Intereses económicos y salud pública

Iván Restrepo

El lunes pasado publiqué datos sobre cómo la industria refresquera se apodera del agua de la nación. El mismo día, la Asociación de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas publicaron en nuestro diario a página entera un texto donde condenan “las lamentables declaraciones del subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien calificó a nuestros productos como ‘veneno embotellado’”. Consideran inaudito que un funcionario promotor de la salud estigmatice a una industria que cumple a cabalidad con todas las normas y regulaciones en México. Y en descargo de que los refrescos embotellados causen obesidad y sobrepeso, la asociación alega que la evidencia científica muestra que esos dos males tienen diversas causas, como los hábitos alimentarios, falta de actividad física y el entorno social.

Están en su derecho de defender sus intereses. En Estados Unidos, por ejemplo, casi un centenar de organizaciones de salud, que luchan contra la obesidad, recibieron patrocinios de Coca-Cola y ­PepsiCo a fin de mejorar su imagen, demostrar que el aporte de esas bebidas a la obesidad y la diabetes es marginal y presionar contra 29 proyectos de ley de salud pública para reducir el consumo de refrescos o mejorar la nutrición. En México Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé Kellogg’s, Unilever y Kraft, entre otros, son negocios multimillonarios que han gozado del apoyo de políticos y funcionarios.

Imposible ignorar los daños que causan en la población del país los refrescos y la comida chatarra: más de 70 por ciento de los adultos, 35 por ciento de los adolescentes y 10 por ciento de los niños menores de cinco años padecen sobrepeso y obesidad. Aumentan los trastornos graves vinculados a estos males. La comorbilidad por obesidad se relaciona con la muerte de 170 mil mexicanos al año. Por enfermedades cardiovasculares, más de 113 mil, y la mitad eran obesas. La diabetes mellitus, nuestra segunda causa de muerte con alrededor de 100 mil personas anualmente, 80 por ciento se vincula con la obesidad; por tumores malignos fallecen 73 mil personas al año, de las cuales 41 por ciento eran obesas. Todo ello es fruto del abandono de la dieta tradicional y el mayor consumo de botanas saladas y dulces, cereales en caja, barritas, golosinas, bebidas deportivas, jugos de frutas y néctares, tés y café embotellados, salsas, pastas untables y comidas ultra-procesadas. México es el mayor consumidor de productos ultra- procesados en América Latina, con 215 kilogramos al año por persona.

No es López-Gatell el único que señala a los fabricantes de refrescos como origen de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han insistido numerosas veces en la urgencia de fijar mayores impuestos (por lo menos 20 por ciento) a las bebidas azucaradas a fin de ayudar a reducir su consumo y, así, el reinado de la obesidad y la diabetes. A la par los gobiernos tendrían recursos para atender a quienes enferman por consumir productos que hacen daño. Las últimas cuatro décadas se incrementó en México el gasto gubernamental para curarlos.

Una de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la comunidad internacional de naciones, es reducir la mortalidad por las enfermedades no transmisibles, como la diabetes. La mayor parte de las muertes asociadas a ellas ocurre en los países de ingresos bajos o medios. Alcanzar esa meta requiere abordar el problema integralmente. Comenzando por dotar de agua potable a la población, mejorar el etiquetado y control de la publicidad de los productos que enferman; facilitar el acceso a alimentos y bebidas saludables, además de facilitar y promover la lactancia materna.

En México, tanto por las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, como por la participación activa de grupos sociales (destacadamente El Poder del Consumidor), a paso lento se toman medidas para enfrentar el problema que crean los refrescos y la comida chatarra, como establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, prohibir su venta en las escuelas y reglamentar la publicidad de alimentos y bebidas que hacen daño. Existe desde 2013 una Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con el defecto de que en ella los empresarios dejaron sentir su poder.

Como demuestra la pandemia de Codiv-19, la estrategia está lejos de dar los frutos deseados. Es hora de actualizarla y llevarla a feliz término. Más que los intereses económicos poderosos y con cabilderos en el Congreso y los medios de comunicación, está la salud pública.