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9/07/2025

“La memoria es subversiva porque incomoda al poder”

 vanguardia.com.mx

“La memoria es subversiva porque incomoda al poder”

Francisco Rodríguez

David Fernández Dávalos, coordinador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, señala que la violencia actual es heredera directa de la impunidad del pasado. En entrevista, destierra mitos de la Guerra Sucia, denuncia la militarización, la politización de la justicia, la simulación en el combate al narcotráfico y la falta de voluntad del Estado para esclarecer crímenes.

  • 01 septiembre 2025

La violencia en México, anclada en un pasado de impunidad y pactos de silencio, exige una mirada profunda y descentralizada para su esclarecimiento, aseguró el jesuita David Fernández Dávalos. En un contexto donde los gobiernos a menudo optan por “dar vuelta a la página”, la memoria histórica se convierte en una herramienta subversiva y fundamental, opinó.

En una amplia entrevista con el sacerdote jesuita, quien formó parte de la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violencias a los Derechos Humanos de 1965 a 1990, como Coordinador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), apuntó a la necesidad de crear comisiones de la verdad en el ámbito local, una de las 142 recomendaciones que contiene el Informe final de más de dos mil páginas dividido en seis volúmenes públicos.

Estas comisiones -por ejemplo, para casos como la masacre de Allende, la masacre en el penal de Piedras Negras o la violencia de la región Laguna- permitirían investigar y comprender las dinámicas específicas de la violencia en cada región, reconociendo que los agentes, autoridades e intereses involucrados varían significativamente.

”Los polvos que hoy nos agobian son resultado de aquellos lodos”, comentó Fernández Dávalos en una entrevista concedida en conjunto a Semanario e Ibero Radio TRC.

En el Informe final de una investigación que fue solicitada en un inicio por la pasada administración federal, se da cuenta que este periodo de la “Guerra sucia” se registraron 46 masacres, muchas de ellas no conocidas. En estas masacres se contabilizaron más de 300 víctimas. También descubrieron que hubo más de 100 periodistas asesinados en el país, más de 8 mil 500 víctimas de violaciones a derechos humanos, más de 120 mil víctimas de desplazamiento forzado, entre otras cifras que, para David Fernández, quien actualmente es colaborador en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, resultan en una “catástrofe”.

La sentencia del filósofo, sociólogo y teólogo, referente de la defensa de los derechos humanos, es evidente: sin resolver y entender el pasado local, estamos condenados a repetir los mismos patrones de violencia y a perpetuar la impunidad que ha caracterizado la historia reciente del país.

-Después de diversos hallazgos y descubrimientos, ¿la capacidad de asombro llegó a un límite?

-No, la verdad que no. Siempre que encontrábamos nuevos datos, nuevos hechos testimonios de personas que habían sido testigos, testigas de graves violaciones a los derechos humanos como asesinato, tortura, desaparición forzada, masacre, nos íbamos como indignando, escandalizando, sensibilizando cada vez más y no se llega uno a acostumbrar a este tipo de situaciones y atrocidades. Entonces justo conforme fuimos encontrando esta nueva información sobre las violencias que el Estado ejerció en contra de la población en aquella época, y la violencia que sigue existiendo en el país, nos propusimos que teníamos que transmitir lo que habíamos encontrado a otras personas y sensibilizarlas respecto de lo que había ocurrido y está ocurriendo. Y que necesitamos remontar en el país, es decir, los descubrimientos nos llevaron a una indignación ética; después de la indignación ética al llamado de la acción y es en esa lógica en la que ahorita nos encontramos.

-¿Cree que actualmente le falta indignación a la sociedad?

-Me parece que la cantidad de violencias y hechos violentos, sumado a su difusión, ha insensibilizado a la población, intentando normalizar la violencia. Los generadores de violencia también tienen una política de normalización a través de redes sociales, grupos musicales y culturas de consumo para hacernos creer que esto es normal, anestesiando a la población. Pero no es normal. Cuando a una persona le desaparecen a un miembro de su familia por las razones que sea, esa vida normal se interrumpe, es decir, ya no es posible regresar a la vida ordinaria. Cuando a alguien le asesinan o cuando alguien lo torturan, todas estas rompen la normalidad, entonces no pueden ser normales.

Sin embargo, todavía creo que hay sensibilidad social para indignarnos y luchar contra el estado actual de cosas, como se vio con el hallazgo del Rancho Izaguirre o el caso de Ayotzinapa.

Entonces si bien hay gente que está conforme, anestesiada o siendo beneficiada por el estado actual de cosas, todavía me parece que hay sensibilidad social para indignarnos y para luchar contra el estado actual de cosas, porque no es normal que esto ocurra.

-¿Cuáles son los mitos que en su opinión quedan desterrados con este informe?

Uno primero es que la política de contrainsurgencia que el Estado mexicano echó a andar en la época de los 60’s y 70’s fue una respuesta a la violencia de los grupos político-militares de izquierda socialista. Y entonces, como se levantaron en Madera o se levantaron Genaro Vázquez o Lucio Cabañas en Guerrero, entonces el Estado para defenderse echó a andar una política de aniquilamiento de las disidencias. No, la política de aniquilamiento venía desde antes y los medios de participación política en el país estaban severamente constreñidos, acotados. Y entonces, justo por eso emergió la guerrilla socialista, porque no había posibilidad de lucha política y pacífica en contra del régimen y del estado de cosas.

El primer mito que cae es que la política de contrainsurgencia del Estado mexicano fue una simple respuesta a la violencia de grupos político-militares de izquierda. En realidad, la política de aniquilamiento venía de antes, y la guerrilla socialista emergió precisamente porque no había canales para la lucha política pacífica.

Un segundo mito es que la acción violenta del Estado fue sólo contra grupos específicos y acotados como estudiantes o la disidencia político-militar. Esto no es cierto. El Estado actuó contra campesinos, indígenas, comunidades afromexicanas, periodistas, personas de la diversidad sexual y ciudadanos en zonas de combate al narcotráfico, entre otros.

El tercer mito es que la violencia se acabó con el aniquilamiento de la Liga Comunista 23 de septiembre en los años 70. Nosotros constatamos que hubo picos altísimos de violencia hasta 1990, y la represión a las disidencias continuó por varios años más.

Otro mito es que las violencias fueron impulsadas únicamente por el ejército o la policía judicial. Esto es falso; las violencias tuvieron la colaboración del poder judicial, policías, grupos empresariales y medios de comunicación, quienes conspiraron en una institucionalidad contrainsurgente que legitimó acciones ilegales y graves violaciones a los derechos humanos.

-Inclusive la injerencia de agencias extranjeras

-Otro de los mitos es que hay un efectivo combate de parte de las instituciones del Estado hacia el narcotráfico. Esto es falso.

Hay una gestión de parte de las instituciones de seguridad del Estado, del narcotráfico y del crimen organizado. Y eso arranca desde entonces. Lo gestionan, quiere decir, controlan a ciertos grupos, le abren la puerta a otros. Los consumos ilegales los permiten en ciertas condiciones, etcétera. Y eso en complicidad con las agencias internacionales como la CIA o el FBI, administran, gestionan la ideología de la lucha contra el narcotráfico conforme a sus conveniencias, como ahora lo estamos viendo, sin que yo justifique en absoluto al régimen venezolano, pero ahí es un ejemplo de la utilización del discurso del narcotráfico para influir en un país.

Lo mismo está ocurriendo en nuestro país con todas las presiones que se están teniendo cuando ellos son los artífices. Es decir, nosotros documentamos que ellos promovieron la siembra de amapola, me refiero a los gringos, la siembra de amapola en el triángulo dorado a fines de los 80’s, que cuando es cuando cambia la ideología de la seguridad nacional por la ideología de la lucha contra el narcotráfico y lo usan para someter a los pueblos, intervenir política, pero necesitan los consumos. Ahora les afectó muy directamente el tema de fentanilo y ese no lo pudieron aceptar porque está matando decenas de miles de ciudadanos estadounidenses. Pero otros consumos como la morfina, la cocaína, el opio, la marihuana los necesitan tanto para sus fuerzas armadas como para la ciudadanía en general. Y entonces lo van gestionando y lo van administrando a su conveniencia. Eso es otra de las cosas que encontramos en nuestra investigación.

-Y a 20 años del lanzamiento de la famosa ‘guerra contra el narcotráfico’ del expresidente Calderón, continúa entonces la simulación

Estoy convencido y los investigadores sobre el tema lo dicen así. En realidad, voy a decir algo más arriesgado todavía, cuando la violencia estalla, cuando se fracturan los carteles y empiezan a pelear contra uno, contra el otro y eso lo vimos aquí en Torreón y lo hemos visto en todo el país. Cuando existe la hegemonía de un solo grupo la cosa está en paz y ese es el proyecto estratégico que tienen los Estados Unidos, porque insisto, necesitan el consumo.

Y entonces les sirve para justificar intervenciones y lo que sea. Insisto, es una gestión del cómo están amenazando ahora mismo, cómo están amenazando ahora mismo con intervenir aquí en el país y no creo que sea difícil que pronto tengamos noticia de alguna intervención con drones o con bombardeo de una instalación de narcóticos o lo que sea.

-Ya están sobrevolando con drones en la frontera, los buques se acercan en el mar

-Sí, sí. Y ahí lo hacen para someter a la hora de la hora a los distintos gobiernos que pueden ser disidentes.

-¿Qué fue lo más difícil en lo personal, de participar en esta Comisión?

Probablemente la desilusión que nos llevamos al ver que el gobierno de turno en realidad no tenía interés de que nosotros avanzáramos en la investigación. Entonces lo hicieron porque fueron presionados por las víctimas, por los colectivos, porque había un funcionario honesto que creía en ello, que era el subsecretario Encinas. Crearon esta Comisión, pero en realidad de parte del gobierno y del ejército, de las policías no había una voluntad, un deseo de investigar realmente.

