Fiscalía estatal y presuntas víctimas arremeten contra defensora
Las presuntas víctimas que en agosto de 2013 acusaron a la comandanta de
la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado
García, de ser una secuestradora y quienes nunca se presentaron ante un
juzgado a sostener su dicho, apelaron en abril pasado la libertad de la
activista.
Luego de que el pasado 18 de marzo Nestora obtuvo su libertad al no encontrarse pruebas de las seis acusaciones en su contra por secuestro, robo de armas y asesinato, la Fiscalía General del estado de Guerrero y las supuestas víctimas –en su mayoría pobladores de Olinalá que estaban en un proceso de reeducación con la PC– se inconformaron.
El abogado de la asociación Defensa Estrategia en Derechos Humanos y defensor de la activista, Leonel Rivero, informó que Salgado García fue puesta en libertad por seis acusaciones, pero la Fiscalía apeló tal decisión, mientras que las presuntas víctimas apelaron cinco de los seis autos de libertad.
Una vez que la comandanta conoció del proceso, el pasado 6 de junio anunció que regresaría a México para defenderse legalmente, y es que actualmente radica en Los Ángeles, California, donde atiende su salud y mantiene una gira de trabajo para exigir la libertad de las y los presos políticos.
Una vez que fueron presentadas las apelaciones, una Sala Penal con sede en Chilpancingo, capital de Guerrero, deberá revisar la legalidad de la libertad de Nestora, y en su caso confirmarla o revocarla, con lo que se abriría la posibilidad de reaprehender a la activista; pero hasta ahora no hay fechas para las audiencias, dijo el abogado.
La defensora, quien ejercía labores de seguridad pública como parte de la PC de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), pasó 31 meses en prisión acusada, en un primer momento, de secuestro y delincuencia organizada, y después de secuestro, robo y asesinato.
Nestora Salgado estuvo recluida en un penal de máxima seguridad en el estado de Nayarit, pero en mayo de 2015 –tras realizar una huelga de hambre– fue reubicada al penal de Tepepan, esta ciudad, donde se realizaron las audiencias de su proceso, y sin que ninguna de las presuntas víctimas se presentará a declarar y ratificar la acusación.
En contraste, estas mismas víctimas ejercieron su derecho de impugnar las decisiones de un juzgado, y son las que hoy piden que de nuevo la activista sea detenida, pero para que ello suceda primero una Sala Penal guerrerense deberá dirimir si confirma o revoca los autos de libertad.
Especial
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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