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12/23/2018

Insiste Frayba en que CIDH se pronuncie sobre Acteal

Se cumplen 21 años de la masacre


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▲ Peregrinación en 2017 para recordar la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

San Cristóbal De Las Casas, Chis., Al cumplirse 21 años de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal, la organización Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de Las Casas (Frayba) anunciaron que reforzarán las acciones internacionales para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre el fondo del caso.
Pedro Faro Navarro, director del Frayba, dijo: Desde hace tiempo la situación está cerrada en el ámbito nacional, ya que el Estado mexicano no sólo se negó a una acción de justicia, sino que le ha sumado impunidad con la liberación de casi la totalidad de los autores materiales.
En entrevista, dijo que el caso sigue estando en la CIDH, que debió dar una resolución de fondo desde hace años, pero por cuestiones que no entendemos hay también un retraso absurdo, pues ni siquiera el fondo del asunto ha dictado, aun cuando se han aportado todas las evidencias.
Recordó que en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 22 diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas en la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, por paramilitares priístas.
Señaló que debido a que el Estado mexicano no hizo justicia, los familiares de las víctimas acudieron ante la CIDH, pero desde hace varios años están a la espera de que emita un fallo sobre el fondo del caso para, a partir de ahí, generar otras acciones internacionales como acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nombrando claramente a los implicados, entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo, aunque al que se juzga es al Estado mexicano.
Subrayó: “Lo que vemos es que a 21 años hay un cansancio en el proceso de la lucha de la organización Sociedad Civil Las Abejas; este año se dedicaron a reforzar el proceso organizativo de sus órganos de autoridad –que hasta ahora ha sido la mesa directiva–, aunque ha salido otro grupo que ha pretendido usurpar su lucha utilizando el nombre y el logotipo, pero ellos han dado evidencia contundente de su camino de resistencia y esperanza por la construcción de la justicia y se han dedicado a trabajar en el Congreso Nacional Indígena y en el Concejo Indígena de Gobierno (CIG)”.
Agregó: Han impulsado la memoria viva desde abajo y su lucha desde adentro. Tienen en el CIG a su concejala, Guadalupe Vázquez, sobreviviente de la masacre, quien ha tenido un papel bastante público, de claridad política y de convicción en cuanto a su proceso de exigencia de justicia.
Faro Navarro señaló: Todo este año ha sido para colocar bien su postura política ante el gobierno anterior y ante el nuevo. Los sobrevivientes y sus familiares no le están pidiendo nada al Estado, sino que el que está pidiendo es el grupo usurpador que ha solicitado que atienda el asunto de la masacre.
Por ello, remarcó el director del Frayba, vamos a reforzar nuestra acción internacional junto con la mesa directiva de Las Abejas para que la CIDH emita cuanto antes el fondo del caso, pues ya pasaron 21 años de la masacre.
–¿Existe alguna esperanza de que con el nuevo gobierno federal se haga justicia? –se le preguntó.
–No vemos ningún interés. El presidente López Obrador se comprometió y ha estado pendiente del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero ni siquiera de los más de 37 mil desaparecidos. No ha habido claridad como en el asunto de los 43. Se habla de comisiones de la verdad sin tener claro hacia dónde se transitaría para combatir la gran impunidad existente. El nuevo gobierno opera desde arriba y no consulta a las víctimas.

Foto Moysés Zúñiga Santiago, Elio Henríquez
CorresponsalPeriódico La Jornada

12/16/2018

Matanza de Acteal no fue por conflicto interreligioso

Zedillo, culpable: investigadora


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▲ La politóloga Mónica Uribe es autora del libro 
El dolor de Acteal. Una revisión histórica 1997-2014.
Ernesto Zedillo es el gran culpable por omisión y comisión de la matanza de Acteal, dice de manera categórica la politóloga e investigadora de asuntos religiosos Mónica Uribe, a punto de cumplirse 21 años de este crimen de lesa humanidad que aún permanece en la impunidad.
Autora del libro El dolor de Acteal. Una revisión histórica 1997-2014, Uribe va más allá y afirma: El crimen de Acteal no fue un pleito interreligioso. Fue un pleito con muchas variables, pero la religión no entra.
En entrevista, recuerda que la fecha del 22 de diciembre de 1997 quedó grabada en su vida por la crueldad y el horror de haber visto a las víctimas: siete varones, 21 mujeres y 15 niños. Y la saña con la que los perpetradores actuaron: a las embarazadas les abrieron el vientre a machetazos.
Uribe desarrolla su investigación en tres vertientes. La primera: los documentos de Santa Fe 1 y 2 de la década de los 80, sobre la influencia de Estados Unidos en América Latina y las estrategias de contención del avance de la izquierda y el socialismo. La segunda: terror a la teología de la liberación, uno de los temas centrales, en su versión mexicana, exactamente en San Cristóbal de las Casas, con la llamada teología indígena. Y la tercera: centrada en la posición de la jerarquía católica mexicana.
La forma en la que se comportó el Episcopado es verdaderamente escalofriante. Hay una variable religiosa poco explorada que tiene que ver con los pleitos internos del clero, después de los cambios constitucionales en materia eclesiástica de 1991-1992. Hay una reformulación. Pero la constante es la presencia del nuncio Girolamo Prigione y todo el Club de Roma en el pontificado de Juan Pablo II y su odio al obispo Samuel Ruiz y a todo lo que le sonaba a progresismo y teología de la liberación, explica.

El mayor responsable
Uribe indaga en la vida y trayectoria política del que considera el mayor responsable de la matanza: el ex presidente Zedillo, de quien, dice, se tiene una idea equivocada al considerarlo el constructor de la democracia moderna de México.
“Zedillo no se ha ido, aquí sigue por interpósita persona. Su corte en términos de élite política sigue vigente hasta la fecha, como Liébano Sáenz, quien era no sólo espejo del príncipe, sino el consejero áureo, que siempre estuvo detrás de las decisiones políticas de Zedillo, porque éste no es un genio político”.
Explica que una de las cosas que demuestra que el crimen de lesa humanidad de Acteal no fue un conflicto interreligioso es la política zedillista: “Fue un conflicto muy provocado desde las esferas gubernamentales para tener el pretexto de entrar militarmente a Chiapas y acabar con la insurgencia. Los grandes bancos e instituciones internacionales estaban pidiendo resolver el problema de Chiapas, y Zedillo lo ‘resolvió’ a cualquier precio”.
Resalta que una de sus fuentes documentales, como los papeles de Santa Fe, nadie los había tocado, a pesar de que son muy importantes: Son cuatro documentos, uno de 1980, 1988, 1996 y 2003. Son generados por la Fundación Heritage, la Grand Corporation y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Se juntaron todas las fuerzas de la ultraderecha estadunidense en 1980 para decirle a Ronald Reagan por dónde tenía que ir la política internacional con un capítulo sobre el continente y cómo mantener la hegemonía en toda América Latina.
Añade: Las Abejas son un grupo que surge del progresismo católico y para la lógica de Zedillo tenían que ser eliminados, porque el ex presidente hizo una alianza con la teología de la prosperidad, con el Club de Roma y los grupos neoevangélicos de Liébano Sáenz y tienen una agenda.
–¿Cuál es la agenda de Sáenz?
–De ser neoevangelizadores y acabar con el catolicismo como ideolatría. Como ellos ya son católicos renacidos tienen que expandir su fe. Fue parte de la agenda personal de Liébano Sáenz, sobre todo por su alianza con Hugo Eric Flores, dirigente de Encuentro Social. Samuel Ruiz encarnaba todo lo que detestaban Liébano y Zedillo.
–¿Quién es el responsable del crimen de lesa humanidad de Acteal?
–Ernesto Zedillo por comisión y por omisión.