Entonces fuimos encontrando todo tipo de obstáculos, obstáculos financieros o de presupuesto, obstáculos formales de papelería o de solicitudes que nunca se hicieron o ya obstáculos hasta físicos cuando nos impidieron entrar al archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional o nos arrebataron algunos expedientes.

Entonces, entramos con mucha ilusión pensando que podíamos resolver, no resolver, dar un paso adelante en el tema de las violencias y la desaparición en este país y nos dimos cuenta que no había esto y se frustraron probablemente nuestras ilusiones.

Luego otra cosa muy dolorosa y tengo que decir, es encontrar el celo de algunas víctimas que no querían reconocer a otras víctimas. Me refiero a lo siguiente: en una ciudad ‘X’ del país hay un colectivo de madres cuyos hijos eran policías judiciales que fueron mandados asesinar por un gobernador. Entonces se organizaron, pero eran mamás de policías judiciales, pero igual víctimas de desaparición, en realidad de desaparición que nosotros investigamos había sido asesinato por parte de las autoridades del Estado y ahí mismo en esa misma ciudad otro colectivo de madres de guerrilleros que fueron desaparecidos. Pues las madres de guerrilleros despreciaban a las madres de los policías judiciales porque decían que sus hijos eran perpetradores y no querían juntarse con ellas y las insultaban, etcétera. Eso fue muy doloroso porque la desgracia de tener una persona desaparecida, independientemente de las razones que haya detrás, de la desesperación, tendría que hermanar a las víctimas. Son sujetas del mismo dolor, del mismo sufrimiento. No sufre más una mamá de un narcotraficante que fue desaparecido que de un luchador social, sufren igual y encontrar esta incomprensión de que las víctimas lo son no porque sean buenas o malas moralmente, sino porque son vulnerables frente al Estado y frente al poder. Eso también fue difícil.

Esto mismo es una derivación de lo anterior. Lo encontramos cuando entre las víctimas identificamos sí a los guerrilleros, sí a los periodistas, sí a los campesinos, pero también a los miembros de la diversidad sexual que fueron asesinados por el Estado con los mismos que mataban guerrilleros. Los violaban, los tiraban, lo que sea. Y entonces encontrar que algunas familias de los guerrilleros decían: “Es que yo no estoy de acuerdo con que a mi madre, padre, esposo, hijo, se le equipare con cualquier prostituta o con cualquier joto”. Esa incomprensión también, tengo que decirla, fue muy dolorosa y difícil porque esto es para las víctimas y los familiares tienen todo mi respeto. Sí, sí, sí, pero no son santos y entonces tampoco hay que idealizar y porque uno se equivoca.

-Dentro de todos los descubrimientos ¿hay algún caso en particular que le haya quedado más a usted o un caso en el cual le gustaría profundizar más?

-Lo que pasa es que si los narrara están muy cercanos a la pornografía, a lo obsceno. Pero entonces encontraba expresiones. Expresiones son las que se me quedaron a mí. Porque le preguntábamos a los colectivos, ¿ustedes qué quieren saber? Yo quiero saber quién le hizo esto y esto y esto y esto a una niña de 16 años. Entonces, eso se te queda como un deber moral.

Y así vas escuchando. Oí públicamente a una mujer. Entramos a un a una zona militar a ver si encontrábamos una casa donde torturaban en la zona militar, en Sinaloa, en Culiacán. Y entramos y encontramos el lugar. Encontramos el lugar donde una de las personas que iba con nosotros había sido torturada, violada. El marido lo habían asesinado, lo habían castrado y le habían arrojado los testículos a la mujer en la cara. Entonces, ella allí con toda entereza empezó a gritarle al general de la zona de división diciendo: “No los voy a poder perdonar nunca.”

Entonces son momentos, son expresiones difíciles, que se viven en este tipo de trabajo, pero que entonces te dan el norte, te dan la fortaleza moral, la entereza para tratar de hacer algo para que esto no se repita, porque claro, entiendes ahí que un número no es un número, es una catástrofe que cada uno de las 8 mil 700 víctimas que identificamos con hombre y apellido no es un hecho o un caso, es una catástrofe. Eso es lo que queremos comunicar con nuestro informe y junto con el llamado de que esto tiene que parar.

-Vivimos en un contexto en el que gobiernos como el de Coahuila en su momento, tienen el discurso de que hay que ‘darle vuelta a la página’, de enterrar el pasado. ¿Qué diría usted sobre la importancia de la memoria histórica, del esclarecimiento de la verdad?

-Nosotros estamos convencidos que la violencia del pasado habilita la violencia del presente. En la medida en que no se castigan los crímenes del pasado, se da la señal de impunidad para los crímenes del presente y además una continuidad. Los investigadores no pudieron resolver a Ayotzinapa, el secuestro de los 43 y su desaparición porque las complicidades y el contubernio entre los militares con el crimen organizado había arrancado en la década de los 70’s y en la década de los 80’s en la operación Cóndor. Y entonces no podían deshacer ese contubernio si no había una investigación sobre las responsabilidades del pasado. Eso mismo ocurre hoy. Si no investigamos y resolvemos los crímenes de hace 2 años, de hace 4 años, estamos dando luz verde para que continúen ocurriendo, finalmente no va a pasar nada. Y además es el mensaje de que el poder no solo te puede aniquilar y el poder formal o informal y violentar tu dignidad, sino que además lo puede hacer con impunidad. Es la doble victimización de las personas. Entonces, la memoria es memoria subversiva. Por supuesto que incomoda si hay pactos de impunidad y silencio.

Tenemos que romper esos pactos de impunidad y silencio porque son los que actualmente están condicionando que siga el silencio, que siga la impunidad y que siga el contubernio entre las autoridades y los criminales.

-Inclusive dentro de las recomendaciones del informe está la creación de comisiones de la verdad en el ámbito local, porque pareciera que todo este tipo de situaciones se centraliza, cuando se requieren comisiones de la verdad en todos los estados prácticamente.

-Solo conocemos la experiencia de una comisión de la verdad en Guerrero y otra comisión de la verdad en Oaxaca. En Oaxaca, a propósito de la lucha magisterial, donde hubo graves violaciones a los derechos humanos.

Pero pensamos que tiene que haber también comisiones locales para esclarecer la violencia del presente. Porque cada uno de los agentes provocadores de violencia son distintos en distintas localidades y actúan de manera distinta, lo mismo que las autoridades. Entonces, investigar la violencia en Torreón, ¿por qué se dio? ¿Por qué se dio con tal virulencia? ¿Por qué afectó a tantas familias? ¿Qué consecuencias trae para el Torreón de hoy? Vemos que es necesario porque los polvos que hoy nos agobian son resultado de aquellos lodos. No podemos sin más dar vuelta a la página, sino resolver.

Entonces, las violencias operan de distinta manera en lo local que en lo federal y que en lo estatal. Son distintas autoridades, son distintos intereses los que ahí se juegan y entonces hay que parecerlos.

-Usted mencionaba que veía signos en la actualidad que dan a pensar que se puede volver a vivir lo que se vivió en este periodo que investigaron ¿Cuáles son estos signos?

-Sí, una que yo veo primero, la autonomía de los militares sigue vigente. Entonces no hay una autoridad civil que supervise la acción, los llame a cuentas, les ponga acotaciones y más bien tienen cada vez más presupuesto y más diversas actividades. Entonces hay un proceso de militarización en el país que se niega por supuesto desde el vértice del poder, pero que dota al ejército de autonomía y lo dota de capacidades que puede poner a jugar según sus intereses. Cuando sabes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido ninguna recomendación en contra del Ejército a partir de 2018, entonces te das cuenta que hay una complicidad con las violaciones graves a los derechos humanos que sigue cometiendo el ejército. No hay una comisión, como dice la Constitución, una comisión bicameral que los llame a cuentas.

Otra circunstancia es el creciente autoritarismo de parte del grupo en el poder actualmente local y federal. Es decir, cuando los gobernadores y gobernantes empiezan a demandar a la prensa y los llevan a disculparse públicamente, etcétera. Lo que muestran es intolerancia a la crítica, autoritarismo y bueno, eso trae luego asesinato de periodistas. Ahí tenemos el atentado contra Ciro Gómez Leyva, pero han condenado a mucha gente por criticar al poder.

Me parece que independientemente de la ideología, si de izquierda o derecha, los gobiernos autoritarios son absolutamente nefastos y dañinos de las libertades ciudadanas y de la democracia con la ideología que sea.

Tenemos un poder judicial politizado y ahora crecientemente capturado en su independencia después de las últimas elecciones del Poder Judicial. Todavía es pronto, pero tendría que dar el nuevo Poder Judicial, muestras de autonomía, pero me parece que la politización de la administración y procuración de justicia sigue vigente en el país, que fue justamente lo que hizo que las procuradurías y los jueces se pusieran al servicio de la estrategia contrainsurgente en aquellas épocas de la Guerra sucia de las que hemos hablado. Hoy esa posibilidad sigue existiendo, que se pongan al servicio las procuradurías, las fiscal locales y estatales, lo que sea, al servicio del grupo en el poder para castigar a las disidencias y castigar a quienes se opongan activamente a sus designios. Estas son las condiciones que yo veo ahorita que no ofrecen una garantía de que aquello no se va a repetir.

-¿Hay algún mensaje esperanzador en todo este contexto e informe?

