Amenazan a mujer sobreviviente de tortura sexual en Atenco

Le dicen a Valentina Palma que la pueden violar y desaparecer

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 19 jul 12 (CIMAC).- A unas horas de que las autoridades mexiquenses informaran que detuvieron a dos policías responsables de la tortura sexual ejercida en Atenco en 2006, Valentina Palma Novoa, una de las 47 mujeres víctimas, denunció haber recibido amenazas en su contra.

Hace seis años Valentina era una joven de 30 años antropóloga de profesión, estudiaba la carrera de realización cinematográfica en México; su instinto en antropología la hizo acudir a San Salvador Atenco para documentar los operativos, sin embargo terminó siendo una víctima más.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó hoy que el pasado 2 de julio Valentina, quien radica en Chile –su país natal–, recibió un correo electrónico con amenazas.

En el mensaje se hace referencia a los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco, Estado de México, donde 49 mujeres fueron detenidas y 26 violadas sexualmente por agentes estatales y federales.

De acuerdo con la información difundida por el Centro Prodh, la amenaza detalla lo ocurrido el día en que la policía, de forma arbitraria y violenta, detuvo y golpeó con brutalidad a Valentina, a quien le dicen que “si quieren la pueden violar y desaparecer”.

Tras los hechos de Atenco, las autoridades mexicanas la deportaron junto con las españolas María Sostres Torrida y Cristina Valls Fernández, y la alemana Samantha Dietmar, quienes tampoco consiguieron justicia desde sus países.

AMENAZAS

Si el agresor de Valentina cree que pudo intimidarla sus compañeras de lucha afirman que no es así. “Si tocan a una nos tocan a todas”, declaró Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual en Atenco y una de las 11 denunciantes de los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No es extraño que se infunda miedo a una de las mujeres que se encuentra alejada del resto de las compañeras –explicó Italia–, Valentina no es una de las denunciantes ante la CIDH, no tiene una organización que la acompañe, ni está en México, aclaró.

Italia afirmó que aunque este panorama podría parecer desolador para la joven chilena, el resto de las mujeres se han solidarizado con ella pues, sostuvo, al atacar a una atacan a todo el colectivo que desde hace seis años exigió justicia ante el abuso de poder del Estado.

Esta es la primera vez que se presenta una agresión de tal naturaleza, por lo que Italia no descartó una clara intención de infundir miedo en un momento clave donde Atenco vuelve a estar bajo los reflectores.

“No es una amenaza casual, es pensada, es perversa”, argumentó Clemencia Correa, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), experta en Derechos Humanos y perita ante el sistema interamericano de Justicia.

A decir de Correa, estas amenazas van dirigidas no sólo a Valentina sino también a quienes han denunciado. La experta consideró que el único fin es callar a las mujeres que acudieron ante la ONU y la CIDH en pleno proceso electoral.

DETENCIONES

Amnistía Internacional (AI) y el Centro Prodh condenaron este acto de hostigamiento y criticaron que luego de que se presentó la intimidación, las autoridades mexiquenses informaron ante la ONU que las investigaciones del caso ya concluyeron. 

El pasado martes, durante la evaluación en Nueva York al Estado mexicano sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la delegación oficial dijo que a seis años de distancia, ya había avances en el caso Atenco.

El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios, sostuvo que en febrero pasado concluyó la investigación y que había tres órdenes de aprehensión.

José Rosario Marroquí, director del Centro Prodh, criticó que información de esa relevancia se hiciera en Estados Unidos ante el Comité de expertas de la CEDAW, y no en México frente a las denunciantes y sus representantes legales.

Ayer, un día después de dar la información a la ONU, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal informó que el pasado 17 de julio se giraron tres órdenes de aprehensión, y que ese mismo día se buscó, localizó y detuvo a dos personas.

Los presuntos responsables de tortura sexual son Eduardo Vite Mendoza, Ricardo Consuelo Cruz y Luis Cristóbal Sánchez Álvarez, este último fallecido el año pasado, según informaron las autoridades mexiquenses.

SIN JUSTICIA

La noticia de los dos detenidos no significa justicia, advirtió Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh, quien refirió que la averiguación previa implica a 29 policías estatales, pero sólo se giró orden de aprehensión contra tres.

En el operativo avalado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto y el ex presidente Vicente Fox, también participaron policías federales, recordó la defensora al señalar que no hay ningún elemento federal consignado.

Según las organizaciones civiles, Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública, y Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal, fueron los responsables de la actuación policiaca.

A decir de Olivos, aún falta saber qué pasará con los otros 26 policías estatales y los elementos federales que no fueron responsabilizados, ya que la Procuraduría mexiquense argumentó ser incompetente para investigar casos que implicaban a funcionarios federales.

“Las detenciones no las celebramos”, dijo Olivos Portugal al aseverar que éste es un engaño más del Estado mexicano –posiblemente– para intentar retrasar el análisis de la denuncia presentada por 11 mujeres ante la CIDH en abril de 2008 y aceptada en noviembre de 2011.

AI, el Centro Prodh y las sobrevivientes de tortura sexual coincidieron en que las amenazas contra Valentina y la noticia sobre los dos detenidos –en medio de las denuncias internacionales– son muestra del uso político de la impartición de justicia.

Hicieron responsable al Estado mexicano de la integridad de Valentina y el resto de las mujeres denunciantes ante organismos internacionales, porque aseguraron que en este momento la integridad y seguridad de todas está en peligro.