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| El féretro de la alcaldesa Gisela Raquel Mota. Foto: Hugo Cruz Jenaro Villamil |
MÉXICO, DF (apro).- Si el homicidio de la alcaldesa Gisela Raquel Mota
hubiera ocurrido en una población francesa o norteamericana y no en
Temixco, Morelos, seguramente el primer mandatario Enrique Peña Nieto
habría reaccionado de manera mucho más rápida.
La indolencia y el
silencio del gobierno federal frente a este crimen –que ha vuelto a
conmocionar a la opinión pública nacional desde el 2 de enero de 2016– y
la disputa mediática
entre el recién estrenado alcalde de Cuernavaca el exfutbolista
Cuauhtémoc Blanco y el gobernador Graco Ramírez sobre el tema del “mando
único” policial en Morelos son una demostración de la pésima decisión
oficial de ignorar los temas más conflictivos de la actual crisis de
seguridad pública y de respeto a los derechos humanos que vivimos en el
país.
Ante las principales tragedias nacionales, Peña Nieto ha
tardado en reaccionar entre 10 y 12 días. Y cuando lo hace, es para
minimizar el impacto real de los hechos o para emitir sus “decálogos”
que acaban por guardar el sueño de los justos en las oficinas
burocráticas o quedar congelados en las comisiones dictaminadoras del
Congreso.
Su último “decálogo” sobre seguridad pública ha quedado
ampliamente rebasado por la caída de la “verdad histórica” en la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán
y ahora por el crimen contra la alcaldesa de Temixco, a unas cuantas
horas de haber protestado como alcalde en uno de los municipios
disputados por los mismos cárteles que presuntamente están detrás del
caso de los normalistas de Ayotzinapa.
El homicidio de Gisela
Raquel Mota debiera convertirse en una emergencia nacional por el hecho
de ser el crimen número 41 contra un alcalde en los tres años de
gobierno peñista, de acuerdo con los datos de la Asociación de
Autoridades Locales de México AC (AALMAC), pero también porque
representa un desafío abierto contra cualquier intento de combatir la
penetración de las bandas criminales en los cuerpos policiacos.
Durante
los tres años que lleva la administración, el gobierno peñista ni
siquiera se ha planteado la necesidad de contar con protocolos
específicos de protección a las autoridades municipales, incluyendo a
los integrantes de los cabildos y a las administrativas.
El crimen
también ocurre en una zona marcada por los altos índices de
feminicidios. Después del Estado de México, Morelos es la segunda
entidad con mayor número de crímenes impunes contra mujeres: se han
registrado más de 630 entre 2010 y 2015.
El silencio de Peña Nieto
constituye también una falta absoluta de interés por la rendición de
cuentas. Ocurre justo cuando una polémica editorial del periódico The New York Times ha acusado al gobierno peñista de haber “encubierto feas verdades y minimizado escándalos”.
La
nota del rotativo norteamericano no se refirió al caso de Temixco, pero
sí a otros muy parecidos y vinculados con el ascenso del crimen, la
vinculación de las fuerzas policiacas y militares con el narcopoder y el
fracaso de la política de seguridad pública y combate al narcotráfico.
Un
elemental recordatorio de las autoridades municipales asesinadas en los
últimos cuatro años debiera, al menos, generar una reacción del
gobierno federal frente a esta crisis que no es exclusiva de Morelos
sino de todo el país.
La mayoría de los alcaldes han sido
asesinados por el crimen organizado, especialmente en los últimos tres
años. Los casos más representativos son los siguientes:
–Marisol Mora Cuevas, alcaldesa de Tlacojalpan, Veracruz. 28 de junio de 2012, en una carretera federal en Oaxaca.
–María Santos Gorrostieta Salazar,
alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán. Noviembre de 2012, con huellas de
tortura. La perredista y su esposo ya habían sido víctimas de un
atentado en octubre de 2009 y en enero de 2010.
–Wilfrido Flores Villa, alcalde interino de Nahuatzen, Michoacán, del PRI. Febrero de 2013, en un restaurante de Pátzcuaro.
–Ygnacio López Mendoza,
alcalde perredista de Santa Ana Maya, Michoacán. Noviembre de 2013, en
un supuesto accidente automovilístico sobre la carretera
Acámbaro-Iramuco.
–Feliciano Martínez Bautista, alcalde de San Juan Mixtepec, Oaxaca. Marzo de 2013, emboscado.
–José René Garrido, alcalde priista de San Salvador El Verde, Puebla. Abril de 2013, baleado por unos sujetos que entraron a su domicilio.
–Celestino Félix Vázquez, alcalde priista de San Miguel Tiquialpan, Oaxaca. Junio de 2013, cerca de su casa.
–Gerónimo Manuel García Rosas, alcalde de Aquila, Veracruz. Julio de 2013, asesinado por el comandante de la policía municipal Adán González Vega.
–Gustavo Garibay García, alcalde panista de Tanhuato, Michoacán. Marzo de 2014, en la puerta de su casa.
–Manuel Gómez Torres,
alcalde de Ayutla, Jalisco. Agosto de 2014, junto con su escolta a
manos de presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.
–Rogelio Sánchez Galán, alcalde electo de Jarécuaro, Guanajuato, del Partido Verde. Junio de 2015.
–Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Chilapa, Guerrero. Junio de 2015.
A la larga lista de exalcaldes asesinados se suman los ocurridos en 2015 contra Ambrosio Borbonio Ame, exalcalde de Cuitláhuac, Veracruz, a balazos en mayo; Santos García Machorro, exalcalde de Cuapiaxtla, Puebla, en su domicilio en febrero; y el de Lorenzo Hernández Guerrero, exedil de San Luis Potosí, por un grupo de desconocidos que logró huir el pasado 31 de diciembre.
A
pesar de esta numerosa lista de autoridades municipales asesinadas, en
México no existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes
de los cabildos amenazados o agredidos.
Twitter: @JenaroVillamil
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