-Estoy convencido de que hemos venido caminando como sociedad hacia una mayor democratización del país. Es decir, que a pesar de que todavía existen estas cuestiones negativas o lacras o problemas, lo que se irrumpió en el 2018 en las elecciones federales, fue un hartazgo y fue el protagonismo de la sociedad. Entonces, me parece que la sociedad todavía tiene posibilidades de plantarse frente al poder, frente al autoritarismo y decir: “Lo que queremos es esto y no esto”. Entonces, sigo pensando que los pueblos, las comunidades tienen la capacidad de ir marcando el rumbo y que entonces una colectividad informada suficientemente bien, sensibilizada y en conocimiento de lo que ocurre en el país, puede impulsar nuevas transformaciones, que el camino sigue adelante, es un camino que no acaba nunca y entonces por más dificultades que tengamos me parece que podemos seguir adelante.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/la-memoria-es-subversiva-porque-incomoda-al-poder-HP17186908

8/26/2024

'Vuelos de la muerte' en la 'guerra sucia', "sistemático método de exterminio"

Lanzaron al mar a mil 500 víctimas: Jueza Macías Lovera

Militares registraron vuelos de la muerte para Gobernación y Sedena

Testimonios relatan cómo operaron Acosta Chaparro y Mendiola, entre otros

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▲ Activistas en la presentación de la colección Fue el Estado: 1965-1990, la semana antepasada.

Los llamados vuelos de la muerte representaron un método sistemático y organizado de exterminio durante la guerra sucia en el estado de Guerrero, confirmado por declaraciones de personal militar, por lo que constituyen delitos de lesa humanidad, concluyó Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito, con sede en Irapuato, Guanajuato.

Documentos militares refieren el lanzamiento de aproximadamente mil 500 víctimas al mar por medio de esas prácticas, señaló la jueza en su sentencia, dictada apenas el 22 de agosto, en un juicio de amparo promovido en 2018.

El fallo se convirtió en un mandato para que la Fiscalía General de la República (FGR) atienda las omisiones cometidas en la indagatoria de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, un activista guerrerense que formó parte del grupo de Lucio Cabañas y fue detenido, torturado y víctima de desaparición forzada por integrantes del Ejército en 1974.

La sentencia es la primera en la que se demuestra la existencia de documentos y testimonios conocidos hace más de 20 años que acreditan que el gobierno cometió terrorismo de Estado en las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, en las acciones realizadas contra grupos guerrilleros que operaban en el país.

Una revelación de la sentencia es que los vuelos de la muerte quedaron registrados en libros (bitácoras), de los cuales se enviaban copias a las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional.

Las ejecuciones

En la averiguación previa militar SC/034/2000/V/E/BIS consta el siguiente testimonio del integrante del segundo Batallón de la Policía Militar Gustavo Tarín Chávez: A veinte metros de una pequeña construcción dentro de la misma base (Aérea Militar Número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero), a la orilla de la playa, tenían un banco de fierro tipo giratorio, una carretilla, costales, bolsas de plástico, hilos para coser los costales y un montón de piedras.

Y luego detalla el momento de las ejecuciones:

“Los guerrilleros, atados y vendados, eran bajados de una camioneta Chevrolet Van, color café, que tenía capacidad como para 15 personas y eran conducidos una a uno hasta el banquito de fierro que conocíamos como el banquito de los acusados, y ya en este lugar se les sentaba con la creencia de que se les iba a fotografiar. Y así, ya sentados, los que ejecutábamos Mario Arturo Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguirre I. Quintanar y Humberto Rodríguez Acosta, de un disparo en la nuca con una pistola calibre .380, que tenía adaptado un ‘moflecito’, es decir, un silenciador. Inmediatamente después se les colocaba sobre la cabeza una bolsa de nylon que se les ataba al cuello para evitar quedaran restos de sangre. Siempre se utilizó la misma pistola .380 para las ejecuciones, tan es así que la bautizamos como la espada justiciera”.

El agente de la Policía Federal Rubén Gardea Vara “también ejecutó personalmente a dos o tres ‘guerrilleros’ en la Base Aérea Militar Número Siete, lo cual le consta tanto al sargento primero de Infantería Alfredo García, como a los sargentos segundos de la Policía Militar conocidos como La Carona y La Tripa”.

Tarín agrega: Una vez que se realizaba este procedimiento, se colocaba a las personas dentro de los costales de yute, se les ponían unas piedras y se cosían, para después ser transportados en la carretilla hasta el avión. Mientras se realizaban las ejecuciones, normalmente entre las 22 horas y las 4 o 5 de la mañana, el personal militar que normalmente custodiaba la base aérea era trasladado a las instalaciones de la vigesimaséptima Zona Militar, y en su lugar llegaban elementos de la Policía Militar que habían participado en la lucha contra la guerrilla.

Registro de vuelos

En 1974 o 1975, declara Tarín, se percató de que el sargento segundo de la Policía Militar conocido como La Carona llevaba el control de los libros que contenían los nombres de las personas que eran ejecutadas en la Base Aérea Militar Número 7 por órdenes del general Francisco Quirós Hermosillo.

Tarín aporta la siguiente descripción de los libros: de pastas gruesas, color negro, tamaño carta, de aproximadamente 100 hojas cada uno. La Carona anotaba todos los datos de quienes iban a ser ejecutados, como sus nombres, apodos, fechas de nacimiento, lugar de su detención y a qué grupo pertenecían.

Relata que después de que La Carona anotaba esos datos en dos libros, se los entregaba al general Quirós Hermosillo. Pero en realidad era Alberto o Roberto Barquín quien tenía la custodia de esos libros.

Los testimonios y documentos forman parte de la averiguación previa SIEDF/CGI/454/2007, de la averiguación previa del fuero militar SC/034/2000/V/E/BIS, del informe final de actividades de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero, del 15 de octubre de 2002 y en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP7001/2002 y PGR/FEMOSPP/69/2002.

Ante la justicia castrense

La confirmación de que la justicia militar conoció de manera directa esta información fue corroborada en una diligencia realizada por la Procuraduría General de Justicia Militar el 27 de junio de 2001 ante esa jurisdicción, en la que “dio fe ministerial de las siete bitácoras del avión Arava matrícula 2005, que pertenecía al Escuadrón Aéreo 208, con el cual habrían sido arrojadas personas al mar:

Se trata de siete libretas de tamaño carta encuadernadas en forma apaisada y en cuyas carátulas aparece la denominación REPORTE DE VUELO (sic), así como instrucciones para los pilotos y mecánicos de la aeronave de que se trate, dándose también fe de que las bitácoras se encuentran integradas por dos tipos de hojas que se encuentran intercaladas y sin folio, corresponde una de ellas al reporte de mantenimiento y la cual se utiliza para anotar rubros como los estados de inspección, servicio en la estación de salida, inspección de equipo auxiliar, observaciones de pilotos y mecánicos y al calce de la hoja se anotan los datos de la fecha, lugar, mecánico del avión, dependencia, grupo, modelo y número del avión, los datos del avión y el tiempo total de vuelo, mientras la otra hoja corresponde a las operaciones, apreciándose que en la parte superior se anotan los datos de la fecha, dependencia, grupo, escuadrón, estación, mecánico encargado, tipo y modelo del avión, así como su número, y ya en el cuerpo de la hoja, la cual se divide en nueve columnas, en la primera de las cuales se anota grado y nombre de la tripulación de vuelo que se trate; en la segunda columna, la clase de vuelo; en las columnas de la tercera a la séptima se anota el tipo de comisión y condiciones de vuelo, aunque en las bitácoras que nos ocupa se aprecia que en el espacio de dichas columnas aparecen anotadas las fechas de los vuelos; en la octava columna se anotan los datos del vuelo tales como el lugar de destino y de procedencia, el tipo de misión y el número de aterrizajes; en tanto que en la novena columna se anota los horarios de los vuelos y el tiempo de su duración.

Soldados también fueron pasados por las armas

El capitán mecánico Margarito Monroy Candia compareció el 28 de junio de 2001 para que identificara en las bitácoras del avión Arava 2005 los vuelos realizados para arrojar cuerpos de personas al mar.

Reveló que estas acciones no sólo se aplicaron a integrantes de la guerrilla, sino también para castigar la indisciplina y la insubordinación de quienes manifestaban su desacuerdo con las órdenes recibidas.

Algunas veces llegué a ver militares que eran detenidos y ejecutados, que según se habían pasado al bando de los de la Liga 23 de Septiembre y habían sido sorprendidos en eso, de los que recuerdo eran jefes, oficiales y personal de tropa, pero no me enteré de sus nombres; recuerdo el caso de un paracaidista que se había volteado de bando y que fue detenido y lo llevamos de aquí (Distrito Federal) a Guerrero, él decía que ya sabía que lo íbamos a matar, lo cual efectivamente sucedió.


Foto La Jornada
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 26 de agosto de 2024, p. 4

5/03/2024

El PAN ha dado una fortuna a Massive Caller, la empresa que dice que Xóchitl ya ganó

 sinembargo.mx

En la PNT no existen registros de que el PAN haya contratado a Massive Caller, pero en la página de Transparencia de Acción Nacional sí viene consignado el que hasta ahora es el mayor monto de un contrato entre este partido y la empresa del panista Carlos Campos Riojas. Se trata de un contrato de 4 millones 524 mil pesos por el “Estudio de encuestas telefónicas automatizadas. Nacionales, estatales o municipales”.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La empresa Massive Caller, que da como ganadora de la contienda presidencial a Xóchitl Gálvez y que no es reconocida como una encuestadora, recibió millones de pesos de Acción Nacional (PAN) durante los últimos años, según pudo confirmar SinEmbargo en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la sección “transparencia” de la página web de ese partido político. Pero, aunque aparece allí la referencia, los contratos fueron censurados y no están disponibles al público.

La revista Contralínea informó ayer sobre la existencia de estos contratos por montos que van de 2 millones 520 mil pesos a 4 millones 524 mil pesos. SinEmbargo pudo confirmar que, en efecto, existe relación contractual entre Massive Caller y el PAN, partido de Gálvez. Este medio ubicó, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del PAN, 16 contratos por 43 millones 240 mil 876 pesos. Algunos de los contratos coinciden en el monto, pero en la PNT tienen asignado un diferente folio de identificación. Además no es posible conocer si tienen alguna relación entre ellos debido a que Acción Nacional colocó ligas que censuró, es decir que no pueden ser consultadas públicamente.