Impunidad endémica
En su libro El dolor de Acteal, Uribe investiga las razones de la impunidad sobre este crimen de Estado, a pesar de la denuncia civil contra Zedillo en Estados Unidos, interpuesta por el clon de la organización civil de Las Abejas.
“Las Abejas se dividen. La organización de las Abejas de Acteal no el clon, se quedan horrorizados y dijeron ‘no vamos a cambiar nuestros muertos por dinero’, con toda la dignidad del mundo, pero no entran a la cuestión judicial. Hay un grupo de deudos que no son Las Abejas originales, son la organización clon y demandan a Zedillo en EU. Pero cometen dos errores: haberlo hecho de tipo civil y, dos, haber pedido reparación del daño en metálico”.
De acuerdo con su investigación, Zedillo recibió el apoyo del ex presidente Felipe Calderón: Nadie ha reparado en esto. Ambos son amigos.
Otro de los temas fundamentales, dice, es la tenencia de la tierra en Los Altos de Chiapas porque ahí la reforma agraria no llegó: No todos los indígenas son pobres, son muy ricos en tierras, tanto así que uno de los puntos centrales de la emergencia es una herencia.
–¿Quiénes más son los responsables de la matanza?
–Está el famoso documento de Plan Chiapas 1994 que sucede que es de 1995. Mis conclusiones surgen a partir de la segunda investigación. La primera que se hace a finales de 1997 con el libro blanco, con Jorge Madrazo, está mal hecha, porque pone el acento en el pleito interreligioso, cuando el crimen de Acteal no es un pleito interreligioso.
–¿Qué es?
–Es un pleito con muchas variables, pero la religión en sí misma no entra, lo único que pude registrar como un conflicto religioso fue la amenaza que hace el alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, que era profesor y presbiteriano, al padre Miguel Soto o al sacerdote francés a quien le dice: lo voy a matar y vamos a quemar su cuerpo para que ni los gusanos sean contaminados por usted. El conflicto es de los priístas contra el EZLN y contra los demás.
Uribe dice que hay dos niveles en su investigación: el documento contrainsurgente y el balance de la situación, resultado de la investigación que hace el gobierno de Juan Sabines después de 2009 y que proporciona unas pistas acerca de quién, cómo, por qué y para qué.
Lo que trata de hacer Jorge Madrazo en 1998 es decir que es un pleito intercomunitario por cuestiones religiosas, pero no habla de la militarización ni de la paramilitarización, ni de los conflictos entre partidos políticos, ni de los conflictos de estamentos de Chenalhó. Eso no lo toca. En cambio, encarcelan a una serie de personas con un juicio mal hecho sin el debido proceso. Esa es otra problemática.
Afirma que luego, para reivindicarse, Juan Sabines, casi 10 años después, abre el expediente de manera interna: Hay que recordar que en 1998 el tema se atrae a la esfera federal, pero Sabines lo deja en el Ministerio Público local, donde hay ciertas declaraciones que no se toman en cuenta, la más importante de Emilio Chuayffet que dice que él sabía y también Liébano, quien era quien tomaba las decisiones. Todos sabían que estaba pasando, porque tenían inteligencia militar y civil.
–¿Desde cuándo sabían lo que iba a pasar en Acteal?
–Lo sabían desde los primeros pleitos fuertes a principios de 1997 por la cantera que era comunitaria y los pleitos de la tenencia de la tierra. Luego hubo varios asesinatos, uno muy cerquita de la matanza de Acteal que asesinaron a un joven, hubo venganza y se hizo pasar el asunto como parte de los hechos, como si el crimen de Acteal hubiera sido una respuesta a este asesinato y no es así.
Finalmente, afirma que para afianzar la versión del Estado del supuesto pleito interreligioso se utilizó a intelectuales orgánicos, como Héctor Aguilar Camín, quien publicó en su revista tres grandes reportajes para defender la posición oficial: Desde el punto de vista académico intelectual se tomaron tres posiciones claras. Una, la de Aguilar Camín, que es completamente de lavarle la cara al gobierno de Zedillo, cuando el ex presidente estuvo por la zona de Acteal en octubre y el presidente municipal Jacinto Arias le dio una carta que permitiera hacer una excepción a la Constitución porque tenía que hacer acopio de armas ya que estaba el municipio de Polhó y había conflictos entre los partidos políticos. Aguilar Camín apuntala la hipótesis de conflicto interreligioso.

Foto Sanjuana Martínez
Especial Para La Jornada
Periódico La Jornada

9/27/2018

Iguala, nunca más

La Jornada 


Ayer se cumplieron cuatro años de la atrocidad perpetrada en Iguala en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa por una perversa alianza de policías y delincuentes organizados. Tres de los jóvenes fueron asesinados, 43 aún continúan desaparecidos y 17 resultaron heridos, además de otras seis personas que perdieron la vida por las balas indiscriminadas de los atacantes; el trágico episodio dista mucho de estar plenamente esclarecido y la investigación oficial exhibe múltiples fallas e inconsistencias. El caso marcó el prematuro declive político de la administración que está por concluir y es, sin lugar a dudas, uno de los principales asuntos pendientes que deja el sexenio. Adicionalmente, la desaparición de los 43 normalistas colocó a México en el centro de las miradas mundiales y deterioró gravemente la imagen internacional del país y de su gobierno.
De alguna manera los desaparecidos de Iguala se han vuelto emblemáticos de las decenas de miles de ausentes que han dejado la violencia y los enfrentamientos multiplicados en el contexto de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia impuesta hace 12 años y seguida hasta ahora con pocos cambios; de la connivencia de autoridades de distintos niveles con grupos de la criminalidad organizada, y de la inoperancia y falta de voluntad que afecta a las instituciones de procuración de justicia, las cuales han incurrido, del 26 de septiembre de 2014 a la fecha, en extravíos inadmisibles, omisiones inexplicables e irregularidades múltiples, como lo han documentado los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país para coadyuvar con las investigaciones, por el Equipo Argentino de Antropología Forense, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por diversas organizaciones humanitarias de México y del extranjero.
Mención aparte amerita el inagotable tesón de las madres, padres y familiares de los muchachos desaparecidos en el afán de llegar a la verdad de lo ocurrido en Iguala aquella noche de septiembre, conocer el paradero de los 43 y lograr una justicia efectiva.
Ayer, en el contexto del cuarto aniversario de la tragedia, padres y madres de los normalistas ausentes se reunieron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el que habrá de ser subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El gobierno que empezará el primero de diciembre se comprometió con ellos a establecer una Comisión de la Verdad –con o sin fallo judicial que la instaure–, abrir de nuevo las puertas de la nación al GIEI y a otras misiones internacionales y a desplegar el esfuerzo gubernamental para el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y procurar justicia. Al término de la reunión, los padres manifestaron su satisfacción por el encuentro y se dijeron esperanzados ante la perspectiva que les planteó el presidente electo.
Sin duda, el esclarecimiento puntual de la atrocidad de Iguala representa para la próxima administración un desafío de primer orden, y de su desempeño ante este caso dependerá, en buena medida, el que logre preservar e incluso incrementar su credibilidad y su respaldo social. Pero, más allá de esa consideración, la verdad, la justicia y la reparación del daño en el caso de Iguala constituyen imperativos morales y políticos para todo el país, porque son la única manera de garantizar que un episodio tan vergonzoso, doloroso e inadmisible no vuelva a ocurrir en México nunca más.

