MÉXICO,
D.F. (Proceso).- La legitimidad del gobierno de Enrique Peña Nieto está
a punto de desmoronarse. No olvidemos que, desde John Locke, la
legitimidad es el fundamento del poder político. El gran reto es cómo
recuperar dicha legitimidad, cómo restaurar la confianza y la
credibilidad de los ciudadanos en el gobierno. La única vía para
lograrlo es la autocrítica sustentada en una auténtica voluntad de
cambio real y profundo en la forma de gobernar. Ya no hay espacio para
el cinismo o la simulación, menos aún para la amenaza autoritaria.
La barbarie de Ayotzinapa
ha provocado una solidaridad social pocas veces vista en nuestra
historia reciente, expresada en un repudio generalizado no sólo a la
desaparición de 43 estudiantes, sino al sistema de corrupción impune
que la produjo. Por tanto, la exigencia nacional no se reduce al
esclarecimiento de ese oprobioso suceso, sino que incluye el imperativo
de poner fin a la inocultable podredumbre que ha invadido a la
estructura política y ética del Estado.
Para convencer a una sociedad agraviada por los estragos
del mal gobierno sería deseable que el presidente Peña Nieto abandonara
el papel protagónico de una telenovela política inverosímil y ofensiva
para asumir cabalmente su responsabilidad como jefe del Estado
mexicano, acorde con su oferta de campaña de ejercer una presidencia
democrática.
La primera condición para hacer frente a la delicada
coyuntura que enfrenta el país es valorar la gravedad de la situación
para poder transformarla con inteligencia y visión de Estado. El
gobierno federal debiera asumir la responsabilidad que le corresponde
frente a la violencia y la corrupción prevalecientes, y comprometerse a
tomar las medidas necesarias para realizar una renovación de fondo que
garantice la instauración del imperio de la ley y el fin del imperio de
la impunidad. Es preciso reconocer que la carencia de un verdadero
estado de derecho es la causa de los principales males que aquejan al
país.
La reacción frente a la embarazosa situación de la Casa
Blanca de Las Lomas no resultó convincente y sí, en cambio, dejó
entrever un tono intimidatorio evocador de los aciagos tiempos del
diazordacismo. La puesta en escena de la primera dama omitió dos temas
esenciales: el conflicto de intereses surgido de la relación del
presidente y de su esposa con el Grupo Higa, y la obligación del
mandatario de incluir los bienes de su cónyuge en su declaración
patrimonial. A pesar de la opacidad del caso, la decisión de vender la
residencia podría interpretarse como un mea culpa implícito. Para
recuperar la credibilidad es necesario predicar con el ejemplo.
La olvidada oferta de campaña de combate a la corrupción
debe volverse prioridad de Peña Nieto, como condición para restaurar la
confianza de la sociedad y permitir que las reformas estructurales se
traduzcan en crecimiento económico y aumento de la productividad en
beneficio de la ciudadanía.
El primer paso para lograr la legitimidad del gobierno es
garantizar que la corrupción a gran escala practicada impunemente en
los contratos otorgados por el gobierno a particulares en todos los
sectores de la economía se prevenga, evite y castigue mediante una
legislación rigurosa, instituciones autónomas y funcionales, así como
con auditorías independientes y creíbles. Las irregularidades que
ocasionaron la intempestiva cancelación de la licitación del tren
México-Querétaro deben explicarse para impedir que se repitan.
La oferta presidencial de realizar la mayor inversión en
infraestructura de la historia del país tiene que estar respaldada en
la absoluta transparencia de las licitaciones correspondientes, con el
fin de cancelar toda posibilidad y sospecha de corrupción en cada una
de las obras multimillonarias anunciadas. Ello incluye a los recién
reformados sectores energético y de telecomunicaciones, así como el
ambicioso proyecto carretero, el aeropuerto de la Ciudad de México, la
nueva licitación del tren a Querétaro, y también la del tren rápido al
Estado de México, en la que otra vez se pretende beneficiar a
empresarios ligados al Grupo Atlacomulco, como se documenta en la
anterior edición de Proceso (1985).
La crisis de seguridad también es resultado de la
carencia del estado de derecho, lo que propicia la corrupción de la
política. A la infiltración del crimen organizado en la mayoría de los
municipios y en varios estados de la República se agrega la presunta
complicidad de altos representantes de los poderes Judicial,
Legislativo y Ejecutivo con los cárteles del narcotráfico. El aparato
coercitivo y judicial del Estado están fracturados, y el fracaso de la
estrategia para combatir a la delincuencia es innegable. La tragedia de
Ayotzinapa es consecuencia de ese fracaso. El gobierno federal debe
reconocer su responsabilidad en el asunto, al tiempo de emprender
acciones inmediatas, concretas, eficaces y convincentes para restaurar
la seguridad y evitar que atrocidades como ésa se repitan.
En materia de seguridad y justicia la legitimidad
gubernamental ha alcanzado un nivel ínfimo. Sería un grave error
intentar tergiversar los hechos con el fin de propiciar el
desvanecimiento paulatino de las manifestaciones de protesta. El
compromiso con la verdad jurídica sobre los acontecimientos de Tlatlaya
y Ayotzinapa representa una responsabilidad ineludible que no debe ni
puede sacrificarse por cálculos políticos. La cadena de 30 mil
desapariciones sin resolver, denunciada por la ONU desde 2011,
demuestra la impunidad y negligencia gubernamental frente a ese
problema (Proceso 1985).
Recuperar la legitimidad perdida es igualmente
indispensable para ejercer la autoridad en los casos de violencia y
violación a derechos de terceros que han ensombrecido las expresiones
pacíficas de protesta por la desaparición o masacre de 43 normalistas
en Iguala. Dicho esto, es necesario enfatizar que el endurecimiento
autoritario sería el peor camino para enfrentar el justificado malestar
ciudadano.
La nación enfrenta un gran desafío y, al mismo tiempo,
una oportunidad histórica. Ambos son ineludibles. El fracaso frente a
esta situación límite nacional tendría consecuencias incalculables para
México. Por ello deben prevalecer la reflexión y la prudencia. La
legitimidad y la viabilidad del gobierno, así como el futuro del país,
están en vilo.
*Este análisis se publicó originalmente en la edición 1986 de la revista Proceso del 23 de noviembre de 2014
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