Voto en el extranjero, ¿derecho o simulación?

La Jornada 

Los representantes de Morena y de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron ayer errores inaceptables en el manejo de la papelería electoral destinada a permitir el voto de los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero, e instaron a ese organismo a desempeñarse con más seriedad en este ámbito, a fin de garantizar a esos electores que sus sufragios llegarán al destino correcto y serán debidamente computados. El problema más grave es que algunos sobres en los que los votantes deben enviar su sufragio tienen la dirección particular y el nombre de funcionarios del INE –como Alejandro Sosa, director de Productos y Servicios Electorales, o María de la Paz Lara Lugo, empleada de la Dirección del Registro Federal de electores– y no la sede oficial de la institución.

Para poner el problema en perspectiva, cabe recordar que el 16 de mayo anterior, el consejero Enrique Andrade afirmó que hay 181 mil 256 mexicanos residentes en el exterior registrados para ejercer el sufragio y se ufanó de que esa cifra representa un incremento de 300 por ciento con respecto de 2012. Sin embargo, los errores en el nombre del destinatario ascienden a 71 mil y los que tienen un domicilio no oficial suman 44 mil, lo que arroja un total de 115 mil sobres equivocados; es decir, más de la mitad de los enviados a los connacionales que residen en otros países.

A pesar de los intentos del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de minimizar semejantes fallos, a los que llamó “fake news que pretenden construir un discurso equivocado”, en contraste con su afirmación de que no afectan el proceso y de las promesas de la institución de que todos los sobres se concentrarán en el aeropuerto para ser enviados a la sede del INE, no se puede pasar por alto semejante irresponsabilidad ni dejar de lado las legítimas sospechas que genera. No está de más recordar que sólo en gastos de envío el organismo electoral gastó casi 120 millones de pesos; es decir, más de 660 pesos por cada voto, en promedio. En contraste con la ligereza de Córdova, el consejero Andrade, presidente de la Comisión Especial del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, reconoció lo grave del error y exigió una investigación de las áreas ejecutivas para deslindar responsabilidades.

En la circunstancia actual, y con el déficit de credibilidad de los organismos electorales nacionales, un error como el señalado afecta de manera inexorable la certeza en el proceso electoral en curso entre los connacionales que viven fuera de México y quieren ejercer su derecho ciudadano. Más aún: es inexcusable que después de décadas de exigir el cumplimiento efectivo de ese derecho, el sufragio de los mexicanos en el exterior sea gestionado de manera tan poco pulcra.

Pero hay un problema de fondo mucho más preocupante que el de remitentes o destinatarios indebidos: según las cifras del propio Andrade, el número de los connacionales que podrán votar en el extranjero en este proceso electoral es menor a la suma de los mexicanos que residen en Canadá (118 mil 249), España (51 mil 140), y Alemania (14 mil 947), según cifras de la Secreetaría de Relaciones Exteriores, y representa apenas una minúscula fracción de los millones de ciudadanos de nuestro país que viven en Estados Unidos; tales números indican que el derecho al voto en el extranjero sigue siendo una conquista pendiente.

Se podrá atribuir la situación a que, por la razón que sea, los connacionales no acuden a los consulados a tramitar sus credenciales de elector, pero ello marca una clara omisión de las autoridades nacionales en la atención e información a las comunidades mexicanas en el extranjero. Por lo demás, el empadronamiento y el registro para votar son, con frecuencia, procesos injustificablemente lentos y burocráticos que ahuyentan a la ciudadanía que vive en terceros países.

En suma, si se toma un cálculo conservador de 12 millones de adultos que son mexicanos por nacimiento y residen en Estados Unidos, la cifra de 181 mil votantes en el extranjero denota que el derecho al voto para ellos es, en gran medida, una simulación.

“Tribunal Electoral prohibió al INE aplicar la ley” en candidaturas independientes: Alfredo Figueroa

"Le ordenó al INE dejar intocada la base de apoyos y no establecer el cruce previsto en la ley", para que Zavala y "El Bronco" conservaran su lugar en la boleta, observó el ex consejero del IFE.

Redacción AN

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prohibió aplicar la ley al Instituto Nacional Electoral (INE), pues determinó dejar ‘intocada’ la base de apoyos y no hacer el cruce de firmas, afirmó Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral.

En entrevista para #AristeguiEnvivo, señaló que la sentencia del Tribunal Electoral a favor de Jaime Rodríguez “El Bronco”, es “a todas luces un atropello” y deja ver el uso faccioso de una institución que se supone es la encargada de la construcción de la democracia del país.

“Es un asunto de extraordinaria gravedad haber visto la resolución de un tribunal sin los apoyos suficientes, apoyos válidos que requería la Constitución y la ley. Ha puesto en la boleta a una persona que además intentó por todos los medios hacerle fraude a la ley y a la autoridad. Este tribunal no puede declararse constitucional, sino faccioso, usado por un partido y el Presidente de la República para poder fragmentar la votación, añadió.

Además, sostuvo, en la misma sentencia el tribunal prohibió al INE aplicar la ley. 

Recordó que de acuerdo con la ley, una persona solo puede apoyar a un candidato a un mismo puesto de elección popular, y en caso de que se lo dé a más contendientes, solo será válido para el primero.

El INE decidió no aplicar esta norma sino hasta que más de un contendiente rebasara el umbral.

Sin embargo, el Tribunal “en un ejercicio de blindaje de la candidatura de ‘El Bronco’ y de Margarita Zavala, le ordenó al INE dejar intocada la base de apoyos y no establecer el cruce previsto en la ley”.

“El INE deberá dejar intocados los apoyos ciudadanos que cada uno de los aspirantes hubiera obtenido y estimar totalmente concluido el procedimiento de verificación de apoyos para cualquier candidatura independiente a la presidencia de la república que hubiese sido o fuera otorgada, incluida la fase de verificación de la duplicidad de respaldos”,  indica un párrafo en la página 21 de la resolución.

De acuerdo con Figueroa, “esta orden tiene como propósito que ninguno de los dos pierda apoyos y ambos se mantengan en la boleta“.

Por otra parte, lamentó que INE aún no haya dado a conocer el número de apoyos repetidos entre candidatos a la Presidencia de la República, así como fotocopias repetidas y de personas fallecidas, “porque lo que vamos a encontrar detrás es que en realidad un mercado negro de apoyos ciudadanos a candidatos independientes“.

“Independientemente si el INE hoy ya no puede aplicar la verificación para disminuir los apoyos, me parece que está en la obligación por derecho a la información de transparentar cada uno de los aspectos asociados a esta construcción de apoyo por su legitimidad y su credibilidad pública… Tiene la obligación de concluir e investigar qué ocurrió con todas las simulaciones, con todas las fotocopias, de dónde las sacaron”, añadió.

A continuación la entrevista completa:

Ximena Puente, la impostora

contralinea.com.mx

Autor: Miguel Badillo * / @badillo_contra

Ha sido tan deficiente y encubridor el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que hasta la renuncia de su presidenta Ximena Puente fue desechada por el Senado de la República por tener imperfecciones en la redacción y en la forma del escrito.

Esta abogada colimense que asumió desde hace casi 4 años la presidencia del Inai –responsabilidad que requiere además del conocimiento de leyes, autonomía y honestidad para transparentar la información gubernamental en beneficio de la sociedad–, presentó su renuncia el mismo día que el partido en el poder –el Revolucionario Institucional– la postuló como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados.

Ahora entendemos porque tantas resoluciones del Inai han impedido que conozcamos casos de malos manejos presupuestales del gobierno federal, y la nominación al Congreso de Puente no es más que el “pago de favores” por parte del PRI-gobierno a la comisionada presidenta.

Otro dato que confirma la sospecha del conflicto de intereses de Puente es la inmediata defensa que hizo el candidato presidencial del partido en el gobierno, José Antonio Meade, sobre la todavía presidenta del Inai, al señalar como hipócritas y condenables las críticas en contra de Puente, al regatearle su independencia.

