El
26 y 27 de Septiembre en Iguala, Guerrero, se produjo una brutal
represión contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en la
que actuaron conjuntamente policías y sicarios, en estrecha
coordinación, y en la que se encuentran involucrados los gobiernos del
municipio de Iguala, el del Estado de Guerrero y el gobierno federal.
En el ataque inicial fueron asesinadas seis personas: unos, normalistas
y otros, pasajeros del autobús de un equipo deportivo, por parecer
estudiantes; hubo casi una decena de heridos, 25 detenidos y 47
desaparecidos; es altamente probable que sean sus cuerpos los que han
venido encontrándose en fosas, con signos de ejecución extrajudicial y
terribles huellas de tortura. Se trata de un genocidio responsabilidad
del Estado mexicano, y sin embargo, es necesario apuntar las
responsabilidades para que esta afirmación no quede en una abstracción.
Debemos
señalar que este modus operandi fue aplicado contra cinco militantes
del Partido Comunista de México, en agosto-noviembre del 2013, entre
ellos el profesor Raymundo Velázquez Flores, secretario general del PCM
en el estado de Guerrero y dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria
del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), una organización popular campesina
que fue fundada por el profesor Genaro Vázquez Rojas a finales de los
años 60, quien encontrando cerrados los caminos legales pasó a la lucha
armada con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. También fue
asesinado el camarada Luis Olivares, dirigente de la Organización
Popular de Productores de la Costa Grande. Nuestros camaradas fueron
asesinados porque su trabajo político entre las masas afectaba los
intereses de los monopolios, pero el Estado se lavó las manos
adjudicando los crímenes a las organizaciones delictivas. Sin embargo,
hay elementos que nos permiten asegurar que existe un entrelazamiento
entre el Estado y los grupos delictivos, y que su utilización para el
asesinato selectivo y la represión masiva hacen parte de una estrategia
antiobrera y antipopular, que emerge al paso del general colombiano
Oscar Naranjo como asesor de seguridad de Enrique Peña Nieto, la cual
se ensaya y adopta como medida de contención de la movilización
popular, frente al periodo de inestabilidad que se avecina como
resultado de la crisis económica del capitalismo y de las agresivas
medidas para desvalorizar el trabajo.
Hoy, la represión estatal
se decuplica y sale de lo selectivo a lo masivo, insistiendo en la
inmovilización/desmovilización; ya no sólo se descabeza, sino que se
busca sembrar el terror, la confusión y la paralización dentro de
organizaciones dinámicas en la lucha de clases. El ataque a las
escuelas normales, donde se forman los profesores, lleva más de 20
años, y combina la privatización de la educación pública con la
liquidación de estos semilleros de cuadros populares que son las
normales, y que han aportado miles de mujeres y hombres que participan
en la lucha del pueblo trabajador, que engrosan las filas del
magisterio independiente, que se asumen como organizadores natos en los
pueblos del país.
En Iguala ocurrió un genocidio responsabilidad
del Estado, ni duda cabe; sin embargo, debe llamarnos la atención la
ola de argumentos en esa dirección, que con tanta claridad
responsabilizan a la máquina de que se sirve la clase de los
capitalistas para mantener su dominación sobre el proletariado y demás
explotados. ¿Es que hoy todos asumen las tesis del marxismo-leninismo o
es que se procura una vaga generalidad para eludir la concreción de la
responsabilidad de la llamada izquierda electoral?
El Estado
mexicano integró ya a su engranaje al sistema de partidos con registro
electoral, puesto que ninguno le resulta antagónico y todos le son
funcionales, y su expresión más eficiente hasta hoy fue el Pacto por
México, que permitió en muy poco tiempo aprobar las reformas necesarias
para que el poder de los monopolios asegure sus ganancias y
rentabilidad en un periodo como el actual, de crisis internacional de
la economía. En esa dirección, cualquier gestión es admisible en tanto
le dé viabilidad a la explotación capitalista, con la que están
comprometidos lo mismo Peña Nieto, que Carlos Navarrete y López
Obrador, por citar a quienes parecerían adversarios. El sistema de
partidos electorales es correa de transmisión para mantener a los
explotados con la ilusión de la democracia burguesa, de la fachada
democrática de la dictadura de clase del capital; son pues una parte
importante del Estado.
Veamos lo concreto: En Guerrero gobierna
Ángel Aguirre, hasta el año 2010 un importante cuadro político del PRI,
quien sustituyó provisionalmente a Rubén Figueroa después que éste
ordenara la represión en Aguas Blancas, donde fueron asesinados decenas
de campesinos de la OCSS acusados de pertenecer a la insurgencia
armada. Como gobernador provisional, Aguirre es el responsable de la
masacre de El Charco, donde también fueron asesinados decenas de
campesinos con el mismo argumento. Es decir, Aguirre está implicado
directamente en dos de las más importantes masacres de las últimas
décadas y aun así, el PRD (partido importante dentro del Foro de Sao
Paulo, donde hace parte de su Grupo de Trabajo, y en la Internacional
Socialista, y de manera más reciente del Encuentro Progresista que se
convocó en Ecuador), en coalición con el PT y Convergencia (hoy
Movimiento Ciudadano), lo postularon como candidato a Gobernador en
2010. En su campaña participó con entusiasmo López Obrador. Y en su
gabinete participan destacados cuadros del PRD y de MORENA. No estamos
haciendo una caracterización ideológica, sino enunciando hechos, datos
que son irrefutables, sujetos a la comprobación.
