La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de
febrero y considerada el ordenamiento más progresista en el país en
materia de Derechos Humanos (DH), corre el peligro de no entrar en vigor
en septiembre de 2018, debido a que enfrenta siete recursos de
impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres controversias
constitucionales y alrededor de 50 amparos en juzgados federales
presentados por integrantes de organizaciones de derecha.
Las impugnaciones, afirman diputadas y diputados constituyentes que
participaron en el debate, tratan de evitar que los avances alcanzados
en la capital se concreten y propaguen por todo el país. Son parte de
una andanada conservadora que no soporta una Constitución libertaria y,
para evitar que los derechos contenidos irradien su luz en otras
entidades, buscan echar abajo la autonomía de la capital y los derechos
de la ciudadanía.
La Carta Magna capitalina asusta –dicen las y los ex constituyentes–
porque además de robustecer la participación ciudadana, incluyó los
derechos sexuales, los reproductivos, reconoce la diversidad sexual,
matrimonios entre personas del mismo sexo y abre la puerta a la
legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y el aborto
hasta las 12 semanas de gestación.
Asimismo, reconoce la igualdad de salario entre mujeres y hombres, la
paridad (50-50) en candidaturas; dispone la creación de un Sistema de
Cuidados para aligerar las tareas domésticas de las mujeres e incluye el
derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y
voluntaria.
ALEGATOS
Ante estos derechos de avanzada, la Procuraduría General de la República
(PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido
Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando contradicciones
de esta norma con la Constitución federal.
La Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia
capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales, es
decir, por invasión de competencias.
En opinión del Comisionado para la Reforma Política de la capital,
Porfirio Muñoz Ledo, estas impugnaciones son parte de un plan
autoritario porque se quiere parar la evolución democrática de la Ciudad
y del país. “No quieren que tengamos ningún derecho adicional”,
asegura.
Muñoz Ledo sostiene que los opositores al texto dicen que la Asamblea
Constituyente debió constreñirse a los aspectos, orgánicos,
administrativos y presupuestales. “Es la Constitución que querían, una
ley reglamentaria”.
Explica que la “impugnación madre” es la de la PGR con 194 artículos
impugnados en materias que, según constituyentes, no le corresponden,
porque en general se cuestiona el capítulo Carta de Derechos y temas
como derechos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
La constituyente por Morena, Patricia Ruiz Anchondo, asegura que la
controversia presentada por PGR, encabezada por Raúl Cervantes Andrade
(quien también fue constituyente) está fuera de lugar y es una falta de
respeto a los ciudadanos.
La ex procuradora Social y ex delegada de Gustavo A. Madero dice las
impugnaciones se hicieron porque “el contenido de la Constitución es
progresista, una visión garantista de Derechos y libertades que la
ciudadanía ha conquistado”. El fondo, dice, es que no la quieren porque
“se afectan intereses que han estado arraigados en esta ciudadana,
económicos, sociales, políticos”.
La también constituyente por Morena, Clara Brugada, asegura que atrás
está el conservadurismo, “la andana derechista que no soporta que una
ciudad pueda tener una Constitución libertaria, de avanzada, en el país…
Tienen pavor a la multiplicación que pueda haber en otros estados”.
La ex jefa delegacional de Iztapalapa agrega que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), sobre representado en la Asamblea
Constituyente, hizo que muchos temas se matizaron en el texto y ahora no
quiere que la capital vaya más allá de la Constitución federal ni
exprese lo más avanzado del país.
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Morena llaman a la
ciudadanía a la defensa de la Constitución, cuando en realidad las
controversias no son públicas y el proceso de redacción del texto fue
opaco.
COLECTIVOS FEMINISTAS, A LA DEFENSA
La feminista, activista, militante de izquierda e integrante de Las
Constituyentes, Yndira Sandoval Sánchez, dice que no legitiman toda la
Constitución pero la reconocen como un instrumento que desafía las leyes
federales y amenaza a la ultraderecha, ahora reagrupada y fortalecida.
Recuerda que siempre que hay debates políticos los derechos de las
mujeres son moneda de cambio y por ello criticó que la PGR y la CNDH
politicen los temas, como en 2007 cuando presentaron recursos ante la
SCJN en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de
gestación en la capital.
La activista llamó a los actores involucrados a ser responsables
políticamente para salvaguardar los derechos recogidos en este
ordenamiento y que son un precedente para todo el país. Adelantó que en
como colectivos ciudadanos también planean enviar un amicus curiae
(documento con argumentos jurídico) a la SCJN.
El reto, ahora es saber quién defenderá jurídicamente la Constitución,
porque la Asamblea Constituyente, redactora del texto, fue disuelta una
vez publicado el texto. Por tanto, podría ser la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal la que se presente como interesada, aunque no haya
elaborado la norma.
Porfirio Muñoz Ledo y el senador y ex presidente de Mesa Directiva de la
Constituyente, Alejandro Encinas, entre otros, afirman que quienes
hicieron la Carta Magna deben presentar su defensa ante la Suprema
Corte.
El ministro Javier Laynez Potisek es el encargado de elaborar los
proyectos para que la SCJN debata y decida sobre los recursos
presentados en contra de la Constitución de la capital del país.
CIMACFoto: César Martínez López Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
Si se revocan artículos de la Constitución de la Ciudad de México, se
violentará el principio de progresividad establecido en el Artículo
primero de la Constitución mexicana, que incluye “lo alcanzado en cuanto
a derechos de las mujeres”, además de que la Procuraduría General de la
República (PGR) no está legitimada para impugnar el texto, afirmaron
hoy constituyentes del Partido Movimiento Regeneración Nacional
(Morena).
Advirtieron también, en conferencia de prensa, realizada hoy en el Club
de Periodistas, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
no valora lo que garantiza la Constitución capitalina, aprobada el 31 de
enero de 2017, “la ciudadanía denunciará a través de la movilización
social la inconformidad”.
Las y los diputados de la Asamblea Constituyente de Morena, respondieron
así a la impugnación de 39 artículos de la Constitución capitalina por
parte de la PGR, incluidos los que hablan sobre derechos humanos y
derechos humanos de las mujeres, como los relativos a la salud sexual y
salud reproductiva.
El Artículo 6, por ejemplo, garantiza que las personas tienen derecho a
decidir de manera libre, voluntaria e informada el tener hijos o no y a
recibir servicios integrales que les garanticen un alto nivel de salud
reproductiva.
Las y los constituyentes responden también a las impugnaciones de la
Consejería Jurídica de la Presidencia y la PGR, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), el Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal, la Junta Local de Conciliación y el Senado de la República, así
como al amparo interpuesto por el Partido Nueva Alianza, que se sumó al
que presentó el propio partido Morena.
CONTRA LA PROGRESIVIDAD
El presidente de Morena en la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama,
explicó que los cuestionamientos a la Constitución local se hacen
porque “algunos ministros de la Corte aseguran que no puede irse más
allá de la Constitución federal”, pero explicó que, de lograr la
revocación de artículos, “se violentaría el principio de progresividad
estimado en el Artículo 1 que establece la posibilidad de establecer y
defender nuevos derechos, además de asegurar los firmados en los
tratados internacionales firmados por el país”.
PGR NO PUEDE
El abogado y diputado constituyente, Javier Quijano, recordó que “la PGR
no está legitimada para impugnar la Constitución de la CDMX, en todo
caso sólo podría intervenir para aclarar cuestiones de carácter penal
procesal, no está habilitada para ir en contra los logros obtenidos”.
Añadió que con ello el Gobierno Federal atenta contra el Artículo 3 de
la carta magna local, el cual establece que: “La dignidad humana es
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce
a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de
los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda
actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos”.
MOVILIZACIÓN
La diputada constituyente e integrante de la Mesa Directiva de la
Asamblea Constituyente, Clara Brugada Molina, advirtió: “Si la Suprema
Corte no valora lo que garantiza la Constitución, la ciudadanía
denunciará a través de la movilización social la inconformidad”.
Brugada Molina informó que la Asamblea Constituyente de la Ciudad,
órgano que estuvo encargado de aprobar y elaborar la Constitución
capitalina, discutirá con el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro
Encinas Rodríguez, las medidas próximas a tomarse para que la prioridad
sea defender los logros obtenidos en materia de derechos humanos.
