La
firma de representantes del Poder Ejecutivo federal para ratificar el
Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), a pesar de la negativa del
Senado y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, constituye una
“moneda de cambio” para ponerlo en la mesa de negociación con los
futuros senadores y el próximo gobierno, advirtió Francisco Javier
Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en
la cámara alta.
“Esta firma es algo fuera de contexto.
El ACTA no podrá entrar en vigor hasta que el próximo Senado lo
ratifique. Seguramente es un arma de negociación del futuro gobierno”,
subrayó el legislador del PRD, quien encabezó las consultas y el
análisis del grupo plural del Senado que rechazó por unanimidad la firma
de este polémico acuerdo en septiembre de 2011.
A pesar del rechazo generalizado, Claude
Heller, embajador de México en Japón, país depositario del ACTA, firmó
el pasado 11 de julio el protocolo de esta iniciativa que pretende
combatir la piratería y “detener el comercio ilegal y/o falsificaciones,
incluyendo su distribución masiva en medios digitales”.
En México, los defensores del ACTA son las grandes productoras de contenidos fílmicos y audiovisuales, agrupadas en la Motion Pictures Association, así
como la Sociedad de Autores y Compositores, en alianza con Grupo
Televisa, y avalados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
(IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía.
Castellón Fonseca indicó que está
preparando un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente lo
discuta el próximo 18 de julio, ya que el Senado no tendrá ninguna
sesión más.
“El principio teórico bajo el que
negociaron estos señores el ACTA, fue la famosa máxima salinista: ‘ni
los veo ni los oigo’. Ignoraron todas las críticas que el Senado
planteó”, subrayó el senador nayarita.
Wikileaks y el ACTA
Desde el año pasado, Wikileaks divulgó
un revelador cable que señala que nuestro país accedió a entrar en las
negociaciones del polémico Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA) para
ganar el apoyo de Estados Unidos y legitimar el proceso frente a otros
países en desarrollo.
“Oficiales del gobierno mexicano han
enfatizado su disposición para unirse a las negociaciones de ACTA y
pugnar contra los esfuerzos brasileños para socavar los derechos de
propiedad intelectual en las organizaciones internacionales de salud”,
afirma el cable 07MEXICO6229.
A cambio de responder a la agenda
norteamericana antipiratería, el gobierno mexicano pidió cooperación
estadounidense, sobre todo en materia de asesoría en temas de patentes,
tecnología y asesoría legal, revela el mismo documento redactado desde
la embajada de Estados Unidos en México.
Las reacciones ante esta revelación
fueron inmediatas. Activistas como Antonio Martínez, miembro de Stop
ACTA, organización que se opone al acuerdo, le declaró al periódico Reforma que
México “se ofrece a participar en el proceso sólo para legitimarlo,
como uno de los pocos que son economía en desarrollo y único a nivel de
América Latina, prestándose al juego para que cualquier otro país en
vías de desarrollo que quiera firmar un acuerdo comercial tendrá que
firmar ACTA como prerrequisito”.
La crítica fundamental de muchos
opositores al ACTA es que pretende ignorar determinados derechos
fundamentales –como el de la privacidad-, con el fin de garantizar los
derechos de autor.
El director del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), Jorge Amigo, generó una reacción adversa
entre una amplia comunidad de cibernautas y de usuarios de internet por
su posición frente al ACTA.
Las negociaciones hipersecretas entre el
Ejecutivo federal mexicano y Estados Unidos pretenden criminalizar las
siete categorías de propiedad intelectual, lo cual desequilibrará aún
más el acceso al conocimiento, la tecnología y el entretenimiento, según
han documentado los críticos de ACTA. Ver el sitio www.criticapura.com//accta-en-mexico/2010/01.
Entre estos derechos se encuentran: los
de autor, marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominación de
origen, diseños industriales, patentes, esquemas de configuración de
circuitos integrados, protección de información no divulgada y secretos
comerciales.
En otras palabras, todo lo que caracteriza la labor de sitios como Wikileaks o de cientos de blogs alternativos.
En noviembre de 2010 la Comisión Federal
de Telecomunicaciones emitió una serie de consideraciones en torno al
ACTA. Consideró que podría impactar negativamente en las tasas de
penetración y evolución de la industria del internet nacional,
dificultando el objetivo de disminuir la brecha digital.
Ante estas consideraciones la Motion
Picture Association, la misma que agrupa a los grandes estudios
cinematográficos de Estados Unidos que tienen el dominio casi absoluto
de los contenidos en televisión abierta y restringida, más la cartelera
mexicana, han defendido el ACTA señalando que busca dar certidumbre a
todos sus participantes en las operaciones de comercio electrónico,
principalmente a los generadores de contenido y las únicas barreras que
se imponen son la piratería y la antifalsificación.
El cable divulgado por Wikileaks
documenta más por dónde están realmente los intereses y las
consideraciones geopolíticas al imponer en México el ACTA.
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