6/09/2017

10 de junio 46 años de impunidad



Jesús Martín del Campo
La Jornada 
Este 10 de junio se cumplen 46 años de la masacre perpetrada por los Halcones, grupo paramilitar patrocinado y cobijado por el gobierno de Luis Echeverría. Más de 100 estudiantes muertos, centenares de heridos, periodistas golpeados y un ambiente de terror se vivió la tarde de aquel jueves en San Cosme y los alrededores de la Normal.
Pasaron poco más de 30 años para que se iniciaran investigaciones sobre el caso. De acuerdo con las pruebas acumuladas para entonces y a la jerarquía de sus funciones, la principal responsabilidad de la planeación y orden de ejecución del Halconazo recae en Luis Echeverría Álvarez, presidente de México en 1971.
La Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) fue la instancia encargada de la investigación y de impulsar los juicios de responsabilidad de los ex funcionarios implicados en los crímenes del 2 de octubre y del 10 de junio. Pero cuando todo apuntaba a que vendría la condena de los, a todas luces, responsables de tan atroces delitos, una magistrada exoneró a Luis Echeverría.
En efecto, la magistrada Herlinda Velasco, en un documento de sentencia sobre el Halconazo, que tiene cerca de 800 páginas, reconoce primero la existencia de los Halcones; que eran entrenados por personal del Ejército mexicano; que se les distribuyeron armas como ametralladoras y rifles con las que asumieron en la marcha posiciones de disparo; que fueron trasladados al lugar de los hechos en camiones grises esperando órdenes para proceder al ataque contra los estudiantes; a quienes siguieron tanto en los hospitales como en los lugares donde se escondían para seguir atacándolos; también dice que intervinieron grupos de granaderos y policías que bloquearon la marcha y que ayudaron y dieron apoyo logístico al grupo de los Halcones para la realización de su cometido, resultando de todo ello una emboscada; que el grupo de los Halcones dependía del Estado, siendo su jefe común el militar Manuel Díaz Escobar Figueroa, subdirector de Servicios Generales del Distrito Federal; que el gobierno utilizó a dicho grupo para que interviniera en la manifestación estudiantil del 10 de junio y que agredieron a las personas que pretendían manifestarse pacíficamente en el lugar de los hechos, privando de la vida a algunas personas.
Todo lo anterior son elementos que hablan de un crimen de Estado, pero la magistrada dio un giro antijurídico, frívolo y aberrante al exonerar a Luis Echeverría. Al cerrarse las puertas de la justicia en México, al aliarse el aparato gubernamental actual y los jueces de consigna con los autores de las masacres, hay negación de justicia. Por ello recurrimos a las instancias internacionales. Los del Comité 68 promovimos una queja por denegación de justicia por el caso del 10 de junio de 1971 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que ha pedido al gobierno mexicano que le remita los expedientes del caso. Daremos los pasos necesarios para que así suceda. El caso no está cerrado. En otros países, como Argentina, Chile y Guatemala, se ha logrado reabrir los procesos de crímenes semejantes con el consecuente enjuiciamiento y castigo de quienes los cometieron.
No cejar en el empeño de acabar con la impunidad de quienes cometen crímenes de Estado es muy importante. Lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa nos estremeció y nos vuelve a mostrar de lo que es capaz un gobierno autoritario. La obstrucción de la investigación y el cinismo para hacerlo son la repetición de lo hecho con el 68, el 71 y la guerra sucia.
Mientras que en la sociedad mexicana se avanza en la idea de ampliar los derechos humanos y de convertirlos en la base de todos los demás derechos, los funcionarios del gobierno mexicano pregonan que los defienden y se obstinan en violarlos. Así ha sucedido con los maestros, los estudiantes de las normales rurales y tantos otros. La criminalización de la protesta lleva al encarcelamiento de muchos que participan en manifestaciones pacíficas y con demandas legítimas. Exigir la liberación de los presos por luchar es una consigna vigente.
Ahora nos encontramos ante un peligro mayor, el gobierno y sus aliados en el Congreso quieren que se aprueben leyes de seguridad interior que nos llevarían a un retroceso y convertirían al Ejército en el instrumento principal para controlar y reprimir a la población. Como recordamos muchos, el Ejército fue utilizado para reprimir al estudiantado en 1968 y 1971, teniendo como resultado las masacres del 2 de octubre en Tlatelolco y del 10 de junio en San Cosme. No debemos permitir que se consume ese atentado. Ojalá que haya el número suficiente de legisladores dispuestos a frenarlo.
La obstrucción del gobierno mexicano para reabrir la investigación sobre el 10 de junio de 1971 convierte a Luis Echeverría en la personificación emblemática de la impunidad cínica y sistémica del Estado mexicano. Tenemos que acabar con ello y pugnar porque México sea parte de la jurisdicción universal de la justicia.
En la manifestación de este 46 aniversario del Halconazo la consigna seguirá siendo: Por la memoria, por la verdad y la justicia, ¡Diez de junio, no se olvida!

1/11/2016

Queremos sacar al PVEM de Chiapas, ha sido peor que el PRI, ambos han cometido masacres: indígenas


    
(11 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Después que elementos policiacos del Mando Único, detuvieran en forma violenta a líderes del municipio de Oxchuc, a quienes las autoridades municipales culparon de ser ‘desestabilizadores’, los distintos pueblos aledaños se unieron para hacer presión por medio de un bloqueo carretero exigiendo la liberación de sus compañeros, quienes representan a la región que en su totalidad se encuentra inconforme por el ‘dudoso’ triunfo de la alcaldesa del PVEM, María Gloria Sánchez Gómez.
Los afectados explican que la comisión que fue detenida, acudió al llamado que habría hecho el subsecretario de gobierno y el delegado de operaciones regionales para dialogar, sin embargo, fueron detenidos en las oficinas donde fueron citados, en la ciudad de san Cristóbal.
“Poco a poco nos hemos organizado para alzar la voz, no solamente estamos en contra de los desmanes de Velasco Coello, queremos sacar al PVEM de Chiapas, ha sido peor que el PRI, y eso es ya decir mucho, ambos han cometido masacres, pero el Verde las ha hecho más violentas, ha habido mayor número de presos políticos y sus grupos paramilitares han sido usados para matarnos.
Es por ello que seguirán habiendo enfrentamientos, posiblemente se regará más sangre, pero lo que nosotros buscamos es un gobierno justo, que respete y no robe nuestro dinero, nuestras tierras, que se preocupe por su gente y eso definitivamente no nos lo dará nadie del PVEM quienes solamente buscan enriquecerse a base de sangre y dolor de cada ciudadano”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, Adalí Hernández, parte del población indignada.
Quien a su vez asegura que los disturbios que se han perpetrado en los últimos días ha sido por la violencia ejercida por el mando único quienes han buscado acallar las manifestaciones con golpes, sin embargo con la unión que han mantenido como pueblo, este sábado pudieron replegar a los policías y que el municipio se estabilizara.
La población de Oxchuc quien mantiene la inconformidad de tener a una alcaldesa que durante 10 años se ha intercambiado el cargo con su esposo, ha provocado manifestaciones que finalmente derivaron en violencia policial, lo cual ha tenido como saldo heridos, casas destrozadas, pero también incendiadas, al igual que vehículos.
Esto último ha provocado que la empresa de transportes Aexa por medio de un comunicado lanzara un reclamo al gobernador de Chiapas, donde se considera que no ha sabido controlar la violencia, causado este tipo de situaciones, en las que la empresa se ha visto afectada, ya que tan sólo en un mes perdió dos autobuses, que fueron calcinados.
“Derivado de los lamentables acontecimientos suscitados, en el cual se vieron involucrados ciudadanos inconformes de la comunidad de Oxchuc, así como el gobierno del estado y federal expresamos nuestro repudio ante los actos de violencia y falta de garantías para transitar libremente en nuestro estado, afectando gravemente los intereses de la población y de nuestra empresa con la destrucción quema del segundo autobús en un lapso de un mes.
El mal manejo que las autoridades le han dado a esta situación ha llevado a que esté completamente fuera de control, nuestra empresa ha padecido significantes perdidas económicas, convirtiéndonos en víctima de un conflicto en el que no tenemos injerencia alguna”.
La empresa solicita la pronta solución de la problemática de la población y el cese a la violencia. Sin embargo la población cree que mientras exista su movimiento social en repudio a la alcaldesa, al gobernador y al PVEM, la represión seguirá acrecentándose, ya que aseguran “es la manera en la que el gobierno trabaja, la emancipación la quieren callar con muerte o cárcel, esa es la ley de Velasco”, asegura Adalí
“En Chiapas el conflicto de Oxchuc es una muestra que el estado se seguirá levantando, no vamos a detenernos, en 1994 el EZLN lo hizo, pero ahora somos más, ahora no solamente queremos liberarnos del PRI, sino principalmente del PVEM que como plaga se hizo dueño de todo un estado, al que lo ha sumido más en la pobreza, no claudicaremos ante la violenta represión del gobernador racista”, afirma la fuente.
Miles de ciudadanos lucharon para permitir el repliegue del mando únic con un saldo de:
15 casas incendiadas de las cuales 3 son propiedad de la alcaldesa municipal María Gloria Sánchez.
Vehículos dinas de la P.E.P. Incendiados.
2 pickup de la Policía acreditable incendiadas.
1 autobús de OCC incendiado.
1 Autobús de AEXA incendiado.
40 policías lesionados
Un centenar de población civil afectada físicamente