La diputada constituyente Patricia Ortiz Couturier dijo en entrevista
para Cimacnoticias que la estrategia de las y los diputados de Morena
para hacer frente a las impugnaciones será difundir con la ciudadanía
los logros obtenidos con la Constitución en materia de derechos humanos y
defenderlos “por la vía legal, a través de acuerdos con el presidente
de la Mesa Directiva de la Asamblea”.
De no hacerlo, dijo, se atenta contra el principio de progresividad que
incluye “lo alcanzado en cuanto a derechos de las mujeres”.
Ya son muchos
los ataques contra la Constitución de la Ciudad de México, una de las
más progresistas del mundo. La imagen me remite al martirio de San
Sebastián: una lluvia de flechas atravesando el torso de una figura
masculina, pintada por hombres: Botticelli, El Greco, Rafael, se
considera la primera pintura de un desnudo masculino. Siempre
representado como un joven imberbe, con expresión de placer y de dolor,
el inherente homoerotismo de sus imágenes lo convirtió en el primer
icono gay de la historia de occidente. Para Tennessee Williams, San
Sebastián es el primer gay martirizado en occidente, Oscar Wilde utilizó
el nombre Sebastián como su propio alias después de su liberación de prisión. Actualmente es patrono de las personas Queer o LGBTI.
Asaeteada por la Procuraduría General de la República, por la
Presidencia de la República, por el Tribunal Superior de Justicia
capitalino, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el
presidente del Senado, nuestra Constitución –siempre sustantivo
femenino, como la ciudad– es blanco de instituciones federales, de
verdugos que torturan a ciudadanos y ciudadanas con diversidad de
identidades y de sueños. Nos atacan por querer forjar una nueva cultura
política que reconozca la pluralidad y el sentido de vanguardia de la
sociedad capitalina, por escribir un marco legal que permita cambiar las
formas autoritarias de gobierno, por ciudadanizar un Poder Judicial que
sólo ha reproducido la injusticia, por pretender enfrentar con seriedad
la corrupción y por querer ampliar y hacer exigibles los derechos
humanos.
Al supremo poder conservador no le gusta nada la Constitución de la ciudad,
afirmaba en días pasados un desplegado de Morena. Como ocurrió hace
unos días en el Congreso federal, cuando las diputadas de Morena, junto
con las de MC y del PRD tuvieron que tomar la tribuna para
exigir que en todo el país las mujeres decidan si optan por abortar en
caso de violación. Las instituciones de la Federación no quieren la
ampliación de derechos humanos ni reconocer la personalidad jurídica de
individuos y comunidades locales en la Constitución de la Ciudad de
México, se trata de una embestida retrógrada para negar los derechos de
las mujeres y desconocer los logros del feminismo y del movimiento
LGBTI; ataque que busca reducir a programas de planificación familiar los emergentes derechos sexuales y reproductivos.
Con flechas de tres tiros dan golpes contra la transparencia, la
exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos; no quieren
que haya Internet gratuito ni que los periodistas tengan derecho al
secreto profesional, tampoco quieren la autonomía para pueblos
originarios y comunidades indígenas. Se oponen a la libertad sindical, a
la libre asociación y a la justicia laboral de las y los trabajadores.
Se niegan a elevar a nivel constitucional el derecho a la pensión
universal de adultos mayores, a la educación superior y a la cultura.
Quieren privatizar el espacio público, el agua potable y su gestión.
Como quieren aferrase al poder y sostener estilos ostentosos y corruptos
de vida, tienen pánico a la revocación de mandato y a la autonomía del
Poder Judicial, quisieran que los diputados sean relectos hasta por
cuatro periodos, en vez de uno, como quedó estipulado.
Sin consultar a los miembros de ese cuerpo legislativo, el
presidente del Senado objeta la autonomía de las alcaldías, el derecho a
la salud, a la muerte digna y al uso terapéutico de la mariguana;
también niega el tercero constitucional, al desconocer la laicidad del
Estado y al considerar que impartir educación básica y reconocer el
derecho a la educación superior de la ciudadanía capitalina es
competencia exclusiva de la Federación.
A fin de fortalecer y legitimar más una constitución local que
satisface en 80 por ciento la agenda de Morena, este partido presentó
recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la
asignación de legisladores federales del Senado y del Congreso en la
Asamblea Constituyente, recurso que probablemente retirará por
extemporáneo; también presentó como recurso inconstitucional la paridad
de diputados uninominales y plurinominales en la conformación del
Congreso local, y objetó que no se sometiera a referendo.
Morena defenderá todos los derechos de la ciudadanía logrados en la
Constitución capitalina, porque en la Asamblea Constituyente fue muy
difícil romper las barreras que nos presentaban continuamente los
diputados impuestos por el Ejecutivo y el Legislativo federal, esos
mismos que fueron enviados por Enrique Peña Nieto y los partidos
alineados, y quienes firmaron con alegría la Constitución de la Ciudad
de México. Los mismos que ahora parecen arrepentidos y regañados por un
furioso poder central que quiere opacar el brillo ejemplar de nuestra
Constitución, que quiere anular un texto antineoliberal que contrasta
con una Carta Magna federal parchada por 11 reformas fallidas.
Acribillada como San Sebastián, nuestra Constitución sobrevivirá al
supremo poder conservador, porque esta lucha no es jurídica, sino
electoral, y lejos de desdibujarse, es probable que el dictamen de la
SCJN termine fortaleciéndola. Ante un enemigo común, la acción podría
resultar unificadora de las izquierdas, de este lado en que hoy late un
corazón que se está librando de las saetas.
Enrique Ochoa Reza, exdirector general de CFE. Foto: Benjamin Flores
Por
Pablo Gómez, (apro).- El artículo 126
de la Constitución dice que “no podrá hacerse pago alguno que no esté
comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, pero
como era una costumbre violar ese antiguo precepto, hubo necesidad de
reformar el siguiente artículo, el 127, que entre otras muchas cosas
prescribe:
“No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de
retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos
o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
Enrique
Ochoa Reza, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional,
cobró un millón 206 mil pesos netos por haberse separado
voluntariamente como director general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para aceptar un nuevo encargo presidencial, al margen
de la función pública, luego de dos años y 155 días de dirigir la
paraestatal.
El instrumento invocado por el “líder” priista para demandar y
obtener su “liquidación” fue el Manual de Trabajo de Servidores Públicos
de Mando de la CFE que no es ley, no es presupuesto aprobado por la
Cámara de Diputados, no es contrato colectivo y no es condiciones
generales de trabajo, en virtud de lo cual sus reglas particulares sobre
pagos de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y liquidaciones por
servicios prestados son nulas de toda nulidad según la Carta Magna.
Pero el problema no termina ahí, sino que está bastante más
complicado. El “Manual” no permite otorgar “liquidación” a los jefes de
la CFE que se separen de manera voluntaria, como fue el caso del líder
priista, el señor Ochoa Reza, antes de tres años. El artículo 33 de ese
“Manual” tiene dos apartados en cuanto al pago por servicios prestados:
retiro “por voluntad propia”, que es el caso, y por “liquidación”, que
de ninguna manera es el caso.
De haberse aplicado el primero y no el segundo, el señor Ochoa Reza
no hubiera alcanzado ningún pago porque sólo aplica para después de tres
años de servicio.
Está claro que el “Manual” es groseramente contrario a la
Constitución pero, en el colmo, también fue violado para poder entregar
de todas maneras un dinero a Ochoa Reza por cuenta de la nación.
La redacción actual del artículo 127 de la Constitución fue discutida
en el Senado durante dos años. Yo fui quien redactó y presentó la
iniciativa. Después estuvo congelada en la Cámara, donde tuvo que ser
sacada de los cajones cuando los consejeros del entonces Instituto
Federal Electoral (IFE) pretendieron aumentarse el sueldo, lo que
provocó un escándalo.
Finalmente, el decreto de reforma constitucional se aprobó en los
estados y se publicó el 24 de agosto de 2009, junto con un plazo para
que el Congreso emitiera la ley reglamentaria. A pesar de que el Senado
aprobó un proyecto de ley en 2011, desde entonces el PRI y el PAN han
olvidado ilegalmente la minuta: ahí sigue sin que haya explicación
alguna, al estilo mexicano. No obstante, el texto constitucional está
vigente y debería ser respetado, pues contiene normas que no requieren
interpretación alguna.
Así como Ochoa Reza ha cobrado una liquidación inconstitucional y, en
el colmo del abuso, contraria a las mismas reglas inconstitucionales de
la CFE, hay muchos que lo hicieron antes y muchos más que, habiéndolo
hecho, reciben además una pensión vitalicia. No sólo son los
expresidentes de la República, sino los exdirectores de organismos
descentralizados.
