Calidad electoral y compra del voto

Por José Antonio Crespo

Las elecciones democráticas fueron pensadas como un método para resolver la pugna por el poder de forma civilizada y pacífica. En su ausencia, dicha disputa suele dirimirse a partir de guerras civiles, golpes de Estado o revoluciones (como la de 1910). Pero, en virtud de lo que está en juego (nada menos que el poder político, con todo lo que eso conlleva), difícilmente los contendientes resisten la tentación de hacer trampa para forzar su victoria. Por lo cual, difícilmente se celebrará una elección inmaculada, sin trampas ni irregularidades por parte de los contendientes. La pregunta que surge en seguida es, ¿puede validarse una elección cuya calidad ha descendido por la presencia de trampas y anomalías (sean fallidas o exitosas)? Si la respuesta es no, y entonces se exigen procesos prístinos para ser legitimados, la consecuencia es que sólo excepcionalmente se obtendrá una elección válida. Y en esa medida, crecerá el riesgo de disputar el poder por la violencia. La mecánica democrática decidió, por tanto, una medida pragmática; se invalidará una elección sólo cuando su baja calidad (las trampas, irregularidades e inequidades) sean determinantes en el resultado. En otras palabras, si no es posible tener elecciones perfectas, al menos sí lo es –bajo ciertas condiciones– saber con certeza a qué candidato prefirió la mayoría del electorado. En tal caso, no habrá una calidad perfecta pero sí suficiente. Es decir, la democracia electoral es el menos perfecto – el más inmoral y sucio– de los sistemas para dirimir la  pugna por el poder… con excepción de todos los demás. 

¿Pero cómo saber cuándo la calidad electoral es suficiente, pese a no ser perfecta? Se ha fijado, para ello, un criterio cuantitativo: que las irregularidades no superen la distancia entre primero y segundo lugar. Si la igualan o superan, entonces no se puede saber a quién prefirió la mayoría, y procede la invalidación del ejercicio. Dicho principio prevalece en las normas electorales de todos los países democráticos. En esta elección se habla de una baja calidad a partir de, principalmente, la compra y coacción del voto. Bajo ese criterio cualitativo, todos los partidos contribuyeron a ensuciar la elección – según el informe de Alianza Cívica–. Pero se introduce entonces un criterio cuantitativo; el PRI fue, con mucho, el que más dinero destinó a ello, lo que pondría en duda la legitimidad del resultado. De acuerdo. Viene entonces el criterio para validar o no la elección, también cuantitativo: ¿la compra del voto fue determinante en el resultado? López Obrador dice que sí, pues asegura poder demostrar que hubo nada menos que cinco millones de votos comprados, lo cual rebasa claramente la distancia con la que oficialmente gana Peña Nieto. La ley contempla la anulación a partir de la demostración de irregularidades –como podría ser la compra del voto– que sean determinantes en el resultado de al menos 25% de las casillas. 

Sin embargo, al menos desde 1994 se consideró que, dada la dificultad de erradicar el fenómeno, el principal antídoto sería el secreto al voto, pues rompe la causalidad de recibir alguna dádiva y votar por el partido comprador. Quizá por eso mismo el propio López Obrador alentaba recibir cuanta dádiva fuera ofrecida por cualquier partido, pero votar en conciencia (pese a la inmoralidad e ilegalidad del acto). Quizá por eso mismo el candidato de izquierda, poco antes de la elección, restaba importancia a los operativos: “Estamos arriba tres puntos, hay mucha gente que nos apoya, por lo que nos va a ir muy bien... la compra de votos por parte del PRI será insuficiente para que puedan ganar las elecciones del próximo domingo” (Proceso, 24/Jun/12). ¿Qué pasó entonces? Que de haber ganado López Obrador, reduciría peso a esa irregularidad, pero al perder, no había mejor elemento a la mano para justificar la derrota frente a su feligresía. Desde luego, me parece que deberán sancionarse severamente los ilícitos relacionados con estos operativos. El rebase de topes de campaña no se traduce en anulación de la elección de acuerdo con la ley vigente (que fue consensuada por todos los partidos), por lo que habría que considerar esa posibilidad a futuro (como ocurre ya en algunas entidades). Y por supuesto, si el PRD logra demostrar que hubo cinco millones de votos efectivamente comprados, la elección tendría que anularse. Y si no, tendrá que validarse el proceso, si bien su legitimidad podría quedar en buena medida mermada. 

cres5501@hotmail.com | Investigador del CIDE.