Ángel Aguirre
es el responsable directo del genocidio de Iguala, y también del
asesinato de cinco camaradas del PCM. Busca escabullirse adjudicando la
responsabilidad exclusiva a José Luis Abarca, que sin embargo llegó a
la alcaldía de Iguala con el impulso de Lázaro Mazón, quien hoy es
Secretario de Salud del gobierno de Guerrero, fue dos veces alcalde de
Iguala y es precandidato de MORENA al gobierno de esa entidad; por si
no bastara, su hermano, Luis Mazón, es quien sustituirá legalmente a
Abarca en la presidencia municipal de Iguala. Es decir, el PRD y MORENA
han dado cobertura a los responsables de este genocidio, y esa verdad
es inobjetable, a pesar de sus silencios, de sus excusas.
No son
datos menores, se corresponden con una política consistente del PRD
(antes de que MORENA surgiera de su seno) y que va de la represión al
Frente de Pueblos de Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en
mayo del 2006 en Texcoco, al ataque permanente de Ebrard, y ahora
Mancera, al frente del gobierno de la ciudad de México contra el
movimiento obrero y popular. Al tiempo que se vinculan a los
monopolios, al tiempo que aplican el despojo contra las comunidades, el
ataque a los derechos sociales y que colaboraron estrechamente en las
reformas estructurales.
Ellos son corresponsables de aplicar esa
política represiva del Estado, colaborando con el rumbo general que
sigue Enrique Peña Nieto.
El terrorismo de Estado activó ya los
mecanismos represivos que incluyen a sus fuerzas formales (Ejército,
gendarmería, policías federales, estatales y municipales) auxiliadas
por fuerzas paramilitares (sicarios), como ocurrió durante los
regímenes fascistas en Europa y como ocurre en Colombia. Estos dos
ejemplos, los asesinatos políticos en Coyuca de Benítez e Iguala, nos
muestran que no se trata de excepciones, sino de un esquema operativo
donde fuerzas legales e ilegales actúan conjuntamente para salvaguardar
los intereses de los monopolios y golpear a las fuerzas clasistas, y
son un aviso de la tendencia que habremos de enfrentar.
A ello
debemos sumar la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, sobre la que se
guarda silencio, de más de 20 personas, por parte del Ejército Federal.
Un cuadro pues de terrorismo de Estado.
Entramos ya a la etapa
abierta de la violencia del Estado –e insistimos, no sólo del PRI y
PAN, sino del PRD y la corresponsabilidad de MORENA-, para contener las
previsibles oleadas de contestación popular frente a las reformas
laboral, educativa, fiscal y energética, de consecuencias tan lesivas
para la clase obrera y las capas populares.
La respuesta popular
es de indignación masiva y de acciones crecientes, donde destacan los
estudiantes, que en estos días protagonizan una movilización que sólo
encuentra parangón en 1968 y 1999. Prácticamente todas las escuelas y
universidades de la Ciudad de México han ido a paro, y se prevé un
ascenso de la lucha.
En Guerrero maestros y estudiantes,
acompañados de organizaciones populares, han enfocado su ira a los
centros simbólicos del gobierno.
Entre las lecciones que quedan, subrayamos las siguientes:
La fachada democrática del poder de los monopolios se desdobla al
terrorismo de Estado que lo mismo ejecuta la violencia por medios
legales que ilegales. La gestión socialdemócrata, llamada izquierda
democrática, izquierda responsable, izquierda moderna, progresismo, no
es la defensora consecuente de la formalidad democrática, sino un
instrumento estatal que por igual activa los mecanismos represivos, por
lo que no hay que tener la mínima confianza en ella. Una sección de la
socialdemocracia busca como el avestruz ocultar su cabeza bajo la
tierra, elude el tema a pesar de sus responsabilidades y refuerza al
Estado con recursos legales para impugnar la reforma energética, habla
de cualquier otra cosa mientras evade el tema de Ayotzinapa.
El
quehacer de los comunistas se redobla en estas condiciones, en que la
única opción a la barbarie capitalista y su represión genocida puede
surgir del masivo protagonismo de la clase obrera y su vigente programa
del derrocamiento del poder de los monopolios.
El terrorismo
de Estado no nos debe llevar al repliegue, sino acelerar los
preparativos de la contraofensiva proletaria y popular.
Vamos a
trabajar en este contexto impulsando la insubordinación y la insumisión
frente al estado de derecho que asesina a nuestro pueblo. A nosotros no
nos interesa la gobernabilidad, ni la estabilidad política de la
barbarie del terrorismo de Estado, sino la ingobernabilidad que haga
surgir el protagonismo de los trabajadores, que lleve a las masas
populares a la irrupción en la política, para asumir los asuntos de su
interés en sus propias manos.
Vamos a trabajar para promover
la organización unitaria de los estudiantes, con carácter democrático y
de alcance nacional, que exprese fuerzas nuevas y no la suma de
membretes. Vamos a apoyar las decisiones de la CETEG y la APG. Vamos a
trabajar para esbozar un horizonte que ponga fin ya a estas
intolerables manifestaciones de violencia antipopular, endémicas al
capitalismo. ¡Que suene la hora de la ofensiva popular!
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