José Ángel Gurría, por ejemplo, fue empleado de Hacienda desde muy
joven, y cuando después de pocos años en el cargo abandonó la dirección
de Nacional Financiera, le contaron su antigüedad en la Secretaría para
juntar años y aplicar un reglamento interno que otorga buenas pensiones
por haber estado en “el sector financiero”. Al pensar en personas como
ésa, genuinos exponentes de la corrupción mexicana, el Congreso
estableció la regla de que, a pesar de haberse otorgado en el pasado al
margen de la ley, “no se concederán ni cubrirán (hoy, mañana y siempre)
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por
servicios prestados”.
Respecto de la corrupción, Enrique Peña Nieto ha dicho que “no hay
alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra…”. Es decir que
la corrupción está en todos y beneficia a todos. Esta es la idea que se
ha querido implantar sobre ese lacerante fenómeno desde los años
cincuenta del siglo XX, es un criterio netamente priista. Los
gobernantes roban y arrojan escurriduras sobre algunos otros,
funcionarios y particulares, para que formen “parte de un modelo”, como
lo ha catalogado el mismo presidente de la República. Estamos seguros
que Peña conoce ese “modelo”, que según los conceptos de él mismo,
contiene una fórmula tendiente a culpar a “todos” de lo que ha sido una
penetrante obra del poder.
Quienes firmaron la autorización para pagar a Enrique Ochoa Reza su
millón y pico de pesos son Jaime Tadeo Castelán y Karine Slim, el
primero es subgerente de Relaciones Laborales y el segundo es jefe del
Departamento de Dictámenes, pero ambos tienen jefes que ordenan. El
convenio fue registrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje,
aunque no corresponda a la naturaleza de esa fraudulenta “liquidación”.
Junto a Ochoa Reza, esas dos personas, por lo menos, deben ser
sometidas a un procedimiento en el órgano interno de control de la CFE.
El asunto tendría que llegar a la Secretaría de la Función Pública, a la
Auditoría Superior de la Federación y al Ministerio Público. Así suelen
tratarse esa clase de conductas en muchos países, pero como México no
hay dos.
(20 de diciembre, 2015).- Tras la aprobación de la reforma política
del Distrito Federal (DF), integrantes del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) aseguraron que la mayoría que posee el PRI en el
Congreso de la Unión desvirtúa la formación de la asamblea constituyente
del DF, pues les otorga la ventaja de imponer a sus legisladores, y con
ello detener un proyecto de avanzada en la capital del país.
Al presentar el proyecto alternativo de Constitución de la Ciudad de
México, Alejandro Rojas Díaz Durán señaló que la reforma política del DF
vino comprometida junto con las llamadas reformas estructurales. Dijo
que a pesar que con los cambios recientes le otorgan autonomía a la
capital del país, existe el riesgo latente de que los ciudadanos que la
habitan no decidan en el proceso constituyente.
Aseguró que la propuesta que realizó busca hacer frente a la
propuesta oficial-conservadora y así pugnar por un proyecto de
Constitución “de avanzada e independiente”.
Durante la presentación del proyecto, en la que participó Martí
Batres, dirigente de Morena en el DF, Rojas explicó que el objetivo será
que los diputados constituyentes de morena presenten la propuesta como
un proyecto “que defienda las grandes causas”. 5 tareas en la reforma política
Martí Batres señaló que de cara al proceso Constituyente existen
cinco tareas que Morena tendrá por delante. En primera instancia, dijo,
será una campaña de información para que los capitalinos sepan del
riesgo latente de retroceder en materia de derechos sociales, debido a
la conformación de la asamblea constituyente en donde el PRI buscó
beneficiarse a pesar que no tiene mayoría en la capital.
Al participar en el presentación de la propuesta de Alejandro
Rojas-esto en el marco del primer foro que realiza Morena sobre la
Reforma Política del DF- Batres explicó que para que Morena pueda
incidir de manera importante en la elaboración de la Constitución del DF
necesita conseguir el 60% de la votación durante los comicios que se
desarrollaran en junio de 2016.
El dirigente destacó que entre las tareas de Morena se encuentra
impulsar la propuesta de la diputada Aleida Alavez, la cual sugiere
impulsar un referéndum que apruebe la Constitución del DF antes de que
sea promulgada.
PRD, PT, Movimiento Ciudadano y de Morena señalan que la ley atenta contra la soberanía nacional.
(Foto: Cuartoscuro)
Redacción AN
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con
288 votos a favor, 82 en contra y nueve abstenciones el dictamen de la
minuta con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
presentada por el Ejecutivo Federal. Este tema provocó la división en posiciones de los legisladores,
pues los diputados del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y de Morena se
manifestaron en contra por el carácter inconstitucional de las mismas,
por atentar contra la soberanía nacional y por la
posibilidad de extender los hechos de violencia de agentes fronterizos
americanos armados en contra de mexicanos que se encuentran en Estados
Unidos.
Los partidos PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, argumentaron a favor
por los beneficios en el intercambio comercial entre México y Estados
Unidos, así como en el turismo.
Con esta legislación se permitirá que agentes extranjeros de
migración, aduanales y de seguridad que vengan con un visitante
distinguido como Jefe de Estado o Gobierno o de alto nivel, puedan
portar armas en territorio nacional.
Para la discusión en lo particular se presentaron 28 reservas y en
caso de que alguna sea aceptada el documento se devolvería al Senado de
la República, de lo contrario se aprobaría en sus términos y se
mandaría al Ejecutivo federal para su promulgación.
La diputada del PRD, Amalia García llamó a emprender una acción de
inconstitucionalidad porque el artículo 10 de la Constitución dice que “son los habitantes y las corporaciones, es decir, los mexicanos y mexicanas, los únicos que podemos tener armas en nuestro domicilio”.
Al posicionar el dictamen de la minuta, el secretario de la Comisión
de la Defensa Nacional, el priista Fernando Donato de las Fuentes
Hernández, puntualizó que se permitirá la portación de armas bajo un
marco legal claro con base en el principio de reciprocidad.
Explicó que con ello se pretende permitir la portación de armas de
fuego a funcionarios aduaneros y de migración mexicanos que desempeñen
sus actividades en el extranjero y a sus pares extranjeros que estén en
puntos de revisión aduanal en el territorio mexicano.
También a funcionarios de seguridad mexicanos que acompañen a
funcionarios en visitas de alto nivel a otros países y correlativamente
al personal de seguridad extranjero que acompañe en México a
funcionarios de alto nivel.
La vigencia del permiso será por lo que dure la visita oficial, y el
uso del arma estará limitado a un resolver o semiautomática de 40
milímetros (mm), pero en casos excepcionales, durante las visitas de
alto nivel se podrá autorizar el ingreso o portación de otro tipo de
armas, siempre a juicio de la Sedena que justifique la necesidad de su
uso.
Con respecto a los agentes de migración y de adunas extranjeros, los
permisos serán solo por seis meses y se podrán renovar si amerita su
función. Entre los requisitos que se establecen está que deberán tener
la acreditación de residentes permanentes.
El uso del arma sólo podrá ser en el local o instalación en que el
funcionario extranjero desempeñe sus actividades, es decir, las armas
de los agentes extranjeros quedarán resguardadas en su lugar de trabajo.
El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional resaltó que el
país tendrá un conjunto de beneficios derivado de los acuerdos
interinstitucionales de preinspección aduanera y migratoria porque la
cadena de negociaciones y acuerdos en beneficios del comercio exterior
y el turismo de México dependen de este último eslabón.
Gran desproporción en tiempos de radio y TV, revela monitoreo
La
obligación para los partidos políticos de postular a 50 por ciento de
mujeres en sus candidaturas no basta si sus propuestas no son
discutidas con seriedad, advirtió Maira Melisa Guerra Pulido, encargada
del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No
Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE).
En declaraciones a Cimacnoticias, la funcionaria aseguró que ahora que
la paridad de género es un principio constitucional y está regulada en
las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de
Partidos Políticos, es importante que las mujeres que van a contender
en las urnas el próximo 7 de junio tengan condiciones de igualdad en la
competencia.
Una herramienta para medir estas condiciones es el “Monitoreo de
Programas de Radio y Televisión que Difunden Noticias”, que realiza la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por encargo del INE, y
el cual, por primera vez, incluyó la variable de género para saber qué
tanto aparecen las precandidatas y las candidatas en las noticias y
programas de espectáculos o revista que se difunden en medios
electrónicos.