12/23/2014

Historias de falsedades, las explicaciones del gobierno sobre masacres: Meyer (video)


A lo largo de los años, las administraciones priistas han falseado información en sus declaraciones oficiales sobre asesinatos y matanzas, y con el tiempo se conoce la verdad.

Historias de falsedades, las explicaciones del gobierno sobre masacres: Meyer
(Fotos: Archivo / Aristegui Noticias)

El historiador y analista político, Lorenzo Meyer, afirmó que las versiones oficiales que el gobierno federal da sobre masacres y acontecimientos de la vida política,  generalmente quedan rebasadas.
Se refirió de ese modo al reportaje de la revista Proceso, que implica a militares y policías federales en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, además de la policía municipal de Iguala.
“En la mayoría de los casos, la posición del gobierno resultó falsa, hay una historia de falsedad, es que detrás de estas explicaciones hay una historia real”, afirmó para la Mesa Política de Noticias MVS.
Puso como ejemplos el de 1968, cuando se dijo que eran los comunistas los que iban a tomar los gobiernos. Años después, en 1971 (el halconazo) Echeverría ante (Jacobo) Zabludovsky se muestra sorprendido y dice que lo resolverá, era la guerra sucia donde no había explicaciones, donde no había adversarios, sólo se desaparecía.
“El gobierno mexicano siempre tuvo una doble cara, decía que era democrático y respetaba las instituciones y por el otro ordenaba estas acciones irregulares, eso ya se canceló , la historias se terminó, ahora es un tiempo nuevo”, señaló.
2014: dudas históricas
En el caso de Ayotzinapa, para el historiador no suena lógico que la matanza haya sido por interferir en el informe de la esposa del alcalde o por una toma de camiones para ir a protestar por el 2 de octubre.
Señala que “debe  haber una explicación más creíble y más lógica” y quizá de esa explicación depende que la idea de que el Ejército y la Policía Federal estén implicadas se vuelva más o menos lógica.
“Estamos condicionados a dudar de las explicaciones que en coyunturas como estas da el gobierno, el caso no está cerrado para nada”, dijo.
Añade que se debe recordar que el Batallón 27 de Infantería tiene una  “historia de enfrentamiento con la población de la zona desde los años 70s y una capacidad de desaparecer a los opositores (en esa parte de Guerrero)”.
Por ello, añade, la declaración del titular de PGR, Jesús Murillo Karam, se topa con una muralla de incredulidad.
No hay una explicación congruente por parte de PGR. Por un lado dicen que los calcinaron y por otro hay un grupo de científicos que dicen que eso no puede ser, han descalificado las afirmaciones de Murillo Karam.
El tema se sigue complicando, no está cerrado. La versión oficial no es creíble, afirmó. Una desaparición de esas dimensione debe tener explicaciones de iguales dimensiones, finalizó.
Ver video:


8/24/2014

Ordena Ifai a SRE difundir documento obre Acteal


Debe entregar versión pública del expediente presentado a la CIDH

Declaró improcedente reserva por 12 años

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2014, p. 18


El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregar la versión pública del documento que remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con la masacre de Acteal.

En sesión del pleno del 20 de agosto, analizó el caso de un particular que solicitó conocer la respuesta emitida por la dependencia, que reservó la información por 12 años, al argumentar que forma parte de un procedimiento seguido en forma de juicio ante la CIDH, sólo es de conocimiento de las partes involucradas y su difusión podría afectar las relaciones del Estado con dicho organismo internacional.

Sin embargo, tras una audiencia de acceso, la SRE precisó que el documento que da respuesta a la petición del particular es el escrito de fondo del Estado mexicano, caso 12,790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal), presentando ante la CIDH el 28 de febrero de 2014, el cual se divide en siete apartados reunidos en tres rubros: hechos y antecedentes, consideraciones y estrategias del Estado mexicano, y avances realizados en relación con el caso.

Consideró que en cuanto al primer y tercer rubros –con excepción de los datos personales de las víctimas y de los involucrados– la reserva de la información es improcedente y sólo se mantuvo en el apartado de consideraciones y estrategias del Estado mexicano, cuya reserva sólo se prolongará dos años y no 12, como proponía la dependencia federal.

El comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, destacó que la Convención Americana de Derechos Humanos establece como información clasificada el informe de fondo que elaborará la CIDH sobre el caso, más no los documentos y/o las actuaciones presentadas por las partes durante el procedimiento.

8/20/2014

Acapulco: la matanza de copreros

47 años de un crimen

El 20 de agosto de 1967 ocurrieron, en Acapulco, Guerrero, hechos sumamente graves: fueron asesinadas 38 personas, heridas más de 100 y detenidas 226. De esta manera, el gobernador del estado, Raymundo Abarca Alarcón; el líder de la Confederación Nacional Campesina, Amador Hernández, y el presidente de la Unión Regional de Productores de Copra [*] del Estado de Guerrero, Jesús Flores Guerrero, enfrentaban la lucha de los campesinos copreros por la democracia interna en la URPCEG y en contra de un impuesto de 13 centavos el kilo de copra, implantado por la administración abarquista. La matanza estuvo precedida por la detención de líderes cívicos; la eliminación física de José Morales en Zacacoyuca y de Jesús Avilés en Iguala; el asesinato masivo del 18 de mayo en Atoyac de Álvarez, que dio origen a la lucha armada de Lucio Cabañas; el homicidio de 18 campesinos de Tierra Caliente en el mes de julio, y el asesinato el 4 de agosto de Alfredo López Cisneros, alias el Rey Lopitos, famoso dirigente político y de colonos en Acapulco. Dichos acontecimientos aceleraron la radicalización de Genaro Vázquez Rojas, la Asociación Cívica Guerrerense y el Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero. El Sur se adentraba en la lucha violenta.

