Pancarta huelga/paro en la marcha feminista del 8M. Foto: Sonia Gerth/Cimac
Ciudad de México. El recorte en el recurso federal
que ya se había aprobado para las Alertas de Violencia de Género (AVG)
en siete entidades, demuestra falta de estrategia, evaluación y
seguimiento en el desempeño de este mecanismo y opacidad en los
criterios para distribuir el dinero público, de acuerdo con
organizaciones civiles.
En una nota del pasado 3 de julio, Cimacnoticias informó que
la Secretaría de Gobernación (Segob) ordenó la cancelación del recurso
federal para siete entidades a las cuales ya en marzo pasado se les
había asignado dinero para desarrollar proyectos derivados de la AVG.
Este recorte forma parte de los ajustes que el gobierno federal hizo a
la partida 43801 “subsidios para estados y municipios” el 29 de junio de
2020.
No obstante, ninguno de los documentos consultados por esta agencia
explican en qué consisten los proyectos aprobados inicialmente, bajo qué
criterios se habrían aprobado, ni cómo se decidió las siete entidades a
las que se les retiraría el dinero de último momento.
La coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, que participa como
solicitante y coadyuvante en diferentes procesos de AVG en el país,
explicó a Cimacnoticias que por años la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha implementado
criterios discrecionales y poco transparentes para la distribución de
los recursos federales.
Luz Estrada participó en el Comité Evaluador para el otorgamiento de
ese subsidio cuando la comisionada era Alejandra Negrete, en 2018. Este
Comité estaba integrado por la Comisionada, la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Conavim, una persona de la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, y tres personas integrante de
la sociedad civil con experiencia en los derechos de los mujeres, entre
ellas el OCNF.
En ese entonces, aseguró la defensora de los derechos de las mujeres,
su participación (como representante de la sociedad civil) se utilizó
sólo para legitimar el proceso, ya que nunca se les informó cuáles
fueron los resultados de las entidades.
“Yo nunca supe y nunca mostraron cuáles fueron los avances de aquel
dinero que se dio. Nada más nos utilizaron a nosotras, porque revisamos
quién cumple y quién no cumple con los criterios pero al final ya no
pudimos saber qué pasó con el producto”, explicó la defensora. Por
ejemplo, en ese entonces tuvo conocimiento que Nuevo León se comprometió
a entregar un documento diagnóstico que nunca se entregó y por el cual
se pagó hasta 4 millones de pesos.
Lo mismo podría estar pasando ahora, explicó Luz Estrada, toda vez
que llama la atención que se asignó millones de pesos a algunas
entidades donde el problema de violencia contra las mujeres no es tan
exacerbado como en otras que se quedaron sin recurso.
Por ejemplo, cuando ella fue parte de este Comité Evaluador, se
estableció que no se podía otorgar más de 8 millones de pesos a los
proyectos y que el criterio a priorizar era que los éstos fortalecieran
la procuración de justicia, pero este 2020 hay entidades a las que se
les asignó hasta 20 millones de pesos y se aprobaron proyectos que no
están vinculados con la procuración de justicia.
De acuerdo con información obtenida por Cimacnoticias, uno de los
proyectos que habían sido aprobados este 2020 sería para concientizar
desde la perspectiva de género a la población adolescente del Estado de
México y sus municipios, mediante un curso en línea. Según fuentes
consultadas por el Observatorio, otro de los proyectos sería para crear
un “machometro”; en contraste, el Comité Evaluador de este año no le
aprobó a la entidad un proyecto que sería para la creación de Unidades
de Atención Especializadas y certificaciones para personas que brindan
atención a víctimas.
Luz Estrada señaló que tampoco hay claridad en la distribución de
los recursos para las entidades en las que no hubo ajustes. “Ve las
cantidades desproporcionadas. A Chiapas se le vuelve a dar 10 millones
de pesos y me sorprendo por qué se les dió tanto, cómo van a usarlo. ¿A
dónde está la rigurosidad que tiene que haber? No es solamente aprobar
proyectos, estos tienen que ser públicos (…) tendría que haber un
equilibrio en decir que los estados con mayor violencia y que están más
graves se tendrían que focalizar donde Conavim va a dar mayor
seguimiento y evaluar el resultado. Aquí no hay transparencia, no hay
estrategia, desconocemos los criterios ”, expresó la defensora.