Guerra Pulido aseguró que el resultado de este monitoreo, que analizó
las precampañas –que se llevaron a cabo del 10 de enero al 18 de
febrero–, arrojó datos que ya se sospechaban: “Que los medios de
comunicación no están atendiendo de igual manera las propuestas de
mujeres y de hombres; seguimos teniendo un reporte mayor de lo que
hacen y proponen los hombres en la política”.
Y es que de las tres mil 31 “piezas” (trabajos informativos) de
monitoreo en radio y TV, se detectaron 47 para precandidatas y 528 para
precandidatos; asimismo se registraron dos horas con 57 minutos y 10
segundos para precandidatas y 19 horas con 16 segundos para
precandidatos, lo que indica que los varones que aspiraban a una
candidatura aparecieron más veces en pantalla y en radio.
Maira Melisa Guerra Pulido explicó que el actual monitoreo aún es
incipiente en la perspectiva de género, porque sólo se limita revisar
el número de veces que aparecen las mujeres y no hace ningún análisis
de cómo se presentan, pero señaló que esto se debe a que este
observatorio surgió con el único interés de revisar que en tiempos
electorales los medios electrónicos cumplieran con la ley.
Asimismo dijo que la revisión que se hace de los spots de campaña que
se transmiten a través de los tiempos oficiales no pretende prejuzgar
el contenido, sino vigilar que se cumplan con los tiempos legales en
materia electoral.
En este sentido agregó que hubiera sido deseable que en el monitoreo
del INE se revisará si se hacían comentarios sexistas o misóginos, por
ejemplo ver si “solamente se hablaba de la altura de la falda de la
candidata o del contenido de las propuestas de la candidata”, pero como
eso no está todavía hay temas en los que se debe ir avanzando, observó.
Aun así, en 2014 el INE –al comenzar el proceso electoral en octubre–
aprobó recomendaciones a los noticiarios para que en la información y
difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos y
de los candidatos independientes se evitara la discriminación por
género, la censura y el uso de estereotipos que afectaran la dignidad
de las mujeres.
La funcionaria destacó que quienes ahora son candidatas o candidatos
tienen una responsabilidad importante de hacer una campaña con
propuestas, pero aclaró que la ciudadanía tiene la tarea de exigir que
las y los aspirantes a un cargo de elección presenten sus planes o
propuestas de trabajo.
Guerra Pulido destacó que para ello el INE mantiene una campaña en la
que invita a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto y llama a tomar
en cuenta las propuestas de mujeres y hombres.
Destacó que la ciudadanía puede verificar lo que los partidos hacen y
los espacios con que cuentan las mujeres en campañas, y las aspirantes
a su vez pueden exigir mayores espacios.
Las campañas electorales inician el próximo domingo 5 de abril y
culminan el 3 de junio, cuatro días antes de los comicios del próximo 7
de junio.
MÉXICO,
D.F., (proceso.com.mx).- El pleno del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) aprobó el pasado 9 de febrero los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Multiprogramación que determinaron que
“no se prevé el pago de una contraprestación para tal efecto”, en
beneficio a las dos principales compañías de televisión abierta en
México, Televisa y TV Azteca, que ya concentran el 96 por ciento de las
concesiones.
De acuerdo con los mismos lineamientos, la multiprogramación “es la
distribución de un canal de programación en el mismo canal de
transmisión de radiodifusión, lo que representa la posibilidad de un
mayor número de contenidos programáticos a través del mismo recurso
espectral concesionado”.
En los lineamientos se establece que el acceso a la
multiprogramación es “voluntario”, podrán transmitir “por lo menos 1
canal de programación de calidad de Alta Definición (HD)” y “no se
prevé el pago de una contraprestación”. Con la tecnología digital,
pueden transmitirse hasta seis canales de televisión digital en el
espectro de 6 Megahertz donde se difunden ahora los canales analógicos
de Televisa y TV Azteca.
Para el profesor y economista del ITAM Ramiro Tovar Landa, esta
determinación del IFT “significa permitir un uso más intensivo del
espectro sin contraprestación”, lo cual es violatorio del artículo 134
constitucional que protege como valor fundamental el manejo de los
recursos económicos de la federación, que incluyen las enajenaciones de
“todo tipo de bienes”, incluyendo al espectro radioeléctrico.
Los lineamientos también contravienen lo establecido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en su resolución de
anticonstitucionalidad 26/2006 sobre la Ley Televisa de 2006. Una de
las razones de decretar la anticonstitucionalidad “radicaron
sustancialmente en que el refrendo de uso de frecuencias no debía
someterse al proceso de licitación pública establecido en el artículo
17 de la entonces Ley Federal de Radio y Televisión”, subrayó Tovar
Landa.
Ante esta determinación del IFT, el especialista advirtió que “la
acción regulatoria del instituto significa un incremento de la
capacidad efectiva y el valor económico de las frecuencias
concesionadas a los agentes económicos solicitantes, concesionarios y
permisionarios de televisión abierta” y que la Suprema Corte de
Justicia ya resolvió “sobre la procedencia de la contraprestación en el
incremento de capacidad del espectro concesionado dado que es un bien
originariamente propiedad de la nación”.
En otros países como Gran Bretaña, Italia, Austria, se requiere
siempre del pago de una contraprestación. “¿Dónde quedó el apego a la
Constitución? ¿Dónde quedó la salvaguarda al interés del Estado?, se
claudica una y otra vez”, sentenció el especialista.
Para el excomisionado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, en el
caso de multiprogramación “la clave no está en el pago, sino en los
criterios pro competitivos y asimétricos que deben regular su acceso”.
Los lineamientos del IFT ponen en desventaja a otros nuevos
competidores en las señales de televisión digital abierta, como serán
las dos nuevas cadenas que licitará en marzo de este año el organismo
regulador.
Comprometen el futuro del país al privatizar el petróleo: legisladores de PRD y PT
La aplanadora PRI-PAN-PVEM aprueba la Ley de Hidrocarburos
Persiste riesgo de expropiación en la Ley de Hidrocarburos, dicen legisladores
Andrea Becerril y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 18 de julio de 2014, p. 7
El
pleno del Senado aprobó anoche en lo general la nueva Ley de
Hidrocarburos, con el voto de las bancadas de PRI y PAN y entre
críticas y señalamientos de senadores de PRD y PT sobre la
responsabilidad de ‘‘una mayoría mecánica’’ que avaló esa legislación
que ‘‘compromete el futuro del país al privatizar el petróleo, entregar
la renta petrolera a trasnacionales y permitir el despojo de tierras y
bosques a ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas’’.
Durante 13 horas, con 69 intervenciones, en un recinto en el que los
perredistas reivindicaron la figura de Lázaro Cárdenas e incluso
usaron, a manera de pancarta, una máscara de papel con la efigie de
quien nacionalizó el petróleo, priístas y panistas defendieron esa ley,
incluida en el primer dictamen de la legislación secundaria de la
reforma energética, pero sin entrar al debate de fondo.
En defensa de Peña
Una veintena de senadores priístas, panistas y del PVEM
se ocuparon en defender al presidente Enrique Peña Nieto, a quien los
opositores acusaron de mentir con su discurso de que la reforma no es
privatizadora. Enrique Burgos, Graciela Ortiz y Ascención Orihuela,
entre otros, repitieron que la legislación detonará el crecimiento,
creará empleos, fortalecerá a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y beneficiará al campo y a los
productores agrícolas.
A los perredistas que insistieron en que persiste la posibilidad de
que se expropien tierras ejidales y comunales, el senador del PRI y
dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo
Sánchez, los acusó de acudir ‘‘al discurso del miedo y de pretender
sacar ventaja política convirtiéndose en agoreros del desastre y de
infundir terror a los propietarios con historias de despojos’’.
Cuarenta y cuatro oradores, más de la mitad en contra del dictamen,
confrontaron posturas. El coordinador perredista, Miguel Barbosa,
advirtió que ‘‘mayorías construidas bajo la sombra del chantaje y de
acuerdos inconfesables van a rematar los recursos energéticos’’.
Denunció que se favorecerá a empresas extranjeras y se fomentará la
corrupción y los negocios de funcionarios, ‘‘incluso de algunos
legisladores que promueven estos cambios’’.
