El crimen de la Narvarte: repercusiones internacionales

Editorial La Jornada 

Un extenso grupo de escritores, artistas y periodistas de varios países reveló una misiva dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la que demanda el rápido y efectivo esclarecimiento de los asesinatos perpetrados el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte de esta capital, cuyas víctimas fueron el fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa, la estilista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín (de nacionalidad colombiana), la empleada doméstica Alejandra Negrete y la antropóloga Nadia Vera.

En la carta, firmada entre otras personalidades por los escritores estadunidenses Noam Chomsky y Paul Auster, el indo-británico Salman Rushdie, el nicaragüense Sergio Ramírez, la canadiense Margaret Atwood, los mexicanos Juan Villoro, Lorenzo Meyer y José Agustín, el director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas, Joel Simon, la periodista estadunidense Ariana Huffington y los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, se señala que las estadísticas de impunidad en los casos contra periodistas son alarmantes.

Hace énfasis en la necesidad de investigar, sin contemplaciones, a los funcionarios estatales y municipales que se puedan haber visto involucrados en ésta y otras agresiones contra informadores, y recuerda que desde la llegada al cargo del actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en 2010, en esa entidad las amenazas, los maltratos y los asesinatos de periodistas han alcanzado cifras sin precedentes y en todos los casos se ha desechado como línea de investigación judicial el ejercicio profesional de las víctimas. El documento señala como causas de la extrema vulnerabilidad en la que desempeñan su trabajo los informadores en el México actual a las organizaciones criminales, los funcionarios de gobierno corruptos y un sistema de impartición de justicia incapaz siquiera de determinar la responsabilidad de los asesinos.

Los reclamos son fundados, no sólo por el alto número de periodistas asesinados en el país durante el sexenio anterior y en lo que va del actual, sino también porque la gran mayoría de los crímenes correspondientes no han sido esclarecidos; al contrario, las autoridades encargadas de procurar justicia han buscado en forma regular desviar las investigaciones hacia circunstancias ajenas al trabajo informativo de las víctimas.

El caso de los cinco asesinados en la colonia Narvarte el último día del mes pasado es paradigmático a este respecto. Desde un primer momento la procuraduría capitalina buscó introducir factores poco verosímiles en la investigación –el supuesto robo como móvil del crimen, por ejemplo–, restó importancia al hecho de que dos de los ejecutados habían recibido reiteradas amenazas por su trabajo en Veracruz; proporcionó datos inexactos a la opinión pública, permitió la filtración de nombres de las víctimas y hasta de fotos denigrantes de la escena del crimen y buscó centrar la atención en la ocupación y la nacionalidad de una de las víctimas –la colombiana Martín–, en lo que la opinión pública percibió como un intento por vincular el episodio a un asunto de narcotráfico.

Lo cierto es que la Federación y los gobiernos de Veracruz y el Distrito Federal fallaron en su obligación de proteger la vida de un periodista y una activista social que habían declarado de modo reiterado que se encontraban en riesgo de muerte, y que a más de dos semanas de ocurrido el crimen múltiple la autoridad capitalina sólo ha logrado consignar ante tribunales a uno de los sospechosos y ni siquiera ha podido ofrecer una explicación convincente de lo ocurrido. En suma, los asesinatos de la calle Luz Saviñón y los extravíos en la pesquisa subsecuente han puesto en evidencia un nuevo y exasperante quebranto al estado de derecho en el país y, en, particular, en la ciudad de México, la cual, como señala la carta comentada, era considerada uno de los últimos lugares seguros para el ejercicio periodístico en el territorio nacional.

Por último, el documento referido confirma que, en tanto las instituciones nacionales sigan siendo incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos, periodistas y activistas o no, y mientras las entidades encargadas de procurar justicia sigan dando muestras de falta de voluntad política y hasta de sensibilidad, es inevitable que el crimen de la Narvarte profundice la mala imagen gubernamental de México en el extranjero, como ha venido ocurriendo en los casi 11 meses transcurridos desde la agresión contra estudiantes normalistas en Iguala, que dejó saldo de seis asesinados, dos heridos graves y 43 estudiantes desaparecidos, y cuyo paradero no ha sido dilucidado en forma verosímil.