La
comparación entre estos dos hechos históricos puede parecer a primera
vista una exageración pero debe ser útil para analizar los cambios y
permanencias de la sociedad y el estado en México. Huelga decir que las
matanzas en Iguala y Tlatelolco tuvieron las mismas víctimas: los
jóvenes estudiantes ejerciendo su derecho a la libre manifestación de
ideas. Es por eso que se impone la necesidad de establecer algunas
líneas de comparación que nos permitan comprender mejor los tiempos que
estamos viviendo.
Lo primero que conviene destacar es el
cambio de un estado que en el 68 se definía como un estado de
bienestar, protector de la incipiente industria nacional y
estrechamente relacionado con los distintos sectores corporativos del
partido del estado. El estado mexicano de fines de la década de los
sesenta conservaba la ideología de la revolución mexicana aunque se
empezaban a notar debilidades en el régimen político, sobre todo en su
capacidad para incluir en el pacto corporativo a los sectores
emergentes de una sociedad que se alejaba cada vez más del mundo rural
para concentrar a la mayoría de la población en las ciudades. Un estado
que se enfrentaba a una sociedad más activa y crítica de la lógica
excluyente de un régimen incapaz de gestionar y satisfacer las nuevas
demandas sociales emanadas del cambio demográfico de las décadas
posteriores al fin de la segunda guerra mundial.
En los años
ochenta el giro en el carácter del estado para organizarse alrededor de
las máximas neoliberales corta de tajo la posibilidad de darle
continuidad al proyecto de la revolución. Este hecho modificó
profundamente las relaciones entre estado y sociedad, alterando para
siempre las expectativas de los sectores sociales en ascenso para
colocarlos en un estado de precariedad hasta nuestros días. Las
reformas estructurales se mantuvieron a pesar de su costo político y
como solución parcial el régimen efectuó varias reformas políticas para
ajustarse a una situación en la que el partido del estado perdería
paulatinamente su hegemonía para convertirse en un partido dominante.
En este sentido, el estado que articula la represión al movimiento
estudiantil en 2014 no es el mismo que el del 1968, -aunque cumpla con
la misma misión. La composición de los integrantes de los gobiernos
mexicanos de hoy no se parece mucho a la del sexenio de Díaz Ordaz así
como tampoco su ideario político. Sin embargo, su mesianismo y su
desconfianza de la participación política de la ciudadanía no se han
alterado casi nada, a pesar de todas las leyes surgidas al calor de la
llamada transición política mexicana. Y otro detalle: la relación entre
los políticos y los militares ha cambiado sustancialmente en la última
década. Hoy estamos frente a una situación en la que la participación
de los militares en la política ha dejado de ser un tabú político para
convertirse en moneda corriente. Seguramente un análisis de contenido
de las declaraciones y menciones de las fuerzas armadas en la prensa
contemporánea confirmaría la hipótesis que apunta a un mayor
protagonismo político de los militares en el gobierno nacional y en la
definición de los grandes problemas nacionales.
De lo
anterior se podría afirmar que el estado mexicano contemporáneo es un
estado más alejado de la población, más dependiente de los mercados
financieros internacionales y con menores niveles de autonomía en la
toma de decisiones económicas internas y de política exterior. Es por
lo tanto un estado mucho más sensible a los dictámenes de los
organismos financieros internacionales y las necesidades de las grandes
corporaciones internacionales y por ende, menos dispuesto a escuchar y
gestionar los intereses de las mayorías.
Esto puede verse
reflejado en la forma en que se diseñó y ejecutó la represión. En el 68
la matanza la realizó directamente el ejército y el presidente aceptó
su responsabilidad en los hechos con el argumento de que había que
detener una conspiración internacional para acabar con el estado
mexicano, muy en el estilo de la guerra fría, lo que además neutralizó
cualquier protesta de los países de occidente. La matanza de Iguala,
sin negar la responsabilidad del ejército en los hechos, fue llevada a
cabo por grupos de narcotraficantes que, en el mejor estilo
paramilitar, procuraron ocultar la responsabilidad del estado. De hecho
Peña Nieto y su gabinete la han negado sistemáticamente, lo que ha
generado una ola de descontento popular en constante crecimiento. Sin
embargo, en ambos casos, el agravio a la sociedad mexicana ha sido
visto como un parteaguas en la historia nacional. ¿Cómo reaccionó la
sociedad ante Tlatelolco e Iguala?
La matanza de Tlatelolco
ha sido señalada como un punto de inflexión en el devenir del régimen
político en México, ya que la sociedad nunca volvió a ser la misma. El
agravio fue de tal magnitud que una década después el estado se vio
obligado a reformarse, abriendo el juego electoral a partidos
marginados en la clandestinidad, como el Partido Comunista Mexicano
(PCM). La reacción de la sociedad mexicana, si bien en apariencia
inexistente en un primer momento, configuró poco a poco una nueva
relación entre sociedad y estado. Por un lado, la sociedad empezó a
organizarse al margen del corporativismo posrevolucionario y por el
otro empezó a producir información acorde con una agenda propia para
contrarrestar la información oficial.
