Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF.
Foto: Octavio Gómez
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Es falso que toda la carga de la prueba se encuentre del lado de quienes impugnen los resultados de la elección. Así como López Obrador debe ofrecer evidencia que sustente sus acusaciones con respecto a la defraudación de la voluntad popular, tanto el IFE como el TEPJF también tendrían que demostrar sus dichos sobre la supuesta limpieza del proceso electoral. No sería ni jurídicamente ni políticamente aceptable que los magistrados se limitaran a simplemente desechar y desestimar los argumentos del Movimiento Progresista. Si quieren producir un fallo que sea no solamente legal, sino también reconocido como legítimo por la población, los juzgadores electorales deben esclarecer la verdad sobre el proceso electoral.
El TEPJF cuenta con amplias facultades para discernir si la elección presidencial cumplió cabalmente con el principio de “autenticidad” plasmado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el TEPJF puede “ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales”. El artículo 21 de la misma ley señala que el presidente del TEPJF de manera unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos y particulares, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”. El mismo artículo autoriza al magistrado presidente a “ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue”. El artículo 23 también ordena al TEPJF “suplir las deficiencias u omisiones en los agravios” incluidos en el juicio de las partes. Y el artículo 9 señala que el TEPJF está obligado a requerir las pruebas solicitadas por las partes pero que no hayan sido entregados a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE, la FEPADE o la Secretaría de Hacienda.
En otras palabras, si los magistrados deciden no llegar al fondo de los casos de Soriana y de Monex y se hacen de la vista gorda ante el evidente sesgo mediático y el fraude de las encuestadoras, no será porque no pueden hacerlo, sino porque simplemente no quieren. Tal actitud podría ser conveniente desde el punto de vista de cuidarle el “triunfo” a Peña Nieto, pero podría costarle muy caro al país si el desenlace es otro presidente sin la legitimidad social requerida para emprender las grandes reformas institucionales necesarias para salvar al país del naufragio.
También es falso que la única vía para invalidar la elección de Peña Nieto es por medio de la anulación de 25%, o aproximadamente 35 mil casillas electorales. Aun si no se lograra alcanzar esta meta, posteriormente, a la hora de emitir su “Dictamen de Validez”, o en su caso de “Invalidez”, el TEPJF podría desechar la elección en su totalidad por la existencia de violaciones generalizadas a los principios constitucionales de legalidad, equidad, libertad del sufragio y autenticidad, entre otros.
Pero los magistrados electorales ni siquiera considerarán esta opción si la sociedad no genera un contexto de exigencia suficientemente fuerte. Hace seis años los magistrados también fueron sumamente renuentes a esclarecer los resultados electorales, pero las movilizaciones multitudinarias los obligaron a recontar casi 10% de las casillas electorales y a emitir un Dictamen de Validez que por lo menos simulaba tomar en cuenta los alegatos de López Obrador. Ambas acciones del TEPJF fueron a todas luces insuficientes, pero ninguna hubiera acontecido sin la fuerte presión social. Hoy se tendría que repetir la experiencia.
Recordemos que supuestamente vivimos en un régimen democrático que protege la libertad de expresión y el derecho de asociación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución señala claramente que “no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad”. Asimismo, el artículo 8 de la Carta Magna protege el derecho de petición de todos los ciudadanos. Más allá de tomar las calles, los ciudadanos también deberían inundar a las instituciones electorales con reportes, denuncias y reclamos por escrito que demuestren su inconformidad y exijan a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
En el México de hoy, de vastas desigualdades sociales y poderes fácticos avorazados, la confianza ciega constituye el perfecto caldo de cultivo para la irresponsabilidad y la parcialidad institucionales. Cuando la sociedad deja de vigilar a los jueces y a los servidores públicos, éstos normalmente aprovechan para concretar pactos inconfesables. Así como Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota firmaron un “pacto de civilidad” antes de las elecciones del 1 de julio, habría que exigir al IFE, la FEPADE y el TEPJF que firmen un nuevo “pacto en defensa del interés público” para hacer todo lo legalmente posible para depurar un proceso electoral que muy probablemente ha sido uno de los más turbios en la historia reciente.
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Twitter: @JohnMAckerman
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