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Ciudad de México. La Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –que en
11 años no ha logrado crear una política integral con perspectiva de
género–, así como toda la arquitectura institucional formada para
defender los derechos de las mujeres, necesita ser revisada a la luz de
los efectos que deje esta pandemia.
Así lo reflexionó en entrevista con Cimacnoticias la exconsejera de
la primera administración de la Conavim, Clara Jusidman Rapoport, quien
hasta junio de 2020 se desempeñó como integrante del Consejo Asesor para
la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019 – 2024 y
es presidenta fundadora de Incide Social A.C, una organización civil que
se especializa en la prevención social de las violencias y la
delincuencia.
Felipe Calderón, el inicio de la crisis
La Conavim, como dependencia federal, surgió en 2009, durante el
mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en respuesta a las Convenciones
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
(Convención Belem do Pará), así como a la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nuestro país iniciaba lo que,
según han llamado los procedimientos internacionales en la materia, una
crisis de Derechos Humanos derivada luego de la orden presidencial para
usar las fuerzas militares en tareas de seguridad interior.
El aumento de la violencia feminicida en todo el país los años
siguientes obligó –por exigencia de las organizaciones feministas– a que
la Conavim fuera una institución aprovechada a nivel nacional.
Con esta decisión, la Conavim también sería uno de los “dientes” de
la recién creada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia y su Reglamento, que dotó de atribuciones a la Secretaría
de Gobernación (Segob) en el tema. Era la instancia encargada de diseñar
la política integral y transversal para atender la violencia contra las
mujeres, coordinar sus acciones en los tres órdenes de gobierno y
ejercer atribuciones en materia de seguimiento y evaluación de la
política nacional.
“Había proyectos muy innovadores (…) era una década en la que los
problemas de la violencia empezaron a aflorar, ya no sólo era
delincuencial sino de otro tipo. Una muy importante era la violencia
doméstica. El nacimiento de esta dependencia fue la conciencia de que la
violencia criminal que investigamos en Chihuahua, Jalisco,
Aguascalientes, entre otros, empezaba en la casa, en el maltrato, la
desconsideración, la ignorancia y los abusos de todo tipo a las niñas,
niños y adolescentes”, relató en entrevista con Cimacnoticias, Clara
Jusidman Rapoport, quien fuera consejera de la Conavim en esos años,
durante la primera gestión de esta dependencia, a cargo de la
antropóloga social Laura Carrera.
No obstante, “la sociedad mexicana no estaba preparada para
comprender. Había una transición muy fuerte de las familias, ya no
tenían mucha capacidad de contención y a veces eran los peores ámbitos
de convivencia para las mujeres y las niñas y niños. Desde entonces,
México ha tenido una ausencia de política pública hacia la familia (…)
se inicia la búsqueda de políticas, instituciones y recursos para
enfrentar la violencia contra las mujeres, pero desde mi óptica sigue
habiendo una ausencia de políticas hacia las familias, con un concepto
moderno. Seguimos pensando que las familias son un nicho maravilloso de
amor pero a veces es el peor lugar para las mujeres”, señaló la
presidenta fundadora de Incide Social.
En esa primera gestión, la Conavim definió como sus áreas principales
de trabajo el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y el impulso
“sostenido y sistemático de una estrategia para el cambio cultural que
fomente entre la población una cultura de respeto, protección, y
promoción de todos los Derechos Humanos, incluido el derecho de la mujer
a no ser discriminada y a no ser violentada”.
En 2011, último año del sexenio panista, esto se tradujo en tres
Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) y la tipificación del delito
de feminicidio en nueve entidades del país, pero no acabó con la
violencia contra las mujeres. De acuerdo con la información oficial
recopilada entonces por el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, de enero de 2010 a junio de 2011, en ocho estados de la
República –porque el resto no aportó información– hubo mil 235 mujeres
víctimas de presuntos feminicidios, con un aumento particular de casos
en Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco.
Enrique Peña Nieto, el sexenio de la corrupción
En la administración federal siguiente, liderada por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), las metas de la Conavim fueron
aumentar el número de CJM; diseñar y dar seguimiento a la política
integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres; formular las bases para la coordinación
entre los distintos órganos de gobierno para este fin; impulsar y dar
seguimiento a la armonización del tipo penal de feminicidio, y
transversalizar la perspectiva de género en el quehacer de la Segob.
Al cierre del sexenio, había 39 CJM en operación; se impulsaron Redes
Ciudadanas e Interinstitucionales; se creó el Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres; se presentó la Línea 01800 Háblalo (que está inactiva desde
2016); y se crearon las Alertas de Violencia de Género, el Protocolo de
Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales
y Municipales para casos de Extravío de Mujeres y Niñas en Ciudad
Juárez, Chihuahua (Protocolo Alba), y el Programa Integral para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres.