Un elemento central en
este proceso fue el surgimiento de dos corrientes políticas que
articularon una respuesta para enfrentar la represión y el
debilitamiento de la legitimidad del gobierno federal a partir de 1968.
La primera corriente se concentró en aglutinar fuerzas para crear un
partido político opositor con base en la ideología socialdemócrata que
privilegió la lucha electoral para transformar al país. La segunda
corriente se concentró en el trabajo de base, orientado a organizar
desde abajo a la población para gestionar sus intereses frente al
estado. Una fracción de esta corriente se radicalizó, surgiendo grupos
guerrilleros en varias ciudades y en zonas rurales como la de Guerrero,
argumentando la imposibilidad de cambiar desde la vía pacífica.
Habría que señalar que la aparente inmovilidad de la sociedad después
del 2 de octubre estuvo causada en parte por el férreo cerco
informativo que aplicó el estado para evitar que la sociedad se
enterara cabalmente de los hechos. Un ejemplo de ello fue la actitud de
Jacobo Zabludovski, quien un día después en el noticiario más visto del
país, informó de todo menos de lo acontecido en Tlatelolco. Pero además
la represión fue brutal y tanto en la ciudad de México como en el resto
del país se detuvo a cientos de estudiantes y ciudadanos que habían
manifestado públicamente su apoyo al movimiento estudiantil. A su vez,
el corporativismo mexicano logró que los sindicatos se mantuvieran al
margen, obligando a los trabajadores a protestar de manera individual;
los tres sectores del PRI cerraron filas y si tomamos en cuenta que
buena parte de la población estaba nominalmente en el partido del
estado, las protestas sociales se redujeron a su mínima expresión.
Casi medio siglo después, las relaciones entre el estado y la sociedad
mexicana se han modificado de manera importante aunque no se puede
pasar por alto que el PRI sigue gozando del apoyo de importantes
sectores de la sociedad. Hoy existe una sociedad más consciente de su
responsabilidad para salvaguardar sus libertades civiles frente a un
estado que se ha militarizado, reforzando su carácter autoritario a
pesar de transiciones democráticas, creación de órganos autónomos y
reformas constitucionales orientadas a colocar en el centro del marco
constitucional a los derechos humanos. La herencia del 68 se
materializó en la rebelión de las comunidades indígenas en Chiapas; el
primero de enero 1994 dijeron ¡Ya Basta! arrastrando consigo a sectores
de la población tradicionalmente marginados de la lucha política pero
sobre todo a la juventud mexicana, que vio en el levantamiento
zapatista un ejemplo de dignidad y resistencia, un camino legítimo para
actuar. El EZLN puso al descubierto para muchos la simulación
reformista y democratizadora del estado, abriendo un nuevo ciclo de
luchas sociales que persiste hasta nuestros días.
A partir de
1994, las nuevas tecnologías de la información debilitaron fuertemente
poder del estado para ocultar y manipular la información. Esto no
quiere decir que el cerco informativo haya desaparecido y aunque hoy
esté debilitado sigue operando, al grado de que hoy los medios de
comunicación sostienen alianzas con el estado con mucho mayor margen de
negociación que hace casi medio siglo. Sin embargo, las redes sociales
han abierto un espacio, limitado si se quiere pero muy efectivo para
hacer visible el autoritarismo estatal. La indignación de la sociedad
mexicana le deber mucho a la difusión de la barbarie en las redes
sociales aunque habría que agregar el aumento de la pobreza, la
inseguridad y la soberbia de los actores políticos institucionales, en
particular los partidos políticos y los gobiernos federal y estatales.
Los ejemplos de autogestión y autonomía se han multiplicado desde 1994.
Frente a la situación de inseguridad en la que vivimos han surgido o se
han fortalecido policías comunitarias, autodefensas y municipios
autónomos. Los casos de Michoacán y Guerrero han demostrado la eficacia
de éstas formas de organización para enfrentar a los cárteles del
narcotráfico y, al mismo tiempo, el temor del estado por perder su
maltrecho monopolio de la fuerza legítima. Es aquí donde radica un
elemento central que separa la sociedad del 68 y la de ahora.
En este sentido. la presente coyuntura está estrechamente relacionada
con la matanza de Tlatelolco y dicha relación no está dada sólo por la
existencia de delitos de lesa humanidad, como lo son el genocidio y la
desaparición forzada, sino sobre todo porque los integrantes del estado
y los gobiernos siguen demostrando su desprecio por la población que
dicen representar, hoy más que nunca. Más allá de reformas cosméticas y
estilos de gobernar, el estado mantiene su misión última: mantener el
sistema de dominación, cueste lo que cueste. Y esto representa sin duda
un elemento que nos permite comparar dos hechos que, a pesar de su
distancia en el tiempo, visibilizan la naturaleza del estado liberal.
Del estado no se pueden esperar acciones para que la barbarie
desaparezca; sólo la sociedad puede lograrlo, manteniendo la ruta
trazada por los zapatistas y dándole vida en todos los espacios
posibles.
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