En
el estudio “Hacia la seguridad de los derechos: aportaciones al debate
sobre políticas de seguridad y democracia”, Fundar manifiesta que es
necesaria la capacitación y profesionalización de las fuerzas de
seguridad pública en derechos humanos.
Foto: Cuartoscuro.
Entre marzo y septiembre de 2013, el centro de análisis e investigación Fundar viajó al municipio Tlapa de Comonfort, en Guerrero, para recopilar datos cualitativos que le ayudaran a formular parámetros para un replanteamiento de las políticas de seguridad en el país, las cuales deberían estar basadas en la protección de los derechos humanos, según la organización.
En el estudio “Hacia la seguridad de los derechos: aportaciones al debate sobre políticas de seguridad y democracia”, Fundar manifiesta que es necesaria la capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad pública en derechos humanos.
En Tlapa de Comonfort,
y después de entrevistar a 240 personas, Fundar recabó información
sobre las percepciones que los pobladores tienen en cuanto a las
condiciones de inseguridad y violencia en su comunidad y en el
municipio; el papel de las instituciones de seguridad pública y las
alternativas que proponen los mismos integrantes de la comunidad.
Este municipio se encuentra en una región que “en los últimos años ha sufrido patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones de seguridad como la policía investigadora ministerial, la policía preventiva municipal y las fuerzas armadas”, dice Fundar.
Además, a partir de 2010 fue catalogado como uno de los municipios de Guerrero con mayor índice delictivo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y para 2011 fue el municipio guerrerense con mayor número de quejas de violaciones a los derechos humanos.
Después de entrevistar a 137 elementos de la Policía Preventiva Municipal de Tlapa de Comonfort, Fundar encontró:
*Deficiencia notable en la formación y capacitación de policías:
-93% de los encuestados afirmó haber recibido una capacitación al
menos en el último año; sin embargo, sólo 9% de los policías pudo citar
una ley, artículo o reglamento que regula sus funciones.
*La presencia de militares en la institución de seguridad
pública contradice las recomendaciones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos:
-Al menos 10 elementos de la policía de Tlapa provienen de las
Fuerzas Armadas; son los que instruyen a los demás en el uso de armas.
*Permanecen patrones de violaciones a los DH:
-Detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
*Funciones policiales siguen priorizando políticas reactivas:
-No hay prevención ni coordinación con autoridades de las comunidades; se tiende a criminalizar a los jóvenes.
*Funciones policiales no propician políticas de proximidad:
-Entre 70-80% de los policías entrevistados dijo no tener reuniones
con los vecinos, ni comisionarios de bienes comunales, ni recorridos,
ni programas de prevención. El único contacto que tienen con la
población es a través de los rondines. Tampoco señalaron como
prioritario establecer acercamientos con la población para combatir la
inseguridad.
Fundar llegó a la conclusión de que para repensar las políticas de seguridad de México deben tomarse en cuenta tres ejes:
*Capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad pública en derechos humanos:
-La formación en derechos humanos sigue siendo en gran parte un aspecto accesorio en la formación policial.
-La función de los policías debe transitar de la lógica de
resguardar “el orden público” a funciones enfocadas a proteger y
garantizar el núcleo básico de derechos humanos de la población.
-Se necesitan modelos policiales que prioricen la cercanía con la
población, basados en la comunicación continua y transparente que
fomente relaciones de confianza.
-Faltan mecanismos de control para prevenir violaciones a los
derechos humanos, junto con la investigación y sanción de actos
violatorios de manera transparente.
Fundar considera que la inclusión de 5 mil efectivos de la Gendarmería Nacional en la Policía Federal responde más a la lógica de “más policía es igual a más seguridad”, que a un cambio de modelo que privilegia los derechos humanos.
*Las políticas se deben diseñar, implementar y
evaluar a partir de marcos que reconozcan a los llamados grupos
vulnerables como sujetos de derechos específicos, y no como objetos de
tutela que requieren asistencia social, incluyendo los derechos
colectivos de los pueblos indígenas, de los jóvenes y de las mujeres.
*Mecanismos de gobernabilidad democrática, incluyendo los
que permiten el control eficaz de la ciudadanía y los contrapesos entre
las distintas dependencias de gobierno.
-Fundar identificó “una creciente opacidad en temas relacionados con
seguridad y justicia, y la falta de acceso a la información pública y
oportuna.”
-La gobernabilidad democrática en las políticas de seguridad inicia
creando mecanismos viables de participación ciudadana, en particular de
las poblaciones más afectadas.
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