CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.- Por mayoría de cuatro votos, la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió
rechazar el amparo en revisión 636/2019 y no entrar al fondo del
asunto al considerar que no existe un mandato que obligue al Congreso de
Veracruz a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Se tenía previsto que a las 12 del día de este martes los ministros
Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía
Piña Hernández se pronunciaran sobre el aborto; minutos después de la
hora marcada decidieron rechazar la discusión en torno al aborto y
sobreseer el amparo en revisión.
El recurso se rechazó con cuatro votos en contra del proyecto del
ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien proponía reconocer
que el Congreso de Veracruz cometió una omisión legislativa al no
reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal y
eliminar las normas discriminatorias que no permiten la interrupción
legal embarazo.
La ministra Norma Lucia Piña Hernández fue quien expuso los
principales argumentos para no apoyar la propuesta; según dijo, en
Veracruz existe una legislación en materia de aborto y en este caso no
hay un mandato específico que obligue al Congreso a legislar de cierta
forma. Lo que hay, dijo, son nomas que prohiben la discriminación, por
tanto la Suprema Corte no puede ordenar a las y los diputados una
modificación específica.
A estos argumentos se sumó la ministra Margarita Ríos Farjat, quien
agregó que hay impedimentos técnicos y jurídicos para sumarse al
proyecto del ministro ponente. En su consideración, no hay omisión
legislativa porque en el estado sí existe una norma en la materia y esa
legislación no fue impugnada, por tanto no se puede declarar
inconstitucional.
La decisión en contra de analizar la obligación de la Legislatura
veracruzana se tomó nueve días después de que se dió a conocer el
proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, a un día de que
diputadas federales y organizaciones internacionales se pronunciaran a
favor, y a unas horas de que la secretaria de Gobernación, la ministra
en retiro, Olga Sánchez Cordero también apoyara la propuesta de
resolución de la Primera Sala.
La breve discusión se dió en medio de la manifestación virtual de
grupos que están en contra del aborto y de las mujeres que defienden el
derecho a decidir libremente sobre su maternidad y tener acceso a un
aborto libre y seguro; pero también con los amicus curiae (documentos
con argumentos jurídicos) que presentaron organizaciones civiles para
defender la interrupción legal embarazo.
Advierten que AVG deben ser vinculantes
Entre
los argumentos enviados a la Primera Sala, uno fue elaborado por las
abogadas feministas Andrea Medina Rosas y Patricia Olamendi Torres, y
respaldado por las defensoras que integran la red Nosotras Tenemos Otros
Datos, en el que manifiestan su desacuerdo con dos puntos del proyecto:
que las Alertas de Violencia de Género no son Vinculantes y que las
recomendaciones emanadas de tratados internacionales no son fuente de
Derecho.
Estas afirmaciones, alegaron las expertas, implicaría un serio
retroceso en la interpretación y operación de los principios
constitucionales en materia de Derechos Humanos de las mujeres y de los
Derechos Humanos en general.
Las defensoras argumentaron que eliminar el efecto vinculante de una
ley o de un mecanismo jurídico, como la Alerta de Violencia de Género,
siempre implica restarle relevancia, pues evita que puedan exigir las
obligaciones, los derechos y las libertades ahí acordadas, y que en caso
que no se cumplan o se violen, evita que se pueda acceder a la
justicia.
La Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres es un mecanismo
establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, aprobada por el Congreso de la Unión en 2006 y publicada
en 2007, la cual no fue impugnada en su constitucionalidad, por tanto es
vigente y sus preceptos legales, exigibles y justiciables.
De acuerdo con este amicus, si bien, la AVG es un mecanismo que
garantiza los derechos de las mujeres, no se restringe a hacer del
conocimiento público los posibles incumplimientos del Estado mexicano y
sus entidades con los compromisos constitucionales y convencionales,
pues para eso ya hay mecanismos, las Alertas son una garantía de acción
directa para “enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un
territorio determinado”.
El documento, también firmado por la antropóloga feminista Marcela
Lagarde, quien fue diputada federal y creadora de la Ley General,
también recuerda que uno los objetivos de las Alertas es eliminar las
desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos
Humanos y que en el proceso de la AVG, implica informar y estar en
coordinación entre el Sistema Nacional y el Sistema Estatal, del cual
forma parte el Congreso del estado,
Diputadas recuerdan que penalizar aborto solo afecta a mujeres
Este martes las diputadas federales Martha Tagle Martínez, Guadalupe
Almaguer Pardo, Sandra Paola González Castañeda, Lorena Villavicencio
Ayala, Wendy Briceño Zuloaga, Verónica Juárez Piña, Ana Lilia Herrera
Anzaldo, Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez y
Norma Azucena Rodríguez Zamora se pronunciaron a favor del proyecto de
resolución, que finalmente fue rechazado.
Las legisladoras recordaron que la tipificación del aborto en el
Código Penal de Veracruz prohibe totalmente la interrupción del
embarazo, lo que implica una barrera discriminatoria al acceso a la
salud en condiciones de igualdad además de que atenta contra el libre
desarrollo de la personalidad de las mujeres y su derecho a la vida
privada, ya que la maternidad se vuelve un plan de vida impuesto.
Las diputadas agregaron que la penalización del aborto sólo recae en
las mujeres por sus condiciones físicas y biológicas, y la nación funge
como un obstáculo para el acceso a servicios de salud seguros, que les
permitan alcanzar el bienestar físico, mental, emocional y social,
apreciado con perspectiva de género.
En el pronunciamiento apoyaron la propuesta de sentencia del ministro
González Alcántara Carrancá, pero llamaron a las y los ministros a
fortalecer lainterpretación del sistema internacional de Derechos
Humanos, eliminar conclusiones que generen incertidumbre y pidieron “que
no quede la menor duda sobre la obligación que tiene el Estado mexicano
en dar cabal cumplimiento a todos los Derechos Humanos de las personas,
particularmente a los derechos de las mujeres”.
Antes de la discusión de esta tarde, en la Primera Sala de la Suprema
Corte, en la conferencia de prensa presidencial de esta mañana, la
ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor del
aborto; igual que lo hicieron organizaciones como Ipas Centroamérica y
México y defensoras que en redes sociales publicaron imágenes con un
pañuelo verde, en apoyo al ministro González Alcántara Carrancá.
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