que una cosa es el dicho y otra el hecho. Cada gobierno ha iniciado diciendo que sí va a haber solución para las comunidades violentadas, marginadas, despojadas. Pero termina el sexenio y vemos que, lejos de disminuir, el problema se acrecentó.”

Libertad Argüello Cabrera, doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México, advierte que los grupos guerrilleros “no son delincuentes. En absoluto. Son movimientos sociales armados”, enfatiza.

La legitimidad de la violencia

El doctor Ogarrio Badillo, catedrático de las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señala que los movimientos guerrilleros pasados y presentes han buscado siempre fortalecer la legitimidad del uso de la violencia que realizan. Siempre han buscado “elaborar ideas, conceptos y prácticas para justificar una violencia legítima”.

Señala que generalmente quienes deciden levantarse en armas lo hacen cuando han recibido previamente agravios injustos e injustificados de quien ostenta formalmente el monopolio de la violencia: el Estado. Y esta decisión no es solamente a causa de la violencia social que significa la pobreza.

“Tenemos que ver las regiones en las cuales surgen [los movimientos armados]. Cada región tiene su complejidad y hay comunidades que se levantan en armas no sólo por la pobreza sino por el castigo permanente que padecen de parte de los gobiernos.”

Explica que en muchas de esas regiones la situación no ha cambiado desde hace más de 40 años, cuando el surgimiento de numerosos grupos armados y la Guerra Sucia emprendida contra ellos desde el Estado mexicano. Por ello debe valorarse la persistencia de los movimientos armados.

“La gente que se metió a la guerrilla puso su vida ahí. Es cierto, hay que verlos sin idealismo, pero se debe reconocer el contexto particular en que se desarrollan para entender que sí hay una fundamentación de la violencia legítima. Poca o mucha, todas las guerrillas han tenido legitimidad.”

Libertad Argüello Cabrera (autora de Violencia selectiva e impunidad. Continuismo de prácticas sociales y políticas: el caso de familiares de desaparecidos en México) señala que la guerrilla no tiene, incluso, como principal razón de ser la cuestión socioeconómica.

Explica que quienes se levantan en armas vienen de todo un proceso en el que son tratados como ciudadanos de cuarta o quinta categoría. Mientras tal nivel de desigualdad y desprecio subsista, no podrán desactivarse las razones potenciales de la guerrilla.

“Es una cuestión de dignidad ante el agravio moral. Por ello lo que se requiere es el reconocimiento político del ‘otro’. Y en sociedades coloniales y poscoloniales el ‘otro’ son campesinos despojados, incluso desclasados, desinidianizados.”

Trascienden la estructura militar

Los movimientos armados que subsisten hoy en día en México están “en otra etapa”. Han trascendido su mera estructura militar y han alcanzado expresiones políticas y sociales. Ogarrio Badillo, autor de Breve historia de la transición y el olvido. Una lectura de la democratización en América Latina, dice que deben diferenciarse cada uno de los movimientos armados. No tienen la misma legitimidad ni imbricación social.

Sobre todo el zapatismo: “Es un movimiento armado, con estructura militar, pero que también siempre ha sido un movimiento político y social que, además, se ha ido fortaleciendo. Ha tenido todo el tiempo, con altas y con bajas, el respaldo de comunidades organizadas”.

En las últimas semanas, el EZLN –junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI)– se ha convertido, desde la izquierda, en el escollo más importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El EPR también se ha pronunciado en contra de las políticas de la nueva administración. Pero el EZLN, además de pronunciarse en contra de ellas, ha anunciado que las resistirá y que está dispuesto a responder ante una agresión contra sus bases de apoyo.

En específico, los zapatistas han advertido que el Tren Maya y la plantación de árboles frutales son proyectos que no permitirán en los territorios de sus comunidades de base. Y tienen las capacidades para oponerse efectivamente.

Precisamente ese fue el mensaje de la parada militar del EZLN el pasado 31 de diciembre en La Realidad, Chiapas, cuando desplegó a su 21 División de Infantería y con miles de milicianos, a paso de maniobra, colmó la plaza del Caracol Madre de los Caracoles Mar de Nuestros Sueños.

