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| Daniela Villegas |
Daniela Villegas
@danyelavillegas
En un país como México en el que
hasta junio de 2015 se habían registrado el asesinato de 73 alcaldes en la última década, según datos de la
Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), el homicidio de la recién
electa alcaldesa del municipio de Temixco, Morelos, Gisela Mota del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), se suma a una serie de asesinatos políticos en
que se evidencia la falta de Estado de derecho prevaleciente en el país, especialmente
a nivel municipal, en el que la delincuencia organizada, tiene el monopolio de
la violencia, eliminando a cualquiera que se oponga a sus intereses económicos
y políticos.
El 2 de enero, a tan sólo un día de haber ocupado el
cargo, la joven política de 33 años y militante desde muy corta edad del PRD
vio cesada su vida profesional y el triunfo histórico como primer mujer alcalde
de Temixco por una ola de violencia que se ha instalado en México desde el
gobierno de Felipe Calderón y con más fuerza durante el presente sexenio de
Enrique Peña Nieto.
Lamentablemente no sería la primera vez que se asesinara
a una mujer alcaldesa o candidata a alcalde. Habríamos de recordar los homicidios
de la candidata a alcaldesa Aidé Nava por el PRD en el municipio de Ahuacuotzingo,
Guerrero en 2015; el asesinato de la alcaldesa María Santos Gorrostieta Salazar
del PRD de Tiquicheo, Michoacán en 2012, tras varios intentos previos de
asesinato; el homicidio a la alcaldesa Marisol Mora Cuevas del PAN del
municipio de Tlacojalpan, Veracruz en 2012 y de Luz María García Villagrán del
PRI de Gran Morelos, Chihuahua en 2011.
Son varios los ejes que se
entrecruzan en los casos de estos homicidios, por un lado a nivel general, la vulnerabilidad de las
autoridades municipales ante la delincuencia, ya sean mujeres u hombres, y en
el caso específico de las mujeres políticas el hecho de que pese a los avances
en paridad constitucional, los crímenes pueden inhibir la ya de por sí
insuficiente presencia de políticas a nivel municipal, así como la grave
afrenta a los derechos políticos de las mujeres
tanto como mujeres electas como a las mismas mujeres que las han elegido en su
ejercicio de ciudadanía.
El asesinato político de Gisela
Mota hace más que urgente la implementación del protocolo de seguridad que ya
el 25 de noviembre la Magistrada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación María del Carmen Alanís proponía
en una columna en el periódico mexicano El
Universal. Este protocolo (que se encuentra en ciernes) buscaría establecer acciones frente a casos de
violencia política hacia las mujeres, desde los enfoques de género e
interculturalidad.
Entre las distintas instancias que apuntalaba
la funcionaria para que se encargarán de la elaboración e implementación de tal
protocolo señalaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos
Electorales Locales; las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) y para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata
de Personas (Fevimtra); el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); las
Comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); y dos organizaciones de la
sociedad civil así como dos académicas.
Ante las inminentes elecciones de 2016 en que se renovarán autoridades
estatales, municipales, y de los congresos locales en 13 entidades de México,
en donde participan varias mujeres es más que fundamental implementar un
protocolo de seguridad eficiente de protección para quienes resulten amenazadas
pues las mujeres políticas no sólo están en riesgo físico de perder la vida
sino también la misma democracia, pues al anularse la vida de ellas se acaba
con la vida política de la mitad de la población que lucha día a día por un
ejercicio pleno de su ciudadanía.
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