La senadora del PRD Dolores Padierna resaltó que un informe de Pemex
a la Comisión de Cambios y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), de
Estados Unidos, ‘‘desmiente al presidente Enrique Peña Nieto y a los
promotores de esta reforma privatizadora’’, ya que en ese documento los
directivos de la paraestatal reconocen que esa legislación secundaria
podría afectar significativamente sus negocios y agudizará la
inestabilidad social ‘‘con la pretensión de desalojar a como dé lugar
de sus predios a sus auténticos propietarios’’.
El también perredista Alejandro Encinas recordó la guerra sucia
de 2006 contra el ex candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel
López Obrador, y dijo: ‘‘¡El verdadero peligro para México son ustedes,
que legalizan el despojo del patrimonio de las familias mexicanas a
favor de negocios privados!’’
Sostuvo que dos términos definen a la legislación energética:
encomienda y servidumbre, ya que ‘‘se entregan las riquezas del reino a
los dueños del dinero y se convierte en peones y servidumbre a los
mexicanos en su propia tierra’’.
Los senadores del sol azteca Luis Sánchez y Armando Ríos Piter
resaltaron a su vez que ‘‘es falso que se haya eliminado de la
legislación el riesgo de expropiación de terrenos que requieran las
petroleras extranjeras. Se eliminó la palabra expropiación y se
sustituyó por la de ocupación temporal, pero en otros artículos se
mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones, incluso para
establecer una gasolinera’’.
Sánchez
dijo que se afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 33 mil 877
localidades en 260 municipios y 12 estados con previsiones de gas o
petróleo.
El dirigente de la CNC, Gerardo Sánchez, insistió en que no habrá
despojo y que la ley permite que los propietarios de terrenos donde
haya petróleo puedan asociarse con las empresas extranjeras y tener
beneficios económicos.
La intervención del líder del sector campesino priísta fue
interrumpida por Ríos Piter y el tabasqueño Adán Augusto López, quienes
dudaron de sus expresiones y lo acusaron de no defender a sus
representados. El cenecista respondió que los campesinos y sus tierras
están a salvo, porque –argumentó– la ley regulará previamente los
acuerdos alcanzados con las empresas extranjeras contratistas.
‘‘Exigimos que se protegieran sus derechos, que pudieran ser socios,
participar en los dividendos y ser empresarios sociales. Y creo que hoy
tienen posibilidades de serlo’’, festinó.
Encinas lo refutó: ‘‘Como siempre, como ha sucedido en otras
privatizaciones, lejos de abundar los argumentos de fondo, siempre nos
vienen a pintar el país de las maravillas’’. Recordó que los pagos por
la ocupación no serán en todos los casos.
‘‘Esta es la reforma que el PAN quiere, porque es la que el país
necesita’’, apuntó a su vez el panista Salvador Vega Casillas y acusó a
perredistas y petistas de ‘‘esgrimir razones históricas que sólo
disfrazan los dogmas políticos’’.
Sostuvo que los campesinos y en general los propietarios de la
tierra serán ‘‘los primeros beneficiarios de la reforma energética’’ y
no correrán el riesgo de ser despojados de sus tierras, porque se
eliminó la expropiación del contenido del dictamen.
Ernesto Cordero (PAN) reconoció que los precios de gasolinas, gas y
electricidad no bajarán ‘‘de milagro o en automático; no venimos a
engañar’’. Insistió en que se requiere la inversión privada en el
sector energético. ‘‘No quiero que mi país sea como Afganistán y Corea
del Norte, con todo respeto para mis queridos coreanos y afganistanos
(sic)’’, dislate que le acarreó burlas.
La larga jornada continuó con la presentación de 22 votos
particulares de los perredistas y se extendió al debate en lo general;
hubo momentos en que se sesionó sin quórum. Los priístas acordaron
entrar al salón en tandas de dos horas, para no fatigarse.
Cerca de la medianoche, la senadora del PRI Cristina Díaz recalcó
que no es posible aferrarse a ‘‘cascarones políticos y sociales que
corresponden al pasado’’ y aseguró que, con la misma ‘‘visión
vanguardista’’ que tuvo el general Lázaro Cárdenas, ‘‘pero atendiendo a
la actual realidad histórica, el presidente Enrique Peña Nieto impulsa
la reforma energética del siglo XXI’’. Mostró luego un fotomontaje en
que aparecen Peña y Lázaro Cárdenas, en un intento por responder a los
perredistas que en todo momento reivindicaron la figura del autor de la
expropiación petrolera.
Activistas cuestionan su creación y exigen a Senado disolverla
Violando
las normas en materia de Derechos Humanos (DH), el pasado 12 de junio
el Senado instaló la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano,
presidida por el panista José María Martínez e integrada por
legisladores de las principales fuerzas políticas, con el fin de frenar
las iniciativas que promuevan la interrupción legal del embarazo y las
uniones entre parejas del mismo sexo.
La Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano se creó el
pasado 25 de febrero por acuerdo de la Junta de Coordinación Política
del Senado, y se instaló apenas este 12 de junio, justo en momentos en
que en estados como Guerrero y Nuevo León se debaten propuestas para
despenalizar el aborto y “proteger la vida desde la fecundación”,
respectivamente.
En opinión de Aidé García, coordinadora de Relaciones
Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la
creación de esa comisión vulnera el artículo primero constitucional en
materia de DH, así como el artículo 40 sobre la laicidad del Estado
mexicano, y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en materia de matrimonio e interrupción del embarazo.
La activista lamentó que se cree esta comisión, cuya agenda es
religiosa. “Nos parece grave que todo el Senado sea cómplice, que en
este país se formen estructuras de Estado que vayan en contra de los
Derechos Humanos, y que ningún diputado de izquierda o progresista
hayan dicho nada”, criticó.
Y es que en esta instancia participan todos los partidos: de Acción
Nacional (PAN), José María Martínez; del Revolucionario Institucional
(PRI), Lisbeth Hernández Lecona; del de la Revolución Democrática
(PRD), Adolfo Romero Lainas; del Verde Ecologista de México (PVEM),
Ninfa Salinas Sada, y del Trabajo (PT), Martha Palafox Gutiérrez.
De acuerdo con el documento de presentación de la comisión, las fuerzas
políticas están convencidas del gran reto que tiene la familia en su
tarea de comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales
necesarios, para la formación y perfeccionamiento de las personas y la
sociedad.
“Los integrantes de esta comisión estamos convencidos de que la familia
debe cooperar con el Estado y la sociedad civil organizada en la
conservación del orden en la sociedad, orientando y educando social y
políticamente a sus integrantes”.
Por lo pronto la agenda planteada es revisar el marco normativo y las
políticas relacionadas con la protección y el desarrollo de la familia,
así como elaborar investigaciones, foros y documentos que sean
alternativas eficaces en el diseño de políticas públicas que tutelen la
reunificación familiar y el desarrollo humano integral.
Al respecto, Aidé García dijo que desde CDD, organización que promueve
la maternidad libre y voluntaria, es grave la aceptación de esta agenda
y se dijo sorprendida de que sea apoyada por partidos de izquierda como
PRD y PT.
“Al PAN ya lo conocemos, que es conservador y va a estar con la agenda
de la jerarquía católica, pero también ellos han sido elegidos para
hacer políticas públicas a favor de la diversidad que los votó”, aclaró.
No obstante, la activista consideró que hay senadoras y senadores
sensibles a los derechos femeninos que deberían tomar una posición al
respecto. Por lo pronto mencionó que es necesario que los partidos
expliquen a la ciudadanía las razones para apoyar a esta comisión.
“LA FAMILIA”, A DEBATE
El tema central, de acuerdo con las y los integrantes de esta comisión,
es legislar en torno a la familia, sin embargo para Aidé García ésta no
es la vía correcta.
“Si quieren tomar la política en materia de familia en serio, los
elementos son otros, la vivienda, el empleo, la educación y el
reconocimiento de los derechos de todos y cada uno de los integrantes
de la familia, y eso es lo que deben tomar en cuenta”, explicó.
Cabe decir que el presidente de la nueva instancia legislativa, el
panista José María Martínez, criticó que se quiera promover un nuevo
concepto de familia y que algunos estados adoptaran “modas o
tendencias” sobre un modelo de familia que no representa a la mayoría
de los mexicanos, aunque evitó mencionar el término “matrimonios entre
personas del mismo sexo”.