Uno de los muchos casos que hay sobre el encubrimiento del Inai a servidores públicos involucrados en operaciones irregulares, fue cuando el pleno de ese órgano de “transparencia” determinó a finales del año pasado que no podía entregar información a un solicitante sobre el gasto hecho por Petróleos Mexicanos de 275 millones de dólares para producir urea en su planta de Agro Nitrogenados, bajo el ardid de que en dicha operación financiera “no se había utilizado dinero público”.

Precisamente la responsable de esa aberración jurídica fue la comisionada presidenta Ximena Puente, quien en su calidad de ponente propuso al pleno desechar la petición ciudadana con el argumento de que Pemex pasó de ser una paraestatal a una “empresa productiva del Estado”.

Ante tal determinación, las filiales de Pemex se convierten en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público y en consecuencia se determinó que le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal, y por tanto son confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados y la población no puede conocerlos.

Ha sido precisamente el sector petrolero uno de los más protegidos por el Inai para impedir que los mexicanos conozcamos qué se hace y cómo se maneja esa deteriorada industria que, según el propio presidente de la República, se terminó con la gallina de los huevos de oro, en clara referencia al declive de los yacimientos y de la producción petrolera.

Hace unos meses escribía en esta columna sobre un expediente penal que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en supuestos actos ilícitos con la empresa brasileña Odebrecht, de cuyos directivos, unos presos y otros bajo programa de protección de testigos en Brasil, habían declarado ante la justicia de ese país suramericano haber otorgado sobornos a integrantes del gobierno federal del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Mientras que en varios países como Brasil y Perú han habido renuncias y detenciones como consecuencia por la colusión de funcionarios públicos con Odebrecht en negocios corruptos, en México se sigue un lento proceso que hace sospechar que estamos ante uno de los muchos grandes casos de corrupción gubernamental, pues prácticamente todas las empresas privadas que hacen negocios con Pemex son sometidas a un esquema de pago de comisiones para que les otorguen millonarios contratos, ante la complacencia de los órganos de control y vigilancia del gobierno.

Es también esa misma línea de encubrimiento e impunidad que ha seguido el Inai en torno a la industria petrolera para evitar que los mexicanos conozcamos datos de operación de Pemex, ahora bajo el argumento de que ya no es una empresa paraestatal, sino una “empresa productiva del Estado”, por lo que según los consejeros de ese Instituto ya no está sujeta al derecho público y en consecuencia tampoco está obligada a proporcionar información sobre su operación.

Es decir, ahora resulta que los recursos de infraestructura y de inversión que tiene Pemex son “fondos privados” y no están sujetos al escrutinio público porque, según el propio Inai y la misma empresa petrolera, ya no es una empresa paraestatal.

Fue con la entrada en vigor de la reforma energética que Pemex cambió de estatus y ya no es una empresa del Estado, lo que le permite ejercer con discrecionalidad recursos que son obtenidos del petróleo y el gas que se obtiene del subsuelo mexicano.

El abuso del poder combinado con el cinismo ha llevado a la corrupción a niveles inimaginables en el país, por lo que la tarea principal del próximo presidente de la República será combatirla para poder acabar con la impunidad.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

IEEM: un mal mensaje

La Jornada 

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) declaró ayer ganador de los comicios del pasado 4 de junio en esa entidad a Alfredo del Mazo y emitió una constancia de mayoría en favor del aspirante priísta a la gubernatura. Ello, a pesar de que el tribunal electoral local aún no ha dado su veredicto final sobre decenas de impugnaciones a los resultados oficiales de la contienda por parte de varios partidos opositores.

Cabe recordar que las quejas y señalamientos críticos de partidos, organizaciones civiles y ciudadanos no surgieron tras el cierre de las urnas sino desde mucho antes, y apuntaron a una competencia inequitativa, a un derroche de dinero por parte de instancias gubernamentales –estatales y federales– que coincidió con las campañas, así como a la comisión de prácticas irregulares y fraudulentas. Tales quejas fueron desechadas casi en su totalidad, y tanto el IEEM como el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales local y federal cerraron las puertas a la solución de las inconformidades al rechazar una apertura generalizada de los paquetes electorales para proceder a un recuento de los sufragios. Ahora, la decisión del IEEM de declarar ganador a Del Mazo representa un paso más en la convalidación oficial de unos comicios mayoritariamente impugnados y constituye otra vuelta de tuerca en la espiral de descrédito de las instituciones encargadas de organizar, supervisar y calificar los procesos electorales en el estado de México y en el país , así como un nuevo hito en la inducción de desaliento ciudadano de cara a tales procesos.

Para colmo, la negativa de los organismos electorales a revisar y, en su caso, corregir, las denunciadas irregularidades de la elección mexiquense, prefigura la conformación de un Ejecutivo estatal con un severo déficit de legitimidad y sin el respaldo social requerido para hacer frente a los agudos problemas que padece la entidad: inseguridad y violencia crecientes, pobreza y marginación, una exasperante epidemia de feminicidios y una fractura cada vez mayor entre gobernantes y gobernados.

En esta perspectiva, la victoria que el IEEM ha decidido otorgar a Del Mazo representa una suerte de premio envenenado, por cuanto el político priísta difícilmente podrá librarse de la sospecha de que su mandato fue resultado de una distorsión deliberada de la voluntad popular. Ello, a menos que los integrantes de los tribunales electorales recapaciten y resuelvan en forma verosímil y fundamentada los recursos de inconformidad, con las consecuencias que ello conlleve.

Finalmente, lo ocurrido en el estado de México desde el 4 de junio es el peor de los mensajes que los organismos electorales podrían enviar a la ciudadanía del país de cara a la elección presidencial del año entrante: que los comicios en el país distan mucho de ser confiables y verificables.

La CNDH está en crisis de legitimidad, dicen activistas; Plascencia y su promoción comprometen a esa institución

Por: Laura Cordero (SinEmbargo).– 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraviesa una crisis de legitimidad debido a que la cercanía de su titular, el doctor Raúl Plascencia Villanueva, con el poder público, lo que hace dudar de su independencia, de la imparcialidad de las investigaciones que realiza por violaciones a derechos humanos, especialmente ahora en el caso de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, advirtieron activistas. Simón Hernández León, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, aseguró que el caso de San Bernardino Chalchihuapan es el más visible; sin embargo, acusó que el actuar de la Comisión sobre las leyes que pretenden regular las manifestaciones y que promueven el uso de la fuerza letal para dispersar a las mismas ha sido omiso. Incluso “avaló ante los congresos locales dos de ellas, la llamada Ley Borge [Quintana Roo] y la llamada Ley Bala [Puebla]. 

Fue un aval explícito por parte de la Comisión señalando que las legislaciones no tenían ningún problema de constitucionalidad. Es una incongruencia a la luz de la investigación por violación a los derechos humanos que se está dando por los hechos acontecidos en San Bernardino Chalchihuapan. La aplicación de una de estas leyes generó ya violaciones a derechos humanos”. En el mismo tono, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que han señalado repetidamente junto con otras organizaciones que dudan de la “independencia e imparcialidad de la CNDH”, específicamente en el caso del enfrentamiento en Puebla el 9 de julio pasado. 

Ayer, el diario Reforma publicó un reportaje en el que evidencia al Ombudsman nacional quien en al menos tres estados ha inaugurado en los últimos dos años un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su nombre. El más reciente fue en enero de 2013, cuando develó la placa del salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, entidad en la que se ha cuestionado su papel por avalar la llamada “Ley Bala” y actuar de manera tibia en el caso del niño muerto por una bala de goma disparada por policías de la entidad a cargo del Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas. 

Al respecto, Maldonado Gutiérrez aseguró que estas acciones comprometen “seriamente la imparcialidad, la autonomía, la independencia, no sólo de la investigación por violaciones graves derivada de los hechos ocurridos el 9 de julio, sino que también demuestra cuáles son los intereses del titular del organismo encargado de velar por los derechos humanos. Estos intereses claramente se enfocan a defender la actuación de las autoridades, aunque esta sea abusiva y violatoria de los derechos fundamentales y no defenderá a la sociedad”.