Especialistas de la organización Fundar, que se dedicada al análisis presupuestario y la transparencia, explicaron a este medio que debido a la falta de información de los cuatro contratos que el PAN firmó con la empresa Massive Caller en 2022, es difícil saber si se trata de diferentes o del mismo, ya que están identificados en la PNT con distinto ID.

En su más reciente medición, Massive Caller coloca a Xóchitl Gálvez por encima de Claudia Sheinbaum en un supuesto “sondeo diario” que no es tomado en cuenta para los ponderados o promedios (Oraculus, Barómetro Electoral Bloomberg, Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas), ni por otras casas encuestadoras. Pero es ampliamente difundido por la candidata de la derecha, por Claudio X. González (considerado el padre de la alianza PAN-PRI-PRD), y por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

YA LA HICIMOS, VAMOS A GANAR !!
ACERCÁNDONOS A LA META YA VAMOS POR DELANTE !!
XÓCHITL SERÁ PRESIDENTA
VEN A VOTAR EL 2 DE JUNIO AHÍ TE ESPERAMOS. pic.twitter.com/5AGh7adXJN

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 1, 2024

Primera vez que @XochitlGalvez aparece adelante en las encuestas https://t.co/51jPCqYYVt

— Felipe Calderón  (@FelipeCalderon) May 1, 2024

Las sospechas de que Massive Caller vende sus servicios a partidos y candidatos para manipular cifras vienen de años atrás, pero hace unos días, Iván Escalante, representante de Sheinbaum ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para los debates presidenciales, reveló a SinEmbargo que esa empresa le había ofrecido “sus servicios” para la candidata de izquierda cuando iba por la Jefatura de Gobierno, en 2018. Como el negocio fue rechazado, la supuesta encuestadora restó 10 porcentuales a la abanderada de izquierda en su sondeo final del proceso 2018 y 15 puntos a Alejandra Barrales del PRD, pero le dio a Mikel Arreola (PRI), su contratante, más del doble de puntos adicionales.

El pasado 22 de marzo, Carlos Campos Riojas, propietario de la firma encuestadora Massive Caller, reconoció que luego de haber militado 30 años en el PAN su “corazón es azul”, no obstante negó que los sondeos de su firma tengan un sesgo político. “No puedo decirte que yo estoy correcto y los demás están equivocados porque sería muy imprudente de mi parte hacer una afirmación de ese tipo. ¿Qué te puedo decir yo?, pues vamos a esperar y a ver quién tiene razón el día de la elección”, declaró en ese entonces a “Los Periodistas”.

Las encuestas de Massive Caller fueron usadas por el candidato priista en 2018 para manipular a la opinión pública sobre un súbito crecimiento en las preferencias electorales de ese año. Massive le daba 26.30 por ciento a Mikel Arriola; resultó en 12.83 por ciento. A Barrales le daba 15.70 por ciento y los votantes le dieron el 3.01 por ciento. A Sheinbaum le daba 36.70 por ciento y terminó, según el conteo final, con 47.08 puntos porcentuales.

En el proceso presidencial de 2018 sucedió algo similar. Ricardo Anaya Cortés, el candidato del PAN, PRD y MC, contrató para ese proceso a Massive Caller cuya medición lo llegó a situar a 10 puntos de Andrés Manuel López Obrador. La realidad fue otra. López Obrador obtuvo una votación del 53.19 por ciento y Ricardo Anaya del 22.27 por ciento.

En la PNT no existen registros de que el PAN haya contratado a Massive Caller, pero en la página de Transparencia de Acción Nacional sí viene consignado el que hasta ahora es el mayor monto de un contrato entre este partido y la empresa del panista Carlos Campos Riojas. Se trata de un contrato de 4 millones 524 mil pesos por el “Estudio de encuestas telefónicas automatizadas. Nacionales, estatales o municipales”.

Para 2019 no hay registro de contrataciones, pero para 2020, en la PNT aparecen los registros de seis contratos —cada uno con un folio distinto— cuatro por un monto de 3 millones 480 mil pesos por ​​”Servicio de 12 encuestas telefónicas automatizadas” y dos más por 1 millón 038 mil 438.96 pesos por el “Servicio de censo sobre perfil ideológico, perfil sociodemográfico y simpatía política a través de la técnica de robot mediante una entrevista grabada y enviada a teléfonos fijos y móviles donde el receptor responde a través de su teclado telefónico, el cual se llevará a cabo en el estado de Coahuila”.

En 2021, los mismos datos arrojan cuatro registros de cuatro contratos con folios distintos por un mismo monto de 2 millones 530 mil pesos por el “Servicio de 12 encuestas telefónicas”. En 2022, lo mismo sucede con cuatro contratos por 2 millones 520 mil pesos por el “Servicio de Encuestas Telefónicas”. A su vez, en 2023 sólo se tiene registro de un contrato por 2 millones 520 mil pesos por el “Servicio de encuestas telefónicas automatizadas que podrán realizarse a nivel nacional, estatal o municipal”.

Obed Rosas

Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.

3/11/2024

Elecciones 2024: así operan miles de bots y trolls en contra de Sheinbaum y Xóchitl

 - Reporte Indigo

Daniel Flores y Rubén Arizmendi

Los candidatos a la silla presidencial libran otra batalla en paralelo a la que viven en las calles. Se trata de la carrera que han emprendido en redes sociales con el único objetivo de captar a los votantes más jóvenes del territorio nacional.

Saben que es justamente en este ecosistema digital donde pueden recortar o incrementar su distancia en las encuestas de opinión pública que se han levantado de cara a los comicios del 2 de junio.

Xóchitl Gálvez, abanderada del bloque opositor conformado por el PRD, PRI y PAN, entiende esto y ha contratado un equipo experto en redes sociales para posicionar mensajes o críticas en contra de Andrés Manuel López Obrador y la candidata del partido oficial.

#Nacional |📌 La senadora @kenialopezr se une a equipo de @XochitlGalvez precandidata del Frente Amplio por México como jefa de oficina de su precampaña.

📹 Redes Sociales pic.twitter.com/L7UfMQwRYQ

— EL EDÉN MX (@eledenmx17) November 28, 2023

Mientras que Claudia Sheinbaum ha pautado diversos contenidos de promesas de campaña en TikTok y Meta para acercarse a los más jóvenes y a otros sectores que son cien por ciento nativos digitales.

Con menos reflectores y fuerza en redes sociales, Jorge Álvarez Máynez ha buscado recuperar terreno frente a las dos abanderadas presidenciales, en el que ha lanzado spots de campañas electorales y señalamientos en contra de ambas candidatas.

Los equipos de trabajo de los tres candidatos han denunciado campañas de desprestigio, señalamientos falsos y cientos de bots y trolls que impulsan mensajes de odio y hasta fake news que son pautados con miles de pesos.

La organización “Lo Que Sigue” –grupo ciudadano de análisis de la Internet y social media– ha señalado en diferentes momentos que varios grupos impulsan hashtags a favor del Gobierno federal, además de manipular tendencias como “Narco Presidente”.

El descubrimiento de que el 90% de las publicaciones con la etiqueta ‘narco Presidente’ son bots es una clara señal de manipulación en redes sociales. Es urgente que el INE actúe para preservar la integridad de nuestras elecciones y proteger nuestra democracia. #INEActúaPorMéxico… pic.twitter.com/mKQFVyTUV6

— SteveTG (@SteveTG_) March 10, 2024

A ellos se le suma ataques coordinados en contra de los candidatos del bloque opositor y Movimiento Ciudadano, por cuentas que fueron dadas de alta recientemente y que solo interactúan con contenido que tenga que ver con política.

Esta organización de investigación confirmó que son cientos de cuentas que han rastreado en estas semanas, las cuales viralizan múltiples ataques. Estos llegan incluso a colocarse como trending topics y tienen como principal objetivo cambiar la narrativa de lo que se dice en redes sociales.

La mayor parte de esta operación está realizada por bots y cyborgs que potencian los mensajes por medio de decenas de cuentas en X con líneas argumentativas repetidas, de acuerdo con diversos monitoreos de “Lo Que Sigue”.

El ejército de la difamación

En una revisión de diversas cuentas que realizan ataques simultáneos contra aspirantes a un puesto de elección popular, especialmente los tres que buscan la presidencia, durante los primeros días de campaña, se constataron decenas de cuentas falsas.

A través de la plataforma Hoaxy, una herramienta que permite conocer la fuente original del contenido en internet, este diario logró constatar que la mayoría de los usuarios que difunden este tipo de contenido son nuevos y que la información que promueven es falsa.

Se comprobó, además, que la difusión de mensajes en estos espacios digitales es masiva y se lanzan desde ubicaciones precisas. Por ejemplo, en contra de la panista Xóchitl Gálvez se han detectado cuentas en X que son manipuladas desde la Ciudad y el Estado de México.

En redes sociales comenzó a circular el número telefónico de Xóchitl Gálvez. https://t.co/9WQgLPxSZN pic.twitter.com/9vYYg2y0dw

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) February 25, 2024

Los ataques en redes sociales para Claudia Sheinbaum son impulsados, principalmente, desde algunas alcaldías de la capital mexicana e incluso de la entidad mexiquense.

Para el candidato naranja, los ataques son mínimos y solo han sido focalizados a videos que han sido subidos en la plataforma en donde se le observa en estado inconveniente.

La constante en estas oleadas de bots y trolls consiste en desacreditar cualquier posteo que publiquen los candidatos o sus simpatizantes. Además de alterar la idea original del contenido que se lanza previamente.

Derrochan miles en desinformar

De forma individual, portales de noticias, influencers, y fan page pagan desde 50 mil, 100 mil hasta 500 mil pesos para potenciar textos y notas a favor o en contra de los candidatos presidenciales.