Asimismo arremetió contra los criterios internacionales que han
promovido en México la creación de institutos de las Mujeres, de los
jóvenes y de los adultos mayores, sin pensar en el concepto integral de
familia, por lo que dijo que se debe volver a lo que él consideró los
valores tradicionales.
“Tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos
políticos que están pensando más en modas y en tendencias o incluso que
nos han llevado a pensar en la muerte.
“Tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan a la familia, a la
mujer y también a nuestros jóvenes. No queremos el aborto. Queremos
trabajar en función exactamente de la vida. Ésa es nuestra convicción”,
dijo.
Cabe destacar que las entidades legislan los asuntos relacionados al
derecho civil, pero además los temas de la familia y las mujeres se
legislan desde las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables,
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Derechos Humanos, Igualdad
de Género y Salud.
SENADORES “CÓMPLICES”
En la instalación de la comisión estuvieron presentes legisladores como
Raúl Cervantes Andrade (PRI), presidente de la Mesa Directiva del
Senado; Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), presidente de la Junta de
Coordinación Política, y Maricela Velázquez Sánchez (PRI),
vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
Al tomar la palabra Preciado Rodríguez, dijo que ésta era la comisión
más importante del órgano legislativo e invitó a defender los valores
familiares y las uniones entre mujeres y hombres.
“Hay que decirlo con todas sus letras: hay grupos que salen y se
manifiestan y buscan legislación a su favor y hay gente que no se
manifiesta, que está a favor, pero no lo dicen y a veces pareciera
hasta que nos da vergüenza salir a defender un concepto, como es el
concepto de la familia. Pareciera que estamos fuera de onda o fuera de
moda, y somos mayoría”, consideró.
Ante la apertura de este espacio que buscará ir en contra de los
derechos ganados por las mujeres, un grupo de activistas a título
personal comenzó a presentar quejas ante el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación al argumentar que los senadores José María
Martínez y Jorge Luis Preciado formularon comentarios “discriminadores
y homofóbicos”, y pronunciaron un discurso contra las mujeres.
Por otro lado, activistas lanzaron una petición en línea dirigida a los
senadores de la Junta de Coordinación Política del Senado al señalar
que la comisión va en contra del principio de igualdad y no
discriminación, y para exigir su disolución inmediata.
Foto: Cortesía Comunicación Social Senado de la República
Antes de fin de año la IP entrará al sector energético
Peña debe dar resultados previo a comicios de 2108
La paraestatal buscará socios de riesgo compartido, dice la consultoría Mackenzie
Los próximos seis meses serán críticos para determinar el éxito de los cambios
Pemex se quedó corto en sus peticiones en la ronda cero, consideran especialistas
Foto José Carlo González
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 2
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene
que entregar resultados tangibles antes de la elección presidencial de
2018 y se espera que siga comprometido con la reforma energética. Por
ello, podremos ver las primeras oportunidades de entrada (de empresas
privadas al sector energético) para el cuarto trimestre de 2014.
El pronóstico lo hace la consultoría Wood Mackenzie, considerada líder mundial en inteligencia comercial para las industrias de la energía, los metales y la minería,
en un análisis fechado este mes sobre la ronda cero, como se conoce al
proceso mediante el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) quedó obligado por
la reforma constitucional a solicitar a la Secretaría de Energía
(Sener) las áreas de exploración y explotación que quiere conservar,
pero que le serán concedidas si comprueba sus capacidades técnica,
financiera y de ejecución.
Con esta revisión interna de su cartera a la que fue sometido Pemex, indica, se creará un nuevo panorama comercial del sector energético mexicano, porque abrirá sus activos a la inversión privada a través de contratos de lucro y de producción compartida y licencias.
La firma destaca que la paraestatal buscará socios de riesgo compartido
para explotar ciertas áreas, como Chicontepec, a la que “se le redujo
el presupuesto en 2014 y creemos que esto indica que Pemex está a la
espera de asociarse con el fin de mejorar el rendimiento del campo.
La primera oportunidad de entrada para las empresas será la
llamada ronda de las empresas mixtas, que puede ocurrir en el cuarto
cuatrimestre de 2014...Existen varios proyectos en los que Pemex podría
beneficiarse de la asociación con compañías que tengan experiencia en
acontecimientos difíciles, como los descubrimientos en aguas profundas,
los campos de Chicontepec y el petróleo extrapesado. Si bien
reconoce que Pemex ha aprendido rápidamente cómo explorar las aguas
ultraprofundas, señala que es conciente de los riesgos de desarrollar
tales proyectos solo.
Pemex tiene que transferir toda la información que tiene sobre el
subsuelo y sus datos de calidad a la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, indica, pero luego con la concesión de licencias los datos de calidad tienen que ser puestos a disposición de los posibles licitadores con suficiente tiempo.
Agrega
que renunciar a ciertos campos maduros, pero con bajo desarrollo
–alrededor de 50 por ciento del total de sus campos sólo genera uno por
ciento de su producción–, permitirá a Pemex liberar recursos
financieros y técnicos para concentrarse en proyectos con resultados
atractivos.
Si Pemex renuncia a esos campos, se podría crear un mercado como
el colombiano, con campos más pequeños y las oportunidades podrían ser
para numerosas empresas, capaces técnicamente y respaldadas por fondos
de capital privado, indica la consultoría. Sin embargo, acota que como
parte de la reforma energética hubo un acuerdo para no despedir a unos
150 mil empleados de Pemex, por lo que es posible que no abandonará
esos campos a gran escala.
De cualquier manera, Wood Mackenzie insiste que la administración de
Peña Nieto tiene todos los incentivos para obtener resultados de la
reforma energética antes de las elecciones presidenciales de 2018.
Creemos que esto se toma en cuenta en los intentos del gobierno
para ser lo más prágmático posible para atraer inversión a corto y
mediano plazo, precisa la firma en el análisis El portafolio de Pemex después de la ronda cero: entrada de oportunidades a México, elaborado hace dos semanas.
No obstante, alerta sobre los riesgos que quedan por delante, como el
establecimiento de condiciones fiscales adecuadas, la falta de
disponibilidad de información del subsuelo y la posible ambigüedad con
respecto al marco regulatorio. Todos estos temas tienen el potencial de
retrasar el proceso de la reforma.
Los próximos seis meses serán críticos no sólo para que se determine el ritmo de la reforma energética, sino también su éxito en general, puntualiza.
*********
Entrega de hidrocarburos
Van a regalar información de Pemex: OCE
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 2
La solicitud de Pemex sobre las áreas que pretende conservar para la exploración y explotación de hidrocarburos es un guión prestablecido
que reproduce lo que consultorías del sector energético ya preveían y
que coincide con las aspiraciones de empresas trasnacionales, consideró
José Manuel Muñoz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía
(OCE).
Con el argumento de que carece de capacidad financiera y técnica,
señaló, Pemex optó por pedir proyectos de bajo y mediano riesgos
geológicos y técnicos, y aunque también solicitó algunos de mayor
dificultad, anuncia que los trabajará en asociación con otras empresas, lo que forzosamente implica compartir la renta petrolera.
Mencionó como ejemplo Chicontepec, ya que aunque Pemex solicitó
conservarlo, se tienen dificultades para su explotación y se requieren
perforaciones horizontales, así que esta dificultad técnica va a ser la justificación para que el gobierno meta compañías externas para que desarrollen esa técnica.
Ya no se habla de contratos sino de asociarse y con eso
prácticamente se tradujeron al español todos los análisis en inglés de
agencias extranjeras sobre la apertura energética en México, dijo el especialista.
Las autoridades, dijo Muñoz, traen prisa por concretar la reforma y consideró que Pemex se quedó corto
en sus peticiones ya que tiene más capacidad de explorar y explotar que
las áreas que solicitó y que representan 31 por ciento de los recursos
prospectivos y 83 por ciento de las reservas probadas y posibles, según
se informó el viernes.
Petróleos Mexicanos podría entregar datos de calidad sobre la producción a los posibles licitadoresFoto José Carlo González
Anticipó que lo más seguro es que Pemex sólo conserve los activos de producción, principalmente pozos terrestres. Pudiera
estar pidiendo un poco más de lo que la Sener y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos le van a aprobar. Le van a rechazar desde áreas de alto
potencial, pero también campos en producción, alegando que son de baja
rentabilidad para permitir que entren compañías extranjeras a hacerse
cargo, con el pretexto de que tienen altas dificultades técnicas, insistió.