Aseguró que todos los reconocimientos públicos que ha recibido por parte del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, “lo único que demuestra es que comprometió sus obligaciones constitucionales”. Raúl Plascencia Villanueva tomó posesión como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 16 de noviembre de 2009, en tres meses será su ratificación o se nombrará a un nuevo Ombudsman nacional, por ello, los especialistas advirtieron que muchas de sus acciones de Plascencia son para promover su ratificación. “Sería muy grave que alguien como Raúl Plascencia fuera ratificado en el cargo por otros cinco años. Ha demostrado, no nada más en el tema del derecho a la libre expresión, reunión o asociación pacífica, también entendido como el derecho a la protesta social, que tiene intereses, que los protege de manera importante”, dijo Maldonado Gutiérrez. Plascencia, agregó, también ha dejado de lado importantes temas en la agenda de derechos humanos como “la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad destinadas a las corporaciones policiacas civiles, el tema del arraigo, las violaciones a derechos humanos de las víctimas de desapariciones forzadas, de migrantes. 

La agenda de derechos humanos se ha visto seriamente comprometida por los intereses personales de Raúl Plascencia”. “Es muy claro que busca tener gran presencia en los medios de comunicación en las vísperas del proceso de ratificación o en su defecto de un nuevo titular de la CNDH, pero es evidente que bajo estas evidencias que son contundentes e irrefutables de que Plascencia actúa con total parcialidad a favor de los gobiernos locales y del gobierno federal no debe ser ratificado en el cargo porque está comprometiendo la autonomía institucional de un organismo”, mencionó. En el mismo tono, Simón Hernández, quien también es integrante del Centro Prodh, dijo que “la actividad institucional de la CNDH está volcada más en construir una imagen positiva, en generar en su discurso y una apariencia de eficacia institucional, de una identidad garante de los derechos humanos independiente de los poderes públicos pero es una imagen artificial que no corresponde con lo que las organizaciones monitoreamos día con día”. 

Aseguró que está privilegiando más una agenda política y de cercanía con actores políticos que con víctimas de violaciones a derechos humanos “incluso muchas veces el ombudsman se ha efrentado con ellos. Nos parece muy preocupante que la CNDH comience a trabajar o a generar esta imagen justamente en el marco del proceso de reelección”. “Es preocupante que se desdeñen los llamados de la sociedad civil, los llamados incluso de los representantes populares como el Congreso de la Unión la comparecencia que hubo en el Senado, esta última que se le hizo a la Cámara de Diputados y que no sean los resultados los que están hablando por la CNDH sino toda una campaña publicitaria y esto es sumamente preocupante”, expuso.

siga la lectura en la fuente original en SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/21-08-2014/1093595.

Más de las justas y merecidas pensiones vitalicias

Nosotros ya no somos los mismos

Ortiz Tejeda

Dado que durante todo el tiempo que los magistrados llevan ejerciendo su honorable función no han gozado la tan mentada pensión, ¿podemos presumir que sus días y sus noches han estado permanente atormentados con hórridos pensamientos en torno a las apetitosas corruptelas? En la imagen, María del Carmen Alanís, Constancio Carrasco y Flavio Galván, en sesión del tribunal electoral el 18 de julio de 2013Foto Jesús Villaseca

Lo ofrecido: breves apuntamientos al harakiri del señor magistrado del tribunal electoral, don Flavio Galván. Él dijo: (La pensión) es para garantizar la imparcialidad. O séase: sin la una, ¿cómo quieren que les demos garantía de la otra? La pensión hace las veces de una fianza, de un seguro perfectamente explicable en el mundo de los negocios. Definamos: ¿qué quieren los ciudadanos: ¿imparcialidad o austeridad? El que quiera azul celeste, que le cueste. Estamos lejos de suponer que se trata de un chantaje o una extorsión a los ciudadanos, simplemente cuentas claras para un especísimo chocolate. Agrega don Flavio: (La pensión es) Para que no se corrompan los jueces. 

Todo el mundo entenderá su lógica abrumadora: para que no contraigas sida, no hay más que la abstención o el condón. En este caso el condón se llama, como lo menciona en todo su alegato: pensión. Se trata de la medida preventiva más efectiva contra la corrupción, o séase, una vacuna. Don Flavio, según información de Lady Mary Montague (en 1718), los turcos, al igual que Edward Jenner (descubridor de la primera vacuna (en 1796) y, por supuesto, Louis Pasteur (en 1881), comprobaron que la inoculación regulada de antígenos (sustancia que provoca la formación de anticuerpos) puede ser la creadora del milagro de la inmunidad (aunque sea transitoria). Hubo tiempos en los que las pústulas secas del enfermo se hacían polvo y se le introducían por la nariz o, también, se les inoculaba con el mismo pus de la viruela para que, a pesar de todos los riesgos que implica una peligrosa experimentación (no de otra manera el conocimiento científico avanza), el éxito se alcanzara.

Don Flavio dice: (…) ser acreedores, merecedores de una pensión que sea justa, que no sea una exageración, pero tampoco una miseria. Una petición al señor magistrado: ¿podría recordarme cómo se llamaba aquel cuate oriundo de Oaxaca y abogado, por cierto, que si mal no recuerdo fue profesor, diputado, ministro de Justicia e Instrucción, que acotó los privilegios del clero y el Ejército, pero también los propios, y que en defensa de la soberanía de la nación enfrentó en 1862 al ejército más poderoso del mundo y lo derrotó junto con los apátridas cangrejos conservadores? Pero pensándolo bien, retiro mi petición, no me vayan a contestar, de nueva cuenta, que los haberes, pensiones privilegios, gastos de alimentación y representación, viajes, automóviles, choferes, asesores, teléfonos, seguros, aguinaldos, bonos y gratificaciones no lo obligan a desahogar opiniones consultivas de cualquier ciudadano, y menos si se trata un calumniador profesional. Mejor me permito obsequiarle un breviario cultural: once upon a time (2 de julio de 1852, para ser preciso), a un político absolutamente demodé para estos tiempos, se le ocurrió pronunciar la siguiente simplonada: Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no puede disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la HONROSA MEDIANÍA. ¡Ah, qué señor Juárez, siempre tan solemne con sus apotegmas!

Aunque parezca insólito, don Flavio agrega lo siguiente: la pensión no es una garantía para el consejero, para el juez o el magistrado. Es una garantía para la sociedad. (La sociedad, convertida en un inmenso coro –no griego, pero sí orgullosamente mexica– en el paroxismo de su gratitud exclama: ¡Bravo, bravísimo magistrado, su generosidad nos abruma! Gracias por garantizarnos ser, como sería su obligación ser (el sector más radical de la sociedad por su parte propone: cambalachemos, magistrado: quédese usted con la garantía y déjenos la pensión). La pensión es una garantía de profesionalismo, de imparcialidad, de objetividad. En verdad que soy torpe. Yo hubiera jurado que el profesionalismo tenía que ver más con los saberes, los conocimientos, la cultura jurídica, la experiencia y, por supuesto los títulos, los reconocimientos académicos. Pero ya me quedó claro: si se quieren magistrados profesionales, imparciales y objetivos, simplemente asegúrese de contar con una buena morralla, embute o pensión y búsquenlos en mercadolibre.com. Prueben también en segundamano.com.