En la masacre intervinieron los más famosos pistoleros de la entidad: Constancio Hernández, El Zanatón; Gregorio Chávez, El Animal; Eduardo Radilla, El Niño, y los hermanos Gonzalo, Demetrio, Luis e Isabel Gallardo Solís, así como la Policía Judicial del Estado. Entre los primeros caídos ese fatídico 20 de agosto, estaban Alberto Béjar González y Félix Hernández, célebres gatilleros veracruzanos al servicio del diputado federal César del Ángel, asesor y organizador de la disidencia de la URPCEG que encabezaba Julio Berdeja Guzmán.

La masacre estuvo precedida por diversas actividades políticas y sociales. La CNC envió a las costas guerrerenses a Rubén Zuno Arce y Guillermo González Martínez para organizar las elecciones en la URPCEG, que se realizaron el 23 de abril de ese año para suceder al presidente de la Unión Regional, Rosendo Ríos Rodríguez. Se inscribieron tres candidaturas: Jesús Flores Guerrero, Julio Berdeja Guzmán y Lucio Ríos Gutiérrez (afamado acaparador de copra), "ganando" el primer candidato con 1,964 votos de un padrón de alrededor de 15 mil socios. El fraude quedó de manifiesto. La inconformidad se hizo presente de inmediato y una franja considerable de la militancia de la organización decidió separarse de la CNC.

Los disidentes recurrieron a la asesoría de César del Ángel, quien recorrió la zona coprera y visitó más de 100 ejidos, los cuales aceptaron celebrar un congreso de la URPCEG para destituir a Jesús Flores Guerrero, elegir una nueva dirección y suspender el impuesto de 13 centavos por kilogramo de copra, para regresar al anterior impuesto de tres centavos.

La agitación creció tanto en la Costa Grande como en la Costa Chica, por lo que el gobernador guerrerense buscó que Amador Hernández controlara y disciplinara a César del Ángel. Tales propósitos fracasaron. Los opositores a Flores Guerrero continuaron con sus medidas para realizar un congreso, y definieron como día de la asamblea el 20 de agosto en el domicilio social de la Unión Regional. Con el apoyo del gobernador, el liderato formal de la URPCEG decidió atrincherarse el mismo día en el local de la organización, hacer acopio de armas de alto poder y concentrar a conocidos asesinos profesionales de la entidad federativa. La provocación estaba plenamente configurada. Todo estaba premeditado.

La ocupación del edificio de la Unión Regional por las tropas federales, tras la masacre, permitió encontrar como arsenal: más de 70 rifles M1 y varios M2; seis escopetas de diversos calibres, 22 pistolas 380 y otras 30 calibre 38 súper, más algunas decenas de ametralladoras tipo Mendoza. De los ocupantes no hubo ningún muerto y ningún herido, todos los caídos y heridos pertenecían a la disidencia. Los jefes oficiales de la URPCEG, Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Severiano Ibarra Rivera y Amador Campos, detenidos en el terreno de los hechos, fueron liberados rápidamente. En cambio, se tuvo en prisión más tiempo a los disidentes.

Las acusaciones menudearon entre los líderes oficiales, el gobernador del estado y César del Ángel, pero no se castigó a los responsables de la masacre. El Consejo de Autodefensa del Pueblo de Guerrero, señaló con razón: "El 20 de agosto se escenificó la más descarada y sangrienta agresión a los campesinos productores de copra por parte de la Policía Judicial, grupos de bandoleros y guardias blancas al servicio del gobierno estatal y de los caciques acaparadores de copra. Fue el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón y los caciques acaparadores de copra los que premeditadamente prepararon el crimen... El Consejo de Autodefensa se suma al clamor popular y demanda la consignación judicial de Raymundo Abarca Alarcón, Jesús Parra y Marquina [Director de Seguridad del Estado], Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel, Rosendo Ríos, Raúl Fernández y Rigoberto Pano, como principales responsables de la masacre de campesinos".

La matanza de copreros impulsó algunos procesos en marcha: radicalización de Lucio Cabañas, quien desde la sierra creó un grupo de autodefensa y constituyó poco después el Partido de los Pobres y un movimiento guerrillero con amplia base popular; adopción de la lucha armada como medio de lucha por Genaro Vázquez Rojas y los cívicos, quienes formaron la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y crearon un grupo guerrillero; la descomposición política del cacicazgo guerrerense, y los inicios en el país de la guerra sucia. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz continuó la represión política en contra de los trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos, las organizaciones estudiantiles de izquierda, el Partido Comunista Mexicano y el movimiento campesino. La derechización fue una realidad.

Nota:
[*] Copra: pulpa seca del coco.

10/03/2012

Dos de octubre: agravio vigente


A 44 años de la masacre ocurrida en la plaza de las Tres Culturas, nuevas generaciones se han sumado a la conmemoración de ese crimen de lesa humanidad perpetrado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y mantenido en la impunidad, hasta la fecha, por todos sus sucesores en el cargo, independientemente de su filiación política.
 
Si la herida de Tlatelolco sigue abierta no se debe a un fetichismo social ni a una tendencia al martirologio, sino a que, a pesar de las enormes transformaciones experimentadas por la sociedad, la configuración del poder público en nuestro país ha cambiado tan poco desde entonces que no ha habido voluntad de esclarecimiento, de justicia ni de enmienda.

En las más de cuatro décadas transcurridas desde la represión criminal contra el movimiento estudiantil de 1968, se han repetido los atropellos del poder público contra la ciudadanía sin que los responsables hayan sido castigados. Como meros ejemplos, cabe recordar la guerra sucia emprendida por las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo contra integrantes de organizaciones político-militares, pero también contra disidentes políticos y luchadores sindicales, agrarios y sociales; los fraudes perpetrados en el gobierno de Miguel de la Madrid contra las oposiciones de izquierda y de derecha; los centenares de homicidios de perredistas durante el salinato; las matanzas rurales (Aguas Blancas, Acteal, El Charco y otras) cometidas o instigadas por diversos niveles de gobierno en tiempos de Ernesto Zedillo; los episodios de barbarie represiva registrados en el sexenio de Vicente Fox (Lázaro Cárdenas, en Michoacán; San Salvador Atenco, en el estado de México; Oaxaca), y el enorme cúmulo de violaciones a los derechos humanos en la administración calderonista con el cobijo de su guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico.

En forma paralela, la mayoría de la población ha sido sometida desde el poder a formas de violencia menos visibles, pero no menos devastadoras: la concentración de la riqueza nacional en unas cuantas manos, auspiciada por las directivas económicas gubernamentales desde 1988; la permanente hostilidad del régimen contra sindicatos y organizaciones populares; el abandono presupuestal de los sistemas públicos de salud y educación; la distorsión de los principios democráticos y de la voluntad popular en los procesos electorales; la corrupción sempiterna y creciente, así como el recorte sistemático de derechos y conquistas, cuya más reciente expresión es la reforma laboral que está siendo gestionada por el Poder Legislativo a petición del gobierno saliente y con la satisfacción manifiesta del entrante.

Los hechos referidos explican el dato singular de que la conmemoración del 2 de octubre no sea un asunto generacional ni una página cerrada de la historia, y que a ella se hayan sumado –como pudo apreciarse ayer en las manifestaciones– nuevas generaciones que encuentran en esa fecha el símbolo que sintetiza la permanencia a lo largo de los sexenios de un poder público arrogante e insensible, para el cual la vida de los ciudadanos no vale nada.