En una revisión a la Biblioteca de Anuncios de Meta por este diario, se comprobó que el gasto generalizado por estas cuentas se contabiliza por cientos de miles de pesos. Varias pautas sobre un determinado contenido superan los millones de pesos.

Las dos candidatas a la Presidencia, tanto la de Morena como la de la coalición del PAN, PRI y PRD, acumulan una serie de anuncios pagados que resumen las promesas de campaña que han formulado, así como el inicio de sus giras proselitistas por todo el país.

Durante las campañas electorales los candidatos gastan millones de pesos en atacar a sus adversarios a través de la desinformación. Foto: Especial

Solo Jorge Álvarez Máynez aparece como el único aspirante que ha pagado directamente sus anuncios en esta red social en las últimas semanas.

Claudia Benassini, profesora e investigadora de la Universidad La Salle, aseguró en una entrevista con Reporte Índigo que el uso de redes sociales se ha incrementado en la política mexicana, debido al alcance que tienen las mismas.

Sobre las acusaciones del presidente nacional de Morena de presuntas campañas de odio patrocinadas con millones de pesos, la experta en redes sociales sostuvo que la dirigencia nacional del partido oficial pasa por alto las campañas agresivas que también han emprendido contra la oposición.

Se sobrevalúa el papel de las plataformas en los escenarios electorales. No es posible comprobar que las campañas en redes sociales contribuyen a qué un candidato gane o pierda una elección”, insistió la investigadora.

Mientras tanto, sobre el uso de las plataformas por parte de los candidatos, Benassini aseguró que los candidatos han invadido Instagram, TikTok y X con claras intenciones de ganar adeptos.

Aunque criticó la falta de comprensión del lenguaje específico de cada plataforma por parte de los tres cuadros políticos que buscan la Presidencia de la República el próximo 2 de junio.

Aspiran a ser políticos influencers

Los candidatos a la Presidencia intensificaron y, en algunos casos, hasta reforzaron sus estrategias de comunicación en redes sociales de cara al inicio de los comicios más grandes de la historia del país.

Claudia Sheinbaum se posiciona como la líder indiscutible en esta contienda digital, acumulando 1.9 millones de seguidores en TikTok, la plataforma preferida de los millennials y los centennials.

Además, en Instagram cuenta con 624 mil seguidores, mientras que en X (anteriormente Twitter) suma una cifra de 2.8 millones de seguidores.

¡Echa un vistazo al vídeo de Claudia Sheinbaum Pardo! #TikTok https://t.co/leUERHzRQ6

— arturo (@arturosala45353) March 9, 2024

En contraste, Xóchitl Gálvez ha experimentado altibajos en su presencia digital, por lo que se ha visto forzada a redirigir su campaña en varias ocasiones. En TikTok, su presencia es modesta con 292.9 mil seguidores, en Instagram cuenta con 275 mil, y en X alcanza los 856 mil seguidores.

Por su parte, el candidato emecista, Jorge Álvarez Máynes, enfrenta un desafío considerable en el ámbito digital. Con tan solo 18.5 mil seguidores en TikTok, 87.4 mil en Instagram, y 78 mil en Twitter, se encuentra rezagado en comparación con sus contrincantes.

Desdeñan campaña negra

Senadores de oposición dejaron claro que en sus partidos no se ocupan de estrategias a través de redes sociales para descalificar a sus contrincantes. Así respondieron a Reporte Índigo Claudia Anaya Mota (PRI) y Julen Rementería del Puerto (PAN) ante los cuestionamientos del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en el sentido de que hay una campaña de desprestigio en redes sociales en este proceso electoral.

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Iraís Ballesteros Mancilla propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Explicó que se trata de definir qué se entenderá por violencia política de género digital al contenido difundido a través de mensajería web, llamadas telefónicas o contenido digital con el objetivo de monitorear, acosar, acosar, sexualizar, desprestigiar, amenazar y menoscabar los derechos político-electorales por motivos de género, identidad y orientación sexual.

Senadores de distintas fracciones parlamentarias negaron que sus fuerzas políticas se encuentren impulsando campañas de difamación en redes sociales. Foto: Especial

Claudia Anaya, legisladora con licencia para buscar la reelección en el Senado bajo las siglas del PRD, PRI y PAN en la coalición “Fuerza y Corazón por México”, aclaró que las empresas ya tienen diversos medios de protección para ese tipo de campañas.

“Por eso los hashtag (#) que no son orgánicos, las mismas empresas los tumban. No es algo que debiera preocupar a nadie. La verdad es que los contendientes o distintos grupos políticos utilizan ese tipo de medidas de promoción política”.

Y consideró que no es algo que debiera ocupar tiempo a ninguno de los dirigentes partidarios, pues, detalló, que no es una situación que esté en la conversación de la gente.

“Efectivamente son promovidos por robots y las mismas empresas los van tumbando. No pasa nada. El que tira el dinero es el que está pagando eso porque finalmente son cosas que no están en la conversación real de la sociedad”, detalló.

Anaya Mota dijo que lo importante es que los candidatos utilicen las redes sociales de manera responsable y sea a través de ellas que se manifiesten las propuestas.

Por su parte, Julen Rementeria rechazó que Acción Nacional esté pagando bots para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El también coordinador del PAN en el Senado subrayó que el hashtag #NarcoPresidente surgió de manera orgánica y aclaró que en las campañas blanquiazules no ocupan estrategias para descalificar a sus contrincantes.

Señaló que, en todo caso, su partido quisiera tener dinero para todo lo que tiene que hacer en campaña de manera legal. Tras rechazar las acusaciones de Mario Delgado, el senador por Veracruz denunció que en Morena se ha emprendido una campaña de bots pagados para tratar de desviar la conversación pública ante las denuncias desde el extranjero contra el presidente López Obrador.

https://www.reporteindigo.com/reporte/elecciones-2024-bots-trolls-redes-sociales-campanas-sheinbaum-y-xochitl/

Max Cortázar, que operó 32 mil MDP para medios en calderonato, detrás de la “guerra sucia”


Miguel Badillo

Muy relacionado con las corporaciones mediáticas –pues en el gobierno de Calderón operó políticamente un presupuesto de 32 mil millones de pesos para campañas publicitarias–, Maximiliano Cortázar se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez para convertirse en pieza clave de la guerra sucia. Sus nexos con dueños y ejecutivos de los medios, así como su manejo de redes sociales le han servido para colocar masivamente propaganda negra contra la candidata Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Además de Max Cortázar, el partido Morena identifica al empresario Claudio X González Guajardo como promotor de las campañas de desprestigio basadas en mentiras

Maximiliano Cortázar –“Max”, como le decía su jefe y promotor Felipe Calderón cuando usurpó la Presidencia de la República– es identificado junto con el empresario Claudio X González Guajardo como los dos principales promotores de la guerra sucia contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cortázar, actual vocero y responsable de comunicación de la candidata opositora Xóchilt Gálvez, se ha especializado desde que fungió como vocero del gobierno de Calderón en el uso faccioso del dinero público para el control de medios de comunicación, según reconoció en su momento su exempleado Carlos Olmos Tomasini, quien al frente de la coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Salud desvió millones de pesos de esa dependencia “por instrucciones de Cortázar y de Alejandra Sota”, para pagar publicidad a dueños de medios y periodistas.

El líder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, acusó en días pasados al empresario y líder de los partidos de oposición Claudio X Gónzalez Guajardo y la precandidata de la derecha Xóchitl Gálvez, de estar detrás de la guerra sucia que busca dañar y desprestigiar la imagen de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la cuarta transformación.

 

El líder morenista señaló directamente que la campaña de difamación –a la que le destinan decenas de millones de pesos– la orquesta “el experto en guerra sucia” Maximiliano Cortázar, responsable de comunicación en la campaña de Xóchilt Gálvez.

Delgado aseguró que tras la llegada del panista Cortázar a ese cargo en la precampaña de la opisición, las redes sociales se encuentran inundadas de noticias falsas, argumentos de odio, violencia y misoginia en contra de la aspirante de la 4T Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que esa estrategia no es al azar, sino que por el contrario, está sustentada con una gran inversión de recursos.

“Evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. Hay producción detrás de estos videos, detrás de esta campaña. Por lo menos, 29 videos de alta producción donde hay actores, hay escenografía, hay diseño, hay audio. Se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra precandidata a la Presidencia [Claudia Sheinbaum]”, indicó el dirigente de Morena.

El empresario Claudio X González asistió a la manifestación.

El partido Morena tiene evidencias de los vínculos del material desinformativo que provienen de empresas y páginas del extranjero, principalmente de Chile y Guatemala. “Sabemos que es una campaña orquestada: hay vínculos, observamos que nueve de ellas se conectan a un mismo número telefónico y a un mismo correo electrónico”.

Delgado presentó la semana pasada en conferencia de prensa las evidencias de que las páginas utilizadas para la guerra sucia son: Global Noticiasnet, La Red Guate, Tolimán GT, Chulamar GT, Zona Noticias GT y Punto Final GT; las cuales son las mismas que promueven la imagen de Xóchitl Gálvez y atrás de ellas están Claudio X Gónzalez Guajardo y el Frente Amplio por México.

A este grupo, advirtió Mario Delgado, se le suman los principales aliados de la guerra sucia, a quienes identificó como: los diputados Fernando Belaunzarán, Teresa Castell, Ana Lucía Medina, Miguel Peñaflor, la Sociedad Civil México y Mexicanxs en Acción, todos simpatizantes o afines a los partidos PRI y PAN.

 

La campaña desinformativa también se comparte en grupos de la plataforma WhatsApp como el llamado “Xochilovers”, donde Diana Vega Gálvez –hija de Xóchitl Galvez– es coordinadora. “Los familiares de Xóchitl Gálvez, los xochilovers empiezan a mandar por WhatsApp estos mensajes a toda la gente”, acusó el representante de Morena.

