La defensa, encabezada por Garzón, busca que no pise la cárcel
El traslado directo de Emilio Lozoya Austin del
aeropuerto de la Ciudad de México al hospital Ángeles del Pedregal,
haber conseguido que no se pusiera a disposición de los jueces para las
audiencias iniciales y la filtración de información a medios
periodísticos, forman parte de la estrategia que la defensa del ex
director de Pemex, que encabeza Baltasar Garzón, habría desplegado para
descarrilar el posible juicio en su contra y evitar así que su cliente
pise la cárcel.
Los funcionarios y litigantes consultados por La Jornada indicaron
que con la estancia de Lozoya en un hospital al sur de la Ciudad de
México y que no haya sido puesto a disposición de jueces federales
se trata de evitar que pise la cárcel; encontrarle una salida digna y viciar el proceso que impida al Ministerio Público Federal llevarlo a prisión.
De allí que, advirtieron los funcionarios y litigantes entrevistados,
la estrategia de filtrar información que pudiera servir para que el
Ministerio Publico integre nuevas investigaciones tiene el propósito de
detenerlas y obligar a los encargados de procurar justicia a conseguir
otros medios de prueba con qué soportar sus imputaciones.
Fuentes judiciales que solicitaron el anonimato advirtieron a este
diario que la publicación del contenido de la declaración de Lozoya en
España obedece a una filtración que desde la defensa del extraditado se
consumó con el objetivo de afectar el proceso y el consiguiente
descarrilamiento del mismo.
En España, el ex juez de la Audiencia Nacional desplegó la estrategia
para proteger del mayor de los males a Lozoya, y en México fuentes de
la Barra de Abogados apuntan a Javier Coello Trejo –quien renunció
públicamente a la defensa de su amigo en junio pasado–, y ahora estaría
coadyuvando en el proceso. Al buscar a Coello Trejo para que comentara,
no respondió a las llamadas de este diario. No obstante, en un connotado
bufete de abogados uno de ellos dijo:
Javier sí tiene relación con el caso, no nos hagamos los inocentes.
Después de que la autoridad mexicana consiguió la extradición, el
proceso en torno a Emilio Lozoya es fuente de dudas por el rumbo que le
da la defensa.
Desde de que salió de España, la Policía Nacional indicó que el ex
director de Pemex gozaba de cabal salud. No obstante, a su arribo a la
Ciudad de México –y antes de ser puesto a disposición de los jueces que
emitieron las órdenes de aprehensión en su contra para posteriormente
ingresarlo al área de juzgados del Reclusorio Norte–, el detenido fue
trasladado al hospital Ángeles del Pedregal, al considerar delicado su
estado de salud por padecer anemia y problemas de esófago. Incluso se ha
corrido la versión de que ya fue intervenido quirúrgicamente.
▲ La revelación de declaraciones del ex director de Pemex obstruiría la
labor del Ministerio Público, advierten funcionarios y litigantes
consultados por este diario.Foto María Meléndrez Parada
El errático procedimiento tiene que ver con la narrativa desplegada
por la defensa del ex funcionario peñista, que desde España negoció la
declaración de su cliente, señalando los actos de corrupción que
propició y en los que se vio inmiscuido con tal de beneficiar a la
empresa brasileña Odebrecht, alentar mediante sobornos la aprobación de
la reforma energética e impulsar la compraventa con sobreprecio de la
empresa Agronitrogenados a la compañía Altos Hornos de México, del
empresario Alonso Ancira, quien también se encuentra en el país ibérico
sujeto a un proceso de extradición a solicitud de las autoridades
mexicanas.
Funcionarios judiciales refirieron que, para el Consejo de la Judicatura Federal, Emilio Lozoya
está en manos de la Fiscalía General de la República, en términos jurídicos es como si no se hubiera formalizado la cumplimentación de los mandamientos en su contra, pues ello obligaría al Ministerio Público a ponerlo a disposición inmediata (es decir, el tiempo que tomara la notificación en el hangar de la Fiscalía y su posterior traslado a los juzgados).
Asimismo, fuentes del gobierno federal señalaron que, aunque “se le
haya ofrecido o se esté diciendo que puede convertirse en testigo
protegido ello es una falla que podría afectar el proceso en su contra,
toda vez que el ex director de Pemex no ha sido imputado de cometer
delincuencia organizada (las acusaciones son por operaciones con
recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y
ejercicio indebido del servicio público), y esa figura no se le puede
otorgar.
Por lo que hace al término o beneficio de convertirse en testigo colaborador, se requiere que este procedimiento sea aceptado por un juez, y en este caso presuntamente ya se ha llegado a acuerdos, se habría revelado información que se aportaría para llegar a otros involucrados y ello podría afectar su derecho al debido proceso, al igual que de otros que pudieran resultar involucrados en actos ilícitos y ya no tendría efecto un proceso en su contra.
Gustavo Castillo y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
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