6/12/2012

Estampas de un 10 de junio


 
 
Pedro Miguel
En algunos pasajes, los colores del documental son inesperadamente nítidos. O será que Youtube contagió la frescura a los viejos carretes (¿16? ¿súper 8?) en los que se registró la infamia del halconazo. De no ser por los vehículos que se observan en el fondo de las escenas y por la ropa, los uniformes y el equipo de los granaderos, los muchachos que marchan con temor y esperanza en la mirada, y las brutales agresiones de que fueron víctimas momentos más tarde, habrían podido ser videograbados ayer. Hubo cerca de 120 muertos, dicen, pero en aquel México de Echeverría, como en este México de Calderón, no había forma precisa de contar a los muertos. Los esbirros del régimen priísta irrumpieron en hospitales y remataron allí a varios estudiantes heridos.
Pero no. La sordidez del ataque de hace 41 años contra los estudiantes contrasta sobremanera con lo que ocurre hoy. Los estudiantes contemporáneos –flanqueados, alentados y admirados por los estudiantes de aquel entonces, por los de generaciones intermedias y por quienes nunca pudieron serlo– marchan en sus ciudades y por sus calles, y exigen la democracia efectiva que el grupo en el poder ha escamoteado al país. Este domingo la demanda se multiplicó en decenas de ciudades y en los ojos había esperanza, pero ya no rastros de temor. Salvo por escaramuzas aisladas y provocaciones de poca monta que protagonizan sus simpatizantes y que ordenan sus operadores, acaso ignorantes del daño que causan a su jefe, el heredero del tricolor no consigue intimidar, o bien el miedo le resulta contraproducente: ante la posibilidad de una restauración priísta, muchos ciudadanos han respondido al llamado de los jóvenes y se han volcado a las calles para demandar que se desactive uno de los mecanismos fundamentales de la hasta ahora perpetuidad antidemocrática: la suplantación de la voluntad popular ya no por el índice presidencial, sino por el pulgar televisivo.
El movimiento #YoSoy132 nació la noche del 10 de mayo, en el Zócalo, durante el concierto de Paul McCartney, cuando unos priístas incautos agitaron un trapo con propaganda de Peña Nieto frente al toro bravo de la multitud; la mañana siguiente el candidato del régimen fue repudiado en la Ibero; dos días más tarde, ante las amenazas y las descalificaciones priístas, el movimiento se bautizó a sí mismo y ayer lunes llegó a su primer mes de vida. En ese lapso ha logrado muchísimo: arrinconó a una candidatura que a ojos de muchos parecía invencible, obligó al duopolio televisivo a abrir espacios –así fuera en una medida de control de daños– y a transmitir el encuentro entre candidatos presidenciales en los canales de mayor cobertura. Además, se dotó de demandas claras, realizó asambleas bien aceitadas, se ha mantenido inmune a los intentos de manipulación y ha conseguido hacerse de una marcada simpatía en el grueso de la población.
Por la noche, el llamado debate acaparó la atención social. Mucha de ella se ubicó en el Zócalo capitalino y en otros espacios públicos para seguir la presentación televisiva de los candidatos. Pocas sorpresas hubo en la pantalla: cero debate en materia de propuestas, ataques personales al resto a cargo de Josefina Vázquez Mota –ella misma confirmó de esa manera su consolidación en el tercer sitio– y un Felipe Calderón tocado por la soledad y el abandono que optó por meterse al debate por la puerta de Twitter.
López Obrador transmite mayor serenidad y solidez en sus espots que desde Guadalajara. Más intimida Peña Nieto en los suyos que en el antidebate soso y aburrido de anoche. Vázquez Mota comunica mejor su desolación y su vacío cuando no está rodeada por sus rivales ni transmitida en vivo.
Una de las paradojas del día es que la televisión privada abrió sus cámaras al encuentro realizado en la Expo Guadalajara justo cuando la señal televisiva dejó de ser indispensable. Lo más importante del cotejo entre aspirantes no fue lo que se dijo en él, sino la atención y los espacios que obtuvo, gracias en primer lugar al movimiento #YoSoy132. El domingo, millones de ciudadanos querían ver un contenido específico en la tele y lo lograron. Tal vez sus movilizaciones hayan sido más relevantes para la elección próxima que lo que vieron en las pantallas. Acaso lo que ocurre en las calles empieza a ser más definitorio que lo que sucede ante las cámaras. Parece ser que el poderío de los sets televisivos se encuentra en declinación, que la vida esté en otra parte y que el 10 de junio no se olvida.
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Que vivan los estudiantes: a 41 años del halconazo



Jesús Martín del Campo C.
A 41 años del ataque de los halcones a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971, recordamos el significado y la importantísima repercusión de las movilizaciones juveniles del trienio 1968-1971 en la lucha por la transformación democrática de México. También recordamos la brutalidad del régimen para responder a la vigorosa y pacífica protesta estudiantil con sendas masacres. Y lo hacemos manteniendo la bandera de la justicia contra la impunidad.
Este aniversario sucede en el contexto del surgimiento del movimiento #YoSoy 132, movimiento esperanzador en muchos sentidos, que, aunque diferente al de aquella época, nos hace recordar con renovado aliento algunos aspectos.
Un elemento importante es el contrapunto que hubo entre la alegría, la irreverencia, el empoderamiento de los jóvenes en las asambleas, las brigadas, las manifestaciones, y la violencia extrema con la que el gobierno de entonces respondió.
Así, con todo el aparato represivo en contra y con un cerco mediático total, cada acción del estudiantado adquirió una dimensión épica. No existían las redes para comunicarse, pero sí una red de mimeógrafos en los que se producían miles de volantes.
Durante ese trienio de 1968-1971 se gestó y se desplegó entre los jóvenes un nuevo espíritu solidario. Lo que comenzó como una reacción inmediata ante los abusos de la policía y el Ejército se convirtió pronto en una protesta juvenil multitudinaria. Y eso sí que fue un verdadero desafío para el régimen autoritario.
El Zócalo se había convertido en el sitio de los actos oficiales, de los eventos con acarreados, pero a partir de entonces pasó a ser la plaza de las libertades. Ciertamente, defender las libertades democráticas ejerciéndolas, haciendo con las manos la V de la victoria, la V de venceremos, dejó su impronta en las protestas sociales posteriores.
Y cómo no recordar algunas consignas y frases de aquel movimiento: Nada con la fuerza, todo con la razón, Libros sí, bayonetas no, No somos uno, no somos cien; prensa vendida, cuéntanos bien.
Y como un viento refrescante surgió el actual movimiento estudiantil protestando contra la desinformación de Televisa y contra la estigmatización que ese y otros medios hacen de quienes se oponen a la imposición de un candidato a la Presidencia que representa al viejo régimen autoritario, el que ha usado la violencia contra la disidencia.
Los jóvenes estudiantes son ahora, otra vez, portadores del malestar acumulado en la sociedad. Malestar contra todas las políticas neoliberales que han llevado a la pobreza, a la exclusión y a la desesperanza a muchos.
Si bien los movimientos sociales no se repiten de la misma manera, en el actual proceso electoral que se desarrolla en el país las dirigencias de PRI y PAN, con el apoyo de los principales medios, generan una especie de terrorismo de Estado informativo para producir temor hacia cualquier cambio.
Pero ante esa campaña un fantasma recorre las instalaciones de Televisa, las oficinas de campaña de Peña Nieto y de las encuestadoras: el fantasma del movimiento #YoSoy132.
El movimiento es apartidista, pero no apolítico. Por lo que se ve, influye ya en el desenvolvimiento de las campañas. Ha citado a los candidatos a la Presidencia a un diálogo o debate público y de eso no hay precedente.
El vínculo solidario entre estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas es un rasgo muy importante del actual movimiento. Saben que a todos les afectan los resultados de las políticas neoliberales, saben que el futuro es desesperanzador tanto para los que no han podido estudiar como para los que sí lo han hecho; por eso impulsan, sabiéndolo o no, un cambio de rumbo.
Que las asambleas son largas, pues sí. Que las demandas son muchas, pues sí. Que apoyan a los maestros de la CNTE, pues también. Que piden la destitución de Elba Esther Gordillo, qué bueno. Que juicio político al Presidente… El caso es que los jóvenes de este movimiento nos alientan a no cejar en la lucha por la transformación democrática del país.
Seguir pugnando por el castigo a los responsables de la represión en 1968 y 1971 es un buen puente con el actual movimiento. No más batallones Olimpia, no más halcones.
Las investigaciones sobre el 10 de junio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúan y el gobierno mexicano ha demorado información que le ha solicitado dicha instancia, tratando de que el caso se congele. La lucha por la justicia seguirá.
¡Que vivan los estudiantes de ayer y de hoy! ¡10 de junio no se olvida!

