Cienfuegos dijo que regresaría a los cuarteles si los mexicanos lo quieren, pero también pidió regularizar sus tar
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En un extraño ejercicio retórico, el secretario de la Defensa
Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, dijo el 8 de diciembre que si los
mexicanos quieren que los militares se regresen a los cuarteles lo
harían inmediato; de otra manera que se regule su participación nacional
en tareas de seguridad, para llevarlas a cabo en el marco de la ley. O
sea no quieren, pero si quieren.
De ahí en adelante ocurrió una cauda de declaraciones que envuelven a
la petición del presidente de la República de noviembre pasado, de
hacer reformas que permitan regular la participación de las fuerzas
armadas de México mediante una Ley de Seguridad Interna, para garantizar
su participación sin problemas.
Ese día lo dijo así el general Cienfuegos: “Nosotros no pedimos estar
ahí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir
delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando (…) a
diez años de que ‘oficialmente’ las fuerzas armadas participan en la
lucha contra la delincuencia, las policías estatales y municipales no se
han reconstruido y no cumplen con sus obligaciones…”
Y como quien no quiere la cosa, deslizó su aspiración final: “…Las
fuerzas armadas requieren un marco legal que dé certeza a su actuación,
tarea que le corresponde impulsar a la Secretaría de Gobernación ante el
Poder Legislativo.
“Los niveles de inseguridad en el país no son asuntos que se puedan
resolver a balazos. (…) El nuevo sistema de justicia penal no ha
funcionado como es debido, pues no mantiene en la cárcel a quienes hacen
daño a la sociedad…”
Y de inmediato los senadores priístas comenzaron a empujar hacia un
periodo extraordinario de sesiones en el Congreso Mexicano para estudiar
y quieren aprobar en menos de diez días la famosa Ley de Seguridad
Interna que podría regular la participación del Ejército Mexicano así
como de la Marina Nacional en tareas de seguridad.
El problema está en que queda claro que la seguridad interna del país
es responsabilidad del gobierno federal, de los gobiernos estatales y
municipales mediante cuerpos de seguridad policiaca y de inteligencia
civiles. Pero en vista de que muchísimos de los integrantes de estas
corporaciones están coludidos con el crimen organizado y se les ha
perdido la confianza para garantizar su responsabilidad legal, se ha
tenido que acudir a las fuerzas castrenses del país.
El gobierno federal y en especial la secretaría de Gobernación, se ha
atenido a la participación de los militares para hacer tareas de
inteligencia, seguridad, resguardo, detención y contraataque. Y, por lo
mismo, han dejado de capacitar y limpiar, corregir y castigar a
policías-delincuentes para dejar que los militares hagan esas tareas; y
les ha costado muy caro.
En diez años de participación, han muerto 498 militares: 246 soldados
en enfrentamientos, 252 murieron en accidentes diferentes y 403 heridos
graves. Según datos de la misma SEDENA, por cada 100 presuntos
delincuentes que perdieron la vida, fallecieron 12 soldados.
Pero al mismo tiempo, en estos diez años la SEDENA reportó que 389
soldados fueron implicados en algún proceso por presuntas conductas
ilícitas relacionadas con violaciones a los derechos humanos;
formalmente ha habido 123 recomendaciones y 10,089 quejas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Es esto es lo que hace a que tanto el presidente de la República como
el general de división Cienfuegos, busquen que su participación en todo
ese desastre en el que se ha convertido México, sea visto dentro de lo
regulado y no como un invitado a una guerra, que no es su guerra.
Así que lo mejor es –según el presidente Enrique Peña Nieto, el
Partido Revolucionario Institucional y sus representantes en el Congreso
mexicano- reglamentar esta participación y dejarlos que hagan la tarea
de resguardo social mediante la Ley de Seguridad Interna.
Se dice que esta intervención militar es ‘mientras se dan las
condiciones y se regularice la situación’ lo que puede ser mucho tiempo
dadas las circunstancias actuales de falta de policía confiable, capaz,
transparente y digna. Esto tiene un alto costo para el país no sólo en
lo económicos, sino también en seguridad nacional mientras el Ejército
se ocupe de estos asuntos
El gobierno federal mexicano, ciertamente, “hizo concha” y se sintió
tranquilo y seguro al enviar a las fuerzas armadas a las calles del
país, pero ‘desnaturalizó’ al cuerpo militar mexicano.
¿Pero quieren los mexicanos al Ejército fuera de los cuárteles y
verlos como policías? La impresión es de que no. No los quieren fuera y
sí en los cuarteles.
Durante muchos años a las fuerzas armadas de México se les veía como
una institución príncipe; una institución transparente, firme, leal,
inmarcesible frente a avatares que amenazaran a la integridad nacional y
a los mexicanos. Ya no.
¿Cómo formar policías de alto calado, dignos y confiables? Esa es
tarea de gobierno y de gobernabilidad y corresponde al gobierno federal,
como a los gobiernos estatales y municipales conseguirlo. Y urge. Ya.
Los militares tienen un espacio natural, que sea ese su espacio.