Si el magistrado tiene asegurada su vida DIGNA desde el punto de vista económico (el punto de vista que está clarísimo, es el del magistrado: para él, la vida digna de una persona tiene una relación de causa efecto con el nivel económico en que ésta se ubique. Tengo algunas opiniones nada afines a la del magistrado, de unos tales: Platón, Hegel, Kant, Freud, Rodó, Ingenieros, Reyes, Ortega y algunos otros (avecindados casi todos en Polanco), pero no quiero dar más datos por si éstos deciden participar en el proceso de 2015 y el magistrado les agarra tirria. Véanse nada más, por favor: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, o la primera Constitución de Alemania, después del derrumbe del régimen nazi, 1949, y notarán algunas sutiles diferencias con el concepto de dignidad que don Flavio sostiene pero, para compensarlo, tengo una interpretación lato sensu de la definición de una filósofa estadunidense contemporánea, Norma Jeanne Mortenson (1926/62). La dignidad no es precisamente una pensión, pero ah, cómo quita los nervios. (Véanse las obras completas de la señora Marilyn Monroe.) 

Para mayor entendimiento, repito completa la tesis de don Flavio: Si el magistrado tiene asegurada su vida digna desde el punto de vista económico, no estará pensando en corruptelas. ¿Se dan cuenta que si los magistrados nos lo hubieran dicho a tiempo, nuestro país sería otro? La pensión universal, que todos los ciudadanos hubiéramos votado por unanimidad, nos habría asegurado puros gobiernos rebosantes de funcionarios puros. Pero el sospechosismo me asalta. Dado que durante todo el tiempo que los magistrados llevan ejerciendo su honorable función no han gozado la tan mentada pensión, ¿podemos presumir que sus días y sus noches han estado permanente atormentados con hórridos pensamientos en torno a las apetitosas corruptelas? Y, lo que más nos angustia: como Jesús en el desierto, habrían los magistrados sabido resistir y contestar al Maligno (disfrazado de algoritmo) ¡Vade retro Satán! O, como paladinamente dice el ex presidente Galván: De no existir una pensión se induce (se tienta) a los funcionarios públicos a la corrupción o la farsa, al fraude a la ley. (Pinches ciudadanos tan perversos, dedicados a inducir a honorabilísimos mexicanos a la inevitable corrupción. Eso, sólo el magistrado Chapo lo había practicado tan exitosamente). Menos mal que antes de la bendita pensión, se tuvo el tiempo suficiente para la compraventa preferencial de bienes raíces y la emulación de asesorías técnicas con identidades afectivas. Ya todo lo que venga es un plus.

Y termina con fanfarrias el ex presidente del cada día más prestigiado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: ¿Quién de los críticos está dispuesto a devolver lo que está ganando sólo porque México está en crisis? Yo pienso que por razón tan baladí, como la crisis de la patria, no hay críticos tan radicales para una reacción de esas dimensiones (A ver: ¿si eres tan Cuarón, por qué no pignoras tu Oscar?).

Aunque no crean, sobre este asuntito no he terminado. La semana pasada todos los magistrados hicieron públicos sus personales posicionamientos sobre el problema, que insisten en encasillar en el ámbito leguleyo y mezquino, ignorando, unánimemente, la ética, la honorabilidad personal, el decoro y el mínimo sentimiento de justicia y equidad. ¿Algo sobre la responsabilidad, ésta, la que alguna vez existió y se conocía como patriotismo?

Mientras tanto, una última sugerencia que viene un poquito al cuento por el tema éste de las justas y merecidas pensiones. Leer el Diario de los Debates correspondiente al jueves 16 de diciembre de 1976, relativo al proyecto de decreto aprobado por la L Legislatura de la Cámara de Diputados. Si les parece una tarea innecesaria, tienen razón. Yo la relataré el próximo lunes, cuando comentaremos igualmente el proceder de tres jóvenes estudiantes neoyorquinos de los que no puedo predecir que serán en la vida y, sin embargo, puedo jurar que, para magistrados del tribunal electoral, están moralmente impedidos: les da por regresar lo que no es suyo.

ortiztejeda@hotmail.com

Twitter: @ortiztejeda

Ayuda a petroleros suma $1,351 millones en el sexenio

Edgar Juárez / El Economista

Foto Archivo: EE

En los últimos 16 años (1996 a marzo del 2012) el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que desde entonces encabeza Carlos Romero Deschamps, ha recibido por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) más de 2,200 millones de pesos por concepto de “ayudas”. 

Destaca que se han destinado 1,351 millones de pesos en el sexenio que concluye, mientras que en los 12 años anteriores se dieron partidas al sindicato petrolero por 880 millones de pesos.

En tales recursos, establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), se incluyen: gastos de viaje y apoyos económicos para la cúpula del sindicato; el apoyo de la empresa es también para el fomento de actividades culturales y deportivas; ayuda para festejar el aniversario de la expropiación petrolera y para desfilar el 1 de mayo, así como para gastos de contratación derivados de las revisiones anuales del CCT.

La información fue dada a conocer por Pemex, la cuarta petrolera más grande del mundo, luego de una solicitud a través del sistema Infomex. 

Mientras tanto, se discute en el Senado de la República, como parte de la reforma laboral, la pertinencia de la transparencia sindical. Además, apenas el fin de semana pasado, Romero Deschamps, fue reelegido para un nuevo periodo como Secretario General del STPRM, por lo que su gestión concluirá hasta el 2018, acumulando así 22 años al frente del gremio. Pemex respondió que, bajo la dirección del también Senador priísta, se le entregó a la cúpula sindical de los petroleros, un total de 2,231 millones de pesos por las diferentes partidas antes mencionadas.

Aunque algunos de estos conceptos existen desde esa época, otros -como el apoyo económico a gastos de fomento de la cultura y deportivas- aparecen en la lista a partir del 2009. Otros, como las ayudas para gastos derivados de los festejos relacionados con el aniversario de la expropiación petrolera y con el desfile del primero de mayo, tienen lagunas de información entre el 2001 y el 2004.

Lo que sí es notable es el crecimiento de estas ayudas de Pemex al sindicato petrolero.