6/10/2012

Nuevo 10 de junio

Escrito por  

Jorge Meléndez Preciado
El "Halconazo" llevado a cabo el 10 de junio de 1971, represión a los estudiantes hace 40 años.
Los jóvenes gritaban con razón en 1968: “Prensa vendida”. No hubo  medio que les diera realmente posibilidades de expresar sus inconformidades, aunque dos tuvieron momentos significativos: El Día y Excélsior. La televisión resultó la  caja de resonancia del poder y en ella estuvo ausente el reclamo de los muchachos. Por eso años después Molotov cantó: “Que no te haga bobo Jacobo” (Zabludovsky).
Sólo algunos notables  estimularon  a los insurgentes: Renato Leduc, Ermilo Abreu Gómez y otros que colgaron mantas de la Asociación Mexicana de Periodistas (AMP), antecedente de la UPD, en Filomeno Mata 8
Tres años después hubo cambios. El 10 de junio los reporteros  y especialmente los fotógrafos, se rebelaron contra dueños y autoridades y mostraron la masacre en San Cosme, ordenada por Luis Echeverría y Alfonso Martínez Domínguez. Y entre las escenas donde asesinaron a 44 estudiantes, salieron los Halcones  con varas de bambú y rifles. Se trató, entonces, de la primera liberación real de los informadores.
El domingo 10 de junio, a las 12 horas, que  los  #132 salen nuevamente a tomar las calles, el grupo Periodistas libres  citan en apoyo a los indignados en Corregidora y Plaza de la República. Otra muestra  de la solidaridad de quienes cubren acontecimientos diversos pero no son ajenos a la trasformación social que necesitamos.
Recordemos que hace  dos años las Periodistas de a pie convocaron a protestar contra el asesinato de tecleadores. La matazón ante la indiferencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y los dueños de medio, continúa. Es hora de tomar la historia en nuestras manos.
jamelendez44@gmail.com

1/31/2012

Militares contra los mayas; Chiapas y Guatemala


Rafael Landerreche


Gilberto López y Rivas, miembro de la Cocopa cuando se ejecutó la masacre de Acteal, ha dicho que el juicio entablado en Estados Unidos contra Zedillo por esos hechos no ha sido aquilatado en sus debidas dimensiones. Más allá de las críticas que insinúa contra Las Abejas de Acteal (que como principales afectados tienen todo el derecho a mantener las reservas que mantienen) López y Rivas tiene razón. Dos cosas menciona en particular: el hecho de que la demanda se sustente en una investigación oficial hecha por la fiscalía especial creada por el gobernador Sabines y el hecho de que se incluya un documento de la Sedena que delínea el plan contrainsurgente –paramilitares incluidos– que condujo a la masacre de Acteal.

En cuanto a lo primero, ya Las Abejas respondieron exigiendo una explicación a Sabines (véase nota de Hermann Bellinghausen en La Jornada, 24/1/12). Lo segundo necesita una mirada más a fondo.

Resulta paradójico que esa prueba usada para inculpar a Zedillo en realidad lo exculpa; no totalmente, por supuesto, pero sí lo desplaza del papel central que se le atribuye (y que jurídicamente tuvo) para llamar la atención hacia los verdaderos autores intelectuales del plan contrainsurgente: los militares. Detrás de Zedillo estaban los poderes reales, políticos, económicos y militares. Y lo que no deberíamos olvidar mientras discutimos sobre los posibles papeles y responsabilidades de Zedillo, Salinas y Calderón, e incluso del PRI, el PAN o el PRD, es que presidentes y partidos van y vienen, pero el Ejército permanece. Y es el Ejército el que tiene la visión articulada y a largo plazo de la guerra de contrainsurgencia… y de otras guerras.

Puede ser muy instructivo echar un ojo a lo que sucede en la vecina Guatemala, que tiene con Chiapas tantos vínculos geográficos, históricos y culturales, así como de insurgencia maya y de contrainsurgencia militar. Por supuesto, no son casos idénticos y cualquier parecido con nuestra realidad… es motivo de honda preocupación.

Hace apenas unos días tomó posesión Otto Pérez Molina como nuevo presidente de nuestra hermana república. El nuevo mandatario puso la lucha contra la inseguridad como prioridad de su gobierno; ofreció mano dura y dijo que usará al Ejército contra los criminales y profundizará la cooperación con Estados Unidos (¿suena familiar?). Y añadió el toque siniestro de color local: para ese combate llamará a los kaibiles, los mismos que aterrorizaron las aldeas mayas de Guatemala y que engrosaron después las filas de Los Zetas. Pérez Molina es un general retirado, pero prácticamente la única alusión a su pasado, y por asociación lógica al pasado del Ejército en Guatemala, fue para disipar cualquier sombra inconveniente. Según la agencia de noticias Ap, Pérez Molina nunca ha sido implicado en crímenes atribuidos a los militares. Explicación no pedida y además demostrablemente falsa.

En El arte del asesinato político: ¿quién mató al obispo?, libro de Francisco Goldman (ver La Jornada, 9/6/09) se presenta el caso del obispo Juan Gerardi, asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de que hizo público el informe Guatemala: nunca más, el cual documentaba los crímenes cometidos por el Ejército durante cerca de dos décadas de guerra contrainsurgente.

El escritor presenta las peripecias del asesinato y el juicio que culminó en la sentencia contra dos militares de alto rango y un sacerdote cómplice del homicidio. El tribunal dejó la puerta abierta, pero no entró a la cuestión de la autoría intelectual. Pero el libro menciona el nombre de uno de los principales sospechosos: el general Otto Pérez Molina.

Francisco Goldman afirma que hay una continuidad entre la violencia de los años 70 y 80 contra la guerrilla y la violencia actual relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. Añade que en Guatemala la línea que separa la política, el crimen y los negocios es cada vez más delgada, si es que existe. Cuando el ejército de Guatemala aplicaba la contrainsurgencia creció en poder político y económico, esto incluía su participación con grupos del crimen organizado, en ocasiones alentados por la CIA (o la inteligencia militar o la DEA) y a veces por cuenta propia.

Otro valioso testimonio es el de Jennifer Harbury, una de las pocas personas que se atrevió a hablar contra Pérez Molina en vísperas de las elecciones (ver www.democracynow.org/es/destacados/otto_guatemala). Sostiene que es absurdo que Pérez Molina ofrezca mano dura contra el crimen organizado cuando “la mayor parte de esa violencia es llevada a cabo por los militares que se quitaron el uniforme después de la guerra, crearon grandes mafias para dirigir el negocio de la droga y contrataron y armaron a bandas como Los Zetas para ayudarlos”.

