El periodista Jesús Esquivel, corresponsal en Washington, expone un documento que comprueba que el gobierno mexicano tenía conocimiento de los programas de tráfico de armas a México para rastrear operaciones de cárteles, además de un esquema para intervenciones de telecomunicaciones privadas, correos electrónicos, mensajes de texto, etc. Los documentos exponen la cooperación de agencias estadounidenses, como la DEA, con la entonces Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos toda la información disponible sobre el operativo Rápido y furioso –que inició a finales de 2009–, pues si se ejecutó sin el conocimiento de las autoridades mexicanas del más alto nivel, la administración estadunidense habría incurrido en una violación a la soberanía. Y si la gestión de Felipe Calderón supo y lo autorizó,
estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, pues mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad.
Así lo expuso el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en una nota diplomática sobre el tema que envió al titular de la embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En el documento, se remarcó que la información reque-rida es la relacionada con las más de 2 mil armas que entraron a territorio mexicano como parte de la operación y de las declaraciones hechas por los procesados del caso.
Ebrard dio a conocer ayer por la tarde el contenido de la nota diplomática, luego de que, por la mañana, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara de graves los alcances de dicha operación, no sólo por la cantidad de muertes asociadas a las armas internadas a México, sino
por la violación flagrante a nues-tra soberanía.
El titular del Ejecutivo federal subrayó que aun cuando recientemente el ex presidente Calderón aseguró no haberse enterado durante su mandato de la realización de ese operativo, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno estadunidense, el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, conoció del mismo.
En la nota diplomática, el canciller Ebrard señaló que agencias estadunidenses indican que el operativo comenzó a implementarse a finales de 2009 (durante los gobiernos de Calderón y Barak Obama).
Esta operación
involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre, que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive, en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadunidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido.
Contrario a ello, enfatizó, el tráfico ilícito de armas de aquel país al nuestro ha crecido en los últimos años y a la fecha, la comunicación y planeación de Rápido y furioso entre las entonces autoridades de ambas naciones
no ha sido suficientemente aclarada.
Ebrard aseveró que, si bien ex funcionarios mexicanos negaron haber conocido de la operación, existen elementos que evidencian lo contrario, como las declaraciones del ex secretario de justicia estadunidense, Eric Holder, en el sentido de que las autoridades de justicia de México lo supieron y el hecho de que la identificación de las armas
sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país.
Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó en septiembre de 2019 a las autoridades de Estados Unidos la información referida, requerimiento ratificado en febrero.
“El gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información disponible respecto al operativo Rápido y furioso,conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”, finaliza la nota diplomática.
De La Redacción
Periódico La Jornada
Martes 12 de mayo de 2020, p. 11
