“No
se trató de un ataque del crimen organizado…es sólo una pandilla.
Tenemos nombres, apellidos, fotografías, retratos hablados y hasta
direcciones de los responsables”, afirmó el procurador mexiquense
Alfredo del Castillo sobre el caso de El Colibrí.
“No se trató de un ataque del crimen
organizado…es sólo una pandilla. Tenemos nombres, apellidos,
fotografías, retratos hablados y hasta direcciones de los responsables”,
afirmó enfático el procurador mexiquense Alfredo del Castillo, en una
ronda de entrevistas que realizó en los últimos días frente a la
conmoción en la opinión pública por la violación y los abusos sexuales
contra 7 jóvenes, la mayoría menores de edad, en el paraje El Colibrí, en la frontera entre Chalco e Ixtapaluca.
Del Castillo, famoso por litigar
mediáticamente los casos más polémicos en el Estado de México como el de
la niña Paulette, soltó también en entrevista con Milenio TV que
éste no era el primer ataque de la “pandilla”. Incluso, mencionó que ya
habían atacado antes a un grupo de alpinistas y violado a dos mujeres.
Afirmó que cuatro de los integrantes de este grupo delictivo se
encuentran detenidos.
La pregunta
lógica surge después de esta “revelación” del procurador mexiquense,
designado por Enrique Peña Nieto en 2010: si ya sabían las autoridades
ministeriales la actividad de esta “pandilla” ¿por qué no la
desarticularon? ¿porqué permitieron que siguieran actuando? ¿porqué la
administración mexiquense en la procuración de justicia, sobre todo en
relación con los delitos sexuales contra mujeres se caracteriza por la
indolencia y la negligencia?
Mientras Del Castillo daba su ronda de
entrevistas en medios electrónicos –incluso este mismo 17 de julio- un
juez federal ordenó la liberación del único detenido, presunto implicado
en el ataque. El juez argumentó que la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México no consignó la carpeta de investigación y, por
esta razón, el presunto culpable, cuya identidad se mantuvo en reserva,
quedó libre.
Si la procuración de justicia mexiquense
mantiene este mismo nivel de ineficacia, el paraje de El Colibrí puede
convertirse en otro símbolo ominoso para la entidad que gobernó Peña
Nieto.
En El Colibrí 91 jóvenes pertenecientes
al Movimiento de Juventudes Cristianas realizaron un campamento desde el
9 de julio. El jueves 12 fueron atacados por una pandilla formada por
12 sujetos, según los testimonios aportados en medios electrónicos por
las propias víctimas. Con lujo de detalles las jovencitas dieron cuenta
del menosprecio por la condición de género de cada una de las víctimas.
Sólo el escándalo generado por este
suceso provocó que el gobernador Eruviel Avila ordenara la inmediata
atención y el procurador Del Castillo retornara a las pantallas
televisivas y a las estaciones de radio a litigar mediáticamente sin que
haya logrado demostrar su eficacia.
El Colibrí no es un caso aislado en el
contexto del Estado de México. Precisamente este 17 de julio se discute
en Nueva York, en el seno del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
la situación de los feminicidios, levantamientos y abusos sexuales en
contra de mujeres en el Estado de México y en el gobierno federal.
El Estado de México generó la atención
internacional precisamente por los abusos sexuales cometidos contra las
manifestantes detenidas en San Salvador Atenco, en mayo de 2006,
atribuidos a agentes de la policía mexiquense, tal como consigna la
reportera Gloria Leticia Díaz en esta edición de Proceso.
En el Estado de México, las
organizaciones no gubernamentales han contabilizado 922 homicidios de
odio hacia las mujeres desde enero de 2005 hasta agosto de 2010, periodo
que comprende el gobierno de Enrique Peña Nieto, presunto triunfador de
las elecciones presidenciales de este año.
El intento de minimizar o relativizar
los crímenes de odio contra las mujeres mexiquenses ha sido una
constante desde su gobierno y con la administración de Eruviel Avila.
Tal como ha sucedido durante casi dos décadas en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
El procurador Alfredo del Castillo negó
en marzo de 2010 que la mayoría de los homicidios contra mujeres formen
parte de un patrón feminicida. Según él, el 30 por ciento de este tipo
de delitos son producto de “violencia doméstica” y ya están resueltos.
Del resto de los crímenes, Del Castillo “nos dijo que se tenía información de que las mujeres asesinadas tenían oficios de riesgo,
que eran sexoservidoras”, según reveló María de la Luz Estrada,
activista del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio,
entrevistad por Gloria Leticia Díaz.
Si el caso de El Colibrí se convierte en
un expediente más de negligencia e incapacidad para atender la
impunidad de los feminicidas en el Estado de México estaremos
confirmando un modus operandi de una clase política que presume su odio hacia las mujeres.
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