Veamos. La interpretación que le dan algunos a dicha decisión es que
sirvió para saber quién manda efectivamente, es decir, que se trata de
un “round” ganado por los convocantes en la pugna entre gobierno
entrante y cúpulas empresariales. Otros señalan que la reacción de tales
cúpulas descalificando la medida, es con el fin táctico de calar a la
autoridad electa, ya en funciones reales de gobierno aun antes de tomar
posesión formalmente.
El problema de fondo no es saber quién manda, o si es un “round” de
una pugna entre rivales, o si los empresarios están calando al entrante.
No, esa no es la cuestión, sino otra muy distinta de gravedad crítica.
Los tiempos que corren exigen una reflexión objetiva, seria y honda del
sentido de la decisión tomada en el contexto de las circunstancias.
Son tiempos convulsos por la actitud insolente de los energúmenos
racistas del país norteño, por la inseguridad, la violencia, el hambre,
la desigualdad, prevalecientes en México, por el éxodo de migrantes
forzados a dejar su tierra natal y a buscar refugio y porvenir, porque
sus vidas peligran, porque si se quedan en su patria, sus hijas son
violadas, sus hijos enrolados en las maras o sacrificados por el crimen
organizado, porque sus condiciones económicas son de miseria.
No se trata de ver quién manda. Eso es evidente en un régimen que se
considere medianamente democrático. Se trata de ver cómo se ejerce el
poder obtenido a través del voto, si democráticamente o no, si conforme a
derecho o no.
Esa es la cuestión que se resume en el principio de la legitimidad de
ejercicio del poder político frente al de la legitimidad de origen.
Muchos regímenes han llegado democráticamente al poder mediante el voto
tantas veces emocional de las masas mayoritarias, y después al ejercerlo
de manera facciosa contraria al bien común, esos regímenes se
deslegitiman para desgracia de la nación.
El derecho legitima al poder político; si al primero se le hace a un
lado con desprecio, se está ante la pura fuerza, ante el mandato
desnudo. Si el poder político se subordina al derecho, entonces lo
político entra, dice Recaséns Siches, en el ámbito de los valores de la
cultura, y se transforma en autoridad, en ordenamiento racional, justo,
por lo que el pueblo le otorga su consentimiento. La coerción solo sirve
de auxiliar de la ley, en casos de resistencia al ordenamiento, pero no
es lo esencial del mismo, sino su justicia que persuade y justifica la
obediencia libre.
Por eso, no basta que un gobierno cuente con la legitimidad de
origen, necesita, invariablemente, convalidarla con la del ejercicio del
buen gobierno.
“Hay que gobernar bien para lograr el único orden posible, el de la
justicia”, sentenció Camus en 1945. Para ejercer el poder
democráticamente primero que nada debe ceñirse éste al derecho y a sus
fines: justicia, seguridad y bien común o solidaridad. Un ingrediente
fundamental de la gestión del bien común por parte de la autoridad, es
el fomento del ambiente propicio para que, a través del
discurso racional, no del capricho o de la ocurrencia o del interés
particular, se resuelvan los grandes problemas de un país, con el fin de
que el argumento más sensato para resolverlos, sea el que prevalezca
(Habermas).
Pues bien, la consulta convocada por el poder entrante no fue
democrática, no fue conforme a derecho. Se incumplieron flagrantemente
los requisitos mínimos establecidos por las leyes federales sobre
consultas públicas. No fue legal precisamente porque las autoridades
electas deben ajustarse al régimen constitucional de obligaciones
mínimas y derechos máximos. Ello significa que solamente pueden actuar
estrictamente conforme a las facultades que el derecho les otorgue en su
caso. Y no se ajustaron.
Aunque electas, son autoridades y ya no pueden apelar al principio
que aplica a los ciudadanos particulares, de que lo que no está
prohibido les está permitido, principio que deriva de que la
Constitución establece para ellos, los particulares, deberes máximos
y derechos mínimos. Y por otro lado, tampoco es legal porque de
inicio, la materia de la consulta es de naturaleza técnica por lo que
debió ser debatida en su momento, por expertos especializados en las
diferentes vertientes del asunto, convocados por el nuevo gobierno. No
debió ser ello objeto de una consulta popular, por evidencia inapelable.
A mayor abundamiento, en puridad, el gobierno entrante ya está
ejerciendo el poder, fuera de tiempo, pero ejerciéndolo con decisiones
de gobierno que tienen consecuencias jurídicas, políticas y económicas
para todo mundo. Más cuando el resultado de dicha consulta fue la base
para la decisión de gobierno de cancelar la obra del NAIM.
Entonces, debió cumplirse con la Constitución y la ley. Es patético
al respecto, lo dicho en el Senado con motivo del debate sobre dicha
consulta, por un expanista convertido ahora en fanático morenista: que
dicha ley federal de consultas populares, es digna de ser pateada en
palabras menos en palabras más. ¡Qué legisladores de pacotilla! ¡Que
insolencia, la de la saciedad de poder que hace escarnio del ciudadano y
de la ley!
Y no fue democrática porque no fue legal ni representativa por el
número ínfimo de casillas y boletas en el contexto del padrón
electoral. Además, fue inducida, sin controles ni supervisiones al
contarse los votos. Al ser la materia de la consulta al pueblo de índole
técnica, altamente especializada, resulta ser la misma, un instrumento
de adulación propio de los regímenes demagógicos tan bien estudiados por
Aristóteles en su Política, hace dos mil quinientos años, pero vigente
en todo su alcance en el tema que nos ocupa, ya que el poder y su
naturaleza siguen en lo sustancial siendo lo mismo.
Se adula al pueblo en todo momento y para toda materia, con el
propósito de que la masa irreflexiva al servicio del mito, reproduzca
mansamente la voluntad y las decisiones del gobernante en turno. Y la
consecuencia es que el derecho de verdad, es reemplazado por los
plebiscitos populares que reflejan invariablemente la voluntad de los
caudillos y sus aliados de siempre.
Los grupos oligárquicos por regla, tarde o temprano se doblegan ante
el poder, pues su dios es el dinero, nunca por naturaleza el decoro. Al
nuevo gobierno lo rodea celosamente un selecto grupo de neoliberales
deseosos de encumbrarse en el escalafón del poder y ¡qué poder! Ya se
palpa pues no hay contrapesos, es un poder prácticamente absoluto con
sus fiscales no independientes y su Ley de Seguridad Interior a punto de
estrenarse.
La consulta pasada sobre la viabilidad técnica del NAIM, en suma, es
precursora de la convocatoria de muy factibles plebiscitos de otro
alcance. De hecho, esa probabilidad -no desmentida. por cierto-, ya la
están señalando instituciones de dentro y fuera del país. Es
imperdonable la ceguera e ignorancia culpable de tantos
seudointelectuales y editorialistas. Y más detestable, la zalamera
actitud de otros. Hay, no obstante, quienes, en los medios, han asumido
una actitud inteligente, crítica y valiente, digna de elogio y
esperanza.
Ojalá que haya una rectificación en la manera en que apunta el
ejercicio del ya actuante poder electo, pero es remota, ya que como dice
Francisco de Quevedo, en política, cuando así se comienza, así se
acaba. Tiempo de penuria, de reflexión, de oración, de resistir con
armas pacíficas, con la palabra y la conducta insobornables que no se
suman al rebaño. La filosofía es arma poderosa porque enseña a
identificar y comprender los escollos, las negras sombras que se tienden
sobre la libertad.