El presidente del OCE manifestó que se obligará a Pemex a entregar
todos sus estudios, investigaciones y mapas sobre el subsuelo a
empresas privadas que participen en el sector.
Es información valiosísima. Información es poder y además tiene
un valor económico por lo que costó conseguirla o producirla, miles de
horas-hombre, por los recursos materiales involucrados y los millones
de pesos invertidos. Además, la información genera oportunidades, y
todo eso se le va a regalar a empresas privadas porque no se habla de
que ese conocimiento generado por Pemex vaya a someterse a concurso o
se tenga que vender. Es un vil atraco, concluyó.
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Entrega de hidrocarburos
Energía y CNH, con acceso irrestricto a datos técnicos y geológicos
Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 3
El
convenio de colaboración que Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría
de Energía (Sener) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
firmaron sobre toda la información técnica o geológica que la
paraestatal quedó obligada a entregar sobre las áreas de exploración y
explotación que pretende conservar, como parte de la llamada ronda
cero, se limita a señalar que sólo funcionarios autorizados tendrán acceso remoto a dicha información.
El documento tiene únicamente seis cláusulas, fue firmado el 21 de
marzo (el mismo día en Pemex entregó su solicitud) y tendrá vigencia
hasta que concluya la ronda cero, es decir cuando la Sener y la CNH
entreguen su resolución sobre la petición de Pemex, cuyo plazo máximo
fue fijado para el 17 de septiembre.
El convenio sólo tiene por objetivo fijar el mecanismo
por el cual Pemex dará acceso remoto o en sitio a la Sener y la CNH a
los expedientes y al sistema de tecnología sobre la información que
presentó la paraestatal en su solicitud, precisa el documento.
La empresa les permitirá el acceso irrestricto a la
información contenida en un portal creado para tal efecto, pero se
advierte que quedarán sujetos a las responsabilidades y sanciones de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
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Entrega de hidrocarburos
Defienden algunos el interés dictado en inglés y en dólares
Moralmente válido, oponerse a la mutilación constitucional: ANAD
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 30 de marzo de 2014, p. 4
La
reforma energética viola la Constitución Política y los tratados
internacionales firmados por México, porque los legisladores, en un
exceso de sus facultades, hicieron cambios esenciales al sentido
ontológico de la Carta Magna, advirtió Porfirio Martínez González,
miembro fundador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Ante ello, consideró que es jurídica, política y moralmente válido
oponerse a la mutilación constitucional, autorizada, dijo, por quienes
pretenden entregar los recursos energéticos de la nación a las empresas
privadas.
El especialista recordó que el 18 de marzo pasado, 719 ciudadanos
presentaron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación contra los cambios de fondo a los artículos 25, 27 y 28
efectuados por los congresos federal y locales, a iniciativa del Poder
Ejecutivo.
Martínez
González expuso que la enmienda elimina de la ley suprema el dominio
directo sobre los hidrocarburos y la electricidad, así como la
exclusividad de la nación para explotarlos.
Es decir, agregó, acordaron cambios esenciales lo que deviene en un acto contrario a la propia Carta Magna.
Subrayó que la propiedad de los recursos estratégicos que no simples mercancías hoy más preciados que nunca, es inalienable e imprescriptible, es decir, no pueden perderse por el paso del tiempo.
Hoy, dijo el abogado Martínez González, los conservadores de siempre
pretenden imponer a la propiedad pública las modalidades que les dicta
el interés privado en inglés y en dólares.
La
propuesta del Ejecutivo enviada al Senado en materia de
telecomunicaciones “es un retroceso que contraviene principios
constitucionales”, considera la especialista Aleida Calleja. Se propone
que Segob vigile contenidos, e impone mismos requisitos a medios
sociales y a privados.
Aleida
Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información y la Coalición Ciudadana Democracia y Medios (Foto:
Especial)
Redacción AN
La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República, “pervierte” la reforma constitucional aprobada hace un año en esta materia y viola los derechos de las audiencias.
Si la iniciativa se aprueba en los términos en los que fue presentada, “es candidata a una controversia constitucional”, advierte Aleida Calleja, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, Calleja considera que el planteamiento de la iniciativa “desnaturaliza los alcances de la reforma en telecomunicaciones” y propone “graves invasiones a las facultades” del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). “La razón principal de crear un órgano autónomo en materia de telecomunicaciones se pervierte con esta iniciativa del Ejecutivo”, considera Calleja. “Se proponen condiciones inequitativas para medios. Además, la iniciativa viola los derechos de las audiencias y establece condiciones para que la televisión y la radio tengan cancha abierta”.
La iniciativa puede llevarnos hacia un “grave retroceso”, al proponer que la Secretaría de Gobernación (Segob) ejerza una vigilancia o control y regulación de los contenidos en medios y aplique sanciones en este tema. “Eso es ejercer control político de los contenidos”, dijo.
En el caso de los medios de uso social, la iniciativa del Ejecutivo “es discriminatoria, porque impone
los mismos requisitos a medios públicos y a medios de uso social y se
privilegia a la televisión. Asimismo, la iniciativa quita a los medios
públicos independencia editorial”.
En el tema de telefonía, “hay avances importantes, con medidas estrictas, que no se aplican en el caso de radiodifusión”, dice Calleja.
“Creo que es una iniciativa que impide al Ifetel establecer normas y reglamentos, y si esta iniciativa de ley pasa en los términos en los que fue presentada, “es candidata a una controversia constitucional”, ante la Suprema Corte.
Desde su promulgación, más de 570 reformas han trastocado la
Constitución mexicana.
Dos de sus artículos pilares, el 123 y el 27, se
encuentran entre los más modificados en su historia.
Además, es la
Carta Magna más reformada en América Latina en los últimos 100 años.
Para la Constitución, 2013 fue el año más agresivo, señala
especialista, pues fue modificada en 21 ocasiones.
Esto terminó por
transformar radicalmente el pacto social que emanó de la Revolución
Mexicana
Durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada en
21 ocasiones. Los cambios a la Carta Magna del país no sólo fueron
numerosos sino profundos. A 97 años de su promulgación, suman 573
reformas. El sexenio del panista Felipe Calderón es el que, hasta el
momento, ostenta la marca de mayor número de modificaciones: 110.
Los Artículos reformados durante la
actual administración –hasta el 27 de diciembre de 2013– son: 3, 6, 7,
24, 25, 26, 27, 28, 37, 73, 78, 94, 105, 116 y 122, señala la
Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con José Enrique González
Ruiz, maestro en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de
Zacatecas, los tres artículos pilares de la Constitución son el 3, el
27 y el 123, los cuales, al haber sido modificados sustancialmente,
dejan a la Carta Magna en una situación de atraso comparable con las
constituciones del siglo XIX.
En efecto, después del artículo 73 –que
ha sufrido 69 modificaciones–, los artículos 123 y 27 han sido los más
reformados en la historia: 23 y 19 cambios, respectivamente.
“En el sistema neoliberal se ha perdido
el pacto social emanado en 1917. Las fuerzas políticas ya no buscan
acuerdos para encontrar caminos que lleven a un beneficio social, ahora
impera la ley del más fuerte. Las reformas hechas en el periodo
de [Felipe] Calderón fueron regresivas. Peña Nieto va en el mismo
camino”, considera González Ruiz.
“No se necesitan más reformas de ese
tipo, sino un nuevo pacto; es decir, un nuevo constituyente cuyo
objetivo sea trazar un futuro que comprenda e incluya a todos, a
diferencia de lo que hoy se hace en el neoliberalismo.”
—¿Cómo puede lograrse ese nuevo constituyente con los mismos legisladores que han aprobado las recientes reformas?
—Tendría que ser mediante un acuerdo
social, en el cual se incluya a todos los sectores sin que el papel
primordial lo tengan los empresarios, cuyos intereses han dejado como
consecuencia una oligarquía insaciable.
—En 2006, en el marco de la Otra
Campaña, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional propuso la
construcción de una nueva constitución, que surgiría de las demandas de
los mexicanos más desfavorecidos. ¿Es viable la propuesta zapatista?
—En este momento la correlación de
fuerzas no es favorable para el pueblo de México. Éste ha sufrido
grandes derrotas. Sin embargo, la conformación de un nuevo
constituyente necesita la reconstitución de la fuerza popular; no es un
acto voluntarista, sino generar las condiciones para revertir las
modificaciones a las leyes que no son benéficas para la población.
“Se necesita denunciar las acciones
regresivas y, a la par, organizar a los sectores populares para que
recuperen el protagonismo que tenían hace años”, explica.
