John M. Ackerman
La Jornada
Miguel Ángel Mancera
llegó a ocupar la jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2012
gracias al enorme repudio ciudadano en contra del desastroso sexenio de
Felipe Calderón que había sumido al país en un baño de sangre. Mancera
también se benefició de la baja calidad de las candidatas presentadas
por el PRI y el PAN, Beatriz Paredes e Isabel Miranda de Wallace. El
actual jefe de Gobierno recibió más de 63 por ciento de la votación
ciudadana, marcando un hito histórico en comparación con las elecciones
anteriores.
Pero en lugar de reconocer con humildad su papel en la historia y
respetar al mandato popular expresado en las urnas en favor de una
ciudad de México progresista y de avanzada, Mancera se ha dedicado a
traicionar a los ciudadanos de la capital con sus políticas represivas,
privatizadoras y antipopulares. La reciente aprobación de un
constituyente profundamente amañado y autoritario para la ciudad
solamente echa sal en la profunda herida abierta por tres años de
atropellos a la esperanza ciudadana.
Desde el principio de su mandato, el jefe de Gobierno de una de las
ciudades más avanzadas del mundo con respecto a su cultura política
informada y crítica, tendría que haber encabezado la lucha ciudadana en
contra de la privatización petrolera y las otras contrarreformas del
Pacto por México impulsadas por los dinosaurios neoliberales que hoy
ocupan Los Pinos. Pero en lugar de encabezar marchas de protesta e
informar a la ciudadanía sobre las implicaciones del saqueo, Mancera se
dedicó a reprimir a estudiantes, encarcelar a activistas y desalojar a
maestros.
Durante su gestión, la Plaza de la Constitución ha dejado de ser un
espacio para la defensa de la Carta Magna. Con Mancera, el Zócalo
capitalino se ha convertido en un lugar para enaltecer a las fuerzas
armadas, estacionar los autos de lujo de la clase política, instalar
mega-pantallas y patinar sobre hielo.
Un jefe de Gobierno digno de la larga tradición de luchas sociales en
la capital en favor de los servicios y los espacios públicos, tendría
que haber defendido el interés ciudadano en contra de la voracidad de
los políticos corruptos y los especuladores inmobiliarios, pero en lugar
de garantizar la economía popular, Mancera provocó la ira ciudadana al
aumentar de golpe el precio del Metro. También ha fomentado la
multiplicación sin límite de nuevos centros comerciales y sucursales de
cadenas extranjeras al acecho de nuevas oportunidades de expropiar los
pesos cada vez más devaluados del pueblo trabajador.
Mancera ha privatizado la vía pública al otorgar jugosos contratos
millonarios a concesionarios de parquímetros a lo largo y ancho de la
ciudad. El servicio de grúas sigue en manos privadas desde la época de
Marcelo Ebrard, y el nuevo jefe de Gobierno ha ampliado el modelo de
asociaciones público-privadas y de subcontrataciones de servicios
públicos a una infinidad de otros ámbitos, desde los semáforos hasta las
patrullas. Organizaciones civiles también han denunciado sus planes de
privatizar el servicio de agua potable.
Con Mancera, la Ciudad de México se ha hundido en una espiral
interminable de violencia y de represión. Sigue sin resolver el
sospechoso caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron
asesinados el periodista veracruzano Rubén Espinosa y la activista Nadia
Vera. Y son cada día más comunes las brutales ejecuciones al estilo de narcotraficantes que cuentan con protección política del más alto nivel.
Ahora, con el formato para el nuevo constituyente del Distrito
Federal, el jefe de Gobierno se corona como el príncipe mejor portado en
todo Peñalandia. De acuerdo con el texto ya aprobado por el Congreso de
la Unión, Mancera será la única persona facultada para proponer el
texto para la Constitución de la Ciudad de México, escrito que será
sometido después para su aprobación a un constituyente donde sólo 60 por
ciento de los integrantes serán electos por la ciudadanía, y los
partidos del Pacto por México (PRI, PRD y PAN) tendrán garantizada una
mayoría absoluta de los votos.
El objetivo político es claro: excluir totalmente a la primera fuerza
política de la capital, Morena, de cualquier participación en el
proceso de redacción, negociación y debate de la Carta Magna de la
ciudad.
Sigue absolutamente vigente el sistema inaugurado en 1946, con la creación del partido supuestamente
institucional, basado en la utilización facciosa de las
institucionespara favorecer los intereses de unos cuantos. No existe posibilidad alguna de que la nueva Constitución de la Ciudad de México refleje la voluntad popular. En lugar de participar en esta farsa, la mejor estrategia para recuperar el espíritu rebelde y transformador de la capital será la construcción de una gran coalición entre Morena, los ciudadanos libres y las organizaciones sociales para generar una alianza social capaz de hacer valer la soberanía popular en las elecciones de 2018.
Twitter: @JohnMAckerman
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