Manifestación a las puertas de la representación de la entidad
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México, DF. 4 nov. 10 (CIMAC).- Integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres exigieron, hoy a la Representación del Gobierno de Puebla, en el Distrito Federal, que cesen los procesos penales en contra de 30 mujeres indiciadas por el “delito de aborto”, entre quienes está una niña de 12 años de edad. Durante el mitin, Nataly Hernández, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), en Puebla, lamentó que mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) inició, de marzo de 2009 a abril pasado, 30 averiguaciones previas por aborto, “no hay ninguna investigación en contra de violadores sexuales”, en la entidad.
Ello, evidencia la violencia en contra de las mujeres y niñas poblanas por parte de las autoridades, misma que se agravó tras la reforma a la constitución local que criminaliza la interrupción del embarazo, al proteger “la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, realizada en marzo de 2009. Según datos de la PGJEP, obtenidos por las organizaciones poblanas mediante el Sistema de Solicitudes de Información, de los 30 casos de mujeres indiciadas en 8 municipios de la entidad, 9 ya fueron consignadas, es decir, está por definirse la sentencia que recibirán, mientras que las 21 restantes son investigadas todavía. Luego, de que en enero pasado, Rodolfo Archundia, titular de la PGJEP, indicó que hasta esa fecha había 30 mujeres perseguidas por interrumpir embarazos, las integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres, comenzaron la petición de información acerca de las condiciones en las que las poblanas enfrentan los procesos penales.
Sin embargo, señalaron que la Procuraduría les ha restringido información como las condiciones en que ocurrió el aborto, por lo que ignoran si la averiguación previa en contra de las poblanas se abrió por causales no punibles, como ya ocurrió antes en el estado. Tal es el caso de Alejandra Gómez Sánchez, de 21 años de edad, quien en abril de 2009, antes de que la reforma constitucional se publicara en el Diario Oficial local, fue detenida, luego de que iniciaron una averiguación previa en su contra por el “delito de aborto”, cuando el éste fue espontáneo, ejemplificó la activista de Ddeser.
Las edades de las poblanas que han sido indiciadas van de los 12 a los 37 años de edad, ellas habitan en municipios poblanos de alta marginación, donde se combina la pobreza, falta de educación y de acceso a servicios de salud y de justicia, algunos de ellos son Tehuacán, Tecamachalco, Huahuchinango y Tepeca. Una comisión de manifestantes, entre ellas Nataly Hernández, entraron a la Representación del Gobierno de Puebla a donde entregaron a Gerardo Cruz, encargado de Asuntos Jurídicos, un documento en el que expresan “total rechazo” a las acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, basadas en “las morales de unos cuantos, carentes de sentido ético y legal”, que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el escrito, dirigido a Mario Marín Torres, gobernador de la entidad, exigieron el cese de procedimientos penales en contra de las mujeres de la entidad por interrumpir un embarazo de forma espontánea o inducida. Señalaron la necesidad de acciones inmediatas y efectivas de educación sexual con bases científicas, para evitar embarazos no deseados y por ende la necesidad de abortos. Así como, la obligación de las autoridades de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para la totalidad de mujeres en Puebla, principalmente para quienes están en mayor marginación social.
México, DF. 4 nov. 10 (CIMAC).- Integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres exigieron, hoy a la Representación del Gobierno de Puebla, en el Distrito Federal, que cesen los procesos penales en contra de 30 mujeres indiciadas por el “delito de aborto”, entre quienes está una niña de 12 años de edad. Durante el mitin, Nataly Hernández, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), en Puebla, lamentó que mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) inició, de marzo de 2009 a abril pasado, 30 averiguaciones previas por aborto, “no hay ninguna investigación en contra de violadores sexuales”, en la entidad.
Ello, evidencia la violencia en contra de las mujeres y niñas poblanas por parte de las autoridades, misma que se agravó tras la reforma a la constitución local que criminaliza la interrupción del embarazo, al proteger “la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”, realizada en marzo de 2009. Según datos de la PGJEP, obtenidos por las organizaciones poblanas mediante el Sistema de Solicitudes de Información, de los 30 casos de mujeres indiciadas en 8 municipios de la entidad, 9 ya fueron consignadas, es decir, está por definirse la sentencia que recibirán, mientras que las 21 restantes son investigadas todavía. Luego, de que en enero pasado, Rodolfo Archundia, titular de la PGJEP, indicó que hasta esa fecha había 30 mujeres perseguidas por interrumpir embarazos, las integrantes del Pacto por la Vida la Libertad y los Derechos de las Mujeres, comenzaron la petición de información acerca de las condiciones en las que las poblanas enfrentan los procesos penales.
Sin embargo, señalaron que la Procuraduría les ha restringido información como las condiciones en que ocurrió el aborto, por lo que ignoran si la averiguación previa en contra de las poblanas se abrió por causales no punibles, como ya ocurrió antes en el estado. Tal es el caso de Alejandra Gómez Sánchez, de 21 años de edad, quien en abril de 2009, antes de que la reforma constitucional se publicara en el Diario Oficial local, fue detenida, luego de que iniciaron una averiguación previa en su contra por el “delito de aborto”, cuando el éste fue espontáneo, ejemplificó la activista de Ddeser.
Las edades de las poblanas que han sido indiciadas van de los 12 a los 37 años de edad, ellas habitan en municipios poblanos de alta marginación, donde se combina la pobreza, falta de educación y de acceso a servicios de salud y de justicia, algunos de ellos son Tehuacán, Tecamachalco, Huahuchinango y Tepeca. Una comisión de manifestantes, entre ellas Nataly Hernández, entraron a la Representación del Gobierno de Puebla a donde entregaron a Gerardo Cruz, encargado de Asuntos Jurídicos, un documento en el que expresan “total rechazo” a las acciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, basadas en “las morales de unos cuantos, carentes de sentido ético y legal”, que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En el escrito, dirigido a Mario Marín Torres, gobernador de la entidad, exigieron el cese de procedimientos penales en contra de las mujeres de la entidad por interrumpir un embarazo de forma espontánea o inducida. Señalaron la necesidad de acciones inmediatas y efectivas de educación sexual con bases científicas, para evitar embarazos no deseados y por ende la necesidad de abortos. Así como, la obligación de las autoridades de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos para la totalidad de mujeres en Puebla, principalmente para quienes están en mayor marginación social.
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