Agenda de la legalidad

Porfirio Muñoz Ledo

Días de guardar vivimos por nuestro compromiso ciudadano de hacer valer el sufragio y erigirnos en custodios de la república. Por un lado la obligación cívica de transparentar, corregir y en su caso anular los resultados de un proceso electoral extremamente viciado. Por el otro, la necesidad de proveer la viabilidad de la nación mediante la construcción de nuevos pactos políticos, económicos y sociales. 

No hay espacio para el oportunismo ni para el monólogo. La reiteración anacrónica del triunfo contundente e inobjetable augura un periodo de cerrazón. Han emergido actores nuevos -sin contar con algunos antiguos- que no aceptarían, sin más, un portazo autoritario aun proveniente del Poder Judicial de la Federación. Por el bien de todos y el futuro de las instituciones democráticas, deben esclarecerse y enmendarse las enormes faltas cometidas contra la legalidad electoral.

Jaime Cárdenas ha definido el ejercicio en el que estamos embarcados. Afirma: las posibilidades de que proceda la impugnación son escasas porque todo está en contra, a comenzar por los órganos electorales. Sin embargo, resulta fundamental demostrar que fue un proceso inequitativo. Somos conscientes de que el PRI compró millones de votos y el escándalo del financiamiento paralelo.

Todo ello arroja una elección no democrática y profundamente desigual; por eso es tan importante insistir en la limpieza electoral. Esta operación tiene un fin pedagógico que sirve a muchos propósitos.

Numerosas voces coinciden en que la defensa del sufragio debiera ser un ángulo de confluencia entre los partidos de izquierda y el movimiento ciudadano. Mal podríamos doblegarnos ante un resultado formalmente adverso mientras los jóvenes continúan protestando con razón en las calles. Esta batalla debiera servir para que las fuerzas progresistas se cohesionen en torno a la democratización, en contra de los monopolios y en favor de los derechos sociales.

Resulta esencial la redefinición de la izquierda, en la unidad y la coherencia. Es relevante que los partidos coaligados en el Movimiento Progresista ocupen el segundo sitio en la representación popular. Ello querría decir que estaríamos destinados a convertirnos en oposición política de un gobierno surgido del fallo los tribunales. Máxime que el proyecto de reformas anunciadas por el PRI es opuesto a nuestro programa y ha recibido ya la promesa colaboracionista del PAN.

Los argumentos de oportunidad esgrimidos para proponer acuerdos con un gobierno cuya legitimidad contestamos resultan doblemente contradictorios. En primer término, porque esos acercamientos serían obsequiosos, desarticulados y opuestos al objetivo que perseguimos. En segundo, porque las izquierdas requieren, antes que nada, un replanteamiento programático y organizativo a fin de construir una oferta viable y autónoma para el país.

La agenda y la estrategia comunes constituyen la única base posible de la unidad. No olvidemos que la pulsación de izquierda rebasa con mucho los partidos políticos a los que parte considerable de la opinión pública considera en gran medida los causantes y aprovechadores del desastre. Las fuerzas progresistas tienen un asiento natural en las comunidades de base y los sindicatos, se expanden a través de las organizaciones no gubernamentales y han encontrado un espacio inédito de realización por medio de las redes sociales.

Todas ellas comparten hoy el repudio a la simulación electoral y al infame monopolio de los medios de comunicación. Comencemos por esas simples verdades y comprobemos que la dialéctica de las instituciones vuelve interdependientes las reformas políticas fundamentales. Finalmente tendremos que confluir en el proyecto de una nueva constitución y de un modelo económico diferente, que combata las raíces de la desigualdad y vaya al origen de las prácticas antidemocráticas.

En los comienzos de la transición la izquierda de entonces definió su estrategia para la democratización el célebre Congreso de Oaxtepec 1995, en el que triunfó el propósito de una negociación cabal para la reforma política: a ella debemos el cambio precario de régimen. ¿Por qué no organizar en esta grave coyuntura un encuentro refundacional de todas las izquierdas? Sería la mejor vía para atajar la corrupción y prevenir el futuro. 

Diputado federal por el PT