Si bien la Conavim avanzó con estos mecanismos, “el gobierno de Peña
Nieto estaba tan lleno de corrupción que inclusive en temas tan
importantes con los que inició su administración, como fue la Cruzada
contra el Hambre y el programa de Prevención Social de las Violencias y
la Delincuencia, acabaron siendo un fiasco”, observó Jusidman.
Por ejemplo, explicó, para el Programa de Prevención Social de las
Violencias y la Delincuencia se creó una subsecretaría específica pero
terminó sin presupuesto porque Peña Nieto designó a un “delincuente
electoral” a cargo de esa subsecretaría; las organizaciones que
trabajamos prevención social de la violencia protestaron fuertemente
ante la designación de ese personaje. En respuesta, Peña Nieto quitó
todo el recurso federal al programa, el cual incluía prevención de la
violencia contra las mujeres.
“Algo se intentó hacer pero acabó siendo nada. El daño que hizo Peña
Nieto es inconmensurable, tan así que hay tanto enojo de la población
hacia el abuso cometido por esa administración y el tema de violencia no
fue ajeno a ese deterioro de la administración pública”, detalló la
experta.
Como lo documentó Cimacnoticias en esa época,
una evaluación que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
del ejercicio del programa presupuestario E015 “Promover la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres”, del cual recibe recursos
la Conavim, determinó que en 2013 esta dependencia gastó 102 millones
842 mil 600 pesos, pero “no ha diseñado la política integral con
perspectiva de género, en beneficio de las 60.6 millones de mexicanas
como lo establece su Decreto” de creación.
De acuerdo con la ASF, durante el año fiscalizado la Conavim no
dispuso del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que genere información
general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres, y
que permita integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre los
Casos de Violencia contra las Mujeres, por lo que careció de
información general y estadística.
Tampoco realizó las gestiones para publicar en el Diario Oficial de
la Federación el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, no acreditó que en 2013 hubiera verificado que los CJM contaran
con la estructura orgánica necesaria para ofrecer todos los servicios
que requieren las mujeres víctimas de violencia y operó sin contar con
el Manual de Organización para apoyar la correcta coordinación de los
servidores públicos, difundir las líneas de autoridad y
responsabilidades, así como dar a conocer los objetivos y las funciones
de cada uno de los puestos que formaron parte de la comisión.
En este sexsenio la Conavim tuvo tres titulares distintas: la
licenciada en derecho y maestra en Género y Políticas Públicas, Dilcya
Samantha García Espinoza de los Monteros, la también abogada y maestra
en Argumentación Jurídica, Alejandra Negrete, y la psicóloga y doctora
en Consultoría de Sistemas Humanos, Angélica Quiroga Garza. Todas ellas
salieron del puesto tras las críticas de las organizaciones civiles a su
gestión. La administración peñista fue letal. ONU Mujeres calculó en
2018 que cada día 9 mujeres eran asesinadas en México.
La 4T no entiende el desarrollo institucional
La ex diputada federal e investigadora en Estudios de Género,
Candelaria Ochoa Ávalos, la más reciente comisionada de la Conavim, dejó
el cargo el pasado 30 de junio. Durante su gestión fue cuestionada por
no actuar ante la exclusión de las organizaciones civiles de los
diferentes mecanismos de prevención y atención de la violencia, por la
ausencia de políticas con perspectiva de género para atender el impacto
de la pandemia, por la reducción de recursos públicos para los refugios y
las Casas de la Mujer Indígena, por el surgimiento de campañas fallidas
y la omisión ante las declaraciones del Presidente de México que niegan
la violencia contra las mujeres.
Ochoa es la tercera mujer al frente de una dependencia en materia de
Derechos Humanos que renuncia a su cargo en menos de un mes. Su renuncia
ocurrió en medio de una pandemia que puso en alza el número de llamadas
de emergencia por violencia contra las mujeres y un aumento de víctimas
mujeres de lesiones dolosas y homicidios.
“La 4T no entiende muy bien el desarrollo institucional que ha habido
en el país para atender temas complejos y diversos. Hay una idea de
programas de naturaleza general aplicables a todo el mundo sin entender
que hay diferencias por edades, origen territorial y otras razones que
hacen al país un espacio lleno de diversidad, y que las condiciones que
tienen las mujeres de la Sierra Tarahumara son distintas a las que viven
las mujeres marginadas en las ciudades”, explicó Jusidman.