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Desnutrición, anemia y obesidad se disparan en México por desigualdad económica: Conapred-CIDE Por: Redacción / Sinembargo - octubre 24 de 2012 - 9:23 De revista, Destacadas, TIEMPO REAL, Último minuto - 5 comentarios Foto: Cuartooscuro Ciudad de México, 24 de oct (sinembargo.mx) – Las recientes políticas públicas que han permitido una mayor concentración del ingreso han fracasado frente al aumento de la pobreza y la desigualdad económica en México, lo que ha impactado negativamente la alimentación de los mexicanos, detonando anemia, desnutrición y obesidad. De acuerdo con el “Reporte Sobre la Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación”, un estudio coordinado por Ricardo Raphael de la Madrid, bajo los auspicios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el nivel de ingreso de las personas es percibido como un factor de desigualdad, división y discriminación entre la población, por dos razones: la primera ess que la brecha entre ricos y pobres es inusualmente profunda, y la segunda es que las personas más pobres realmente no tienen acceso a los medios básicos de subsistencia. El reporte, que será presentado a los medios este miércoles 24 de octubre, destaca que la concentración económica en México es elevada y de grandes contrastes. Al citar información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Inegi, 2010) sobre el ingreso corriente trimestral total de los hogares en 2010, da cuenta que, medido en deciles, en un extremo las y los mexicanos perciben ingresos promedio de 6 mil 163 pesos (cifra que representa 17.6% del promedio nacional), mientras que en el otro extremo obtienen un ingreso promedio de 118 428 pesos, esto es, 339 veces el ingreso promedio nacional. Esta condición estructural de la concentración del ingreso no ha cambiado sustancialmente: “Las políticas públicas que han incluido en los tiempos recientes acciones de transferencias para mejorar el ingreso corriente de las familias y personas, muestran variaciones en el tiempo, pero al momento actual los resultados relativos a la disminución de la desigualdad económica, y también a propósito de la reducción de los niveles de pobreza, son magros. La crisis económica mundial de 2009 amplió tales brechas y devolvió a un segmento importante de la población a vivir en la pobreza extrema”, destaca el documento coordinado por Ricardo Raphael. En sus conclusiones informa que de una población total de 112 millones 336 mil 538 personas, más de 14 millones se encontraban en circunstancia de pobreza alimentaria en e2010. De esa población, casi cinco millones vive en zonas urbanas y 9 millones 800 mil en el campo. “Si se asume que la población rural mexicana representa sólo 22% del total de la población (casi 25 millones de personas), la cifra de pobreza alimentaria fuera de las ciudades resulta alarmante”, expone. Foto: Cuartooscuro En la Cumbre del Milenio, celebrada en 2000, México refrendó su compromiso para reducir el hambre y la desnutrición, y si bien el porcentaje de personas con ingresos per cápita menores a un dólar en el país disminuyó entre 1989 y 2005, al pasar de 10.9 a 3.5% de la población, el Coneval señala que hubo un deterioro del poder de compra de los hogares entre 2006 y 2008: mientras que en 2006 el 13.8% de la población se encontraba en situación de pobreza alimentaria, en 2008 el porcentaje fue de 18.2% (Coneval, 2010, p. 60). Esta brecha se amplió después de la crisis financiera mundial de 2009. De esta forma y según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, realizada en 2010 por el Inegi, la población más pobre destina más del doble de lo que otorga la población con mayores recursos para la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco. “El hecho de que la población con menores ingresos distribuya un mayor porcentaje del gasto total a su alimentación la hace más vulnerable ante fenómenos como el aumento de precios en alimentos a nivel mundial, las crisis económicas que afectan los precios de la canasta básica o el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en estos bienes”, afirma el reporte. Este análisis de la pobreza alimentaria no se limita a una valoración sobre cuánto se gasta o no en alimentos pues, explica, también deben valorarse los grupos de alimentos que se consumen con tales recursos. En la medida en que la población se encuentra polarizada en términos de sus niveles de ingreso, el tipo de mercado al que accede y su práctica de consumo también son diferenciados, añade. Esto, destaca, lleva a la identificación de distintas canastas de consumo, como las utilizadas para la definición de las líneas de bienestar, que distinguen el tipo de bien, la cantidad y la calidad del consumo que realizan las familias. Lo mismo sucede si se analizan las diferentes canastas de consumo con las que el Inegi (y antes el Banco de México) realiza el seguimiento de precios. “No es lo mismo la canasta de bienes a la que acceden las familias que ganan hasta dos salarios mínimos en comparación con aquéllas a las que acceden las familias que perciben ingresos equivalentes al rango que va de más de dos salarios mínimos hasta cuatro o seis, y la de éstas con las que ganan ocho, 10 o más veces el salario mínimo”. DISCRIMINACIÓN ALIMENTARIA; INDÍGENAS, LOS MÁS VULNERABLES EL “Reporte Sobre la Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación” afirma que el principal gasto de la población con menores recursos se destina a carbohidratos. Las verduras y legumbres y la proteína proveniente de aves ocupan el segundo y tercer lugar, correspondientemente. “Esto puede ser por la disponibilidad más inmediata, es decir, porque el resto de los grupos alimenticios no son accesibles en sus localidades. Esta hipótesis ameritaría una investigación más rigurosa”, establece. Del otro lado, a medida que incrementan los ingresos, crece el gasto destinado a carnes, leche y sus derivados, frutas, otros alimentos y, aunque de manera más leve, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como pescados y mariscos. Del mismo modo, mientras mayor es el ingreso, menor será la proporción del gasto destinado a cereales, verduras, huevo, aceites y grasas, así como azúcar y mieles, esto de acuerdo con información de 2010 del Incide Social. Con datos de 2008 de la Encuesta Nacional de Abasto, Alimentación y Estado Nutricio en el Medio Rural (Enaaen), el reporte plantea que los hogares rurales, indígenas o no indígenas, consumen en promedio 8.89 grupos de alimentos de un total de 11 grupos, y presentan consumos bajos en cantidad y frecuencia de los alimentos sugeridos por grupo alimenticio. Este problema es más grave en la población indígena: sólo 3% consume uno o más alimentos del grupo de los cárnicos (3 o más días de la semana). De acuerdo con lo revelado por la Enaaen, dentro de los hogares indígenas, menos de 16% presentan el consumo sugerido de frutas, verduras, cereales y tubérculos; de lácteos y el huevo, sólo 20 y 24%, respectivamente y de carnes, pescados y mariscos, el porcentaje es menor a 8 por ciento. Respecto a las grasas, sólo 49% de los hogares indígenas reportan el consumo adecuado (Coneval, 2010). Esto es relevante “sobre todo en vista de los altos niveles de anemia que alcanza la población indígena, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2006)”. Foto: Cuartooscuro Al respecto, el estudio del CIDE-Conapred también cita al investigador Ciro Murayama (2012) y su ponencia “Salud y discriminación en México” en la que se plantea que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en 21 y 13% de las localidades rurales estudiadas se encontró que en México existe una menor disponibilidad de frutas y verduras, respectivamente, ya que no se comer- cian frutas o verduras de forma regular. En cambio, grasas, azúcares, bebidas, cereales y huevo se pueden conseguir en 100% de las localidades. En comunidades indígenas el problema es grave, destaca el reporte: sólo en 12.7% de los hogares estudiados existía disponibilidad de frutas y verduras en la cantidad igual o superior al mínimo recomendado por el propio INSP. En el caso de las verduras se reporta mayor disponibilidad que en el de las frutas, pero se presenta una brecha importante entre hogares indígenas y no indígenas (37.5 contra 64%, respectivamente). “La brecha se reduce considerablemente en alimentos de pobre valor nutritivo y de alta densidad energética, como la grasa y el azúcar. Poco más de 70% de los hogares indígenas los tienen a su disposición (INSP, 2010). DESNUTRICIÓN, ANEMIA Y OBESIDAD La desnutrición tiene causas complejas que involucran determinantes biológicas, socioeconómicas y culturales, afirma el reporte. Ésta comienza desde el periodo de gestación y durante los primeros años de vida y tiene efectos directos en el crecimiento, el desempeño intelectual y el desarrollo de capacidades. En materia nutricional, los primeros mil días de vida, contados a partir del momento de la fecundación, son fundamentales para definir las oportunidades y capacidades de desarrollo motriz e intelectual del ser humano. Es también factor determinante para prevenir futuras enfermedades crónicas. “En 1988, la prevalencia de desnutrición crónica fue 2.2 veces superior en la población indígena que en la no indígena. En 1999 la brecha aumentó a 2.7 veces y en 2006 disminuyó ligeramente a 2.6. Las crisis económicas de 1994 y 2009, así como la crisis alimentaria de 2008, han tenido como consecuencia el incremento de la pobreza; con esto se ha demostrado que las reducciones de pobreza que se habían logrado en años anteriores eran frágiles y que se ha prolongado el riesgo de desnutrición en los grupos más vulnerables”, destaca. Sin embargo, la desnutrición y la anemia no son los únicos problemas alimentarios de México. “La epidemia de obesidad representa el otro lado de la moneda de la mala nutrición. La pérdida de salud como consecuencia de la obesidad –y su peor consecuencia, la muerte en etapa temprana de la vida–, puede llevar a gastos dramáticos para la población no asegurada y a pérdidas económicas incalculables, que terminan empobreciendo a las familias de quienes padecen esta condición”, afirma el “Reporte Sobre la Discriminación en México 2012. Salud y Alimentación”. El problema de obesidad presenta incrementos en niñas y niños de 7 años. De este grupo, las niñas son las más afectadas; entre las adolescentes de 18 años el pro blema se triplicó entre 1988 y 2006, y también se duplicó en las mujeres de 18 a 49 años, añade. El análisis de los incrementos de sobrepeso y obesidad entre estos periodos indica también un mayor aumento entre la población más marginada socialmente. A partir de los resultados encontrados en este rubro, el reporte concluye que el ingreso es un elemento que incide para que una parte importante de la población no pueda ejercer el derecho a la alimentación. Ciertamente, y a pesar de los programas de transferencias económicas implementados por el Gobierno, aún existen familias en México que tienen un acceso reducido a alimentos, en razón de su falta de ingreso. “El ingreso es determinante no sólo para la cantidad de alimentos, sino también para el tipo a los que se tiene acceso. Mientras la población con menores recursos eroga 40% de su gasto en alimentos altos en calorías, carbohidratos y grasas, para la población de mayores recursos este gasto sólo representa 25 por ciento”. Foto: Cuartooscuro En otro nivel del análisis, respecto de las prevalencias de desnutrición, anemia y exceso de peso se identifica una distinción entre hogares rurales y urbanos; y luego, dentro de los rurales, la brecha se amplía aún más entre los indígenas y no indígenas. Al mismo tiempo, la prevalencia de anemia afecta principalmente a niñas y niños, a mujeres en edad fértil, a personas adultas mayores y a personas que habitan en comunidades rurales. De acuerdo con cifras de 2010, 18.2% de la población permanece en pobreza alimentaria y 2.1% está por debajo del nivel mínimo de proteínas (Coneval, 2010, pp. 13-14). Estos resultados apuntan a que las comunidades rurales, y en particular las indígenas, siguen presentando los mayores rezagos, pues otros factores se suman a su nivel de ingreso, como el de la disponibilidad física de los alimentos, expone el estudio. CONCENTRACIÓN DE MERCADO, BARRERA PARA EL CONSUMO ALIMENTARIO En el reporte también se destaca que diversas instancias internacionales han señalado que la concentración de mercado y los monopolios en México representan un problema serio. Algunos resultados seleccionados del Informe del Foro Económico Mundial (WEF) sobre competitividad establecen que si bien el mercado mexicano ocupa el duodécimo lugar a nivel mundial, en términos de su tamaño, el país se coloca casi al final de la lista (120 sobre 142 países) en materia de efectividad de las políticas antimonopólicas. “Este indicador refuerza la idea de que México, con todas sus ventajas, sigue cargando con el lastre de la falta de competencia económica, con un fuerte costo para la población”, plantea. “Esta falta de competencia en el mercado genera precios excesivos de productos y servicios que reducen el consumo y la capacidad de ahorro de las familias, especialmente de las más vulnerables. En el mediano plazo, influyen negativamente en la eficiencia del conjunto de la economía y lastran el crecimiento económico. La falta de una competencia intensa en los mercados nacionales acaba por inhibir la eficiencia y la competitividad de la economía de México, contribuye a ampliar las disparidades en los ingresos e inhibe la innovación (OCDE, 2012, p. 30)”. El documento añade que las prácticas y regulaciones anticompetitivas han debilitado la economía de las familias. Foto: Cuartooscuro Cita a la OCDE que señala que 30% del gasto familiar en México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia, razón por la cual, las y los consumidores gastan alrededor de 40% más en estos mercados de lo que gastarían si hubiera competencia. El 10% de la población con menos recursos es el más afectado, ya que gasta alrededor de 42% de sus ingresos en los mercados altamente concentrados (OCDE, 2012, p. 30). “De acuerdo con el investigador Moisés Naím, cada familia en México transfiere 75 mil 000 pesos anuales en promedio a monopolios”, expone