Las Abejas de Acteal se han sumado al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y han insistido una y otra vez en que existe un vínculo entre la violencia contrainsurgente que ellos padecieron y la violencia de la espuria guerra contra el crimen organizado a la que responde el movimiento encabezado por Javier Sicilia. Estos testimonios sobre Guatemala sugieren una posible explicación: que ese vínculo sea el descubrimiento del Ejército de que el crimen organizado es un buen negocio y fuente de poder por partida doble y aparentemente contradictoria: es negocio practicarlo (por las ganacias que deja) y es negocio combatirlo (porque justifica su protagonismo e incrementa su presupuesto).

El panorama pinta más que sombrío. Pero al conmemorar en San Cristóbal el primer aniversario del Tatik, se recordó que don Samuel no fue sólo el hombre de la denuncia, sino sobre todo el hombre de la esperanza. Nuestra esperanza, para transformar la Iglesia y para transformar la sociedad, son los pobres solía repetir. Por eso no es irrelevante la cuestión de quiénes son los autores de la demanda contra Zedillo: los mayas de Chiapas en busca de justicia o los políticos de siempre en busca de venganza.

A la memoria del Tatik Samuel, a un año de su pascua

12/27/2011

Acteal y otros 500 años




Rafael Landereche

En medio de la agitación política prelectoral, del imparable deterioro económico, de disputas ideológicas y de las decenas de miles de muertos del sexenio en el combate al crimen organizado, los 45 muertos de Acteal volvieron a ser noticia por un par de días debido al 14 aniversario de ese crimen aún impune, de esa herida todavía abierta.

Pero en esta ocasión hubo elementos en la conmemoración del 22 de diciembre en Acteal que prácticamente pasaron desapercibidos y que conviene rescatar y resaltar, porque tienen mucho que decir a un país convulsionado, más allá de Chiapas y de Acteal.

Apenas mereció una mención de pasada en los medios el hecho de que en su celebración, Las Abejas otorgaron a don Raúl Vera, obispo de Saltillo, el reconocimiento de Totik. Pero este hecho tiene no sólo un significado inmediato, sino un simbolismo de mucho más largo alcance, y si el primero pasó desapercibido huelga decir que el segundo ni por asomo fue notado.

En lo inmediato, hay que caer en la cuenta de que fue la primera vez, desde que ocurrió la masacre de Acteal hace 14 años, que no estuvo presente en el aniversario del 22 el Tatik Samuel, fallecido a inicios de este año. Ante esa ausencia, una especie de orfandad, se entienden perfectamente las palabras que Las Abejas dirigieron a Raúl Vera: “Totik Raúl, hoy estamos muy alegres, aunque Totik Samuel ya no está aquí físicamente con nosotros, su corazón y pensamiento aquí siguen y viven en nuestra lucha y caminar, en ti, Totik Raúl, vemos el rostro y corazón de Totik Samuel. En ti, vemos y palpamos las luchas de mujeres y hombres de otros pueblos de México y del mundo”.

Pero no para ahí el asunto, Las Abejas invistieron este acto de un simbolismo que toca las raíces de nuestra historia y de la historia de todo el continente americano y que, para quien sepa ver, puede aportar una luz que ilumine pasado, presente y futuro de nuestra nación. La mejor manera de comprender esto es relacionando el acto de Acteal con dos coincidencias históricas; una, la más remota en el tiempo, notada expresamente por Las Abejas; la otra, dada por el contexto nacional de estos días, ignorada por ellos, pero altamente significativa hasta en esa ignorancia padecida. Esta última es el reconocimiento a Totik Raúl que da una organización indígena, víctima de un crimen de Estado, en medio de la polémica sobre la modificación del artículo 24 constitucional y las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

La otra coincidencia –remota en el tiempo pero no en las implicaciones– se refiere a lo que hemos llamado los otros 500 años, efeméride prácticamente ignorada en (casi) todos los ámbitos donde debería haber sido recordada. Del Bicentenario de la Independencia y la Revolución todavía estamos viviendo la cruda con la terminación de la tristemente célebre y dispendiosa Estela de luz. El quinto centenario de lo que don Miguel León Portilla denominó diplomáticamente El encuentro de dos mundos, que fue retomado desde abajo como Los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, no hay quién no lo recuerde. Pero este otro quinto centenario apenas en algunas publicaciones marginales y espacios particulares fue recordado. Sin embargo, Las Abejas lo recordaron porque la fecha fue precisamente la víspera de su conmemoración y porque las circunstancias eran particularmente adecuadas:

“El 21 de diciembre de 1511 un sacerdote, dominico como tú, Totik Raúl, por primera vez hizo que se escuchara la voz profética de la Iglesia contra la opresión, el despojo, la esclavitud y la muerte que trajeron los caxlanes* a los pueblos originarios de estas tierras. En la isla donde primero hicieron su colonia los caxlanes, que se llamaba precisamente Santo Domingo, Fray Antonio de Montesinos pronunció estas fuertes e inolvidables palabras: ‘Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido?’”

Si 1992 fue el quinto centenario de un acontecimiento nefasto, entre otras razones por la infame confusión de la religión cristiana con la nada santa empresa de la conquista de América, este 2011 deberían haberlo celebrado los cristianos y todos los que luchan por la justicia como el momento feliz, aunque un poco tardío, del deslinde de esa confusión por parte de un notable grupo de cristianos y del reconocimiento de que su papel estaba del otro lado: en la defensa de los pueblos originarios de esas tierras contra los inauditos abusos de quienes se decían cristianos, pero actuaban de tal modo que negaban la esencia misma de esa fe: ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos?, les espetaba aquel fraile dominico a unos encomenderos atónitos que daban por descontado que la Iglesia estaba del lado de los cristianos y no de los paganos. Por cierto, entre esos encomenderos estaba Bartolomé de las Casas que, a partir de esas palabras, también cambió vida y destino.

Hay en México dos posibles debates sobre el papel de la Iglesia (en particular la Iglesia católica) en la historia y en el presente del país. Uno es el lamentable debate que hemos presenciado en estos días. Pocas cosas en nuestro país suscitan polémicas más agrias, despiertan más fanatismo, más intolerancia y más estupideces (de uno y otro lado) como la discusión de los derechos, privilegios o discriminación (según de donde se vea) de la Iglesia dentro del Estado. Es un debate que prolonga sin mucho sentido las rancias pugnas entre liberales y conservadores del siglo XIX, pugnas que no sólo dejaron de lado a la mayoría del pueblo de México, sino que se llevaron entre las patas a los pueblos indígenas. El otro debate es el que pone en el centro la justicia, los derechos del pueblo, indígena y no indígena. Es el debate de Montesinos, de Las Casas y de don Samuel, de don Raúl y de los pueblos indígenas como Las Abejas. Es el debate que, salvo estas honrosas excepciones, la Iglesia en México no acaba de asumir como su verdadera tarea histórica pendiente: no si se le reconoce o no su estatus en la Constitución, sino si está o no inequívocamente del lado de todos los pobres y oprimidos. Y la prueba de que no lo asume está a la vista: mientras se enfrascaban en la discusión del artículo 24, ni siquiera se acordaron de este quinto centenario. En cuanto al otro lado, el lado jacobino, no está por demás recordar lo que en algún momento le dijo el Sup Marcos a Carlos Monsiváis: no es con citas obsoletas del siglo XIX como vamos a enfrentar los problemas del siglo XXI. Quizá, añadimos nosotros, es mejor con citas actuales del siglo XVI.

* Caxlanes: los hombres blancos, aunque también los mestizos y, más generalmente, los no-indígenas, en tsotsil