Escrito por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Ciudad de México.- A dos años y nueve meses de que se anunció el Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no tienen datos actualizados de cuántas niñas y niños están en esa situación ni de cuántas atenciones se les han brindado.
De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, el registro más actualizado de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad en México que existe hasta ahora es el mismo que elaboró el Inmujeres en 2019, cuando dijo que se tenían identificados 796 registros de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio en 25 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edo. Mex, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).
Por su parte, el DIF, dependencia encargada de operar el Protocolo a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que no existe en sus archivos información sobre el número de atenciones que se ha brindado a partir de la creación del Protocolo.
En 2017 Cimacnoticias dio a conocer en una investigación, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer, el desinterés gubernamental para reconocer y atender la situación de las hijas e hijos que sobreviven a mujeres víctimas de feminicidio. La investigación reveló la falta de estadísticas sobre la niñez en esta situación, y de una política pública que los atendiera.
Años después de esta investigación el gobierno anunció una serie de acciones para atender a la infancia en este contexto, entre lo que se encontraba el Protocolo el cual se anunció por primera vez en julio de 2020, con el Inmujeres y el DIF como organismos impulsores. Entonces, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que ésta era la primera vez en la historia de nuestro país que se atendía, a través de este protocolo, a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran.
Cimacnoticias solicitó en ese año el documento en el que se basaba este Protocolo, sin embargo, sólo existía un “borrador” de un “documento base” que refería el registro de 2019 del número de niñas, niños y adolescentes en esta situación y algunos de los programas existentes para su atención, no así el modelo de atención que se brindaría a esta infancia.
Pese a ser una urgencia y una deuda del Estado mexicano para con las víctimas mujeres, la versión final de este Protocolo se publicó en el Diario Oficial de la Federación hasta agosto del año siguiente, en 2021. Ahí se estipuló que esta política quedaría a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Ia Familia (DIF), en coordinación con las autoridades federales, Iocales y municipales encargadas de la atención de la infancia.
Es de recordar que en ese entonces, la titular del DIF, María del Rocío García Pérez, dijo que este documento propiciaría una coordinación interinstitucional y definiría los mecanismos de integración de las y los niños a su familia ampliada y de acogida; además de que contaba con una ruta de atención que detalla cada uno de los pasos y procesos que deben llevarse a cabo para resguardar su integridad física.
De acuerdo con el Protocolo, las y los funcionarios que identifiquen un caso de niñas y niños en condición de orfandad por feminicidio deberían notificar a las Procuradurías de protección de la infancia; sin embargo, de acuerdo con datos del procurador, no todos los municipios cuentan con estas instancias porque hay aproximadamente 800 en todo el país.
Protocolo nace sin dientes para operar
Según lo explicó en su momento a Cimacnolticias el procurador federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, en una entrevista del 21 de agosto de 2021, después de su entrada en vigor, las procuradurías locales deberían registrar las atenciones brindadas a niñas y niños en esta condición, pero no estarían obligadas a crear un padrón que permita cuantificar de forma actualizada la situación de orfandad por feminicidio en el país.
“El protocolo habla de una ruta, de una ruta de atención, pero no habla de obligaciones normativas. Las obligaciones normativas están en las funciones de las instituciones, bajo la perspectiva del trabajo que están haciendo, pero básicamente en cuanto a la atención. Los casos que registremos de atención, las Procuradurías llevaremos ese registro de información pero desde esa perspectiva, no como un padrón obligatorio, pero sí con obligación como todos los casos que tenemos de llevar a cabo un registro estadístico de los casos que atendemos”, detalló el funcionario.
Castañeda Correa también explicó que las dependencias, específicamente las Fiscalías (muchas veces encargadas de las atenciones de primer contacto con las víctimas) tampoco estaban obligadas a cumplir con la ruta de atención que planteaba el Protocolo.
“Lo importante es que el reto de los servidores públicos, como fiscales de justicia y los ministerios públicos, sepan que también está la intervención de las Procuradurías de Protección, quienes tenemos la obligación de acompañar en su caso en procedimientos administrativos y jurisdiccionales a niñas, niños y adolescentes. No importa que tengan a sus tutores, nosotros podemos coadyuvar”, explicó.
Oliver Castañeda también detalló que en términos de presupuesto, este Protocolo funcionaría con el dinero que ya tiene cada instancia toda vez que las acciones que se les pide ya eran una obligación para ellas desde 2015, derivadas de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En caso de requerir más recursos para 2022, lo solicitarían, dijo el funcionario, lo cual no sucedió.
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