Max Cortázar y Alejandra Sota

En el gobierno del panista Felipe Calderón, desde la Presidencia, Max Cortázar y Alejandra Sota ordenaban el uso político de campañas publicitarias en medios de comunicación electrónicos e impresos, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos.

Lo anterior motivó que en el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto las secretarías de la Función Pública y de Hacienda abrieran carpetas de investigación por el uso faccioso del dinero público para esas campañas publicitarias que promovieran la figura de Calderón. Entre las primeras irregularidades descubiertas se documentó sobregiros por cientos de millones de pesos en las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Turismo. Sólo en Salud, el coordinador de comunicación social, Carlos Olmos, movió 317 millones de pesos.

Pero fue desde la oficina de prensa de la Presidencia con Felipe Calderón, donde sus titulares Maximiliano Cortázar (2006-2010) y Alejandra Sota (2010-2012) ordenaron utilizar recursos públicos de esas tres secretarías de Estado –Salud, Desarrollo Social y Turismo– para pagar miles de millones de pesos a medios de comunicación que apoyaban los programas del gobierno y, en 2012 (último año de gobierno de Calderón), para liquidar contratos publicitarios que se otorgaron a la prensa como retribución por su respaldo a la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, candidata perdedora del Partido Acción Nacional.

Años después de esos hechos, uno de los principales responsables de mover cientos de millones de pesos de dinero público para beneficiar a medios de comunicación, el exvocero de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini, reconoció haber recibido instrucciones verbales directas de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón para otorgar cuantiosas partidas presupuestales para la publicidad oficial.

 

Según Olmos Tomasini, las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían del dinero público le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación.

Esas campañas publicitarias se decidían entonces en la Presidencia de la República “por Alejandra Sota o Max Cortázar. Ellos eran la primera instrucción; después pasaba a Gobernación, y Gobernación instruía a todas las áreas”, recordó Olmos Tomasini en entrevista con Nancy Flores de Contralínea. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales”.

Agregó: “Nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga, o donde venga: ‘Presidencia [ordena] esto’. Te hablan, ‘haz esto’”.

En 2012 –el año de las elecciones presidenciales en el que se estableció una veda electoral de abril a julio–, el gobierno de Calderón Hinojosa destinó 6 mil 860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos, según registros oficiales. De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2 mil 500 millones, es decir el 36.44 por ciento.

Aún se guarda la grabación en donde Olmos Tomasini, quien hasta pisó la cárcel y enfrenta un proceso penal por el desvío de dinero público, declara cómo fue presionado por Cortázar y Sota para asignar miles de millones en publicidad en clara violación a la ley:

—¿Por qué gastaron 2 mil 500 millones de pesos en un año electoral?

—Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después.

—¿2 mil 500 millones en 3 meses?

—Perdón, pero fue la orden que tuvimos.

—¿Quién lo ordenó?

—Presidencia y Gobernación.

A lo largo del sexenio calderonista, el desembolso en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos, y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012, es porque la ley le impedía al gobierno hacerlo durante las campañas políticas.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Proceso penal sigue abierto

La orden que recibió de Presidencia el área que encabezaba Olmos Tomasini en Salud los primeros 3 meses de 2012, se volvió en su contra: 260 contratos con medios de comunicación nunca fueron pagados por “insuficiencia presupuestal”. Así, la administración de Salomón Chertorivski Woldenberg en Salud, en donde fue secretario desde el 9 de septiembre de 2011 al 1 de diciembre de 2012, heredó una deuda de 317 millones 78 mil 991 pesos a la gestión de la secretaria Mercedes Juan López. Chertorivski es actualmente candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la Ciudad de México.

Esa misma “insuficiencia presupuestal” generó reacciones en el gobierno del priista Peña Nieto, pues por una parte las autoridades de las secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigaban el destino del presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos que ejerció la Secretaría de Salud en publicidad y se habrían líneas de investigación en los ejercicios de las secretarías de Desarrollo Social y de Turismo, pues hubo también en esas dependencias un gasto indiscriminado para apoyar a la candidata panista Vázquez Mota. Por otro lado, los empresarios de los medios a los que se les adeudaba cientos de millones de pesos, demandaron al gobierno federal por el delito de fraude.

Olmos Tomasini decía tener una “deuda moral” con los medios, pues algunos de los directivos eran sus “amigos”, por lo cual ya fuera del gobierno seguía cabildeando para gestionar los millonarios pagos a la prensa.

Todas esas investigaciones en curso llegaron hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde la orden fue tajante de no usar dinero público para saldar deudas fraudulentas del gobierno calderonista con la “prensa vendida”.

No obstante, Olmos Tomasini se defendía: “las campañas de salud siempre son emergentes. No tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña; entonces Gobernación te dice: ‘necesitamos una campaña, busca el tema. Ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones; súbelo, arma la campaña’. Gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando”.

En la Secretaría de Hacienda, durante la gestión de José Antonio Meade (9 de septiembre de 2011 a 30 de noviembre de 2012) en el gobierno de Calderón, se entregaron 1 mil 838 millones 409 mil 399 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos, a través de los acuerdos 801.1.099, 801.1.102, 801.1.118, 801.1.149 y 801.1.161. Los oficios –de los cuales se posee copia– fueron firmados por los exsubsecretarios de Egresos, Carlos Alberto Treviño y Bogart Montiel Reyna.

 

—¿Por qué no mandaron dinero para estos 260 contratos? –se le preguntó a Carlos Olmos Tomasini–.

—Ahí sí no te sé decir eso; no te lo sé decir porque era una cuestión administrativa, y ya no regresó el dinero Hacienda. Ahora, es correcto lo de los 2 mil 500 millones de pesos, que fue en números redondos que bajaron; pero en esos 2 mil 500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces parte de este dinero fue para el Seguro Popular [Comisión Nacional de Protección Social en Salud]. No nos mandaron todo el dinero a nosotros. Se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba.

—¿Pero tú sí manejabas estos 260 contratos que no se pagaron?

—Sí. Todo esto sí. De todo esto yo soy responsable. De la bajada del dinero sí era directamente [responsable] Gobernación, Hacienda y el área de pagos de la Secretaría [de Salud]. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de Gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de Gobernación, para que luego solicitara a Hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo.

—¿Quién te autorizó en Gobernación?

—Alejandro Echegaray [exdirector General de Normatividad].

El oficio SNM/DGNC/0010/12, emitido por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y firmado por el propio Alejandro Echegaray, autoriza una de las tres campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2 mil 100 millones de pesos.

Olmos Tomasini decía no recordar a todos los medios que se les debe, señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación (a éstas sí les pagaron). Están Milenio, Telmex, CIE, TVC y varias cableras.

Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indica, “estoy tranquilo”. Manifiesta que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poiré Romero, con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. También se decía confiado en que la Secretaría de Salud pagaría los 317 millones 78 mil 991, correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación. Esto nunca ocurrió y el proceso penal continúa.

https://contralinea.com.mx/interno/semana/max-cortazar-que-opero-32-mil-mdp-para-medios-en-calderonato-detras-de-la-guerra-sucia/

12/11/2022

Víctimas de la guerra sucia dan el último jalón contra la impunidad

 Es el último jalón contra la impunidad, confían

Con sobrevivientes de la guerra sucia, abren en Guerrero Diálogo por la Verdad

Relatan pasajes de la violencia política de los últimos 50 años en el estado

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Creemos en el Presidente, pero ya le quedan sólo dos años y no se ve absolutamente nada, ni sabemos dónde quedaron nuestros seres queridos, lamenta una participante.

Chilpancingo, Gro., Un Diálogo por la Verdad, que las víctimas de la guerra sucia (de 1965 a 1990) entienden como el último jalón para terminar con la impunidad, arrancó ayer en esta ciudad. Han pasado las décadas y los sexenios y los perpetradores de masacres, desapariciones, arrasamiento de pueblos enteros, asesinatos, torturas y encarcelamientos clandestinos –civiles de cuerpos policiacos diversos y militares–, nunca fueron llevados a juicio.

Los sobrevivientes, las víctimas y sus familiares, fueron convocados por la Comisión de la Verdad federal y su Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. En un auditorio repleto de gente que llegó de la sierra, las costas Grande y Chica, Tierra Caliente y las orillas de Acapulco, se escucharon de viva voz, uno tras otro, con la elocuencia característica de los luchadores guerrerenses, pasajes de la violenta historia política del estado en los últimos 50 años.

Algunos fueron narrados en público por primera vez, como los testimonios de los campesinos de Tlacalixtlahuaca, municipio de San Luis Acatlán, que fue duramente golpeado por el Ejército en castigo por haber dado alojo y cobijo en una ocasión al jefe guerrillero Genaro Vázquez Rojas. El miedo los hizo callar 50 años. Sólo recordar duele, expresó Victoriano Villegas, ya muy mayor, al relatar las historias que vivió a los 15 años, cuando los soldados obligaban a los campesinos de su pueblo a cavar sus fosas antes de ejecutarlos; cuando dejaban a la gente colgada de los árboles durante días, cuando a los hombres que encadenaban a un fierro, como animales, se les llagaba el pie, cuando nadie era libre de salir de su casa, bajo el sitio militar.

Otros testimonios son más conocidos, como los de los hermanos de Lucio Cabañas, Guillermina y Pablo. Ella se unió al Partido de los Pobres y tomó las armas cuando la represión la acorraló. Hortensia fue su seudónimo de miliciana. Para entonces ya habían sido secuestrados un hermano mayor y varios sobrinos. Los mandos militares se ensañaron contra la familia hasta que fue dispersada en su totalidad. Su hija mayor se llama Lluvisel, en recuerdo de la lluvia y la selva en la que sobrevivió los años duros de la guerra.