El EZLN no pidió limosna, sino que dio una demostración de fuerza y del respaldo de las comunidades.

Gustavo Ogarrio explica que si bien el EZLN hacia dentro tiene una jerarquía militar, hacia afuera ha construido una defensa legítima para el uso de las armas. “No sólo es un movimiento armado. Tiene estructuras comunitarias y es parte de un movimiento social, que se ha dado sus propias estructuras civiles, como las Juntas de Buen Gobierno. Tienen, incluso, un sistema de justicia, que es de tipo restitutiva. Por supuesto que ya no es solamente un movimiento armado”.

Explica que el EZLN es un componente militar de un movimiento que tiene, incluso, un carácter jurídico, de autonomía, siempre interesado en contar con el respaldo de sus comunidades y la legitimidad también hacia a fuera.

De los otros movimientos armados, Gustavo Ogarrio señala que se debe analizar caso por caso. Reconoce que la mayoría no tuvo la misma coyuntura del EZLN, aunque sí cuenta con el apoyo de algunas comunidades. “Las guerrillas más aisladas, con menor respaldo comunitario, tienen una débil capacidad de respuesta de legítima defensa militar”.

Agrega que “habría que ver caso por caso, porque nunca son buenas las generalizaciones simplificadoras; sobre todo en el aspecto tan delicado como el acto de tomar las armas y conformar un ejército irregular. Cada movimiento armado en cada región, en cada zona, tiene su particularidad”.

Guerrillas acorraladas

Las políticas de contrainsurgencia del Estado mexicano se agudizaron durante los dos últimos sexenios. La Guerra Sucia nunca se fue de lugares como la Sierra y la Montaña de Guerrero, la huasteca hidalguense o la sierra de Zongolica, en Veracruz.

Para la abogada María Elena Hernández, el movimiento armado en estados con presencia permanente, como Guerrero, está pulverizado, “muy fragmentado”. Explica que el Estado logró cooptar algunas piezas y aniquilar a otras.

Señala que, a diferencia de la década de 1970, hoy la contrainsurgencia y la Guerra Sucia se llevan a cabo no sólo con las Fuerzas Armadas; también con los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada. “La lucha de las comunidades por su emancipación se ha visto opacada por toda esta ola de crímenes y de criminalidad”.

La secretaria ejecutiva de la AMAP explica que en Guerrero han proliferado los grupos armados de distinto corte: guardias blancas, paramilitares, autodefensas, policías comunitarias… y los propios movimientos armados que ya existían previamente.

Señala que algunas expresiones de los movimientos armados han sido fragmentadas y sometidas a un proceso de corrupción. Incluso aquellas que tenían “un trabajo de cara a la comunidad”.

“La infiltración en los movimientos guerrilleros es muy grande. Ya no sólo lo están infiltrando para acabarlos y apagarlos. Ahora están infiltrando todos los espacios, con todas las siglas, utilizando todos los nombres para ensuciarlos y desprestigiarlos. El clima es cada vez más opaco, más triste, más empantanado.”

La “Cuarta Transformación”

Para Gustavo Ogarrio, México está viviendo un periodo excepcional. La llegada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al poder sí representa un cambio sustancial. “Todavía no se ve si para bien o para mal”, acota.

“Este gobierno nuevo está sentado en un polvorín. Y sí tiene conciencia de que debe desactivarlo. De lo contrario, perderá toda la legitimidad con la que cuenta y agudizará la crisis que ya vive el país.”

Señala que la lucha armada sigue viva. Explica que el EZLN tiene razón en oponerse tajantemente al gobierno federal, esté quien esté al frente, porque precisamente el gobierno es el que representa al Estado.

“Y el Estado que tenemos hoy se transformó en un Estado desaparecedor de personas. Mientras este gobierno no transforme al Estado, el movimiento armado tiene que seguir oponiéndose a ese Estado.”

Zósimo Camacho