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Sin novedad en el TEPJF

Magdalena Gómez

Esta semana se confirmarán los peores augurios respecto al alcance de la resolución que habrá de votar el TEPJF respecto al juicio de inconformidad interpuesto por el Movimiento Progresista, con miras a lograr la invalidez de la elección presidencial del pasado 1º de julio.

Y no es que se pretenda dudar per se de las instituciones; sin embargo, las señales que han mandado los últimos días apuntan a la tendencia a convertir casi en faltas administrativas las evidencias de violación al principio constitucional de equidad, para no hablar de la danza de millones cuyo origen no parece tener importancia para los magistrados, como no lo tuvo para el IFE. Y la PGR se tomará todo el tiempo necesario para que los resultados de su investigación aparezcan sin vínculo ni impacto en la calificación de la elección presidencial.

Basta observar la difusión dada a la decisión de anular unas cuantas casillas, para impactar a la opinión pública con la impresión de que la elección fue limpiay colocar la especie de que no asisten razones de peso a las objeciones del movimiento progresista. Nada más que en esta elección no se ha solicitado, como en 2006, el voto por voto, casilla por casilla, sino que el centro de la litis es la solicitud de invalidez sustentada en el rebase de topes de campaña y en las evidencias públicas de compra de votos vía monederos electrónicos, tarjetas Soriana, transferencias millonarias cuyas evidencias pretenden borrarse con la complicidad de instituciones bancarias, etcétera.

Para valorar con seriedad las evidencias presentadas, el TEPJF tendría que colocar la mirada en la dimensión constitucional del principio de equidad y no, como parece insinuarse, en los alcances de legislación secundaria. Es increíble que ya se esté anunciando una nueva reforma legal para incluir ahora las dimensiones específicas y alcances de la violación al principio de equidad. Nuevos círculos viciosos que rodean a las maniobras sexenales para impedir que asuma la Presidencia quien encabeza y promueve un cambio al modelo económico imperante.

Ciclos que se repiten, incluso dentro de la izquierda electoral, que administra celosamente los espacios parlamentarios obtenidos en buena medida gracias al empuje de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Con notorias excepciones, el grueso de las y los legisladores se aprestan a reconocer la decisión del TEPJF, tal como anunciaron en su reciente cónclave de Acapulco, en el que brilló por su ausencia AMLO, si acaso una mención discursiva políticamente correcta. En esta etapa no lo requieren, parecen dispuestos a dejarlo solo. Y lamentablemente tampoco se perfila que el movimiento social no electoral lo considere parte del capital político de la izquierda; habrá que ver el rumbo de Morena en relación con su principal promotor.

Lo cierto es que, pese a las diferencias políticas, los movimientos apartidistas están claros de que Enrique Peña Nieto será impuesto y contra ello y lo que representa se organizan, por ejemplo, el movimiento #YoSoy132 con una agenda de largo aliento no exenta de riesgos, pero asumida con madurez por las y los jóvenes que hace sólo tres meses no eran considerados actores políticos claves. El camino por recorrer nuevamente coloca a la oposición en la resistencia activa, pues ya se anuncian las amenazas inminentes en el marco de las llamadas reformas estructurales.

Si bien no se logra la fuerza necesaria para alcanzar un cambio de rumbo, por lo menos alcanza para impedir o detener la profundización de políticas neoliberales; hoy tenemos un movimiento social en gran parte reactivo, no por ello menos efectivo. Lo cierto es que entre el escenario festivo hasta el rídiculo del 1º de julio, donde el PRI festejó a su candidato entre fanfarrias y confeti, se han puesto en evidencia las maniobras del candidato televisivo con la efectiva acción de las redes sociales, sobre todo a través del movimiento #YoSoy132 y la estrategia de López Obrador. No es poca cosa, pues el TEPJF dará a Enrique Peña Nieto su legalidad, pero la legitimidad está ausente para amplios sectores sociales, mientras los ciudadanos electores que votaron por el PRI, convertidos en beneficiarios de prebendas y tarjetas, estarán a la espera de que sus prestaciones se mantengan e incrementen.

Nos esperan tiempos duros. Bajo el programa estratégico de más de lo mismo el PRI navegará en aguas donde tampoco es seguro que logre un mero retroceso, aun cuando así lo pretenda, pues en sus viejos tiempos no existía un líder político como AMLO que conjuntó 16 millones de votos conscientes y gratuitos y un movimiento social de oposición genuina tan heterogéneo, con líderes históricos y una nueva generación dispuesta a impedir que su imposición logre el consenso. Habrá que ver los escenarios de los proclives al canto de las sirenas que el poder ofrece, sea del partido que sea. ¿El TEPJF repetirá 2006: haiga sido como haiga sido?

