Convergencia social y demanda jurídica

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

Los acuerdos tomados por 300 organizaciones en San Salvador Atenco, estado de México, frente al triunfo declarado por el Instituto Federal Electoral a favor de Enrique Peña, pusieron nerviosos a legisladores del Partido Revolucionario, incluso analistas que no se distinguen por cerrar filas con los estrechísimos intereses del Grupo Televisa, expresaron su respetable desacuerdo.
Sus razones tendrán, pero no las exponen con claridad y se refugian en la palabra radical como anatema. O bien la utilizan como sinónimo de intransigencia. Y la aplican sin mediar matices al Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes, dicen, ya se engulleron a #YoSoy132.
Si abundaran los hombres y las mujeres que van a las raíces de los problemas (radicales) no estaría el país en un litigio poselectoral que apunta a profundizarse.
Senadores como Fernando Castro Trenti y Carlos Jiménez Macías (priístas con los que promete Peña no gobernar: “no regresarán políticos como Humberto Moreira”), acusan con índice flamígero que “Andrés Manuel López Obrador será el responsable de las acciones que lleve a cabo el movimiento #YoSoy132 y otras organizaciones radicales en contra del triunfo de Enrique Peña Nieto como presidente de la república”. Su origen corporativo no les permite concebir la existencia de organizaciones autónomas que convergen en un propósito político superior, como es la defensa de la soberanía popular.
El titular del Ejecutivo federal, por su parte, con 50 por ciento de aprobación ciudadana, aclaró que no pactó con el PRI y “no temo ser llevado al Tribunal de La Haya” por los más 70 mil mexicanos asesinados durante su aventura bélica, pero que está listo para negociar las reformas estructurales porque “todavía están a tiempo de aprobarlas”.
Sin embargo, Manlio Fabio Beltrones antepone –para ser discutidas en septiembre por el nuevo Congreso– las tres iniciativas de Peña en materia de fiscalización, transparencia y publicidad gubernamental, porque “apuntan hacia el ejercicio de una presidencia democrática”. Y sobre todo porque son una vía para legitimarlo antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumpla con sus obligaciones.
Para ello, aclara Manuel González Oropeza, el TEPJF “necesita pruebas y no un cúmulo de descalificaciones”. Las próximas semanas cada uno de los siete magistrados analizará 50 impugnaciones y elaborará un proyecto de resolución para cada demanda. Son 356 impugnaciones relacionadas con los comicios presidenciales, 355 por conteos distritales y una es el recurso contra la sumatoria presentada por el IFE, en el que el Movimiento Progresista solicita la nulidad de la elección, consistente en más de 600 fojas y de más del doble la respuesta del PRI. Y seguramente sin leerlas y menos estudiarlas, el magistrado González declaró sin ruborizarse, como ante los hizo Alejandro Luna Ramos, contra quien se presentará una solicitud de recusación por haber declarado: “Lo que no se gana en las urnas no se gana en la mesa”. Para el jurista Jaime Cárdenas “están cercanos al PRI”.
Lejanos o cercanos los magistrados, los ciudadanos que representan las organizaciones que deliberaron el fin de semana harán escuchar su voz en múltiples acciones de calle y en las redes sociales, los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática se deslindaron de ellos, mientras Acción Nacional decidirá hasta septiembre si asiste o no a la toma de posesión, el PRI adelanta que puede usar una sede alterna a San Lázaro y López Obrador dará a conocer su plan de acción.
Acuse de recibo
“Los sucesos electorales no son para confrontar en una democracia, se está discutiendo sobre documentos que deben ser analizados y valorados legalmente, por constituir violaciones constitucionales tal como informa en Milenio Diario, el licenciado Ricardo Monreal: ‘El Movimiento Progresista buscará la invalidez de la elección presidencial por la violación al artículo 41 constitucional y cuando menos cinco agravios: rebase de topes de gastos de campaña, compra masiva del voto, omisión de las autoridades electorales, injerencia de gobernadores del PRI y el impacto que tuvieron las encuestas’”. El mensaje es de la abogada Esperanza Falcón Ruiz sobre Nerviosismo en la cúpula tricolor (11-VII-12)… Para Rogelio Castro “Los jóvenes de hoy son los salvadores, los justicieros, ahí están los que quedan de familias dignas, honradas, trabajadoras, las familias del verdadero pueblo, del Metro, del camión, de a pie, con esperanza, con coraje. Ellos son los que harán justicia, los que o ya la hacen, los verdaderos, ya conscientes ciudadanos que ejercerán su derecho como independientes”... Carlos Marín perdió en tercera instancia la demanda por daño moral contra el doctor Lorenzo Meyer y MVS. Ello fortalece la libertad de expresión y cierra el paso a la censura… Gracias, muchas gracias por las felicitaciones al doctor Alexis Ibarra Martínez.
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