Pablo, maestro normalista como el líder guerrillero, nunca participó en la lucha armada. Pero igual fue detenido frente a sus alumnos de quinto de primaria en una escuela de Huatabampo, Sonora. Fue torturado directamente por Miguel Nazar Haro, de la Dirección Federal de Seguridad. Después de seis años de prisión en distintas penitenciarias por el único delito de ser hermano del profesor Lucio Cabañas, perdí mujer, casa, trabajo y libertad. Hoy pide una justicia que le fue negada durante medio siglo. Lo único que espero es que la reparación del daño me alcance para pagar mi velorio, dice este hombre que, muy lejos de estar vencido, lucha por sobrevivir alquilándose para cantar en fiestas bajo su nombre artístico, El otro Cabañas.

Hay risas en el auditorio. Pero las personas mayores, que son la mayoría, saben que lo que dice es exactamente así.

Abel Barrera, uno de los cinco comisionados del órgano que depende de la oficina del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reflexionó sobre estos testimonios indicando: la reivindicación de figuras como Cabañas y Vázquez Rojas y muchos otros que se levantaron en armas es parte del ejercicio de verdad y memoria.

El director de Tlachinollan, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más destacadas del país, Barrera, explicó que esta primera sesión de Diálogos por la Verdad es parte de un proceso institucional que deberá concluir con una audiencia formal. El objetivo es poner en el centro a las víctimas a través de la escucha de los testimonios de sobrevivientes y familiares.

Después de estudiar las experiencias de audiencias públicas de varios países que vivieron conflictos armados y periodos de genocidios, como paso fundamental para alcanzar la justicia transicional, la Comisión de la Verdad concluyó que el modelo que quizá se acercaba más para el caso de la guerra sucia de Mexico es el colombiano, que se realizó durante años antes de la firma del los acuerdos de paz. Fueron audiencias públicas, divididas por temáticas, etnias y regiones.

El problema que enfrenta la comisión mexicana, precisa Barrera, es la falta de recursos y tiempo, por lo que se adoptó esta modalidad de diálogos. La de Chilpancingo es la primera experiencia de este proceso. Próximamente se realizará otra en Atoyac de Álvarez. Y se repetirá en otros estados donde hay núcleos importantes de víctimas y sobrevivientes. Todo esto forjando el camino hacia una gran audiencia nacional.

Es nuestra última oportunidad

Nicomedes Fuentes fue preso político en dos ocasiones, sobreviviente de tortura, originario de Tepetixtla. En la Universidad Autónoma de Guerrero inició la organización de defensa de las víctimas de la represión desde los 70. A partir de 2012 trabajó en la recopilación de testimonios de la Comisión de la Verdad de Guerrero junto con la abogada Pilar Noriega. En su testimonio expuso: Esperemos que este sea el último jalón para terminar con la impunidad. Ya somos grandes y nos estamos yendo. Es nuestra última oportunidad de hacernos escuchar. Esto tiene que quedar para la historia.

Para muchos, fue la primera vez de hablar y escuchar sobre sus experiencias durante lo que Barrera llamó la embestida del Ejército en las regiones guerrerenses, unos por un temor difícil de desterrar, otros porque les ha pesado el estigma que carga la historia de las guerrillas y la lucha armada. El maestro Arturo Miranda, compañero de armas de Genaro Vázquez Rojas en la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que ha estado trabajando en colectivos y en la Cámara de Diputados para la elaboración de la Ley de Memoria Histórica, sostuvo: No tenemos por qué sentirnos avergonzados de haber sido guerrilleros. Lo hicimos con todo el derecho. Las masacres del Ejército en nuestros pueblos y la persecución contra quienes no estaban en la lucha armada no dejó otra opción.

Carmen Iturio Nava, hija de un desaparecido, lo expresó así: Mi padre fue un guerrillero. Yo estoy orgullosa de esa herencia y trato de dejarles ese orgullo a mis hijos. Sus recuerdos de niña giran en torno a la resistencia de su madre, yendo a preguntar infinidad de veces a los cuarteles por su padre. Y sobre las humillaciones, amenazas y malas caras con las que eran despachadas.

Externó la cautelosa esperanza de muchos de los presentes, sobre las condiciones que se presentan por primera vez, ahora, con el presidente de Andrés Manuel López Obrador, que les prometió justicia, verdad y reparación del daño.

Ya es tiempo del esclarecimiento, dijo Merced García Naranjo, hijo de otro campesino desaparecido, quien narró la extrema pobreza y la marginación que vivieron los sobrevivientes de los pueblos arrasados, al grado de que él, de pequeño, casi muere de hambre. Creemos en el Presidente, pero ya le quedan sólo dos años y no se ve absolutamente nada, ni sabemos dónde quedaron nuestros seres queridos, ni qué pasó.

Foto Sergio Campos
Periódico La Jornada
Sábado 10 de diciembre de 2022, p. 10

6/26/2022

Afectados por la guerra sucia, revictimizados; se justificó a militares

 Félix Hernández Gamundi

Para tener certidumbre, la FGR o el Poder Judicial deben solicitar los expedientes, resalta el integrante del Comité 68

Tras subrayar que no se puede borrar la historia, explicó que es reconocido socialmente que los agresores en ese periodo fueron las fuerzas armadas. La verdad es conocida, lo que falta es la justicia, apuntó en entrevista con La Jornada.

El líder estudiantil durante 1968 refrendó que el Comité 68 mantiene la misma postura que ha presentado, y consideró que lo verdaderamente importante en el caso de los expedientes, los archivos que reclamamos (en posesión) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es que deberían ser requeridos por las instancias de procuración de justicia, en concreto por la Fiscalía o el Poder Judicial.

De no existir un mandato judicial en el que se solicite toda la información de manera específica, no hay certidumbre de que se entregue toda la documentación en poder de la Sedena, advirtió.

Luego del acto oficial del comienzo de las acciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, desarrollado el miércoles pasado, lamentó que se convirtió en un evento de re-victimización de las víctimas y de justificación de la actitud militar, lo cual es absolutamente contrario al discurso de que se trata de conocer la verdad y encontrar justicia.

Foto
s▲ Aquí no aplica la teoría de los dos demonios, enfatizó Félix Hernández Gamundi.Foto Cristina Rodríguez

Calificó de error pedir a las víctimas compartir el mismo espacio con los militares, aunado a que los llevan para escuchar un discurso en el cual se les anuncia que se ha tomado la decisión de inscribir los nombres de los agresores como héroes de la patria. ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Es un contrasentido absoluto.

Hernández Gamundi definió que el acto pareció una alusión a la teoría de los dos demonios, en la cual se establece que hay dos partes que se han agredido mutuamente, y para lograr reconciliación el tema fundamental no es la justicia, sino que cada una de las dos parts reconozca que se agredieron mutuamente, así como perdonarse uno al otro.

Yo digo: el movimiento del 68 fue pacífico, la agresión vino de un solo lado, entonces ¿dónde está el otro demonio?, aquí no aplica.

En todo caso, añadió, una reconciliación nacional solamente es posible por la vía de la justicia, no hay otra manera de lograr esto. Mientras se ha reconocido que las fuerzas armadas fueron los agresores en este periodo, lo que ha faltado es que la verdad jurídica se empate con eso.

Aseveró que no se puede justificar que los actos fueron por órdenes superiores, al existir un principio en el derecho internacional que define que no aplica la norma de la obediencia en las fuerzas castrenses cuando ésta va en contra de los derechos.

Cualquier intento de reconocimiento al Ejército, concluyó, tendría que darse en otros espacios y otras circunstancias.


Periódico La Jornada
Sábado 25 de junio de 2022, p. 3

9/24/2019

Que retumbe en las entrañas de la impunidad

La Jornada

Martha Camacho*


Este evento de reconocimiento** es una luz, una esperanza, es un punto de partida. Falta mucho por hacer, espero que la puerta se abra para otras familias y colectivos. Que esto no quede sólo en disculpa. Es un primer logro; sin embargo, hay que seguir avanzando.

Para mí es muy importante la admisión de responsabilidad porque esto implica reconocer lo que viví y que las autoridades asuman su obligación.

Lo que me sucedió fue un infierno que como mujer se vive peor. Aun con la violencia que ejercieron contra mi persona, mi dignidad prevaleció. No me cortaron las alas, me tuve que levantar y permanecer de pie con orgullo, igual que las palmeras después de la tormenta. Lo que me ha impulsado todos estos años es la búsqueda de justicia y verdad. Ahora que el Estado reconoce su responsabilidad, con más ganas y con más fuerzas voy a seguir pidiendo justicia.

No podemos olvidar que hoy nos acompañan espiritualmente las madres que se nos adelantaron, dejándonos la estafeta. Su memoria y lucha nos siguen acompañando y dando fuerza. Esta dis­culpa la debió recibir también quien fue mi esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, que me fue arrebatado por los militares. En memoria de él y de tantas y tantos que hoy nos faltan, que sepan que no los olvidamos, que sepan que mientras yo esté viva, no estarán muertos.

Lamento que no esté Sedena, ya que perdió una oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución.

Como historiadora, me he dedicado a documentar estas atrocidades. Sé que la principal herramienta es la educación para seguir construyendo memoria y no olvidar. El Estado debe tomar acciones como medidas de no repetición. En el pasado se apostó al desgaste, al miedo, a callarnos, a la normalización, a que éramos uno más entre tantos desaparecidos. Por eso, estar aquí hoy es ganarle al olvido, decirles que no nos dejaremos vencer por la impunidad y la indiferencia, no callaremos.

Buscar justicia no ha sido fácil. Ha sido mucho caminar en contracorriente, tomar la dignidad que no pudieron arrebatarnos como fuerza para seguir, remando contra el dolor, contra la impunidad, movidos por nuestros corazones y convicciones. Instituciones que deberían apoyarnos no han estado a la altura. Si bien la CNDH en su recomendación 26/2001 generó un impulso para un primer reconocimiento de las graves violaciones cometidas por el Estado, éste fue deficiente. Incluso dejó fuera mi caso y el de muchos otros a lo largo del país.