Ministros de la Corte: opulencia a cuenta del erario

Nancy Flores

La Suprema Corte llega a su 186 aniversario como uno los tribunales superiores más caros del mundo. Tan sólo el sueldo, las prestaciones y compensaciones de los 11 ministros rebasan los 32 millones de pesos anuales; mientras, sus comidas han costado 9 millones de pesos entre 2009 y 2011. En ese mismo periodo, los funcionarios de la SCJN han gastado 159 millones en seguros médicos, 116 millones en viáticos y pasajes, 54 millones en compra de vehículos y gasolina, y 5 millones en servicios de telefonía celular. Según el ministro Cossío Díaz, la discusión de los sueldos y prestaciones en la Corte está superada; no obstante, actas oficiales revelan las “licencias” que los ministros se dan para derrochar el dinero público

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuesta a los mexicanos entre 223 mil 163 y 245 mil 428 pesos mensuales, descubren los datos más recientes de esa institución. Al año, el monto total de los 11 sueldos, prestaciones y compensaciones netas suma unos 32 millones de pesos.

De acuerdo con sus reportes de transparencia en materia de remuneración mensual por puesto –de enero a septiembre de 2010–, el gasto por mes ascendió a 2 millones 696 mil 716 pesos, por lo que cada ministro habría cobrado un sueldo neto de 245 mil 428 pesos.

En octubre, noviembre y diciembre del año pasado, el monto mensual ascendió a 2 millones 454 mil 803, que equivaldría a sueldos individuales de 223 mil 163 pesos.

A los titulares de la Suprema Corte, el erario también les paga sus “gastos de alimentación”, que entre 2009 y 2011 sumarán 9 millones 476 mil pesos. Además, sufraga la compra de vehículos de lujo para su transportación, gasolina y aditivos; así como el sueldo de los 79 choferes que tienen a su disposición los 11 ministros y los altos funcionarios de la Corte. El sueldo mensual de cada chofer es de 12 mil 627 pesos.

Al menos el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia cuenta, también, con un equipo de guardias de seguridad pagado con recursos de la SCJN, consta en actas del Comité de Gobierno y Administración del máximo tribunal. En su momento, el exministro Genaro Góngora Pimentel de igual forma hizo uso de un grupo de seguridad.

—¿Son justificables los sueldos y las prestaciones que perciben los ministros?

—Están fijados por el Congreso y ya entramos en la regla de que no pueden ganar más que el presidente. Eso ya está establecido en artículos constitucionales. Yo creo que en este momento esa discusión ya no tiene mucho sentido porque, conforme a los artículos transitorios y conforme a lo que se estableció en la reforma a la Constitución, ya estamos tasados, ya estamos limitados. Ya se está estableciendo en ese mismo sentido tal como la Constitución lo prevé ­­–dice a Contralínea el ministro José Ramón Cossío Díaz.

Sin embargo, la remuneración mensual neta de Felipe Calderón Hinojosa es de 208 mil 570 pesos, indica la Presidencia de la República en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

“Los ministros deberían percibir el salario mínimo, igual que el presidente de la República, para que vean lo que se siente. Además de su salario, cada ministro tiene prestaciones que triplican o cuadruplican el importe de éste. Tienen gastos de representación, choferes y automóviles, en plural; les pagan el menaje, el mantenimiento de sus casas y los alimentos”, señala Juan de Dios Hernández Monge, abogado e integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas.

En la SCJN, las prestaciones y compensaciones no se limitan a los ministros en activo: benefician a los exministros o, como también se les llama, “ministros en retiro”. Las canonjías alcanzan incluso a las esposas de los que ya fallecieron, descubre el acta de sesión del Comité de Gobierno y Administración del 19 de noviembre de 2009. Signada por los ministros Margarita Luna Ramos, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza, indica que el pago de aguinaldos para los “ministros en retiro” y las viudas fue aprobado, a pesar de que Silva Meza votó en contra del aguinaldo a favor de las viudas.

“Tienen un fondo de jubilación que es creado con el erario para garantizarles, aún después de que terminan su periodo como ministros, que tengan un ingreso de más de 1 millón de pesos mensuales, cuando la gran mayoría de los trabajadores en México tienen uno o si acaso dos salarios mínimos como ingresos, es decir, de 1 mil 500 a 3 mil pesos”, dice Hernández Monge.

El abogado acusa: “Es vergonzoso y es insultante lo que perciben los ministros por un servicio que se supone es público. Estos funcionarios deberían vivir en la honrosa medianía, como decía Benito Juárez. Pero, obviamente, lejos están de ello. Ahora resulta que hasta las viudas de los ministros tienen pensiones vitalicias que representan muchas decenas de miles de pesos mensuales”.

Millonarios seguros médicos

Este 25 de marzo, la SCJN cumple 186 años de existencia. Creada a cuatro años de la consumación de la Independencia, la mexicana es considerada una de las cortes más onerosas del orbe.

“Nuestra Suprema Corte es significativamente más cara que algunos de los tribunales más prestigiados del mundo que tienen a su cargo tareas de control constitucional como nuestro máximo tribunal. Se podría argumentar que la Corte mexicana es más cara que las otras porque es más productiva; es decir, nuestros ministros resuelven muchos más asuntos que los otros tribunales. Sin embargo, los datos disponibles no apoyan esta hipótesis”, señalan los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo Mayer-Serra.

En su estudio ¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?, presentado en noviembre de 2010, evidencian que, si se les compara con la Corte mexicana, el costo de la Supreme Court of the United States es apenas del 37 por ciento; el de la Supreme Court of Canada, del 15.2 por ciento; el de la alemana Bundesverfassungsgericht, del 13.4; el del Tribunal Constitucional de España, del 12.8; el de la Corte Constitucional de Colombia, del 3.3; y el del Tribunal Constitucional de Perú, del 2.9 por ciento.

Por ello, indican que “la independencia judicial no es sinónimo de buen desempeño. Tampoco la autonomía presupuestaria asegura un uso eficiente, racional y eficaz de los recursos públicos”.

“Los ministros fijan sus salarios en sus presupuestos. Ellos siempre dirán que tienen una función bastante fuerte en la República, que es aplicar el derecho al caso concreto; argumentarán que tienen cargas de trabajo significativas, pero la crítica siempre va en el sentido de que en un país pobre no se puede tener una burocracia rica”, considera el doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la SCJN revela que los seguros de gastos médicos destacan entre las erogaciones más onerosas. Entre 2009 y 2011, la cifra por ese concepto alcanzará los 159 millones 379 mil 67 pesos.

Este gasto no sería del todo transparente. Sin mediar licitación pública, el 19 de noviembre de 2009, el Comité de Gobierno y Administración autorizó “la renovación automática de las pólizas de seguro institucional y colectivo de retiro para los ejercicios 2010 y 2011”, y aprobó facultar al oficial mayor para que firmara los contratos de gastos médicos mayores y voluntarios de automóviles y casa habitación propiedad de los servidores públicos para la vigencia 2010-2011.

Aunado a ello, la Suprema Corte otorga los servicios de atención médica y odontológica y realiza campañas de salud, de prevención de enfermedades y atención de urgencias en 12 cubículos de consulta, medicina general y especialidades (medicina interna, cardiología, odontopediatría, cirujano maxilofacial, radiología y ginecología), distribuidos en los edificios sede y alterno, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF agrega que la Suprema Corte paga los sueldos de un médico con nivel de director de área, 10 médicos con nivel de subdirector y un subdirector administrativo, seis enfermeras y seis administrativos, lo que constituye un gasto integral de 51 millones 404 mil pesos anuales.

Los reportes del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones detallan, además, que las compras de medicinas y productos farmacéuticos ascienden a 1 millón 742 mil 32 pesos entre 2009 y 2011.

Viáticos, opacidad garantizada

“Se confirma el criterio consistente en que no existe obligación de los titulares de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubricar los comprobantes del uso dado a los viáticos, lo que corresponderá al servidor público comisionado.”

Ése es el punto 21 del orden del día que ratificaron los ministros Juan N Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia –entonces presidente de la Corte– el viernes 1 de febrero de 2008, muestra el acta de esa sesión del Comité de Gobierno y Administración.