“La política es más compleja que los programas generalizantes
–detalló la también integrante de los consejos del Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM– Todo el desarrollo
de instituciones y políticas dirigidas a la igualdad sustantiva tienen
su origen en el reconocimiento de esa diversidad y de las distintas
problemáticas que se enfrentan. Mi percepción es que no hay un
conocimiento ni un reconocimiento de esos desarrollos institucionales, y
la importancia que esos desarrollos institucionales tienen para
construir políticas más específicas para enfrentar esa diversidad”.
“Conavim es eso. Estaba dirigida a atender la violencia en el ámbito
doméstico, pero nunca alcanzó a tener la fortaleza ni los recursos para
poder generar un amplio impacto en el país, pero era una semilla de algo
que ojalá hubiera florecido en un árbol del que emanaran frutos dulces
para las mujeres”, remató.
Hasta el mes de junio, Clara Jusidman se desempeñaba como integrante
del Consejo Asesor para la elaboración del Programa Nacional de Derechos
Humanos 2019 – 2024. Decidió renunciar al cargo. En entrevista, la
experta cuestionó por qué a año y medio de gobierno no se ha publicado
este Programa Nacional de Derechos Humanos, del que derivan las
directrices para otros programas sectoriales y especiales.
Este documento debía ser validado en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, donde, ya con dictaminación favorable, también
permanecen detenidos el Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Programa
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Al respecto de esto, la experta señaló que ya no son del todo
vigentes, pues existe una necesidad de revisar el Programa Nacional de
Desarrollo y los programas sectoriales y especiales a la luz de los
efectos de la pandemia y de la medida de la política que se tuvo que
adoptar, como es el aislamiento social y el incremento de la violencia
que esto derivó.
De acuerdo con Jusidman, la epidemia por COVID-19 hizo evidente la
necesidad de crear un Programa Nacional de Salud Mental, de revisar la
política laboral y las medidas de seguridad e higiene, así como la
regulación del teletrabajo. “Nos cambió la vida y la forma de
relacionarnos, que eso es un efecto muy profundo en la vida de las
personas. Hasta el diseño de las viviendas va a tener que cambiar, con
espacios de trabajo”, expresó.
Frente a ello, la también integrante de la Asamblea Consultiva y de
la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) observó como mala señal la falta de respaldo y
recursos económicos para las instituciones encargadas de vigilar el
respeto a los DH, como en el caso de la Comisión de Atención a Víctimas y
la Conapred. Asimismo, Jusidman criticó que durante la designación de
titulares en dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
se puso en riesgo la autonomía de esos organismos.
“Tengo la idea de que no se ha entendido el por qué el movimiento
democrático civil peleó tanto por la creación de órganos autónomas que
fueran contrapesos al Estado para los procesos electorales, para la
producción estadística, para la defensa al derecho a la información, la
gestión de la radio y televisión. Lo que hicimos fue sacar de la
discrecionalidad del partido en el poder un montón de derechos
ciudadanos”, expresó.
Por ello, desde su punto de vista este es un buen momento para
revisar toda la arquitectura institucional que tiene a su cargo la
defensa de los derechos de las mujeres, empezando por el Instituto
Nacional de las Mujeres y la Conavim, la cual –observó– no debería estar
en la Segob, toda vez que la actual administración ha reducido la
importancia de esa Secretaría quitándole temas importantes, como el de
migración, y delegándolas a otras.
Ahora sin titular, la Conavim enfrenta nuevos retos. Este año se
presentó en la Cámara de Diputados una reforma a la la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para homogenizar la
estructura operativa de los CJM, toda vez que dependen de diversas
instancias como Fiscalías o Subfiscalías, Secretarías de la Mujer,
Secretarías de Gobierno, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y
Secretaría de Seguridad Ciudadana y muchos dependen del acceso a
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para seguir
operando.
En cuanto a la revisión del tipo penal, sólo 19 estados cumplen con
los elementos normativos necesarios y retoman la mayoría de las razones
de género establecidas en estándares internacionales. A esto se suma que
el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y otros
funcionarios, han propuesto eliminar el tipo penal de feminicidio por
ser de “imposible acreditación”. También existe desde 2019 una propuesta
en el Congreso federal para homologar el tipo penal en todo el país.
En el caso de las Alertas de Violencia de Género, Cimacnoticias
documentó que no existen mecanismos de evaluación y seguimiento a las
acciones municipales, que los recursos destinados para la investigación
del delito se gastan en camionetas y equipo de oficina mientras las
víctimas no tienen recursos para trasladarse a los Semefos, y que en
junio de 2020 se decidió de último momento retirar el recurso federal
que se daría a siete entidades para este mecanismo.
Todo esto frente a un panorama más adverso que otros años, pues en
estos meses recientes se pasó de nueve a 11 muertes diarias de mujeres
en el país.
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