El panorama de la poselección mexicana abre un complicado litigio que nos llevará a saber si tenemos un resultado legal, pero sin legitimidad, o si tenemos los dos ingredientes juntos. A diferencia de lo que pasa con elecciones en otros países en donde una vez que se conocen los resultados prácticamente termina el proceso con legitimidad, en México los comicios acaban en manos de un tribunal electoral.
La semana posterior a las elecciones fue tan intensa como las semanas previas. En los 300 distritos del país se hizo el cómputo y con las nuevas reglas de la reforma electoral se abrieron casi 55% de los paquetes electorales (78,469). El resultado fue muy similar al que dio el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Los votos no se modificaron: 38.2% Peña Nieto, 31.5% López Obrador, 25.4% Josefina y 2.2 Quadri. En esa parte no está el problema. Lo que sí ha cambiado de forma importante en estos días es la evaluación de la calidad de la elección. La aparición de los delitos con los que se construyeron estos comicios.
Mientras la autoridad electoral emite calificativos para ubicar a esta elección como la más vigilada, transparente y participativa, López Obrador la impugna y dice que no fue equitativa, que los gastos del PRI superaron por mucho los topes de campaña; apunta que hubo compra de millones de votos a través de un gran operativo de los gobernadores del PRI. Otra vez el comercio de votos movió millones de pesos. ¿Quedarán otra vez las reformas, instituciones y reglas por debajo de las necesidades?
Según una encuesta de Alianza Cívica, 28.4% de los votantes estuvieron expuestos a prácticas de compra y coacción del voto. Esta organización habla de quizá el mayor operativo de compra y coacción de votos. Las crónicas periodísticas sobre el comercio de tarjetas Soriana son una expresión lamentable del país que cambia su voto por dinero para comer.
El modelo de regulación electoral en México se puede apreciar desde dos perspectivas, cada vez es más sofisticado y permite generar buenos procedimientos de organización y avances significativos, pero, al mismo tiempo, genera la perspectiva de que siempre está por detrás de las necesidades de la equidad y la calidad en la contienda. Es como si el país estuviera atrapado en un círculo: viene la elección que muestra el conflicto y después llega la reforma para corregir ex post la situación, pero en la siguiente elección aparece otro conflicto, no necesariamente nuevo, pero que afecta de forma importante el resultado, y las autoridades y reglas no son suficientes para prevenir o impedir los delitos. Nos quedamos con la sensación de que ganan los que hacen trampa, los que mañosamente construyen un resultado en su favor. En 2006 fue la guerra sucia y la violación legal por parte de actores que pusieron en peligro la elección, como lo dijo el tribunal en su momento, y ahora fue la compra y coacción del voto.
El modelo de regulación electoral está anclado en un sistema más amplio que rebasa y determina las reglas de competencia por el poder. Así la compra y coacción del voto, el exceso de gasto en la campaña, no sólo obedecen a mecanismos débiles para frenar estos delitos, para fiscalizar gastos, sino que vienen de fuentes mucho más poderosas que apuntan hacia la enorme transferencia de recursos a los estados y la falta de rendición de cuentas de éstos. El problema de fondo es la conexión perversa que se ha reconstruido en muchos estados entre gobierno y partido con dinero público. Los gobernadores, sobre todo del PRI, son los grandes capitanes para la compra y coacción del voto; mantienen un sistema de rendición de cuentas débil y una gran opacidad en los mecanismos para transparentar el gasto. Así podemos entender los casos de gobernadores vinculados al narco, otros que endeudan a su estado, unos más que manejan la justicia como su coto particular de intereses, pero en algo coinciden: todos usan el presupuesto para comparar votos y ganar elecciones. Esta fue la base de apoyo a Peña Nieto, y por eso la legitimidad del triunfo se ha manchado.
Mientras las calles de las ciudades del país se llenan de ciudadanos que protestan y desconocen el triunfo del PRI, las felicitaciones internacionales a Peña se acumulan. En 28 ciudades hubo actos y marchas de protesta el 7 de julio. El jueves 12 la coalición progresista entregará al tribunal su impugnación. Veremos hasta dónde llega este proceso poselectoral, que anuncia ser largo y complicado…
Twitter: @AzizNassif
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