Un año después, la SCJN reconoce haber destinado 39 millones 970 mil 423 pesos al pago de pasajes y viáticos nacionales y extranjeros: 14 millones 412 mil 664 pesos para viáticos nacionales; 2 millones 155 mil 575 para viáticos extranjeros; 14 millones 464 mil 672 para pasajes locales, y 2 millones 655 mil 890 para viajes al exterior.

En 2010, la cifra total por esos conceptos ascendió a 42 millones 685 mil 596 pesos; mientras que en 2011 se tiene programado gastar 33 millones 678 mil 801 pesos. En total, los viáticos y pasajes sumarán 116 millones 334 mil 820 pesos en el trienio, que no serán supervisados como indica el criterio.

El 7 de diciembre de 2010, los ministros Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia retiraron de la discusión “el proyecto de acuerdo general de administración por el que se regulan los gastos de viaje en actividades oficiales de este alto tribunal”.

Para el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador del IIJ, “hace falta transparentar mucho el uso de los recursos, y racionalizarlos de mejor manera no sólo en la Suprema Corte, sino en el Poder Judicial en su conjunto. Hay ahí un asunto pendiente que es muy importante, que debe atenderse con seriedad, porque además de los excesos en el gasto, los desplantes económicos excesivos generan un desgaste en la legitimidad del máximo tribunal. En la Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el Poder Judicial en su conjunto, hay un despliegue excesivo de recursos”.

Otros rubros que aún no se transparentan son los de las contrataciones por adjudicación directa y las ampliaciones de montos en los contratos previamente signados. El acta del Comité de Gobierno y Administración de la sesión del 7 de diciembre de 2010 ilustra dos casos de este tipo.

En su punto 10 de carácter extraordinario, el acta apunta: “Se toma conocimiento de las ofertas presentadas por AXA Seguros, SA de CV, para la cobertura de los bienes patrimoniales (inmuebles y contenidos) y los vehiculares para la vigencia de las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2010 a las 12:00 horas del 31 de diciembre de 2011, así como de los importes de las primas correspondientes.

“Se autoriza concluir el proceso de contratación conjunta con el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, por asignación directa, de las pólizas (…) con AXA Seguros, en los términos y condiciones propuestos por la compañía aseguradora y con base en el dictamen técnico económico presentado por la Dirección General de Tesorería.”

De acuerdo con el Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, la SCJN tiene presupuestado un gasto para 2011 en el rubro de seguros todo riesgo de 9 millones 600 mil pesos.

La misma acta del 7 de diciembre descubre que, al discutir el punto 9 de carácter extraordinario, el Comité autorizó a la Dirección General de Informática el pago de la consultoría especializada en programación tipo SAP por 25 días de trabajo a dos consultores, por un monto de 80 mil dólares más el impuesto al valor agregado, dentro del contrato que se tiene vigente con la empresa SAP México, SA de CV.

Para la partida presupuestal 330401, “Otras asesorías para la operación de programas”, la Corte tiene programado un gasto de 10 millones 523 mil 600 pesos en este año.

Dinero público para vehículos y celulares

Entre 2009 y 2011, la adquisición de vehículos; la compra de gasolina, combustible y lubricantes; el pago de seguros vehiculares, y la renta de estacionamiento implican al erario un gasto total de 54 millones 642 mil pesos: 25 millones 69 mil 827, en 2011; 19 millones 912 mil 68, en 2010; y 9 millones 660 mil 127, en 2009. En ese mismo periodo, los servicios de telefonía celular suman 5 millones 428 mil pesos.

La escasa rendición de cuentas que persiste en el máximo tribunal se debe a que “venimos de un contexto sumamente autoritario, de una cultura de la opacidad muy fuerte, de una Corte que era un poder inaccesible para los controles de otros poderes. Además, al ser la última instancia, es un poder que se controla a sí mismo. Es ahí donde hay una serie de efectos muy sensibles”, considera el doctor Salazar Ugarte.

Para el investigador Daniel Márquez, “todo el aparato del que se rodean ^

[los ministros] no es correcto: choferes, carros, préstamos para quién sabe qué tantas cosas. Nosotros desearíamos que el esquema de previsión social que ellos tienen fuera extensivo a toda la nación; que todos tuviéramos acceso a préstamos blandos para casas, para vehículos”.

Agrega: “Me parece maravilloso que tengan buenos sueldos, buenas prestaciones, pero ojalá esas condiciones se reflejen en buenas decisiones jurisdiccionales, donde se tutele el interés en juego de los particulares con la necesidad del Estado mexicano de contar con instituciones sólidas, capaces de preservar, en lo que vale, la institucionalidad del país”.

Vestuario para edecanes

El 7 de agosto de 2008, los ministros Silva Meza, Franco González Salas y Ortiz Mayagoitia “tomaron conocimiento” del estudio sobre la solicitud de otorgamiento excepcional de uniformes adecuados a seis personas para desempeñar la actividad de edecán. “En virtud de lo anterior, se autoriza la compra de los uniformes respectivos”, indica el acta que rubricaron ese día.

La erogación que implicó la adquisición de uniformes para las seis edecanes se inscribió en la partida 2701, “Vestuario, uniformes y blancos”, uno de los escasos rubros que observó la Auditoría Superior de la Federación en su revisión a la Cuenta Pública 2009 de la Corte.

Según el máximo órgano de fiscalización, en ese ejercicio se registró el pago por 8 millones 304 mil 900 pesos a Suburbia, S de RL de CV, por la adquisición de 1 mil 967 tarjetas electrónicas canjeables por ropa y calzado para ser destinados al personal operativo de la SCJN por la prestación de vestuario.

Asimismo, indica la Auditoría Superior, en esta partida se registró la entrega en efectivo al personal foráneo por 1 millón 630 mil pesos. “Se comprobó que la SCJN no consideró como ingresos acumulables para los trabajadores el beneficio del otorgamiento de la citada prestación; sobre el particular, la Dirección General de Personal informó que la SCJN, en su carácter de patrón y como responsable solidario, absorbió el impuesto sobre la renta y lo enteró por conducto de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad.

“Al respecto, después de la reunión de preconfronta, el secretario ejecutivo de la Contraloría informó a la Auditoría Superior que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial inició la investigación CI 80/2010, referente a los hechos que pudieran configurar una infracción administrativa relacionada con el tratamiento dado al ingreso acumulable por la prestación denominada vestuario.”

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es transparente ni en su gasto ni en ninguna otra cosa –señala el abogado Hernández Monge–. A pesar de que ahora son filmadas las sesiones del Pleno de la Corte, hay una gran cantidad de omisiones: no se explica a la sociedad cuáles son los razonamientos que llevan las autoridades para determinar una u otra cosa.” (Con información de Mayela Sánchez)

Bonos de riesgo en la Corte

Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baráibar Constantino fueron beneficiados con el llamado bono de riesgo, inventado en el gobierno de Felipe Calderón en el marco de la “guerra” contra el narcotráfico.

El acta de la sesión del 4 de diciembre de 2008 del Comité de Gobierno y Administración revela que los ministros Juan Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Guillermo Ortiz Mayagoitia autorizaron otorgar a ambos funcionarios la “compensación por grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos, autorizados por el órgano de gobierno”.

La justificación: los magistrados formaron parte de “la comisión asignada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar posibles violaciones graves de garantías con motivo de los hechos acaecidos en Oaxaca de Juárez y zona conurbada de mayo de 2006 a enero de 2007”.

El bono de riesgo es una de las prestaciones que se asignan de manera frecuente en la Suprema Corte, descubre el acta de sesión del 12 de marzo de 2009, del mismo Comité.

Al discutir el primer punto extraordinario, los ministros Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Ortiz Mayagoitia autorizaron cubrir las siguientes prestaciones: “asignaciones adicionales” y “compensación por grado de riesgo en el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos”, así como la compensación por diferencia salarial a favor de 10 personas que no identifican.

Fuente: Contralínea 225 / 20 de marzo de 2011