A diferencia de México, en Estados
Unidos su constitución ha sido modificada 17 veces (sin tomar en cuenta
las 10 enmiendas propuestas como un mismo grupo el 25 de septiembre
1789) desde su creación en 1787.
En Latinoamérica, la mexicana es la Constitución más reformada de los últimos 100 años. Así lo afirma el estudio Reformas constitucionales en América Latina en perspectiva comparada: la influencia de factores institucionales,
publicado en marzo de 2011 por el Instituto Alemán de Estudios Globales
y Regionales (GIGA, por su sigla en inglés) con sede en Hamburgo.
De acuerdo con el estudio, entre 1900 y
2009, México registró un promedio de 3.6 reformas constitucionales por
año; le siguen Brasil, con 3.2, y Chile, con 1.25. Países como Uruguay
y Argentina apenas alcanzan 0.15 y 0.05, respectivamente.
“En total, en el periodo de 1990-2009
se han promulgado un promedio de 0.76 reformas constitucionales por año
o dos reformas constitucionales cada 3 años. Brasil y México son, de
lejos, los países con el más alto número y la más alta frecuencia de
reformas constitucionales en América Latina”, explica el GIGA. Cabe
señalar que la actual Constitución mexicana fue promulgada en 1917.
El doctor Miguel Covián Andrade,
experto en control de la constitucionalidad, advierte que no es
conveniente evaluar un texto constitucional por la cantidad de veces
que ha sido cambiado, sino por el contenido de las modificaciones.
“En comparación con Estados Unidos,
ellos tienen mucho menos cambios porque su Constitución se basa en el
sistema consuetudinario: la normas jurídicas, en su totalidad, no están
ampliamente escritas. Tenemos enormes diferencias con sistemas de
derecho escrito, similares al nuestro, pero son de carácter
cuantitativo. No importa el número de cambios en los artículos, sino el
carácter de éstos”, explica Covián Andrade.
“La razón por la cual ha habido tantos
cambios en nuestra Constitución no es porque queramos tener una
diferente, sino porque tenemos una cantidad considerada de normas
jurídicas que no deberían de estar ahí debido a que corresponden a
leyes secundarias.”
Argumenta que el ejemplo más claro es
la materia electoral en el Artículo 40, en el cual se regulan
cuestiones que, a su juicio, no deberían aparecer ahí. Interrogantes
como ¿cuánto tiempo van a durar las campañas electorales?, ¿cuánto las
precampañas?, ¿cuánto tiempo se les destinará en la radio y la
televisión? implican una sobrecarga normativa en el texto
constitucional. Por ello, cuando se requiere hacer un cambio mínimo, es
necesario reformar la Constitución.
En su libro El compromiso democrático del Estado constitucional,
Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México, expone que desde sus
orígenes y hasta el fin de la Guerra Fría el constitucionalismo siguió
una razonable línea evolutiva, pero con la llegada del neoliberalismo,
y sus efectos en la vida general del Estado contemporáneo, hubo una
fractura en el proceso.
En ese sentido, las funciones que debe
desempeñar el constitucionalismo en un sistema democrático son:
“legitimar las instituciones, asegurar el control jurídico de los
procesos políticos, procurar la estabilidad social, regular las
funciones económicas y garantizar la positividad del ordenamiento
jurídico”.
Reformas al Artículo 27
“El sector público tendrá a su cargo,
de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el
gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y
empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan.
Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico
nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de
energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo
y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades en
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del Artículo
27 de esta Constitución”, señala el decreto por el cual se modificó la
Carta Magna en materia energética el 20 de diciembre de 2013.
También asienta que bajo criterios de
equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará
a las empresas de los sectores sociales y privadas de la economía,
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso,
en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su
conservación y el medio ambiente.
Asimismo, “la ley alentará y protegerá
la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya
al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e
implementando [sic] una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales,
en los términos que establece esta Constitución”.
Para José Enrique González Ruiz, la
aprobación de dicha reforma significa un momento de auge de las fuerzas
conservadoras del país que pretenden adueñarse de la riqueza nacional.
“Sin embargo, eso no es eterno: la
realidad es dialéctica, y se deben construir los mecanismos para
balancear la correlación de fuerzas entre el pueblo y el Estado, e
imponer modificaciones constitucionales acorde a los intereses de la
mayoría.”
—¿Se ha perdido el carácter revolucionario del cual emana la Constitución con la modificación del Artículo 27?
—Claro. Con la Expropiación Petrolera,
la población entró en un proceso de crecimiento. La privatización
petrolera, consumada con las recientes modificaciones, pone en alerta a
los sectores populares y las movilizaciones son la consecuencia de la
misma.
“Nuestra tarea es educar y concientizar
para hacer frente a estos nuevos retos. Debemos reconstruir el tejido
social tan trastocado, cuya expresión se manifiesta en sucesos como el
levantamiento de las autodefensas en Michoacán.”
Por el contrario, Miguel Covián explica
que la reforma energética regresa a los aspectos jurídicos esenciales
que se tenían en la época del entonces presidente Lázaro Cárdenas.
“Regresamos a la década de 1940 con las
primeras reformas producto de la Expropiación Petrolera, en las cuales
se prohíben las concesiones a particulares, pero se admiten los
contratos”, dice.
Menciona que desde la década de 1970
hasta la fecha sí hay contratos en Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual
no viola la Constitución. “Ninguna empresa es capaz de hacer todo lo
que necesita para llevar a cabo sus fines sin la necesidad de otra”.
Covián Andrade explica que en la
reforma se trata de que el Estado mexicano, a través de Pemex, pueda
tener contratos que, obviamente, deberán hacerse conforme a las normas
constitucionales para que particulares puedan realizar las tareas que
la paraestatal, por cuestiones económicas, no puede realizar.
“Con los contratos, los particulares
pueden extraer petróleo, pero con la supervisión legal, económica,
política, financiera y administrativa del Estado. No significa una
privatización”, argumenta el académico.
La reforma educativa
Otro de los Artículos pilares de la Carta Magna que fue reformado el año pasado fue el tercero.
“[…] El ingreso al servicio docente y
la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la
educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a
cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan”, señala la modificación a
la fracción III de dicho Artículo, del 26 de febrero de 2013.
Explica que la ley reglamentaria fijará
los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria
para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el
servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales
de los trabajadores de la educación.
No obstante, sentencia: “Serán nulos
todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la
ley”. Además, anuncia la creación del Sistema Nacional de Evaluación
Educativa, el cual será coordinado por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación.
Las reformas al Artículo 3, así como al
27, provocaron casi a diario movilizaciones en el Distrito Federal, sin
que los opositores hayan conseguido echarlas abajo.
Y es que esas dos modificaciones a Artículos clave para México no se habían conseguido en décadas.
“Ambas reformas son similares. En el
proceso educativo pueden intervenir los particulares para que se cubra
la demanda educativa que existe en el país, conforme a la supervisión,
rectoría y aval del Estado, ahora por medio del Instituto para la
Evaluación de la Educación”, menciona Covián Andrade.
—¿Cómo podrían volver a discutirse dichas reformas y, si amplios sectores lo buscan, no permitir que se apliquen?
—De acuerdo con el Artículo 35,
fracción VIII, se puede hacer una consulta popular, lo que en otros
países se llama referéndum. El primer requisito para llevarla a cabo es
contar con el 2 por ciento del total de electores avalados por las
autoridades electorales.
“Posteriormente, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación debe revisar si la materia de la consulta es
permitida por la Constitución. Después, el Congreso puede hacer la
convocatoria para que la consulta la realicen las instituciones
electorales. Finalmente, para que el resultado sea válido, debe
participar el 40 por ciento de los electores.”
El constitucionalista señala que se
deben cambiar buena parte de las estructuras de gobierno para alcanzar
los objetivos de la democracia social. “Tenemos que trabajar en la
parte estructural: cómo ejercer el poder, cómo se toman las decisiones
de gobierno, y mantener la parte ideológica de nuestra Constitución,
que es donde se asienta nuestro modelo de Estado: un Estado social de
derecho”.
Finalmente, González Ruiz expone que la
Constitución es el marco jurídico que recoge el acuerdo social; si no
lo hace, no es un texto adecuado. “La Constitución funciona cuando vela
por los intereses de todos los sectores, no de una oligarquía agrupada
en el llamado Pacto por México, que en realidad es un pacto contra
México”.