De acuerdo con Luz Estrada, la Segob debe aclarar también para qué
será usado el dinero que se quitó a estos proyectos para las AVG, toda
vez que por ley los recursos etiquetados para la igualdad entre mujeres y
hombres no puede ser recortado. “Recortar sí preocupa, porque si tú
tienes un monto menor cómo lo vas a distribuir porque es real que esto
es un subsidio. Si tienes menos debes saber cómo va a ser lo más
acertado, bajo qué criterios, cuidadoso y equilibrado. No puedes darle a
un estado mucho dinero y alguno no darlo si el estado sí lo solicitó”,
observó.
¿Cuáles fueron los criterios?
Cimacnoticias preguntó a la Conavim, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y a la Secretaría de Gobernación, cuáles fueron los
criterios para la selección de proyectos aprobados en marzo pasado y
cuáles fueron los criterios para el ajuste que se hizo el pasado 29 de
junio. Al cierre de esta edición ninguna de las dependencias respondió.
No obstante, de acuerdo con lo que se dijo en febrero pasado en las
sesiones explicativas para acceder al recurso, éste siempre estuvo en
riesgo ya que la federación habría querido reducirlo para este año a la
mitad de lo que se dió el año anterior: 101 millones de pesos, Fue luego
de negociarlo con la SHCP cuando se aprobaron los 105 millones de pesos
que se repartirían como parte de este subsidio, y que en junio pasado
se redujo a 79 millones.
Este último ajuste no estaba previsto. En febrero de 2020, la Conavim
abrió su convocatoria a estados y municipios con AVG declarada para que
presentaran proyectos y pudieran acceder a los subsidios destinados a
las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de Alertas en
Estados y Municipios para el ejercicio fiscal 2020.
El recurso, que se distribuye entre las entidades desde 2017, se
usaría para financiar proyectos que proponen las entidades para llevar a
cabo acciones preventivas de seguridad y justicia incluidas en sus
respectivas declaratorias de las AVG. No pueden ejercerse para contratar
servicios personales, inversión u obra pública, ni el pago de luz,
agua, predio o de ese tipo, y no sustituye los recursos regulares que
deben aportar los estados y los municipios dirigidos a este fin.
Este año, el Comité Evaluador pasó de estar integrado por tres
personas de la sociedad civil a solo una, cuyo nombre no es público. Sus
criterios para aprobar los proyectos serían en términos generales la
integralidad (cumplimiento de requisitos), competencia de los perfiles y
calidad del proyecto, sin ningún otro lineamiento específico. El monto
por proyecto lo pone cada entidad federativa, pero el Comité Evaluador
establece la cantidad final que va otorgar.
De acuerdo con la línea del tiempo de esta convocatoria, una vez
aprobados los proyectos (lo que sucedió en marzo) éstos deberían
ejecutarse y luego rendir sus informes de cumplimiento; sin embargo, en
un hecho inédito en esta convocatoria, este año la federación echó atrás
los proyectos de siete entidades y sólo distribuyó 79 millones sin
razones claras: mientras a unas entidades les asignó 20 millones de
pesos, hubo otras a las que dio sólo 700 mil pesos y siete a las que
dejó sin recursos.
Al respecto de esto, la Red Nacional de Alertistas –integrada por
organizaciones civiles de 15 entidades– pidió en un comunicado a la
Secretaría de Gobernación que reintegre a las entidades los recursos
federales para que el Estado mexicano pueda cumplir con su obligación de
garantizar la vida y seguridad de las niñas y las mujeres La Red
también pidió el uso “racional, eficiente, eficaz y con plena
transparencia de los recursos públicos destinados a la emergencia de
violencia contra las mujeres.
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