Tampoco podemos olvidar a la Femospp, institución de nombre muy largo y resultados muy cortos. Fue la fiscalía quien reconoció los delitos de lesa humanidad a los que sobreviví. Han pasado 13 años de su informe final y sus palabras siguen siendo vigentes.

La oportunidad y el reto está en construir distinto. Sanar al país requiere jus­ticia, verdad y memoria. Mientras los casos del pasado no se resuelvan, mientras no existan ejemplos de justicia, estas graves violaciones de derechos humanos seguirán ocurriendo. Si este gobierno quiere cambiar, tiene que empezar a traer justicia a los casos de ayer y de hoy. En ello radica la posibilidad de que el cambio de régimen se convierta en un verdadero proceso de transición democrática.

No queremos que las madres, esposas, hijas e hijos que iniciaron esta lucha se vayan sin escuchar que se reconoce la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de derechos humanos contra sus familiares. Ellas han mantenido su memoria y el Estado debe reconocerlo.

Tras 42 años, este es el primer gobierno que reconoce las violaciones de derechos humanos. Esto debe ser sólo el inicio del compromiso por parte del Estado para avanzar hacia un camino que nos lleve a la verdad, a la justicia, la reparación integral, la memoria y a que tomen verdaderas medidas de no repetición.

He recorrido este camino acompañada de colegas. Muchos hoy me acompañan, otros lo hacen a la distancia, no hemos estado solos. Esta disculpa, este reconocimiento de responsabilidad del Estado, debe llegar a otros oídos, ser escuchada por la organización de familiares que represento: Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70, y muchas otras organizaciones o colectivos de familiares desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en todo el país. Por eso quiero que se realicen actos de reconocimiento y de memoria en Sinaloa y donde se cometieron estos graves crímenes.

También he caminado de la mano de madres, hermanas e hijas, de otras personas desaparecidas, del pasado y de la historia más reciente. Hemos visto que este país es una fosa. Es a estas familias a las que el Estado nos debe voltear a ver a la cara para no dejarnos seguir solas. Debemos seguir avanzando, yo lo seguiré haciendo, hasta que haya justicia y verdad para todas.

Quiero agradecer a mis hijas e hijo, mis nietas y mis nietos, hermanas, hermanos, esposo y demás familiares que, en este camino de dolor, me han acompañado con amor y generosidad, como lo están haciendo hoy. A quienes pido se pongan de pie para que se les reconozca porque también ellos son víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que cometió el Estado.

También quiero agradecer a mis compañeros de lucha y amigos solidarios, muchos desafortunadamente no pudieron estar aquí. Mi eterno agradecimiento al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que además de su ardua labor, me ha acompañado desinteresadamente durante años como amigo solidario en esta búsqueda por la verdad, justicia y memoria. Hoy tomo fuerza para seguir avanzado. Que mi voz resuene y que otras víctimas sean escuchadas. Que la búsqueda de la justicia por la que llevo décadas luchando haga eco y retumbe en las entrañas de la impunidad.

* Historiadora y sobreviviente de la guerra sucia. Presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.

** Versión reducida del discurso en que el Estado mexicano ofreció disculpas públicas a la ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre.

Guerra sucia, disculpa indispensable

Editorial La Jornada

Por conducto de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, el Estado mexicano ofreció ayer una disculpa pública por la feroz campaña represiva que el poder público desató en el país en las octava y novena décadas del siglo pasado.


Corrió a cargo de la primera pedir perdón en lo individual a Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga, fue víctima de detención arbitraria el 19 de agosto de 1977, en Culiacán, Sinaloa, por elementos del Ejército, policías estatales e integrantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Trasladados a las instalaciones de la novena Zona Militar, en la capital sinaloense, ella fue torturada durante 49 días, obligada a parir en condiciones infrahumanas e indignas y forzada a presenciar la tortura y la ejecución extrajudicial de su pareja, cuyo cuerpo nunca fue hallado.

Por esas atrocidades, emblemáticas de la guerra sucia lanzada por los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo contra disidentes e integrantes de grupos guerrilleros, Sánchez Cordero comprometió ante la víctima y su hijo nacido en prisión la voluntad del Estado, a garantizar la reparación integral de los daños y a aplicar las medidas necesarias para impedir que acciones criminales como las referidas se repitan en perjuicio de ninguna otra persona. Asimismo, la funcionaria hizo énfasis en el componente de género de la violencia de Estado, la cual, en el caso de Camacho Loaiza se manifestó en torturas sexuales y violencia obstétrica.

La víctima, por su parte, lamentó, con razón, la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ceremonia. Esa institución, dijo,perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometió en esa época, pues los crímenes fueron perpetrados en una instalación castrense.

A su vez, Encinas Rodríguez formuló una disculpa general a los cientos de víctimas de la guerra sucia, caracterizada porprácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeresqueevidenció a un régimen dispuesto a todo para eliminar cualquier intento de oposición y discrepancia. El titular de Derechos Humanos de Gobernación se comprometió, en nombre del gobierno, a indagar los crímenes de ese periodo oscuro para llevar justicia y verdad a las víctimas.

La ceremonia deja sentimientos encontrados: es desolador, por un lado, que hayan debido transcurrir más de cuatro décadas y ocho sexenios para que la institucionalidad del país empiece a responsabilizarse por los innumerables y gravísimos abusos perpetrados en el contexto de la guerra sucia.Pero, al mismo tiempo, el acto introduce en el panorama nacional una nota de esperanza de transformación real y de fondo, marca un deslinde inequívoco con respecto a los gobiernos del régimen anterior y ofrece una rúbrica de autenticidad a los propósitos de respeto a los derechos humanos por parte de la Cuarta Transformación.

Ésta tiene por delante, sin duda, una tarea enorme en materia de esclarecimiento, justicia, reparación y garantía de no repetición, no sólo ante las atrocidades perpetradas en los sexenios de Echeverría Álvarez y López Portillo, sino también ante las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en los gobiernos de Carlos Salinas (asesinatos de opositores), Ernesto Zedillo (contrainsurgencia en Chiapas y masacres de campesinos como las de Aguas Blancas y Acteal), Vicente Fox (represión en Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco y Oaxaca), Felipe Calderón (guerracontra las drogas y proliferación de la violencia militar y policial en contra de la población) y Enrique Peña Nieto (masacres de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Nochixtlán y otras, además de la barbarie perpetrada en Iguala en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa).

El gobierno ha dado el primer paso. La sociedad debe acompañar e impulsar este arduo proceso, indispensable para construir una paz auténtica y una reconciliación nacional perdurable.

Sobreviviente de guerra sucia recibe disculpas del gobierno

Martha Camacho esperó 42 años por este acto de esperanza




La secretaria de Gobernación reconoció violaciones graves


▲ Pasaron más de cuatro décadas para que la primera víctima pudiera escuchar una disculpa.

En un acto inédito, el Estado mexicano reconoció por primera vez que durante la guerra sucia “se construyó y operó desde el gobierno de la época un aparato de represión que cometió delitos de lesa humanidad” contra los disidentes políticos.

Ayer 23 de septiembre, en una fecha simbólica, el gobierno federal ofreció disculpas públicas a la primera de cientos de víctimas en ese periodo de la historia reciente del país: Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su entonces esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga (ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre), fue detenida de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por efectivos del Ejército, policías estatales y de la extinta Dirección Federal de Seguridad.

Fue torturada durante 49 días en la novena Zona Militar en Culiacán, estaba embarazada y la hicieron parir en infrahumanas condiciones; además, se le obligó a presenciar la tortura y ejecución extrajudicial de su esposo, cuyo cuerpo jamás se le entregó. Recuperó su libertad gracias a que su familia pagó un rescate y durante 42 años ha luchado por justicia y la reparación del daño.

Con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la PGR, durante el gobierno de Vicente Fox, presentó una denuncia, pero al paso de los años su derecho de acceso a la justicia se le ha negado.

Ayer, en el Centro Universitario Cultural Tlatelolco, en una emotiva ceremonia en la que se congregaron defensores de derechos humanos, víctimas de la guerra sucia, sus familiares y funcionarios, y en la que las consignas de aquella época se escucharon fuerte: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ofreció la disculpa pública a Camacho Loaiza, a su esposo y a su hijo Miguel Alfonso Millán Camacho, quien nació cuando Martha estaba detenida en el cuartel militar y vivió en sus primeros minutos de vida la tortura al ser encañonado con una metralleta como forma de doblegar a su madre.

“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como guerra sucia (…) Le ofrezco una disculpa por la violación de su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como del paradero del cuerpo del señor Alapizco Lizárraga y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.”

Después 42 años de lucha por la verdad y la justicia, Martha Alicia Camacho sentenció que este acto representa una esperanza y un punto de partida para que cientos de víctimas de la guerra sucia puedan alcanzar justicia y reparación del daño, al igual que miles en los años recientes.

Acompañada en todo momento por la fotografía de su esposo, reconoció a su hijo, hijas, nietos, yernos, a su actual compañero de vida, a toda su familia, así como a aquellas otras víctimas y colegas que han estado a su lado. Pidió que se pusieran de pie y el recinto se estremeció con el aplauso. Alguien gritó entre los asistentes: ¡Vivan los valientes de la 23 de Septiembre!. Ella, conmovida, también agradeció el apoyo del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En ese acto no se dejó de lado la exigencia de justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa y para las miles de víctimas de la crisis que vive México.

Camacho criticó la ausencia de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional: Perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época, reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. ¡Qué lamentable! Deberían estar aquí porque fue justamente al interior de las instalaciones de la novena Zona Militar de Culiacán donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana.

Foto Luis Castillo

Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 24 de septiembre de 2019, p. 3